Press Release

Grandes Represas

Banco Interamericano de Desarrollo evade su responsabilidad por la riesgosa represa Hidroituango y las violaciones de derechos humanos relacionadas con ella

Mientras temen el colapso inminente de la represa, las comunidades de Antioquia, en Colombia, se enteran de la decisión de no investigar al brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que invierte en el sector público. Washington, D.C. El mes pasado, el Directorio y la Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que no apoyarían una investigación del papel que jugó el Banco en el financiamiento de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) en Colombia. La decisión ignora las denuncias de daños graves y de gran alcance causados por el proyecto, y una crisis humanitaria que ha desplazado a cientos de familias y ha generado violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y la intimidación de miembros de las comunidades que se oponen a la represa. El aviso surge más de un año después de que las comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el Río Cauca, en Antioquia, presentaran un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). El reclamo, firmado por más de 400 individuos afectados por la represa, buscó remedio del MICI por los supuestos fracasos del BID a raíz del incumplimiento de sus propias salvaguardas ambientales y sociales. "Denunciamos públicamente la decisión del BID de evadir su responsabilidad por el daño ambiental y las violaciones a derechos humanos que han resultado del proyecto Hidroituango, y condenamos el papel del MICI en facilitar y apoyar manifiestamente esta decisión", declaró Isabel Zuleta, representante de Movimientos Ríos Vivos Antioquia. "Es inconcebible que el BID intente cambiar la historia absolviéndose de su responsabilidad de habilitar y financiar proyectos de desarrollo de alto riesgo que tienen impactos ambientales extremos y violan descaradamente los derechos humanos", agregó Zuleta. El Grupo del BID tiene dos brazos, uno que invierte en el sector público (el BID propiamente dicho) y otro que hace lo mismo en el sector privado, el BID Invest. A su vez, el MICI es el órgano de rendición de cuentas de la institución financiera, a cargo de evaluar el desempeño ambiental y social de sus inversiones. En 2012, en el inicio del proyecto, el BID invirtió en Hidroituango, lo cual allanó el camino y facilitó otras inversiones de millones de dólares por el BID Invest así como mil millones de dólares adicionales de parte de otros bancos internacionales. Pero el MICI, cuyo mandato es lograr la rendición de cuentas por daños causados en las inversiones del BID, recomendó la no investigación del papel del BID propiamente dicho en el proyecto. A pesar de la negativa a evaluar el desempeño del BID, la investigación por parte del MICI tiene la posibilidad de continuar respecto del BID Invest por haber invertido también en el proyecto Hidroituango. Sin embargo, ello depende completamente de la autorización del Directorio del Banco. Antes de que se autorizara la represa, las comunidades advirtieron precisamente sobre los impactos ambientales y sociales que han estado ocurriendo. "Para una institución cuya misión es mejorar las vidas de personas en América Latina, la decisión del BID es absurda, irresponsable e irrespetuosa. Muestra un completo desprecio por las personas que viven dentro de la Cuenca del Río Cauca. Desafortunadamente, esta indiferencia caracteriza con demasiada frecuencia la participación del BID en proyectos de infraestructura a gran escala en toda la región", dijo Alexandre Andrade Sampaio, del International Accountability Project. "¿Qué valor pueden tener las políticas ambientales y sociales del BID cuando son ignoradas y descartadas, precisamente cuando más se necesita proteger las vidas de las personas? Esta falta de responsabilidad es inaceptable, y demuestra por qué las comunidades afectadas por las acciones de los bancos de desarrollo ahora han recurrido a los tribunales para asegurar sus derechos", comentó Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL) haciendo referencia a la reciente sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Jam v. IFC, la cual reconoce que las organizaciones internacionales tales como el BID no gozan de inmunidad ante litigios en tribunales de Estados Unidos. "Esta decisión ejemplifica los peligros de un mecanismo de rendición de cuentas que carece de independencia y legitimidad para iniciar y llevar a cabo una investigación genuina de los proyectos del Banco", agregó García Zendejas. "Desde su inicio, el proyecto Hidroituango hizo una evaluación de impactos débil, encuestas inexactas de las personas afectadas y una implementación y monitoreo ambiental deficientes, pero el BID continuó invirtiendo en él", sostuvo Carlos Lozano, Abogado Sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "El proyecto fue aprobado y está en proceso de construcción sin haber hecho previamente un diagnóstico de alternativas", puntualizó. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes representan a las comunidades afectadas en el reclamo, son víctimas de continuas amenazas, intimidación, homicidios y otras formas de violencia. El BID ha mostrado desinterés por la situación volátil que rodea a Hidroituango, incluida la presencia constante de grupos paramilitares en la región. También ha ignorado las peticiones de la comunidad para diferir la construcción de la presa para exhumar fosas comunes resultado del conflicto armado en el área afectada por la represa. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla Garcia Zendejas, Center for International Law, +1 202 374 2550, [email protected] Alexandre Andrade Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Carlos Lozano Acosta, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Nota para editores: El Proyecto Hidroeléctrico Ituango sería el más grande de Colombia, con una represa de 79 km de largo que inundará una superficie de 4,500 hectáreas. El Grupo BID ha financiado el proyecto a través de varios tipos de inversión: inicialmente USD $2 millones de apoyo técnico para el Estado Colombiano en 2012 y luego USD $550 millones en inversión directa en 2016 a Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía encargada del proyecto. Adicionalmente, el BID maneja un paquete de inversión de mil millones de dólares, con fondos de diversos inversionistas institucionales, incluyendo a bancos europeos. Después de una falla de construcción en la represa, en mayo de 2018, más de 25,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la región debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas. La crisis humanitaria se ha agravado drásticamente: las personas han perdido sus propiedades, medios de vida y acceso a servicios de salud y educación, que de por sí siempre han sido precarios en la zona. Muchas personas se han desplazado y los que se han quedado no son atendidos adecuadamente. Además, los que pertenecen al Movimiento Ríos Vivos son discriminados. Hay falta de alimentos, enfermedades y los albergues son precarios. Las personas son presionadas a retornar a zonas de riesgo y a firmar documentos de renuncia a sus reclamos. En resumen, hay una situación sistemática de violación a los derechos humanos como consecuencia del proyecto.  

