Press Release

Minería, Fuentes de Agua Dulce

Tribunal de arbitraje favorece a empresa canadiense y pone a la inversión extranjera por encima del derecho de Colombia a proteger Santurbán

Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazamos ampliamente la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dada a conocer el pasado 10 de septiembre, en el caso de la demanda de Eco Oro contra Colombia, por al menos tres razones. Consideramos que (i) es inconsistente y refleja un desconocimiento profundo de la complejidad socioambiental del caso; (ii) es producto de un sistema de arbitraje de inversiones ampliamente discrecional e injusto que facilita actuaciones arbitrarias de quienes resuelven los casos; y (iii) profundiza el riesgo sobre otros arbitrajes que se adelantan en contra del Estado Colombiano ante el CIADI. El CIADI es una de las instituciones encargadas de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados, en este caso en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. En el caso Eco Oro vs. Colombia, el tribunal del CIADI concluyó que, si bien las medidas de protección de los páramos adoptadas por Colombia fueron legítimas y no configuraron expropiación de los derechos de la canadiense, sus actuaciones en la delimitación del Páramo de Santurbán sí violaron el “estándar mínimo de trato” a los extranjeros. El tribunal aún debe decidir sobre la compensación de daños a la empresa y ha pedido más información a ambas partes para decidir. La decisión fue el resultado de un proceso iniciado por una demanda de arbitraje supranacional interpuesta por la empresa canadiense Eco Oro contra Colombia en 2016, en la que se cuestionaban las decisiones adoptadas por el Estado colombiano de proteger sus páramos que son la fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. Cabe recordar que la inversionista canadiense pretende ejecutar el proyecto de minería de oro Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. Una decisión inconsistente y de espaldas a las complejidades socioambientales del caso. La mayoría del tribunal sostuvo que las medidas cuestionadas fueron tomadas de acuerdo al derecho nacional colombiano y bajo la finalidad legítima de avanzar en la protección del ambiente. Además, reconocieron que los páramos están amenazados tanto por la intervención humana como por el cambio climático y que su posibilidad de recuperación frente a actividades mineras es muy baja, razón por la cual es necesario protegerlos. Por eso, rechazaron el argumento de Eco Oro de que el principio de precaución no era aplicable, y señalaron que este caso era un ejemplo en donde sí era relevante. Esta fue la razón por la cual no se acogió una de las peticiones de Eco Oro que apuntaba a que se declarara que sus derechos habían sido expropiados indirectamente por Colombia. Por el contrario, el tribunal encontró que las medidas adoptadas por el país fueron un ejercicio legítimo de protección ambiental. No obstante, al estudiar un segundo cargo, el tribunal explicó que la inconsistencia, vacilación e inacción de Colombia en torno a la delimitación del páramo de Santurbán había frustrado las expectativas de inversión de Eco Oro sin tener ninguna “justificación legítima aparente”, por lo que no había otorgado a la inversionista un “trato justo y equitativo” de acuerdo con el “estándar mínimo de trato” a los extranjeros. Este último juicio del tribunal es incongruente, ignora la complejidad socioambiental del caso y los desafíos de materializar el derecho a la participación ambiental dentro del proceso de delimitación del páramo. Aunque, a lo largo del laudo, reconoce que la delimitación implica la gestión de intereses ampliamente dispares, al final, en un ejercicio de profunda distancia con la realidad de Santurbán y sus comunidades, el tribunal ve este proceso con ligereza, desestima sus complejidades, y parece no tomarlo como suficiente justificación legítima. Un sistema de arbitraje impredecible, limitante e injusto. “Las decisiones del tribunal no son predecibles pues los laudos no vinculan la forma de fallar de los árbitros en el futuro sobre temas ambientales, por lo que no existe la figura del precedente tradicionalmente entendido en el sistema. La amplitud de las cláusulas y la libertad de interpretación de los árbitros son excesivas, lo cual es problemático no solo para Colombia sino para todos los países de la región”, señaló Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Esta decisión hace prevalecer la inversión minera por encima de la obligación del Estado colombiano de proteger el ambiente y el agua de los colombianos. Cuestionamos que el tribunal se haya pronunciado pero no haya juzgado la falta de diligencia de la canadiense que desde el inicio sabía que su proyecto minero se traslapaba con zona de páramo; ecosistema sensible protegido por el derecho nacional. Este caso demuestra la arbitrariedad y los excesos del sistema de arbitraje supranacional, y la forma en que disciplina y castiga a los gobiernos del Sur Global. Además, cabe recordar que el tribunal, en febrero del 2019, rechazó la posible participación del Comité Santurbán en el proceso. La incertidumbre para Colombia. Por su parte, Carla García Zendejas, Directora del Programa de Pueblos, Tierra y Recursos del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) precisó que “la inseguridad jurídica que representa para Colombia el sistema de arbitraje supranacional de inversiones es enorme. Los altos niveles de arbitrariedad en la interpretación que caracterizan al sistema se prestan para condenar a los Estados por cualquier circunstancia que afecte las ganancias esperadas. Y esto es especialmente crítico para Colombia, pues hay otras demandas contra el país en el marco de proyectos extractivos asociados tanto a Santurbán como a otros ecosistemas frágiles. Esto puede significar un efecto dominó de demandas y cuantiosas condenas en contra de los colombianos.” Actualmente, están en curso otras dos demandas ante el CIADI contra el país por parte de empresas mineras canadienses (Red Eagle Exploration y Galway Gold) por las medidas tomadas para proteger el páramo de Santurbán. Asimismo, existen más demandas en el marco de otros proyectos extractivos presentadas por Cosigo Resources, South32 Investments Limited, Gran Colombia Gold, Glencore International y Anglo American. Hacemos un llamado al Estado colombiano a denunciar los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de protección a la inversión de los que es parte y a abstenerse de seguir firmando este tipo de instrumentos en el futuro. Es por estas razones que hoy el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán está llevando a cabo una jornada de protesta frente a la Embajada de Canadá en Bogotá, exigiendo que el CIADI respete la lucha legítima de la defensa del agua, Santurbán y los páramos de Colombia. Igualmente, frente al Congreso de la República, exigiendo que se rechacen los Acuerdos de Protección a la Inversión con Emiratos Arabes Unidos-Minesa. Contactos de prensa Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 3012080622 Carla García Zendejas, Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), [email protected], +1 202 374 2550 Yeny Rodríguez Junco, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +57 3107787601 Jamie Kneen, MiningWatch Canada, [email protected], +1(613) 761-2273 Manuel Pérez Rocha, Institute for Policy Studies - Global Economy Program, [email protected], +1 240 838 6623  

