Press Release

Julio 21 2023 Derechos Indígenas, Océanos

Chile: Nuevo rechazo a salmoneras en Magallanes

Por sexta vez, el tribunal ambiental invalidó el permiso ambiental de un centro de cultivo en la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia se dio en contra del Centro de Salmones Colo Colo, propiedad de la empresa Acuícola Cordillera. Este rechazo se suma a otros cinco que responden a denuncias de las comunidades locales por el incumplimiento del propósito de protección del área protegida. El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, resolvió a favor de la invalidación presentada por Comunidad Indígena Aswal Lajep, Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Comunidad Indígena Atap, Comunidad Indígena Residente Río Primero, Greenpeace y personas naturales para anular la Resolución Ambiental que autorizó a la empresa Acuícola Cordillera instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar. En su fallo, los ministros indicaron que este proyecto, al haberse presentado de forma paralela a otros dos centros (Pérez de Arce y Leucotón), los cuales se encuentran muy cercanos, produciría impactos al medio ambiente de forma simultánea, por lo que no puede ejecutarse si no se evalúan sus efectos de forma conjunta. Además, los proyectos comparten rutas de navegación desde Punta Arenas hasta el último tramo al interior del Golfo Xaultegua, afectando de forma incremental el ambiente. Por otra parte, un punto importante de la sentencia se refiere a que el titular declaró que su proyecto no afectaría el fondo marino, sin embargo utilizó un valor límite para evaluar la dispersión de contaminantes, que era aproximadamente 10 veces superior al establecido por el conocimiento científico. Para la representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Leticia Caro, este fallo es muy importante ya que "aún cuando la escalada política empresarial de amedrentamiento contra la defensa de nuestro territorio y contra quienes nos colaboran amorosamente ha ido creciendo, el trabajo constante y con convicción siempre da frutos generosos; solo aplicando y reclamando lo que creemos justo, siendo así que entendemos que estos son proyectos fraccionados que nunca debieron evaluarse por sí solos, tomando en cuenta los impactos sinérgicos que estos provocan en su conjunto en nuestro territorio ancestral". Cabe señalar que la autorización ambiental fue otorgada mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que en su evaluación no se realizó participación ciudadana. Además, desde esa instancia, ya contaba con múltiples observaciones por parte de los organismos encargados de su evaluación, algunas de ellas relacionadas con las causales que determinaron la anulación del permiso ambiental. "Junto a las comunidades Kawésqar, habitantes de la región y organizaciones como Greenpeace y la Asociación Interamerican para la Defensa del Ambiente (AIDA), estamos trabajando por la real protección de esta área tan importante para la preservación ecológica, pero también para la cosmovisión ancestral de las comunidades", indica Macarena Martinic, Coordinadora de Acceso a la Justicia en ONG FIMA. "Es importante señalar que con este sexto rechazo se hace cada vez más evidente la incompatibilidad de esta industria con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar". Por su parte, desde Greenpeace, su vocera Silvana Espinosa, agrega: "Valoramos que por sexta vez el Tribunal Ambiental establece que proyectos simultáneos y cercanos producen un impacto acumulado y sinérgico que afecta al medio ambiente como un todo. Esta situación se vuelve imperante de resolver bajo el escenario de crisis climática que vivimos, donde es inaceptable sumarle más cargas a los ecosistemas de los cuales depende también nuestra propia existencia. Es por ello que esperamos que no se otorgue ningún nuevo permiso ambiental a la industria de la salmonicultura que ya ha demostrado en varias ocasiones la destrucción que genera en el medio marino y en la biodiversidad de nuestros fiordos y canales patagónicos". Contacto de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Julio 20 2023 Derechos Humanos

Coalición mundial por el ambiente sano gana Premio de Derechos Humanos de la ONU

Manila (Filipinas), Ginebra (Suiza), Casablanca (Marruecos), Nueva York (EE. UU.), Ciudad de México (México), Buenos Aires (Argentina). La Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible es hoy uno de los galardonados con el prestigioso Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2023. La Coalición es premiada por su rol esencial en abogar por el reconocimiento del derecho a un ambiente sano por parte de la Asamblea General de la ONU en 2022. El Premio de Derechos Humanos de la ONU se concede una vez cada cinco años. Este año es la primera vez que es conferido a una Coalición mundial. El premio se entregará en Nueva York el 10 de diciembre, fecha en la que también se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que hace aún más especial el reconocimiento. Este logro fue posible gracias a esfuerzos incansables que comenzaron hace décadas y que dieron lugar a que miles de personas de todo el mundo unieran fuerzas para lograr un hito: el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible. Ante todo, el premio destaca la importancia de colaborar para avanzar en la tan necesaria protección de nuestro planeta y en el ejercicio de los derechos humanos. En solitario, ninguna organización, movimiento o persona habría sido capaz de lograr el reconocimiento universal del derecho a un ambiente sano. Una Coalición mundial diversa lo hizo realidad. Además, el premio reconoce la necesidad de proteger los espacios de participación para todas las personas. En un momento en que los espacios cívicos se reducen de forma preocupante y muchas personas defensoras de los derechos humanos y el ambiente son objeto de ataques en todo el mundo, el premio envía un recordatorio poderoso: Es fundamental respetar y fortalecer los espacios de participación y colaboración. La protección de los espacios cívicos, así como el respeto y apoyo a todas las personas defensoras de los derechos humanos, es esencial para la garantía efectiva de este derecho reconocido recientemente. Se trata de un derecho que también es un componente integral de la justicia ambiental y de la democracia, que provee además una vía expedita para proteger los derechos de las generaciones futuras. El anuncio del galardón llega pocos días antes del 28 de julio, cuando se cumple un año del reconocimiento por parte de la Asamblea General de la ONU del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. Desde entonces, millones de personas han seguido sufriendo los efectos acumulativos y acelerados de la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, exacerbada por las desigualdades sistémicas, que está agravando las violaciones continuas del derecho a un ambiente sano en todo el mundo. Este premio enfatiza, más que nunca, que los Estados deben hacer realidad este derecho. Es al mismo tiempo un reconocimiento y un llamado a la acción para que los gobiernos, las empresas, las instituciones y las personas de todo el mundo velen para que el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible esté efectivamente garantizado y jurídicamente protegido de modo que pueda ser disfrutado por todas las personas. Lee las reacciones de participantes de la coalición aquí. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Julio 19 2023 Arrecifes de coral