Leer más
Diversidad de especies de aves en Yum Balam, aréa natural protegida en México
Arrecifes de coral, Océanos, Cambio Climático

Defienden a Yum Balam, ecosistema clave para la biodiversidad y el clima

AIDA presentó un escrito legal que evidencia la importancia del área protegida, así como las obligaciones internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos para preservarlo frente a la intención de instalar allí 21 mil cuartos de hotel, un proyecto que implicaría daños significativos en el sitio. Cancún, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Quintana Roo un escrito legal (Amicus Curiae) para defender el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada al norte del estado. En 2018, cuando se publicó el Programa de Manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron varias demandas de amparo en contra del mismo y del decreto de creación del área protegida argumentando afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. Antes de la publicación del Programa de Manejo, el Consejo Asesor del área protegida recibió el informe de una consultoría que recomienda, por ser económicamente viable, la construcción dentro de Yum Balam de un megaproyecto turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel. “Esa viabilidad está en duda porque cada cuarto de hotel generaría cambios en el uso del suelo, incremento poblacional, pérdida de flora y fauna y otros daños irrreversibles en las características ecológicas del lugar”, afirmó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Lo que está en juego es conservar el aporte que Yum Balam realiza al disfrute de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”. El decreto de creación del área protegida, que data de 1994, pone al interés público y a la regulación de los entornos naturales que benefician a todo el país por encima de intereses privados. Y el Programa de Manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam. Adicionalmente, el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. “De acuerdo con un estudio, los manglares y pastos marinos de Yum Balam evitan la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión de gases de efecto invernadero de 9.4 millones de mexicanos”, resaltó Pilar Diez, Directora Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA-Sureste). En sus 152 mil hectáreas de superficie, el sitio posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, y de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar. De hecho, el significado en maya de Yum Balam es Señor Jaguar. “Con el escrito buscamos documentar la importancia nacional y mundial de Yum Balam en un contexto crisis climática”, dijo Thompson. “Apostar por el desarrollo de megaproyectos turísticos es incompatible con la tarea urgente de enfrentar esa crisis y lograr justicia climática”. Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) como la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) han sido muy firmes respecto a la situación actual de pérdida de ecosistemas y a las acciones urgentes que todos los países deben adoptar ante la crisis climática.  “El escrito documenta el marco legal internacional según el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano”, explicó Thompson. “México tiene la obligación de conservar su biodiversidad: sus humedales costeros, bosques, selvas y otros ecosistemas que regulan el clima y contribuyen a la pesca y al turismo”. Por tanto, la decisión del Juzgado debe ser congruente y progresiva con ese contexto, dando continuidad a la protección de Yum Balam. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Leer más
Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Comunidades y organizaciones piden asistencia técnica internacional para rescatar lagos Poopó y Uru Uru en Bolivia