Leer más
Océanos, Cambio Climático

Organizaciones de la sociedad civil celebran la decisión de la Suprema Corte de proteger los ecosistemas del Área Natural Protegida de Yum Balam

La Suprema Corte sienta un muy importante precedente para la conservación de nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP), mismo que deberá ser considerado en los juicios que aún se encuentran pendientes de resolver. La Isla de Holbox se encuentra ubicada dentro del ANP “Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam” y está fuertemente sometida a presiones de desarrollos inmobiliarios que no respetan el Programa de Manejo.   Organizaciones de la sociedad civil se congratularon por la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual confirmó el pasado 29 de septiembre, la constitucionalidad del Programa de Manejo que protege el Área Natural Protegida (ANP) Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam (Holbox) al considerar que este instrumento ecológico vela adecuadamente con el mandato constitucional de imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del interés nacional.   Yum Balam se ubica en la zona norte del estado de Quintana Roo y fue decretada ANP, bajo la modalidad de Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam (APFFYB) en 1994. Más de 24 años después, fue publicado su Programa de Manejo, en el cual se detallan las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada una de las zonas que la integran.   En el año 2018, el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, promovió la controversia constitucional 212/2018 en contra de los instrumentos de creación y planeación del área protegida Yum Balam-Holbox, argumentando que la Federación estaba usurpando competencias en razón de que el establecimiento de usos y densidades dentro de su territorio, le correspondía únicamente al municipio. Las autoridades locales reconocieron su intención de buscar vías legales para abrir a la urbanización, así como la construcción y operación de infraestructura turística masiva en la zona.   En respuesta, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), interpusieron un amicus curiae [1] en noviembre del 2020. Los argumentos principales se refirieron al derecho ambiental internacional, los derechos humanos y la justicia climática para defender al ANP de Yum Balam frente a las pretensiones del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas de abrir la zona a desarrollos turísticos no sostenibles.   En el ANP de Yum Balam habita una rica biodiversidad compuesta por diversos ecosistemas como los manglares y pastos marinos, los cuales constituyen áreas de refugio. Además, es el hogar de especies protegidas como el manatí, el tiburón ballena, el delfín y aves migratorias; es también sitio de alimentación y anidación de tortugas marinas.   Tomando en cuenta lo anterior, la Primera Sala de la SCJN consideró los argumentos presentados en el amicus acerca de que Yum Balam-Holbox al señalar que es un sitio de conservación de la biodiversidad reconocido a nivel nacional e internacional por la importancia de los ecosistemas y servicios ambientales que lo integran.   En ese sentido, el Programa de Manejo estableció criterios que limitan la densidad máxima de construcción de infraestructura turística en Isla Grande y Holbox, así como el establecimiento de una regulación estricta para el desarrollo de infraestructura, la cual permite que Yum Balam sea aprovechado de forma sustentable.   Viridiana Maldonado, Directora Regional de la Oficina Centro de CEMDA, señaló que “la publicación del Programa de Manejo de este sitio, es probablemente el resultado de uno de los ejercicios de participación pública más largos, abiertos al escrutinio público y con gran representatividad de los sectores interesados en el área protegida, siendo que CEMDA, junto con otras aliadas, participamos desde el inicio y muy activamente en el Consejo Asesor de esta ANP para buscar su conservación”.   “Celebramos la protección de Yum Balam-Holbox como ecosistemas clave para la mitigación de la crisis climática”, declaró Sandra Moguel, abogada del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “Estos ecosistemas almacenan 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las emisiones de 9.4 millones de personas al año por el uso de hidrocarburos”.   Las Áreas Naturales Protegidas son una de las figuras más importantes que tiene la ciudadanía para lograr que nuestras autoridades garanticen nuestro derecho fundamental al medio ambiente sano y constituyen uno de los instrumentos de política ambiental más trascendentes para lograr el equilibrio ecológico. En este sentido, el instrumento más importante para la buena gobernanza y administración de una ANP es el Programa de Manejo.   Por lo anterior, Gustavo Alanís Ortega, Director Ejecutivo del CEMDA, resaltó que “en esta decisión, la SCJN continuó desarrollando su línea argumentativa iniciada con Laguna del Carpintero y sienta un precedente para la protección del derecho humano al medio ambiente sano y las funciones ecológicas esenciales de las áreas naturales protegidas, mismo que deberá ser considerado en los juicios que aún se encuentran pendientes de resolver”.   Suscriben:   Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centinelas del Agua A.C. Asociación de Hoteles de Holbox Asociación de Restaurantes de Holbox SOS Holbox Casa Wayuu A.C. Grupo GEMA del Mayab Ocean Solutions México Sociedad Gastronómica de Holbox A.C. Consejo de Desarrollo Holbox A.C. Grupo Tortuguero del Caribe A.C. Flora Fauna y Cultura de México A.C. Manaholchi S.C. Voces Unidas de Puerto Morelos Colegio de Biólogos de Quintana Roo Centro Ecológico Akumal Amigos de Sian Ka'an A.C. Manta México Caribe A.C.   [1] Los amicus curiae son presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión o demanda frente a algún tema del mismo. CONTACTOS DE PRENSA Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107  

Leer más
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Se consolida asistencia técnica internacional para recuperar los lagos Uru Uru y Poopó