Campaña "#Arrecifes del Golfo: Cuna del mar" visibiliza la importancia biocultural de estos ecosistemas amenazados

En el Golfo de México hay un tesoro invisible y en riesgo. La industria de hidrocarburos amenaza al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. La subsistencia y economía de aproximadamente 40 mil personas pescadoras y sus familias, así como la cultura veracruzana dependen de los arrecifes. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México lanzó hoy la campaña #Arrecifes del Golfo: Cuna del Mar, con el objetivo de visibilizar que la importancia ambiental, económica y sociocultural de esta zona depende de la salud y protección de los arrecifes, los cuales están en grave riesgo por la actividad humana y la crisis climática. El Golfo de México es una región con una enorme riqueza en biodiversidad, usualmente poco apreciada, cuyo altísimo valor ambiental ha hecho posible la alimentación, los ingresos económicos y la diversidad cultural de la que disfrutan sus habitantes y visitantes. Particularmente, el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM) es donde los pueblos que viven en la planicie costera de Veracruz han construido sus formas de vida y tradiciones. Con una extensión de 600 kilómetros, este importante corredor ecológico se extiende desde el sur de Tamaulipas hasta más allá de la desembocadura del río Tonalá en Tabasco. A pesar de ello, las prioridades económicas de los gobiernos han subordinado la protección de esta zona, prefiriendo las labores de extracción, exploración y transporte de hidrocarburos. Los arrecifes del Golfo de México también se han visto afectados por obras de infraestructura marítima, así como por el tráfico marítimo y la contaminación del mar por la falta de saneamiento en las cuencas hidrológicas. Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en producción de petróleo crudo, el primer lugar en producción petroquímica básica con un 80% de la producción nacional y es la entidad federativa con el mayor número de campos de reservas remanentes. Más recientemente, obras de infraestructura como la ampliación del puerto de Veracruz, así como los proyectos Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan y el propuesto Gasoducto Puerta al Sureste constituyen factores de riesgo para el Corredor Arrecifal. La campaña #Arrecifes del Golfo: Cuna de Mar se enfoca en evidenciar que sin los arrecifes simplemente se perdería la soberanía alimentaria de muchas comunidades pesqueras y no existirían actividades económicas preponderantes para el estado de Veracruz como la pesca y la actividad turística. También se perdería la riqueza gastronómica y otros elementos de la diversidad cultural veracruzana como con su música, historias y artesanías. “La mar”, como le dicen en muchas comunidades pesqueras, es sustento de vida y parte integral de su identidad y proyecto de vida. Sin los arrecifes, en donde habitan y se reproducen una gran cantidad de peces, no podrían seguir siendo quienes son. En los últimos años, se han realizado importantes descubrimientos de arrecifes sumergidos que hasta hace poco eran desconocidos para la ciencia. En la región norte —entre Tamiahua y el río Tecolutla—, por ejemplo, se encontraron los mayores arrecifes sumergidos de todo el suroeste del Golfo de México. La investigación también arrojó que el impacto de la actividad humana sobre estos ambientes es severo, pues la mayor parte de los sitios descubiertos resienten el incremento de las tasas de sedimentación y la mala calidad del agua, así como las afectaciones de la industria de hidrocarburos, el tráfico marítimo y la intensidad de las actividades pesqueras. Asimismo, la industria de los hidrocarburos representa una seria amenaza para la viabilidad ambiental de estos arrecifes. Una gran parte de la zona norte y sur del Corredor Arrecifal tienen áreas contractuales y asignaciones para la exploración y explotación petrolera. Del mismo modo, megaproyectos como el propuesto gasoducto Puerta al Sureste ignoran la presencia de estos ecosistemas y su importancia biocultural en sus evaluaciones de impacto ambiental. En términos de protección, con excepción de los arrecifes del Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el resto de los arrecifes están totalmente desprotegidos por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y por otras autoridades ambientales. Incluso, las Zonas de Salvaguarda, establecidas en la Ley de Hidrocarburos para la protección de estos ecosistemas , abarcan solamente una parte de ellos y no consideran su interconexión con el Corredor Arrecifal. En vista de las amenazas graves al Corredor Arrecifal y a los proyectos de vida de las comunidades pesqueras, y la poca visibilidad que se ha dado a la importancia biocultural de estos ecosistemas del Golfo de México, se conformó la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México como una alianza entre cooperativas pesqueras, personas pescadoras, organizaciones de la sociedad civil, la academia, artistas y comunicadores. La campaña #ArrecifesdelGolfo: Cuna del mar hace un llamado a conocer y difundir la importancia biocultural del Golfo de México, así como a sumarse al cuidado y la protección de este tesoro oculto ante las actividades humanas nocivas y los impactos de la crisis climática. Organizaciones integrantes de la red: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Espora Media A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Gente Sustentable A.C. Territorios Diversos para la Vida, A.C. Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas), A.C. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107

Julio 18 2023 Minería, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Tribunal ordena al gobierno colombiano adoptar medidas concretas para cumplir los compromisos climáticos del país