Solicitan la visita y recomendaciones de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Los lagos están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática. De su recuperación depende la subsistencia de comunidades indígenas, así como de especies clave de animales y plantas. La Paz, Bolivia. Comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres solicitan que la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, envíe una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru, así como para hacer recomendaciones al Estado boliviano para la recuperación urgente de esos ecosistemas. “El conocimiento especializado sobre humedales de la Convención de Ramsar puede ser de enorme utilidad para salvar los lagos Poopó y Uru Uru”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, estos lagos son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, en especial para varias especies de aves endémicas y migratorias. El lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia después del emblemático lago Titicaca. Son el hábitat donde se concentra la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano y, posiblemente, en toda la región altoandina de Sudamérica. Estos ecosistemas altiplánicos son también hogar de especies únicas como la keñola (Rollandia microptera), especie en peligro de extinción. De la preservación de los lagos Poopó y Uru Uru depende también los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas, entre ellas comunidades quechuas, aymaras y los Uru Murato o “pueblos del agua”, una de las naciones indígenas originarias más antiguas de Bolivia. “Justamente para preservarlos es que el gobierno inscribió en 2002 a los lagos Poopó y Uru Uru como humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar”, recordó Sergio Vásquez, director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). “Queremos que Ramsar apoye al Estado boliviano para proteger a éstos y a otros humedales altoandinos”. En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del país. Las causas fueron varias: la sedimentación producida por la minería, el desvío de sus afluentes y fenómenos naturales agravados por la crisis climática. Aunque el lago Poopó logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. “Por ello pedimos que expertos de Ramsar identifiquen medidas para fortalecer la vigilancia y monitoreo de estos ecosistemas”, señaló Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (Colectivo CASA). “Queremos además que recomienden acciones de mitigación y restauración ante los daños ocasionados por actividades mineras”. La degradación de los lagos Poopó y Uru Uru incide directamente en el bienestar de las personas que dependen de ellos, generando daños en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños. Los Uru Murato, antes dedicados a la pesca, se vieron obligados a migrar para trabajar en las minas, convirtiéndose en “refugiados climáticos”. “Las mujeres indígenas y campesinas vivimos y sentimos los efectos de la contaminación y desaparición del lago, porque somos nosotras las responsables del sostenimiento y alimentación de nuestras familias”, resaltó Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT. "Las fuentes de agua son vitales para la Madre Tierra y para nuestras comunidades". Consulta y descarga la infografía del caso Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