Ante el pedido de organizaciones y comunidades, expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar evaluarán la degradación de los lagos para luego emitir un informe con recomendaciones técnicas para la recuperación de los ecosistemas.   Oruro, Bolivia. Del 11 al 15 de octubre, un equipo de expertos y expertas de la Secretaría de la Convención Ramsar visitará los lagos Uru Uru y Poopó, ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, para realizar un análisis técnico de su degradación con miras a realizar un informe con recomendaciones concretas al Estado boliviano para la recuperación de los ecosistemas. En julio de 2019 —en el marco de la campaña #LagoPoopóEsVida—, comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres enviaron a la Secretaría de Ramsar información sobre el estado de los lagos y solicitaron asistencia técnica para evaluar su salud. El gobierno boliviano hizo luego la solicitud formal para viabilizar la visita. “Reconocemos la voluntad política de autoridades nacionales para obtener apoyo internacional ante la crisis ambiental por la que atraviesan los lagos, de cuya preservación dependen los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas”, dijo Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Las misiones de Asesoramiento Ramsar son una herramienta eficaz para tener asesoramiento especializado e independiente orientado a la preservación de los humedales”. El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia. En 2002, a fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en Sudamérica—, fue declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de esos entornos naturales. “Los lagos Uru Uru y Poopó garantizan la recarga hídrica de pozos y fuentes de agua, regulan el clima, son hábitat para la avifauna, permiten la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones aledañas y son el cobijo de culturas milenarias”, manifestó Limbert Sánchez, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). Sin embargo, varios factores han llevado al lago Poopó a la situación catastrófica en la que se encuentra actualmente. Entre ellos están las actividades mineras —que no han parado durante la pandemia y que generan permanentemente aguas ácidas y toneladas de desechos mineros—, el desvío de sus afluentes como el río Mauri, el hecho de que el TDSP (Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar) no esté garantizando agua para toda la cuenca y la crisis climática. Todo ello ha dañado el lago al punto de poner en riesgo los sistemas de vida que dependen de él. “En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron por completo, una de las mayores catástrofes ambientales del país. Actualmente, lo que queda del espejo de agua es prácticamente mínimo en comparación con los registros históricos”, corroboró Yasin Peredo, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con los lagos Poopó y Uru Uru es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las comunidades aledañas. “Con tristeza vemos como está desapareciendo el lago Poopó y el riesgo que corre nuestro lago Uru Uru”, expresó Margarita Aquino, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra (RENAMAT). “La contaminación minera nos está despojando de las fuentes de agua y está vulnerando los derechos de las mujeres y de las comunidades”. De la salud de estos ecosistemas dependen comunidades indígenas aymaras y quechuas, así como los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Los miembros de ese pueblo milenario solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó y su casi incipiente cantidad de agua los ha forzado a migrar y a rebuscar formas para sobrevivir con otras actividades. Don Pablo Flores, autoridad originaria de la comunidad Uru de Puñaca manifiesta: “En agosto, han llegado autoridades y con ellos hemos ido al lago y hemos constatado que ya no hay agua, el sector de la isla de Panza también está seco. Como Urus, ¿cómo estamos viviendo? Antes se iba por parihuanas, ahora no. En febrero ponían huevos, cambiaban de plumas. Este año no hay. Los flamencos están muertos. El lago no existe ahora. Las tres comunidades Urus estamos sufriendo, vivíamos de la caza y pesca. Pedimos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales mayor atención porque hasta ahora prácticamente no se hizo nada para salvar, proteger y recuperar nuestro lago Poopó”. Al incluir a los lagos Uru Uru y Poopó como sitio Ramsar, el Estado boliviano se comprometió a conservar las características ecológicas de estos humedales. En ese sentido, la visita de la misión de expertos y expertas es una oportunidad clave para obtener recomendaciones objetivas y especializadas orientadas al cumplimiento de ese compromiso. “Las organizaciones ambientales, las comunidades y la población en general estamos pendientes de la visita de la Misión Ramsar. Consideramos que debe tomarse en cuenta la situación actual del ecosistema, pero también los factores que siguen influyendo en su degradación porque mientras no se adopten estrategias para combatir el cambio climático, no se ponga un alto a la contaminación minera y no se garantice la cantidad de agua necesaria para todo el TDPS, la situación crítica de nuestros lagos Uru Uru y Poopó no podrá ser revertida”, señaló Ángela Cuenca, coordinadora del Colectivo CASA. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107 Angela Cuenca (Bolivia), Colectivo CASA, [email protected], +59172485221 Limbert Sanchez (Bolivia), CEPA, [email protected], +59172476802 Sergio Vasquez Rojas (Bolivia), CENDA, [email protected], +59172734594  

Leer más
Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Alerta aos investidores: Mineradora Belo Sun divulga informações falsas para investidores e público sobre megaprojeto na Volta Grande do Xingu