La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la respuesta en primera instancia a la acción de cumplimiento presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática y adopte acciones concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática. El 10 de julio pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evidenció el incumplimiento de una serie de obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional y ordenó al gobierno —concretamente al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible— la adopción de medidas para cumplir con dichos compromisos, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector minero energético. La sentencia es una respuesta —en primera instancia— a la acción de cumplimiento presentada el 4 de mayo por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas. La finalidad de la acción judicial es que el Estado incorpore los impactos de toda la cadena productiva del carbón en la política pública climática y para que adopte medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática. En ese sentido, el fallo se convierte en uno de los primeros hitos a nivel nacional al cuestionar el papel que ha tenido Colombia en la actual crisis climática global y ordenar a los dos ministerios el cumplimiento de las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional. La acción judicial demostró —mediante un trabajo de documentación, sistematización y análisis— que en los últimos seis años el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas normas. En total, la sentencia generó ocho órdenes dirigidas a los dos ministerios, entre ellas la de actualizar los estudios de impacto ambiental de la minería en Colombia para incluir los impactos climáticos. El tribunal ordenó también establecer regulaciones para hacer obligatorio que las empresas —especialmente las del sector carbón— establezcan registros obligatorios de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). La acción de cumplimiento cuestionó los instrumentos de política pública que han subestimado la contribución de las actividades del sector carbón a la crisis climática. Evidenció además vacíos de información críticos en los inventarios de GEI a nivel nacional, así como la falta de atribución de responsabilidades del sector carbón como parte de las causas estructurales de la crisis climática. Colombia, al ser el mayor exportador de carbón en Latinoamérica, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Sin embargo, varias administraciones gubernamentales han obviado ese compromiso en los últimos seis años. Este litigio constituye uno de los primeros a nivel regional en el que se ataca la falta histórica de un Estado en la gestión de sus compromisos en la lucha mundial contra la crisis climática. Ante los primeros resultados, es claro que este proceso tiene el potencial de convertirse en un caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente. Al ser una decisión tomada en la primera instancia del proceso, el Consejo de Estado está a cargo de emitir un fallo final. Si el alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional deberá cumplir con las ocho órdenes en un plazo de seis meses, lo que implica la reformulación de puntos centrales de los instrumentos de gestión ambiental y de cambio climático en Colombia. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), [email protected], +521 5570522107

Julio 04 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Organizaciones instan al Estado mexicano a proteger los derechos humanos y el medio ambiente frente a medidas regresivas en el sector energético

Existe preocupación por la emisión del Acuerdo A/018/2023 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)[1], el cual disminuye los estándares para clasificar la energía limpia, poniendo en peligro el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos humanos, y actuando en contra de los compromisos asumidos para alcanzar metas de generación de energías limpias. Organizaciones de la sociedad civil alertan de la tendencia en la que se promueve el gas fósil como una fuente de energía limpia y sostenible. Es crucial crear conciencia sobre los efectos negativos del gas fósil en la atmósfera, la salud de las personas y la vida en general. Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado de alerta a Relatores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la opinión pública para expresar su preocupación en relación con el Acuerdo A/018/2023 emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el cual reduce los estándares para reclasificar la energía limpia dentro del régimen de la cogeneración eficiente. De aplicarse, dicho acuerdo vulneraría el derecho al medio ambiente sano, así como otros derechos humanos, como el derecho a la salud, la vida y la integridad personal. Esta medida contradice los compromisos asumidos por México para alcanzar las metas de generación de energía a través de tecnologías limpias. La CRE busca considerar como energía limpia una fracción de la generación eléctrica de las centrales de ciclo combinado a base de gas fósil, relajando los criterios para la cogeneración eficiente y la definición de generación eléctrica libre de combustible. La nueva regulación de la CRE se desarrolla en una dinámica global preocupante, donde han surgido acciones por parte de autoridades gubernamentales y de empresas de hidrocarburos para promover el gas fósil como una fuente de energía limpia y sostenible. Sin embargo, es importante destacar que el gas fósil tiene impactos negativos en la atmósfera, la salud humana y la integridad personal[2]. Durante su combustión, emite contaminantes perjudiciales para la calidad del aire y la salud, además de gases de efecto invernadero (GEI) que agravan el cambio climático, mientras que en su cadena de suministro se producen fugas de metano, un potente GEI que calienta la atmósfera entre 28 y 36 veces más que el CO2[3]. Resulta alarmante que la actualización de los valores de referencia y criterios para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica permita clasificar como energía limpia aquellas tecnologías que generan grandes cantidades de contaminantes. Antecedentes respaldan nuestra solicitud. Desde 2015, México se comprometió a reducir sus emisiones de GEI y carbono negro, aumentando la producción de energías limpias y renovables. Sin embargo, la publicación del Acuerdo A/018/2023 de la CRE contradice estos esfuerzos. Además, se han observado modificaciones a los Certificados de Energía Limpia (CEL) que no incentivan el desarrollo de nuevas inversiones en generación eléctrica limpia con fuentes de energía renovable. Es inaceptable que se otorguen CEL a las centrales a base de gas fósil, sin tener en cuenta la necesidad de impulsar proyectos de energía limpia adicionales. Además, el Acuerdo de la CRE elimina restricciones normativas diseñadas para evitar que los procesos de la industria petrolera y la producción de combustibles fósiles se consideren como energía limpia. En vista de lo expuesto, el llamado al Estado mexicano es para que tome medidas concretas que reviertan las disposiciones del Acuerdo A/018/2023 que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos humanos. Es imperativo que se promueva y cumpla con las metas de generación de energía limpia, con fuentes de energía renovable y a través de un enfoque de transición justa, que respete el medio ambiente y los derechos humanos. En esta línea, las organizaciones recomiendan implementar políticas y acciones coherentes con el fomento al uso de fuentes de energía renovables, que contrarresten la promoción engañosa de hidrocarburos, entre ellos el gas fósil, como fuentes de energía limpia. Es necesario adoptar medidas más efectivas y consistentes para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente -como el esquema de generación distribuida-, que promuevan activamente el uso de energías limpias y renovables como una alternativa sostenible y respetuosa con el entorno y la vida. Firman: Alianza Juvenil por la Sostenibilidad (AJUVES) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Nuestro Derecho al Futuro, A.C. (Nuestro Futuro, A.C.) Ombudsman Energía México (OEM) [1] Diario Oficial de la Federación. ACUERDO Núm. A/018/2023, 2023, Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5690142&fecha=26/05/2023#gsc.tab=0 [2] El metano también puede penetrar al cuerpo humano por vía inhalatoria, se conserva en una alta concentración y puede llegar a diferentes partes del organismo como el pulmón, la sangre y otros tejidos, actuando como un asfixiante debido a que desplaza el oxígeno de la hemoglobina, provocando problemas de visión, pérdida de memoria, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, entre otros. Riojas Rodríguez, Horacio, Impactos del metano en la salud, Ponencia dictada en el Seminario virtual "Impactos del metano en el aire, el clima y la salud: Regulación y retrocesos en México", 28 de octubre 2020, disponible en: https://aida-americas.org/es/blog/seminario-virtual-impactos-del-metano-en-el-aire-el-clima-y-la-salud-regulacion-y-retrocesos [3] Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group 1, Chapter 8 - Anthropogenic and NaturalRadiative Forcing, in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, Fifth Assessment Report of the IPCC,659–740, 8 (5th ed. 2014). Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107