Organizações da sociedade civil do Brasil e exterior revelam em carta para a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário uma série de informações falsas divulgadas pela empresa canandense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) - inclusive falas de seu CEO, Peter Tagliamonte - que minimizam os riscos socioambientais, legais e financeiros do projeto Volta Grande, próximo ao rio Xingu.   São falsas e incompletas as informações divulgadas publicamente pela mineradora canadense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) aos seus investidores sobre projeto de mineração homônimo que pretende se instalar no território da Volta Grande do Xingu, no Pará. Esta é principal alerta enviado em carta à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (Ontario Securities Commission - OSC) no dia 29 de julho pelas organizações nacionais e internacionais Amazon Watch, Earthworks, Instituto Socioambiental (ISA), Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, Movimento Xingu Vivo para Sempre e Rede Xingu +. A OCS é reguladora do mercado financeiro canadense e responsável por proteger investidores de práticas fraudulentas e impróprias de empresas. Elaborado por uma equipe jurídica e amparado por evidências legislativas e científicas de pesquisadores independentes, o documento desmente as mais recentes declarações do presidente da Belo Sun, Peter Tagliamonte. Em fala no evento Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), uma convenção internacional sobre minerais e indústria de mineração, realizado em 8 de março, o presidente afirmou que único impedimento para o início das obras de Belo Sun é a pandemia de Covid-19,  e que a expectativa é que as obras comecem no final de 2021. Afirmações similares foram feitas em declarações recentes da empresa, e pelo próprio CEO em outras ocasiões. Segundo a carta, as declarações de Tagliamonte são falsas. Sete ações correm na justiça brasileira pedindo a nulidade de licenças e a suspensão do Licenciamento Ambiental. Entre as razões para os pedidos de anulação, destacam-se informações incompletas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como também inexistência de uma consulta prévia, livre e informada às populações tradicionais que serão impactadas pelo projeto. Há evidência que Belo Sun Corp. violou a política de divulgação de informações da OCS, deixando de divulgar informações atualização e factíveis sobre o projeto, mantendo assim potenciais e atuais investidores informados. Falsas informações divulgadas pela Belo Sun Mining Corp. De acordo com a carta, ainda que a empresa reconheça os riscos associados aos processos legais contra o licenciamento do projeto, ela falha em divulgar dados concretos sobre ações legais e suspensões que correm na Justiça, baseando-se na falta de conhecimento dos investidores sobre a legislação do Brasil. É o caso da suspensão da Licença de Instalação (LI) devido a inexistência da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades indígenas que serão impactadas pelo projeto. Em uma recente atualização divulgada pela empresa, Belo Sun afirmou que "continua a avançar em discussões financeiras com vários grupos em preparação ao começo da construção assim que houver o anulação da suspensão do processo de construção (LI)". "A empresa ainda nem começou o processo de consulta - que agora está atrasado devido à pandemia - e já está fazendo propaganda sobre a anulação da suspensão, como se isso fosse uma questão de tempo", pontua Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "A empresa não está em posição de garantir os resultados de um processo de consulta, já que estas negociações são vagarosas e invariavelmente acarretam em mudanças substanciais no projeto. Nada disso está sendo divulgado corretamente para os investidores", ela adiciona. Entre os riscos de investimento em Belo Sun, a carta destaca o histórico de processos judiciais; conflitos em torno do projeto; as falhas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA); e a violação do direito à consulta das populações indígenas. A minimização dos riscos sociais e ambientais dentro dos estudos realizados pela própria companhia já deixou as comunidades de Volta Grande, duramente afetadas pela hidrelétrica Belo Monte, em alerta. Uma série de pesquisas técnicas independentes contradizem os estudos da Belo Sun com relação ao impacto do projeto nos recursos hídricos, na fauna e flora e também com relação à segurança das barragens. Uma das razões para que o processo de obtenção de Licença de Instalação (LI) fosse cancelado em 2017 foi a não realização da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades tradicionais. Há também aumento de relatos de intimidação e assédio contra os opositores do projeto, o que demonstra que a situação é muito mais complexa e controversa do que a divulgada pela empresa. A coalizão conclui que "Belo Sun falhou em se comunicar com atuais e futuros investidores sobre a complexa natureza do projeto" que tem "correlação direta com seus atrasos e que levanta questões sobre a própria viabilidade dele". Em um momento de especial atenção à Amazônia e seu potencial socioambiental na mitigação das mudanças climáticas, a carta visibiliza as irregularidades do projeto e os riscos legais e para a reputação de seus eventuais investidores. Sobre Belo Sun  Belo Sun promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e quer se instalar na  região de Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos do desvio do rio Xingu pela hidrelétrica de Belo Monte. Além das etnias Juruna (Yudjá), Arara e Xikrin, a região abriga outros indígenas não aldeados e diversas comunidades ribeirinhas. Desde seu início, o projeto tem enfrentado numerosos processos judiciais por parte do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União. Eles apontam diversas falhas no processo de licenciamento e nos estudos técnicos do projeto, e pedem pela anulação das licenças e pela suspensão do processo de licenciamento. Uma delas resultou em uma decisão judicial, ainda válida, que suspendeu a Licença de Construção (LI) de Belo Sun. CONTATOS Cecilia Garcia, International Rivers, +55 11 97290-6686, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, +55 11 98152-8476, [email protected]  

Leer más
Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Indígenas, Minería

Alerta a inversores: Belo Sun difunde información engañosa sobre un controversial proyecto de minería de oro en la Amazonía brasileña

En una queja presentada ante la Comisión de Valores de Ontario, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre la reiterada difusión de información engañosa por parte de Belo Sun Mining Corp. (TSXV:BSX), incluidas las declaraciones de su presidente ejecutivo, Peter Tagliamonte, en las que resta importancia a los riesgos socioambientales, legales y financieros de "Volta Grande", proyecto de la empresa ubicado a lo largo del río Xingú.   La empresa minera canadiense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) difunde información engañosa e incompleta a los inversores sobre el proyecto minero que pretende desarrollar en el río Xingu (Volta Grande do Xingu), en el estado de Pará, Brasil. Este es el mensaje central de una carta de advertencia enviada a la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 29 de julio por una coalición internacional de organizaciones y redes de la sociedad civil que incluye a Amazon Watch, Earthworks, el Instituto Socioambiental (ISA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, el Movimento Xingú Vivo para Siempre y la Rede Xingu+. La OSC es una corporación independiente de la Corona canadiense a cargo de proteger a inversores y accionistas de prácticas injustas, indebidas y fraudulentas de empresas e industrias. Redactada por un equipo jurídico y respaldada por un análisis técnico y científico independiente, la carta de reclamación cuestiona las recientes declaraciones de Peter Tagliamonte, presidente ejecutivo de Belo Sun. En un discurso pronunciado en el evento de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en marzo de 2021, la mayor convención minera del mundo, Tagliamonte citó la pandemia de COVID-19 como justificación de los retrasos frecuentes de la licencia ambiental de la mina Volta Grande, afirmando que el proyecto minero estaba "totalmente autorizado" y que se esperaba que la construcción comenzara a finales de 2021. Comentarios similares se han hecho en recientes declaraciones de la empresa y por el propio Tagliamonte en otras ocasiones. Según la queja, estas declaraciones son manifiestamente falsas. Hay siete acciones civiles públicas activas en tribunales brasileños que piden la suspensión de los permisos y del proceso de concesión de licencias, presentadas por las fiscalías y defensorías federales y estatales. Estas demandas se centran específicamente en las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La coalición sostiene que existen pruebas contundentes de que Belo Sun ha incumplido los requisitos de divulgación de la Ley de Valores, que exige a las empresas comunicar los cambios sustanciales “inmediatamente” (sin demora). Las empresas deben difundir datos reales y actualizados para mantener bien informados a los inversores. Información engañosa divulgada por Belo Sun Mining Corp. De acuerdo con la queja, aunque la empresa reconoce los riesgos generales asociados al proceso de concesión de licencias, no revela los detalles concretos de las acciones legales y las suspensiones en juego relacionadas con su proyecto, confiando en la falta de conocimiento de los inversores sobre la legislación de Brasil en materia de licencias. Un ejemplo se refiere específicamente a la suspensión de la licencia de construcción (LI) debido a la falta de "consulta libre e informada" con los pueblos indígenas. En su actualización corporativa más reciente, Belo Sun afirma que "sigue avanzando en las discusiones financieras con varios grupos para preparar el inicio de la construcción tras el levantamiento de la suspensión de la licencia de construcción (LI)". "La empresa ni siquiera ha iniciado un proceso de consulta —que ahora está retrasado por la COVID-19— y ya está anunciando el levantamiento de la suspensión, como si fuera cuestión de tiempo", dice Marcella Ribeiro, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La empresa no está en condiciones de garantizar los resultados del proceso de consulta ya que las negociaciones en torno al consentimiento llevan mucho tiempo e indudablemente darán lugar a cambios importantes en el proyecto. Nada de esto ha sido comunicado adecuadamente a los inversores", añade. Entre los riesgos asociados a las inversiones en Belo Sun, la reclamación resalta el historial de procesos judiciales, la conflictividad en torno al proyecto, las deficiencias y lagunas de la evaluación de impacto ambiental, y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La minimización de los riesgos ambientales y sociales en los estudios y evaluaciones de impacto de la empresa ha encendido las alarmas entre las comunidades de la región de la Volta Grande, ya afectadas por la represa hidroeléctrica Belo Monte. Una serie de estudios técnicos independientes ponen en duda las afirmaciones de Belo Sun sobre los impactos en los recursos hídricos, la fauna y la flora, y respecto de la seguridad de la presa de relaves. La negativa de la empresa a reconocer los impactos en los territorios indígenas ubicados a lo largo del río Xingú condujo a la decisión judicial de 2017 que suspendió la licencia de instalación del proyecto Volta Grande hasta que se lleve a cabo una "consulta libre e informada". Además, son cada vez más las denuncias sobre intimidación y acoso contra las personas que se oponen al proyecto, lo que demuestra una situación mucho más compleja y conflictiva como resultado del proyecto de lo que la empresa ha informado, se resalta en la queja. La coalición concluye que "Belo Sun no ha comunicado plenamente a los inversores actuales y potenciales la naturaleza compleja de su proyecto", lo que tiene una "implicación directa en los retrasos y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del proyecto".  La carta entregada a la OSC tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las numerosas irregularidades del proyecto y sensibilizar a los inversores actuales y potenciales sobre los importantes riesgos legales y de reputación que conlleva el proyecto, en un momento en el que la atención se centra en la selva amazónica y en su capacidad para brindar servicios ambientales y mitigar el cambio climático. Acerca del proyecto Volta Grande de Belo Sun Propuesto para ser implementado a lo largo de la Volta Grande, un tramo del río Xingú (uno de los principales afluentes del Amazonas) y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el proyecto de Belo Sun sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. En la región viven pueblos indígenas como los Juruna (Yudjá), Arara y Xikrin, además de otras comunidades indígenas y ribereñas aisladas. Desde el principio, Belo Sun ha enfrentado numerosas demandas relativas al proyecto Volta Grande presentadas por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal, la Defensoría Pública Estatal y la Defensoría Pública de la Unión. Estas demandas aluden a las múltiples fallas en el proceso de licenciamiento y en los estudios técnicos del proyecto. Entre otras cosas, las demandas buscan la anulación de las licencias de la empresa y la suspensión del proceso de autorización del proyecto. Una de ellas dio lugar a una decisión judicial, aún vigente, de suspender la licencia de construcción. contactos de prensa Viviana Herrera, MiningWatch Canada, ​[email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, [email protected] Cecilia Garcia, International Rivers, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected]  

Leer más
Cambio Climático, Derechos Humanos

Rumbo a la Cumbre de Líderes sobre el Clima: México apuesta por el combustóleo y el carbón