Julio 04 2023 Océanos, Minería

Organizaciones urgen al gobierno de México a mostrar su compromiso con la protección del océano y oponerse a la minería submarina

Manzanillo, Colima. Integrantes de Sustainable Ocean Alliance México —Naturalia, Greenpeace México, Beta Diversidad, Mares de México, Alianza Salvemos a la Laguna y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) — mostraron su oposición a la minería submarina frente al barco Hidden Gem el pasado 3 de julio. Este barco, perteneciente a la compañía Allseas y usado por The Metals Company, lleva meses anclado en el puerto de Manzanillo luego de haber navegado en la zona Clarión-Clipperton el año pasado para probar su maquinaria destinada para actividades de minería submarina. En conferencia de prensa en Manzanillo, voceros de las organizaciones dejaron claro que las profundidades marinas "constituyen la mayor fuente de diversidad de especies y ecosistemas de la Tierra" y "sustentan los diversos procesos ecosistémicos necesarios para el funcionamiento de los sistemas naturales del planeta"[1]. Los científicos advierten que los impactos ambientales de la minería de los fondos marinos serían catastróficos, de grandes proporciones e irreversibles en escalas de tiempo humanas. Algunas consecuencias incluyen la extinción de especies de aguas profundas, la destrucción de ecosistemas y hábitats, las tormentas de sedimentos submarinos, el vertido de aguas residuales, así como la contaminación acústica y lumínica incesante. Es urgente detener la minería en aguas profundas antes de que inicie. Aún se requiere más investigación para entender el funcionamiento del ecosistema y conocer la biodiversidad que habita en el fondo del océano, pero existe evidencia suficiente como para entender que la minería en aguas profundas es inconsistente con un futuro sostenible La minería en aguas profundas es una de las cinco grandes amenazas[2] que actualmente enfrenta el océano, actividad extractiva que todavía no inicia. El mundo está aún a tiempo de detenerla. Es urgente que México demuestre su compromiso con la protección del océano y tome una postura en contra de la minería en aguas profundas en la próxima reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo en Jamaica (Sesión del Consejo del 10 al 21 de julio y la Asamblea del 24 al 28 de julio). "La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), un organismo de la ONU fundado en 1994 y con sede en Kingston, Jamaica, es responsable de regular la minería en aguas profundas en áreas de fondos marinos internacionales fuera de la jurisdicción nacional (es decir, fuera de la Zona Económica Exclusiva, ZEE) de cualquier país, como en la Zona Clarion-Clipperton. El gobierno de México ha firmado el Tratado Global de los Océanos e históricamente ha mostrado una postura y compromiso con la protección de los océanos. Al tener el rol de Presidencia del Consejo en la 28° Sesión de la ISA, es necesario que nuestro gobierno mantenga y refuerce su credibilidad hacia la protección de los océanos impidiendo el inicio de la minería submarina a través de su apoyo a la moratoria a esta industria", señaló Ruth Ramos, campañista de Greenpeace México. Hacemos un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instalen una mesa de planeación a fin de alcanzar un posicionamiento congruente con la conservación de los mares del 30x30 en el marco del Convenio Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Nuestro país debe ser responsable con los compromisos adquiridos a nivel internacional y congruente con posicionar su papel en favor de la conservación y en contra de la minería submarina en la próxima reunión de la ISA. "La posición de México debe ser congruente con el derecho Internacional y aplicar los principios precautorios y preventivos para detener la actividad de minería submarina hasta en tanto no se cuente con la evidencia científica de que no impactará en la flora y fauna marina", señaló Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Daniel Cáceres, representante regional por Hispanoamérica de Sustainable Ocean Alliance, mencionó: "No se pueden terminar regulaciones cuando ni siquiera se tiene información necesaria para redactar las bases de ellas. Hemos visto lo inaccesible que pueden ser los fondos marinos, con el accidente del sumergible Titan, solo seis submarinos pueden llegar a esa profundidad y uno de ellos ha desaparecido. Los fondos marinos son muy difíciles de estudiar debido a su profundidad. Necesitamos que México se sume al pedido de pausa precautoria y en caso de que se presente una política general de moratoria, pueda votar a favor". "Es esencial involucrar a la sociedad civil, utilizando la educación ambiental, el fomento a las alternativas sostenibles y colaborar estrechamente para compartir recursos, conocimientos ambientales y socioeconómicos asociados a esta práctica devastadora. Desde Sustainable Ocean Alliance México, promovemos el liderazgo oceánico de las juventudes, que buscan salvaguardar los recursos naturales para las futuras generaciones. Con base a esto, el objetivo con la campaña es darle voz a la juventud mexicana, quienes hacen valer su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado", citaron Valeria Magaña y Anissa Velázquez, representantes del capítulo nacional de Sustainable Ocean Alliance. Las personas defensoras del medio ambiente buscan unir esfuerzos y crear alianzas, ya que esto es fundamental para abordar el desafío global que la minería submarina representa y conseguir la protección de los fondos marinos. A medida que la campaña contra la minería submarina avanza en conjunto, es esencial reconocer los desafíos que enfrentamos y desarrollar estrategias efectivas para impedir que esta práctica dañina inicie. Algunos de los retos clave que debemos abordar son: influir en las políticas y regulaciones relacionadas con esta industria devastadora, fomentar un mayor apoyo a la investigación científica para comprender plenamente los efectos a largo plazo de esta actividad extractiva en los ecosistemas marinos y en las comunidades que dependen de ellos, promover alternativas a la extracción de minerales y reducir nuestra dependencia de estos recursos; colaborar de manera conjunta entre ONG, comunidades locales, científicos, instituciones académicas y gubernamentales. La lucha contra la minería submarina requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado. Nuestra unión puede marcar la diferencia y contribuir a proteger el océano para las generaciones futuras. [1] United Nations First World Ocean Assessment, 2015. [2] Los océanos enfrentan también amenazas como el cambio climático, sobrepesca, contaminación por plásticos, y combustibles fósiles. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107