En México, el gobierno federal prioriza la generación de electricidad con combustóleo y carbón, que tienen graves impactos a la salud, el territorio y el medio ambiente. En los últimos años, diversos países del mundo han anunciado metas ambiciosas para alcanzar emisiones netas cero. En contraste, México disminuyó la ambición de su Contribución Nacionalmente Determinada. Una transición energética socialmente justa y sustentable es clave para acercarnos a cumplir nuestras metas climáticas y generar beneficios a la población.   El 22 de abril de 2021, cuando se celebra el Día de la Tierra, se llevará a cabo la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima convocada por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se espera la participación de 40 líderes mundiales de países que en conjunto emiten cerca del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), y dentro de los cuales México ocupa el lugar 12 como país que mayores gases emite (1). El objetivo de esta cumbre de alto nivel es lograr establecer metas climáticas conjuntas más ambiciosas, alineadas con un incremento de temperatura por debajo de 2°C y con miras a limitarlo a 1.5°C para reducir el riesgo de los impactos asociados al calentamiento global y mitigar la catástrofe climática global. Se espera que los líderes anuncien mayores esfuerzos en mitigación y adaptación con acciones concretas como la descarbonización del sector energético y de la generación de electricidad. La sustitución del carbón y de combustibles fósiles altamente contaminantes, como el combustóleo y el gas natural, es un compromiso que muchos países han adoptado para acelerar la transición energética y el cumplimiento de sus metas climáticas plasmadas en el Acuerdo de París. Mientras tanto, contrario al objetivo de la cumbre, del Acuerdo de París y del marco legal mexicano en materia de cambio climático y energía, la actual política energética del gobierno federal mexicano agudiza las causas de la crisis climática y con ello vulnera diversos derechos humanos como la salud, al ambiente sano, la vida, entre otros, pues apuesta por la intensificación del uso de combustibles fósiles. Tan solo de 2001 a 2013, los afectados por los fenómenos climatológicos ascendieron a 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron más de 338 mil millones de pesos (2). La administración actual ha pedido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementar el uso de combustóleo y el consumo del carbón, a pesar de los gravísimos impactos sociales, económicos y ambientales asociados a dichos combustibles. Las personas que habitan en las poblaciones locales son quienes sufren directamente las consecuencias de una política energética basada en estos combustibles. El combustóleo libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, que causa irritación en las vías respiratorias e inflamación en los pulmones, y de carbono negro, un contaminante climatico de vida corta (CCVC), que debido a su tamaño (cuarenta veces más pequeño que un grano de sal) (3), puede penetrar profundamente en los pulmones de las personas, causando una disminución de la función pulmonar y el desarrollo de enfermedades como el asma, especialmente en los niños y niñas (4). De igual manera, la combustión del carbón genera contaminantes tales como mercurio, plomo y dióxido de azufre. Además, el combustóleo y el carbón son causantes de muertes prematuras derivadas de la contaminación del agua y aire. De manera indirecta, toda la población sufrimos de los impactos negativos exponenciales del cambio climático en nuestros territorios. Las organizaciones firmantes buscamos que México tenga una política energética congruente con las necesidades ambientales y sociales, que promueva una transición energética justa y con enfoque de derechos humanos y tendiente a evitar un aumento superior a los 1.5°C, lo que permitirá mitigar los impactos negativos del cambio climático. Cabe mencionar que el mismo 22 de abril, gracias al arduo trabajo y esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil y la población, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano a través del acceso de la población a la participación, y a la justicia ambiental. De igual manera, desde 2017, el Estado mexicano forma parte de la Alianza para la Transición más allá del Carbón que plantea eliminar el carbón en la generación de electricidad antes de 2040, sin embargo, no ha dado pasos significativos ni concretos para cumplir con este compromiso, sino por el contrario las medidas y políticas adoptadas muestran incluso un retroceso en el tema. México tiene un rol fundamental dentro de la Cumbre, no sólo por los acuerdos adquiridos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino también por la extensa red de tratados de libre comercio de México en materia laboral, derechos humanos y energía, que ha suscrito con otros países. La agenda bilateral se basa en la cooperación, la solidaridad internacional, la confianza y la atención a retos que trascienden los límites político-administrativos. Por ello, es importante que compartamos ambiciones climáticas y estrategias de mitigación y adaptación. Ambos países enfrentan problemas comunes tales como el incremento del flujo de migrantes climáticos, agudización de la sequía, mayor frecuencia y profundización de impactos por fenómenos hidrometeorológicos extremos, entre otros. Hacemos un enérgico llamado para que, durante la cumbre, México cumpla con sus obligaciones constitucionales de respetar los derechos humanos a la salud, a la participación y a un medio ambiente sano, tal como lo mandata la Constitución y observe con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. La transición energética en nuestro país debe ser justa y con enfoque de derechos humanos y por tanto, debe atender y mitigar los impactos locales negativos de la generación de energía eléctrica; garantizar un reparto justo de beneficios que reduzca las desigualdades; generar alternativas con tecnologías sustentables; y propiciar el diálogo y la participación de la población en la toma de decisiones en materia energética y ambiental. Es urgente que México defina una ruta clara y a corto plazo de sustitución del carbón y combustóleo con especial atención en el respeto a los derechos humanos de generaciones presentes y futuras y la generación de alternativas económicas verdes para las regiones impactadas. De igual manera, es fundamental que la CFE suspenda de manera inmediata el uso de estos combustibles en la generación de energía. (1) Climate Watch. 2019. Historical GHG Emissions. Disponible en: https://bit.ly/3x0qzdc (2) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030, 2015, disponible en: https://bit.ly/3aeaFSR (3) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente-Instituto de Energía y Medio Ambiente, Contaminantes climáticos de vida corta, Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El caso de Brasil, Chile y México, 2016, disponible en: https://bit.ly/2OQzAnQ (4) Von Schneidemesser, Erica, et al, “Black Carbon in Europe – Targeting an Air Pollutant and Climate Forcer”, IASS Policy Brief, 2017, p.4, disponible en: https://bit.ly/3gqDsrh Contactos de prensa Adriana Alatorre, ICM, [email protected], 55 6676 6247   Denise Rojas, El Poder del Consumidor, [email protected], 55 1298 9928 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, [email protected], 55 5964 4162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Organizaciones que conformamos el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Greenpeace México, International Council on Clean Transportation, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redspira, Transita Seguro y Fondo Mundial para la Naturaleza  

Leer más
Derechos Indígenas, Océanos

Chile: Informe señala que aprobación de salmoneras en Reserva Nacional Kawésqar es ilegal

El documento elaborado por organizaciones nacionales e internacionales apunta a la incompatibilidad entre este tipo de industria y el objeto de protección de la zona, en la cual, aún sin contar con un plan de manejo establecido, ya existen 57 concesiones salmoneras, 113 en trámite y se han aprobado 6 resoluciones de calificación ambiental luego de la creación de la Reserva.   Las comunidades Kawésqar Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro, entregaron a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) un informe técnico elaborado por las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), que busca aportar información respecto al grave impacto que la industria salmonera genera en los ecosistemas marinos, para ser considerado en el plan de manejo que la entidad de gobierno debe elaborar y ejecutar para dar cumplimiento a la protección de las aguas marinas que conforman la Reserva Nacional Kawésqar. "Hoy CONAF debe garantizar el cumplimiento de lo que se estableció en la Consulta Indígena y prohibir explícitamente la salmonicultura en el plan de manejo de la Reserva, esta definición es clave para la salud futura de los ecosistemas marinos patagónicos", explica Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace "La falta de regulación interna que existe sobre las áreas protegidas, ha permitido una interpretación que arbitrariamente le ha abierto la puerta a la instalación de 57 concesiones salmoneras dentro de esta área protegida y más de 1.000 en toda la zona austral, con desastrosas consecuencias expresadas en el daño ambiental provocado por esta industria, hoy la salmonicultura es completamente incompatible con la mantención de ecosistemas marinos sanos", agrega. Proceso histórico para la protección de los mares australes La creación de la Reserva Nacional Kawésqar en 2018 fue un hito clave para la participación de las comunidades y personas de este pueblo originario en la decisión sobre los ecosistemas que componen su territorio ancestral. En esa oportunidad, a través de la consulta indígena se estableció expresamente la necesidad de proteger las aguas y de impedir el desarrollo de actividades como la salmonicultura, considerando la particular situación de fragilidad ecosistémica del área y el legado cultural Kawésqar, firmemente ligado al mar. En el informe, las organizaciones llegan a la conclusión de que la salmonicultura es una actividad incompatible con los objetivos de protección de las Reservas Nacionales, desde el punto de vista legal y ecosistémico, y en particular con la Reserva Nacional Kawésqar debido a la gran cantidad de riesgos que implica la actividad. Entre los daños que esta industria causa, se encuentran la contaminación biológica al introducir especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las periódicas fugas masivas de salmones y los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino los cuales generan condiciones anaeróbicas y mareas rojas. Todo lo anterior pone en peligro un área marina con una diversidad única en el mundo y que el mismo Estado ha decidido proteger. "Permitir la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar haría inútil la protección entregada al área. Este punto ha sido reconocido incluso por la dirección nacional de CONAF que al ser consultada en 2019 por la contraloría sobre el cultivo de salmones dentro de áreas protegidas, señaló que de acuerdo con el marco legal vigente nacional e internacional, entre los que se encuentran la Convención de Washington, no sería admisible una actividad como la salmonicultura en un área que protege el ecosistema marino", agrega Victoria Belemmi, abogada de ONG FIMA. Pronunciamiento de Contraloría Por su parte, AIDA presentó un escrito ante la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la aprobación de un proyecto de ampliación de biomasa de un centro de salmonicultura ubicado en la Reserva Alacalufes, hoy Reserva Nacional Kawésqar, que se encontraba operando en condiciones anaeróbicas. "La aprobación de este proyecto implicó que se autorizó aumentar la producción de salmones en una zona donde ya había evidencia de que la capacidad de carga del lugar estaba superada. El hecho de que el centro estaba ubicado en las aguas bordeando la Reserva Alacalufes (hoy Kawésqar) lo hace aún más grave", comenta Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El bajo nivel de oxígeno que afectaba las aguas fue evidenciado por documentación oficial que reconoce la normativa para ese fin - la Caracterización Preliminar del Sitio que el titular del centro presentó para solicitar la ampliación y varios informes preliminares (INFA) que confirmaban la situación-. Con la aprobación, el centro adquirió autorización para casi triplicar su producción original. Subpesca había notado la situación, incluso interponiendo una observación al respecto dentro del proceso. Sin embargo, poco después emitió su pronunciamiento conforme al proyecto. Luego, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el proyecto mediante RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Consulte aquí el informe Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

Leer más
Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

México: Organizaciones de la sociedad civil denuncian graves consecuencias de la “Ley Combustóleo”

El "madruguete" en el Senado para aprobar por mayoría los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica viola derechos humanos y traerá graves daños a la salud, al ambiente y el incumplimiento de acuerdos internacionales.   Ciudad de México. Las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) advirtieron que el madruguete realizado este martes por la mayoría del Senado de la República para aprobar los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), conocida como la “Ley Combustóleo” (por la preferencia de uso de este combustible que implica dicha modificación) no sólo implica violaciones al procedimiento legislativo, sino también a derechos humanos como el derecho de acceso a la participación conforme al recién ratificado Acuerdo de Escazú, a la salud y al medio ambiente sano, sobre todo de los sectores más vulnerables como las niñas, niños y jóvenes, además de retrasar aún más el cumplimiento de México a los acuerdos internacionales en combate al cambio climático.   La Ley Combustóleo que aprobaron las y los Senadores en una sesión convocada de última hora este martes, se caracterizó por la ausencia de diálogo con expertos, jóvenes y sociedad civil, pues no se convocó al ejercicio de Parlamento Abierto. La Ley llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles, como el carbón, el gas natural y el combustóleo para generar electricidad, que dañan de manera severa la salud de la población, el medio ambiente y compromete el futuro de la niñez en México, haciendo a un lado la transición energética justa y con enfoque de derechos humanos por la que nuestro país debería avanzar.   En términos de salud y sólo a manera de ejemplo, de acuerdo con el informe “Modelado de impactos transcuenca en escenarios de cambio de combustible para la generación de energía. Estudio de caso Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos” elaborado por Adolfo Hernández-Moreno de la UAM, la contaminación por combustóleo, sólo de la termoeléctrica de Tula, sería responsable de 14 mil muertes prematuras en la ZMVM.   La termoeléctrica de Tula funciona con combustóleo y ese es precisamente uno de los combustibles fósiles que se alienta a partir de la reforma aprobada vía “fast track” por mayoría en el Senado, en tanto que se estigmatiza a las energías renovables, bajo el argumento de que han sido usadas por empresas particulares para defraudar al Estado.   Al respecto, en el OCCA coincidimos en el hecho de que el sector eléctrico es prioritario y estratégico para el desarrollo social. Por ese motivo, CFE podría y debería asumir un rol protagónico en la transición energética justa, renovable y con enfoque de derechos humanos que el país necesita y apuntalar hacia la soberanía energética desde un modelo que garantice el derecho a un medio ambiente sano a las generaciones futuras. Sin embargo, estas medidas lejos de fortalecer a la empresa paraestatal, la anclan a la dependencia de combustibles fósiles extranjeros como el gas y a tecnologías obsoletas como el combustóleo y el carbón, relegando tecnologías renovables bajo argumentos técnicos equivocados y señalamientos de corrupción que sin duda deben ser investigados y sancionados, pero no deben ser motivo para limitar la participación de las energías renovables en la matriz energética, porque esto implica graves daños a la salud y al medio ambiente.   El daño aún puede ser revertido. Es momento de priorizar nuestra salud, la niñez, la juventud y la agenda social. La única forma es garantizar el derecho a un medio ambiente sano y evitar la catástrofe climática, evitando una mayor penetración de fuentes contaminantes, como el combustóleo y el carbón. Para asegurar nuestro consumo energético y depender menos de la importación de combustibles, México debe incrementar sustantivamente la participación de las energías renovables, y el gobierno debe asumir esa responsabilidad de manera integral y sustentable, tal y como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución.   CONTACTOS DE PRENSA Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162  

Leer más
Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

El aumento del uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica eleva el riesgo social, ambiental y en derechos humanos: ONG