May 31 2023 Arrecifes de coral

Se debe evaluar nuevamente el impacto ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz

Piden organizaciones de la sociedad civil y residentes de Veracruz que se anule la nueva e ilegal autorización emitida por la Semarnat, pues otra vez avaló un proyecto fragmentado, que no recurrió al uso de la mejor ciencia disponible y que no permitió la participación de las personas. Solicitan que se garantice el acceso a la información y la participación de la ciudadanía ya que el cumplimiento de esta sentencia es para el beneficio de todas y todos los veracruzanos. Solicitan la intervención diplomática y técnica de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional. El pasado 23 de mayo residentes de Veracruz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y académicos presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde concluyeron que la nueva Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte. En conferencia de prensa realizada en el barco "Artic Sunrise" de Greenpeace, el cual se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace México, el CEMDA y el Dr. Leonardo Ortiz, académico de la Universidad Veracruzana (UV), hicieron un llamado para que: La Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz) –promovente del proyecto de ampliación– elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental donde se incorporen todos y cada uno de los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodología adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir; por ejemplo, la metodología "antes/después-control/impacto" (BACI por sus siglas en inglés). La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), garantice los derechos de acceso a la información y participación de las personas en la toma de decisiones ambientales y que exija a la Asipona considerar los descubrimientos científicos asociados al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México[1] de por lo menos los últimos 10 años, allegándose de toda y la más actualizada información científica generada. La Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional acompañe y participe activamente en la evaluación de impacto ambiental del proyecto para garantizar que sea utilizada la mejor ciencia y la mejor metodología de evaluación para proteger efectivamente los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la población. Xavier Martínez Esponda, director operativo de CEMDA, explicó que el actuar de las autoridades es contrario a lo ordenado en el Acuerdo de Escazú, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la propia sentencia de la Corte. "Es como si no se hubiera aprendido nada de todo este litigio. Lo que tenía que haber ocurrido era que se hiciera una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con todos los elementos de la obra y haciendo uso de la mejor ciencia disponible, se aperturara un nuevo Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y se expidiera una nueva resolución. Es paradójico que las autoridades obligadas a cumplir no hayan considerado la jurisprudencia que se expidió a partir de este caso." Como contexto, cabe recordar que, en febrero del 2022, por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo a residentes veracruzanos, quienes presentaron una demanda en contra del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Es una victoria histórica que favorecerá a todas las personas que se benefician de los servicios ambientales impactados por el proyecto. En respuesta a la sentencia de la SCJN, en marzo del 2022, la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado. Pero el pasado 30 de diciembre la DGIRA volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información, sin uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas[2]. Como explica el Doctor Leonardo Ortíz, "en la última década, el conocimiento científico sobre los arrecifes de Veracruz ha aumentado de una manera asombrosa y nada de eso ha sido considerado en la última autorización". También es de resaltar que la autorización se expidió sin la asistencia de autoridades internacionales como la Convención Ramsar. "Las autoridades de la Convención Ramsar decidieron esperar a que México tomara decisiones judiciales y ejecutivas respecto a la ampliación portuaria", señaló Sandra Moguel, Abogada de AIDA. "Es el momento oportuno para pedirle asistencia técnica a ese tratado para que se pronuncie respecto a los impactos al ecosistema, pero también respecto a la propia evaluación de impacto ambiental que realizó la Semarnat". Reiteramos nuestra petición al juez de distrito de no tener por cumplida la sentencia de la Corte. Ver conferencia de prensa: https://fb.watch/kTmpqiD1dp/ Organizaciones firmantes: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) Gente Sustentable, A.C. Sendas, A.C. Pronatura Veracruz, A.C. [1] Para mayor información acerca del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México consultar el libro titulado El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México: retos y oportunidades para su protección y manejo. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/el-corredor-arrecifal-del-suroeste-del-golfo-de-mexico-retos-y-oportunidades-para-su-proteccion-y-manejo/ [2] Véase, https://www.cemda.org.mx/semarnat-comete-desacato-al-incumplir-sentencia-de-la-suprema-corte-para-la-ampliacion-del-puerto-de-veracruz/

Abril 26 2023 Derechos Indígenas, Océanos

Tribunal de Valdivia deja sin efecto Resolución de Calificación Ambiental del centro de cultivo de salmones “Leucotón” en la Reserva Nacional Kawésqar

El proyecto pretendía producir 5.800 toneladas de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, en una concesión de 13,9 hectáreas, mediante la utilización de 16 balsas jaulas cuadradas, de 40 x 40 x 15 metros. La reclamación contó con el apoyo de las ONG FIMA, AIDA y Greenpeace. El Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación interpuesta hace un año por las “Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar”, habitantes de la Región de Magallanes, defensores y organizaciones ambientales por la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del centro de cultivo de salmones "Leucotón", del titular Inversiones Pelicano XII SpA, dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. "Esta es una sentencia de muchas, que dejan en claro que los proyectos salmoneros que pretenden instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar se encuentran mal evaluados, las empresas continúan subestimando impactos y omitiendo información esencial. Esto es grave de por sí, pero aún más en este caso, ya que se trata de un área protegida con ecosistemas únicos en el mundo en cuyo interior debiera simplemente prohibirse la instalación de este tipo de proyectos", indica Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA. El tribunal señaló que el Servicio de Evaluación Ambiental Regional incurrió en una ilegalidad al no evaluar los impactos sinérgicos que el proyecto podría causar, tanto en el paisaje de la Reserva como en el medio marino, debido a la dispersión de contaminantes y la actividad de navegación, considerando la existencia de otros proyectos colindantes al interior de la Reserva: los centros de engorda de salmones "Estero Pérez de Arce" y "Colo Colo", ambas del titular Acuícola Cordillera. "Los impactos de la salmonicultura deben evaluarse en su conjunto, sobre todo cuando varios centros operan simultáneamente en fiordos y canales, donde el bajo recambio de agua no da para que el ecosistema marino pueda soportar la carga que se le impone", explica Florencia Ortúzar, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Dejar de considerar los daños sinérgicos es gravísimo, pues los efectos negativos de sobrecargar el ambiente son muy difíciles de revertir y llevan a la generación de zonas muertas en el mar”. Desde Greenpeace, Estefanía González, coordinadora de Campañas, comentó: "Celebramos este nuevo triunfo en tribunales que demuestra que la industria salmonera no cumple con los estándares mínimos para la correcta evaluación del impacto ambiental de su instalación, insistiendo en desestimar el gran daño que generan. Es un triunfo de las comunidades locales que se han mantenido firmes exigiendo que el mar de la región no se transforme en una nueva zona de sacrificio". Datos La decisión se suma a sentencias previas del Tribunal Ambiental, que dejaron sin efecto las RCA de la empresa Nova Austral para relocalizar sus centros de cultivo dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. Existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite. De éstas, 68 concesiones aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar. El 50% de las concesiones de salmonicultura operando en la Región de Magallanes ha presentado condiciones anaeróbicas, es decir, pérdida parcial o total de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad presente. El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar han presentado condiciones de anaerobia en el marco de sus operaciones. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107

Abril 20 2023 Arrecifes de coral, Océanos

Semarnat comete desacato al incumplir sentencia de la Suprema Corte para la ampliación del puerto de Veracruz

La Semarnat otorgó una nueva Autorización de Impacto Ambiental, fragmentando nuevamente el proyecto y sin evaluar impactos sinérgicos y acumulativos, como ordenó la SCJN, invisibilizando así nuevamente los riesgos que implica el proyecto. La autorización abarca la construcción del rompeolas oriente con una longitud de 3,500 metros, que pone en riesgo a los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. La sentencia de la Corte significó un avance sustancial para la defensa de los arrecifes y sentó un precedente sobre la forma en que debe realizarse el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a la autoridad judicial para NO permitir la ejecución de las Autorizaciones de Impacto Ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar el puerto de Veracruz sin antes haber revisado su constitucionalidad a la vista de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de febrero del 2022 (1) que establece los criterios para una evaluación de impacto ambiental que cumpla con el derecho a un medio ambiente sano (2). El 9 de febrero del 2022, residentes veracruzanos lograron una victoria histórica para la defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), los ecosistemas en la zona de influencia y sus servicios ambientales frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Por unanimidad, en dicha fecha, las y los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo reclamado, sentando también un importante precedente sobre la operación del PEIA: la SCJN determinó que los proyectos deben ser evaluados de manera completa y holística, así como hacer uso de la mejor ciencia disponible. Como parte de la ejecución de esta sentencia, el 31 de marzo 2022 la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado vinculadas a la Ampliación del Puerto y empezó a trabajar en un Método para la Identificación de impactos sinérgicos y residuales. Sin embargo, el pasado 30 de diciembre la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat volvió a autorizar de manera condicionada la ampliación del Puerto de Veracruz (3), nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información con uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas. Esto significa que Semarnat autorizó el mismo proyecto sobre el cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido ya una sentencia. Con esta autorización, la Semarnat incumplió con su deber de proteger el derecho al medio ambiente sano bajo el estándar más alto de protección, al mismo tiempo que incumplió con el fallo de la SCJN. La autorización otorgada en diciembre del 2022 por Semarnat presenta los mismos defectos que la autorización otorgada en 2013 e incluso agravó la situación, pues en esta ocasión no se garantizó la participación de las personas de los entornos adyacentes. En esta nueva autorización, la Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz-) -promovente del proyecto de ampliación-, no presentó una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con los elementos requeridos por la SCJN, sino que fue la Semarnat quien recabó la información de las MIA que fueron anuladas y agregó algunas fuentes adicionales sin un análisis integral de los impactos al socioecosistema, lo cual resulta insuficiente para cumplir con los estándares definidos por la Corte. Para haber cumplido satisfactoriamente con lo estipulado por la SCJN en su sentencia, Asipona Veracruz debió haber realizado una NUEVA y ÚNICA Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Puerto en la cual se reconociera el verdadero Sistema Ambiental Regional (SAR) donde se inserta el proyecto, y que considerara todos y cada uno de los elementos del proyecto (bancos de roca, libramientos ferroviarios, zonas de logística, terminal portuaria, etc.). Asimismo, debió realizar las publicaciones que ordena la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en periódicos y en Gaceta Ecológica, a fin de garantizar el acceso a la información y la participación de las personas. A pesar de que, entre el 31 de marzo y el 12 de abril del 2022, la Semarnat y su delegación en el estado de Veracruz dejaron sin efecto 15 proyectos relacionados con el puerto de Veracruz, así como sus modificaciones, dejando un total de 25 oficios de autorización o modificación sin efectos, en esta nueva autorización, sólo se consideraron 10 proyectos. Incluso dejaron fuera los bancos de extracción de materiales como el de roca basáltica en Balzapote por considerar que "no está dentro de la poligonal del nuevo Sistema Ambiental Regional". Esto, a pesar de que la sentencia señala que todos los impactos que tengan que ver con un proyecto se tienen que evaluar en conjunto y de manera integral. El mismo documento de Autorización de Impacto Ambiental de Semarnat señala que nueve proyectos adicionales al denominado "Ampliación del Puerto de Veracruz" serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, lo que muestra una vez más una clara intención de evaluar de forma fragmentada, práctica prohibida ya por la SCJN, lo cual constituye también un incumplimiento de la sentencia. Dado que la Semarnat NO emitió una nueva resolución que tomara en cuenta todos los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales del proyecto, ha incumplido una sentencia de la SCJN, ha violentado nuevamente el derecho al medio ambiente sano de las personas que viven en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín y ha revictimizado a las personas que solicitaron el amparo. Esta autorización implica graves riesgos para los arrecifes del PNSAV, el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México y las personas que dependen de sus beneficios. Por todo lo anterior, reiteramos nuestro llamado al Juez de Distrito para que en el momento procesal oportuno califique como incumplida la sentencia emitida por la Suprema Corte en torno a la Autorización de Impacto Ambiental otorgada al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Asimismo, invitamos a organizaciones, defensores del territorio y la ciudadanía en general sumarse a la exigencia de que el Congreso de la Unión reforme el PEIA a la luz del Acuerdo de Escazú y del fallo de la SCJN, en concreto se requiere: Garantizar un análisis y evaluación integral de los proyectos, a fin de que éstos dejen de presentarse de forma fragmentada pues ello impide evaluar la totalidad de los impactos sobre los ecosistemas. Utilizar la mejor información científica disponible. Garantizar la participación de las personas en la toma De decisiones ambientales. Organizaciones firmantes Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pronatura Veracruz A.C. Gente Sustentable A.C. Sendas A.C. Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) (1) Sentencia recaída al amparo en revisión 54/2021. (2) Ver: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/sentencia-de-la-scjn-en-torno-a-las-obras-de- ampliacion-del-puerto-de-veracruz/ (3) Clave del proyecto 30VE2013V0029. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107