El consumo de combustóleo y carbón daña la salud de la gente, agrava la pobreza energética y agrava significativamente la crisis climática. El calentamiento global incrementará fenómenos como la reciente y atípica tormenta de nieve en el sur de Estados Unidos y el norte de México, con severas consecuencias sociales e impactos en derechos humanos.   Los apagones ocurridos en días pasados en el país, causados por un frente frío atípico que congeló infraestructura de las plantas productoras de gas en Texas (desde donde se importa el gas a México), es un claro ejemplo de dos problemáticas que resultan muy graves en nuestro país. Por un lado, muestran la fragilidad del sistema eléctrico y la gravedad de depender de combustibles fósiles para satisfacer nuestra demanda eléctrica. Por el otro, evidencian nuevamente que el cambio climático es real, que nos afecta fuertemente y que amenaza una amplia gama de derechos, entre ellos el derecho a la vida, vivienda, salud y al ambiente sano, y que México es un país altamente vulnerable a sus efectos.   Estos dos problemas están conectados y resultan relevantes porque la quema de combustibles fósiles para uso energético (como el carbón, el combustible y el gas) son los principales responsables de las emisiones de gases efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, causantes del cambio climático.    La respuesta que ha dado el gobierno federal no resuelve la necesidad de contar con un suministro confiable y sustentable de energía. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que paradójicamente anunció nuevas plantas de gas con ciclo combinado, busca suplir la falta de gas con el uso de carbón y combustóleo, fuentes fósiles que contribuyen al problema que ocasionó el congelamiento de la infraestructura en primer lugar. Con estas decisiones, alimenta el círculo vicioso que da origen al cambio climático y que dejó a millones de personas sin electricidad y a miles más expuestas a los contaminantes de las termoeléctricas, además de contribuir a las muy graves afectaciones que el calentamiento global implica en términos de salud, pérdidas y daños sociales y deterioro ambiental.   Nuestra propuesta como sociedad civil incluye la diversificación de la matriz energética, para incrementar la penetración de las energías renovables en distintas escalas, dándole prioridad a la generación distribuida, que ayuda a la democratización de la energía, al alivio de la pobreza energética, además de abonar a la seguridad en el abastecimiento de electricidad de la población de una manera respetuosa con los derechos de las comunidades. Ha quedado demostrado que las fuentes fósiles no garantizan el despacho de energía eléctrica ni la seguridad energética y que al ser importadas, como en el caso del gas, no contribuyen a fortalecer la soberanía energética que el gobierno busca, además de ser altamente contaminantes y muy costosas. Al contrario, está demostrado que la introducción de fuentes renovables en distintas escalas en la matriz energética y con procesos participativos y de inclusión social fortalece la seguridad energética porque no requiere de importación de combustibles y no compromete la salud de las personas y el ambiente, ayuda a enfrentar la crisis climática y puede ayudar a combatir la pobreza energética que aqueja a más del 43% de los hogares del país (1).   Asimismo, es indispensable el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional para que sea resiliente ante los embates del cambio climático pues actualmente es sumamente frágil, como lo ha dejado ver el apagón. Basta recordar que la estrategia nacional de cambio climático 2013 indica que más del 40% de la infraestructura petrolera estratégica y alrededor de 30% de las redes de transmisión eléctricas del país son altamente vulnerables al cambio climático (2) así como a las fallas derivadas de la cadena de producción de electricidad. Esto requiere la diversificación de la matriz, la modernización de las redes e inversiones estratégicas.   Proponemos, por tanto, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable con respeto a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, para reducir la importación de combustibles fósiles, mitigar las emisiones contaminantes del sector y como parte fundamental para una transición energética justa. Es conveniente mantener las medidas de ahorro energético y es apremiante detener cuanto antes el aumento de los combustibles fósiles que dañan la salud, el ambiente y que comprometen el bienestar social de México. (1) Beatriz Olivera Villa. (2020). El camino de México hacia la justicia energética. México: Greenpeace México. Disponible en: https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2021/02/d252044e-el-camino-de-mexico-hacia-la-justicia-energetica.pdf (2) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. México: INECC. Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/estrategia-nacional-de-cambio-climatico-vision-10-20-40 Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor A.C., FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México A.C., International Council on Clean Transportation (ICCT), Iniciativa Climática de México (ICM), Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Redspira, Transita Seguro, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA). CONTACTOS DE PRENSA Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162  

Leer más
Fracking, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Reglamentación del fracking en Mendoza vulnera compromisos climáticos de Argentina

AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza un escrito legal para solicitar, con base en argumentos de derecho internacional, la inconstitucionalidad del decreto que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica en la provincia argentina.   Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda interpuesta por la Asociación Oikos Red Ambiental contra el gobierno de Mendoza, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia un escrito legal (Amicus curiae) para solicitar la inconstitucionalidad del Decreto 248, que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracking o fracturación hidráulica. El escrito contiene evidencia con argumentos de derecho internacional que la reglamentación vulnera los compromisos climáticos del Estado argentino, así como el principio de precaución. “Como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y signatario del Acuerdo de París, el Estado argentino asumió obligaciones internacionales de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mitigar la crisis climática”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “Apostar por el fracking implica un incremento de esas emisiones y el incumplimiento de los compromisos climáticos del país. Existen estudios que asocian un incremento considerable de metano en la atmósfera con la fuga y quema de ese gas en la extracción de hidrocarburos vía fracking. Las emisiones de metano son responsables de casi el 25% del calentamiento global. El Decreto 248 no contempla ninguna disposición ni medida efectiva para controlar las emisiones de GEI generadas por las actividades de fracking y sus efectos en el clima. “Esto pone en evidencia que la norma es insuficiente en su contenido y que desconoce el principio de precaución”, explicó Velarde. “No existen las bases suficientes para que el gobierno de Mendoza regule el fracking de manera efectiva”. El principio de precaución establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá evitar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación ambiental. En el fracking, siendo una técnica no convencional con un alto grado de dificultad técnica y científica, no existe certeza sobre sus impactos, lo que amerita aplicar el principio de precaución. El escrito documenta la aplicabilidad de este argumento a partir de casos similares en otros países de la región. Uno de ellos es Colombia, donde actualmente existe una moratoria judicial al fracking basada en dicho principio. “El Decreto 248 es incompatible con una adecuada observancia del principio de precaución”, recalcó Velarde. “En las últimas décadas, el desarrollo de esta técnica extrema ha despertado alarma a nivel mundial ante la evidencia de daños graves e irreversibles en el ambiente y en la salud humana, los cuales se agudizan con la crisis climática”. El escrito presentado por AIDA se suma a otras acciones similares presentadas contra el decreto que reglamenta el fracking en Mendoza por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos-Xumek, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Earthjustice. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

Leer más