Marzo 04 2023 Océanos

Se logra un acuerdo para avanzar en el Tratado de Alta Mar

Se acordó un nuevo tratado para proteger la mitad del planeta, pero todavía se requiere su adopción formal. Al final de la tarde de hoy, los gobiernos reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York llegaron a un acuerdo acerca de las principales cuestiones de fondo para un tratado que proteja la vida marina en alta mar. Para garantizar que este avance duramente alcanzado no se pierda, la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar) hace un llamado para que la ONU concluya cuanto antes los trámites de adopción en la última sesión reanudada. "Tras una montaña rusa de dos semanas de negociaciones y esfuerzos de superhéroe en las últimas 48 horas, los gobiernos han llegado a un acuerdo acerca de cuestiones clave que permitirán avanzar en la protección y mejor gestión de la biodiversidad marina en alta mar", dijo Rebecca Hubbard, directora de la High Seas Alliance. Alta mar, la zona del océano situada más allá de las aguas nacionales de los países, es el mayor hábitat de la Tierra y el hogar de millones de especies. Con poco más del 1% de las aguas de alta mar protegidas actualmente, el nuevo tratado proporcionará una vía para establecer zonas marinas protegidas en esas aguas. También es una herramienta clave para ayudar a cumplir el objetivo, acordado recientemente en Kunming-Montreal, de proteger al menos el 30% del océano a nivel mundial para 2030: el nivel mínimo de protección que los científicos advierten que es necesario para garantizar la salud del océano. Pero el tiempo apremia. El nuevo tratado traerá la gobernanza del océano al siglo XXI, incluyendo el establecimiento de requisitos modernos para evaluar y gestionar las actividades humanas planificadas que podrían afectar la vida marina en alta mar, así como garantizar una mayor transparencia. Esto reforzará en gran medida el manejo efectivo de la pesca, el transporte marítimo y de otras actividades que han contribuido al deterioro general de la salud del océano. La cuestión del financiamiento suficiente para la implementación del tratado, así como las cuestiones de equidad en torno al reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos, fue uno de los principales puntos de fricción entre el Norte y el Sur a lo largo de la reunión. Sin embargo, justo en las últimas horas, los gobiernos lograron un acuerdo que estableció una distribución equitativa de estos beneficios, lo de aguas profundas y los de alta mar. "El viaje para llegar a un tratado ha sido muy largo. Esperamos que los 52 Estados que conforman la Coalición de Alta Ambición lideren su adopción y ratificación, así como la identificación de áreas importantes de protección en alta mar", dijo Hubbard. Citas de miembros de LA HIGH SEAS ALLIANCE Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Los gobiernos han dado un paso importante que fortalece la protección legal de dos terceras partes del océano y con ello de la biodiversidad marina, los medios de vida de comunidades costeras y la soberanía alimentaria mundial. El acuerdo marca una ruta para establecer áreas de gran y plena protección en alta mar, así como para la evaluación ambiental de proyectos y actividades que puedan dañar esa vasta zona”. Laura Meller, campañista de océanos, Greenpeace Nordic: "Es un día histórico para la conservación y una señal de que, en un mundo dividido, la protección de la naturaleza y de las personas puede triunfar sobre la geopolítica. Celebramos que los países hayan buscado compromisos, hayan dejado de lado sus diferencias y hayan logrado un Tratado que nos permitirá proteger los océanos, aumentar nuestra resiliencia al cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas. Por fin podemos pasar de las palabras al cambio real en el mar. Los países deben adoptar formalmente el tratado y ratificarlo lo antes posible para que entre en vigor, y entonces conseguir los santuarios oceánicos totalmente protegidos que nuestro planeta necesita. El reloj sigue corriendo para cumplir el 30x30. Nos queda media década y no podemos descuidarnos". Matthew Collis, Vicepresidente Adjunto de Política, IFAW: "El acuerdo de un nuevo tratado para conservar alta mar es una maravillosa manera de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre para la fauna marina y para su hogar en alta mar. IFAW felicita a los gobiernos por este importante paso, que marca el rumbo para proteger el 30% de los océanos de aquí a 2030. Para lograr el 30x30, los gobiernos deben adoptar, ratificar e implementar sin demora el nuevo tratado sin demora". Minna Epps, directora del Programa Global Marino y Polar, UICN: "El Tratado de Alta Mar abre el camino para que la humanidad proteja al fin la vida marina en nuestro único océano. Su adopción llena vacíos esenciales del derecho internacional y ofrece un marco para que los gobiernos colaboren en la protección de la salud del océano a nivel mundial, la resiliencia al cambio climático, el bienestar socioeconómico y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas". Lance Morgan, presidente, Marine Conservation Institute: "Siguiendo los pasos del Marco Mundial para la Biodiversidad, este acuerdo histórico es un paso enorme para garantizar zonas marinas protegidas en alta mar y alcanzar el 30x30". Lisa Speer, directora del Programa Internacional del Océano, Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC): “Este texto sienta las bases para proteger puntos clave de biodiversidad en alta mar. Ahora tenemos una vía para alcanzar el objetivo de proteger de forma significativa al menos el 30% de los océanos para 2030, un objetivo que, según los científicos, es crucial para mantener la salud del océano frente al calentamiento, la acidificación y otros impactos del cambio climático. Empecemos ya". Fabienne McLellan, directora general, OceanCare: "Este tratado cambiará las reglas del juego, algo que el océano necesita urgentemente. Acogemos particularmente los elementos centrados en la conservación, como las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). Las EIA son uno de los mecanismos más efectivos e importantes para evitar, mitigar y gestionar las actividades perjudiciales en los casos en que se produzcan daños graves para la vida marina debido, por ejemplo, a la contaminación acústica submarina. Aunque abogamos por una mayor ambición en las disposiciones acerca de EIA, estos requisitos reforzarán la conservación del océano". Susanna Fuller, Vicepresidenta de Conservación y Proyectos, Oceans North: "Tras el Acuerdo de Montreal-Kunming, que establece una ruta mundial para la protección de la biodiversidad, este tratado aportará una ambición similar para alta mar. Dado que las aguas canadienses están delimitadas por tres cuencas oceánicas internacionales, Canadá tiene un papel fundamental a la hora de garantizar la implementación del tratado, una vez adoptado formalmente". Liz Karan, directora del Proyecto de Gobernanza Oceánica, Pew: "La implementación efectiva de este tratado histórico es la única vía para salvaguardar la biodiversidad de alta mar para las generaciones futuras y ofrece a los países una ruta para cumplir el objetivo de 30x30. Los gobiernos y la sociedad civil deben garantizar ahora que el acuerdo sea adoptado y entre rápidamente en vigor". Christopher Chin, director ejecutivo, The Center for Oceanic Awareness, Research, and Education (COARE): "Con este texto finalizado, el mundo está mucho más cerca de asumir la importancia de alta mar y de alcanzar los objetivos 30x30. Sin embargo, una vez adoptado, los Estados miembros deben ratificar el tratado y les pedimos que lo hagan lo antes posible". Andrew Deutz, director de Política Global, Instituciones y Financiación de la Conservación, The Nature Conservancy: "Aunque el tratado es susceptible de mejorar, debemos celebrar el hecho de que —tras más de una década de debates y tres intentos concertados de sacarlo adelante— por fin tenemos un marco mundial para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de casi la mitad de la superficie de nuestro planeta. Que esto haya llegado a tiempo para frenar la acelerada crisis ecológica en nuestro océano dependerá de la rapidez con que los países puedan ratificar el tratado a nivel nacional y empezar a incorporar ambiciones como el 30x30 en su propia toma de decisiones como en la de los organismos mundiales que gestionan la actividad humana en alta mar. Si pueden hacerlo pronto, poniendo a las personas y al planeta por encima de la política, puede que tengamos la oportunidad de ir más allá del dañino statu quo y entrar en una nueva era de gestión positiva de la naturaleza para estos ecosistemas tan cruciales". Farah Obaidullah, Defensora del Océano y fundadora, Women4Oceans: "Este es un momento histórico para la humanidad y para la protección de todos los seres vivos de nuestro océano a nivel mundial. Un momento de esperanza único y bien recibido para quienes estamos legítimamente preocupados/as por la situación del mundo. Casi la mitad de nuestro planeta tendrá ahora la posibilidad de algún tipo de protección frente a las cada vez mayores agresiones contra el océano. Este tratado llega en el momento oportuno. Con el recrudecimiento de la crisis climática y de la crisis de la vida silvestres, y con la aparición en el horizonte de una nueva y temeraria industria de explotación minera de los fondos marinos, no podemos permitirnos ningún retraso en la entrada en vigor de este tratado". Contactos de prensa: Patricia Roy (Europa), +34 696 905 907 Michael Crocker (EE. UU.), +1 (207) 522-1366 Mirella von Lindenfels, + 44 7717 844 352 Julio Whalen-Valeriano (ONU), +1 (850) 292-4689