Leer más
Arrecifes de coral

Resolución dispone medidas para preservar los corales del Caribe colombiano

Sentando un precedente positivo en el país y en una importante región del Gran Caribe, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) prohibió la pesca y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros, medida orientada a conservar el ecosistema coralino de la zona. San Andrés, Colombia. Con el objetivo de conservar el ecosistema de corales y las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina —una de las zonas con mayor biodiversidad marina y costera de Colombia con más de 2,354 especies marinas registradas al momento— la autoridad ambiental de esa región emitió una resolución que prohíbe la captura y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros. “Este avance hacia la conservación de los corales y las playas ocurre tras un proceso de más de 20 años que incluyó educación ambiental, investigación y monitoreo”, dijo Nacor Bolaños, Coordinador de Áreas Protegidas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA). “La necesidad de proteger a los peces loro y a otras especies herbívoras y omnívoras fue respaldada por los propios pescadores artesanales y por las comunidades locales, con quienes nos reunimos”. La resolución emitida por la entidad pública descentralizada protege a 14 especies de pez loro, cuatro de pez cirujano, cinco de pez mariposa y seis especies de pez ángel. Prohíbe por completo la pesca comercial, industrial, deportiva o recreativa de estos peces. Asimismo, prohíbe su pesca comercial artesanal usando arpón y/o artes de pesca similares. Y restringe completamente su comercialización, tenencia y almacenamiento, así como su traslado a otras zonas del país. “La resolución es un gran avance porque reconoce los beneficios de los corales para la pesca, el turismo, los recursos farmacéuticos y para la protección frente a los impactos de la crisis climática”, destacó María José Gonzalez-Bernat, asesora científica de AIDA. “Reconoce también el rol vital que cumplen varias especies de peces para mantener saludables a esos ecosistemas”. Al alimentarse de las algas que les quitan luz y espacio a los corales, los peces herbívoros favorecen la sobrevivencia de esos frágiles entornos. Además, numerosos estudios han dado cuenta que los peces loro favorecen el crecimiento de corales y la generación de arena para las playas. Y especies omnívoras como el pez ángel también ayudan a limpiar de algas los corales. AIDA apoyó la iniciativa de CORALINA desde un inicio, proporcionando información técnica, científica y legal. Además, abogó por la inclusión en la resolución de compromisos internacionales y regionales que protegen a estos peces. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concentra el 77% de las áreas coralinas superficiales de Colombia y alberga la tercera barrera coralina más grande del mundo. La zona fue declarada Reserva de la Biosfera en 2000 por la Unesco y limita con ocho países del Gran Caribe: Venezuela, República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero su cobertura de corales se ha deteriorado con los años debido a fenómenos naturales y actividades humanas. A ello se suma la disminución de la población de peces herbívoros como el pez loro. “En ese sentido, esta regulación es un ejemplo para otros países que tienen arrecifes de coral en sus costas”, dijo Gonzalez-Bernat. “La resolución se sustenta en información científica y enfatiza el marco legal internacional que recomienda la protección de los corales y de los peces que apoyan su conservación”. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 155 70522107 Claudia Marcela Delgado (Colombia), CORALINA, [email protected], +57 313 8517300  

Leer más
Fracking

Colombia da un paso correcto al suspender proyecto de fracking

Basándose en una reciente orden judicial, la autoridad ambiental del país suspendió el trámite de un proyecto en el Magdalena Medio. La decisión representa un avance en los esfuerzos para frenar la expansión del fracking en América Latina. Bogotá. En un avance para los esfuerzos contra la expansión del fracking en América Latina, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia suspendió el trámite de permiso ambiental de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Con esta decisión, Colombia se une a la creciente lista de comunidades, municipios y regiones de América Latina y el mundo que han logrado detener el avance del fracking en sus territorios, muchos de ellos mediante el establecimiento de prohibiciones o moratorias. “La decisión de la autoridad ambiental es un ejemplo positivo para las naciones de la región y para el mundo”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es el resultado de un movimiento cívico admirable y del uso del principio de precaución como una herramienta para proteger la salud humana y los ecosistemas, y para enfrentar la crisis climática”. La decisión, que puso freno al proyecto “APE Guane A” de la empresa Ecopetrol, tiene como fundamento la suspensión del marco regulatorio del fracking en el país, realizada en noviembre de 2018 por el Consejo de Estado. AIDA apoya la medida adoptada por el Consejo de Estado y considera que al acatar esa orden judicial la ANLA dio un paso en la dirección correcta. “Al no existir normas vigentes para regular el fracking, en Colombia tenemos una moratoria judicial que implica que no se puede implementar ningún proyecto que busque explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante esa técnica”, explicó Juana Hofman, abogada de AIDA. “Por ello, todo trámite orientado al desarrollo de actividades de fracking debe ser suspendido”. En su decisión, la ANLA señala que “la suspensión provisional de las disposiciones antes mencionadas se traduce en que las mismas se encuentran temporalmente fuera del ordenamiento jurídico, lo que de manera consecuente trae consigo que esta Autoridad Ambiental no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental EIA para ser analizadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental, y por ende, no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales.” El proyecto suspendido contempla el uso de fracking en un complejo cenagoso localizado entre los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el norte de Colombia. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica muy perjudicial para el agua, la calidad del aire, la salud humana y el clima. Genera emisiones de metano, un contaminante fuertemente asociado al calentamiento global. Debido a sus impactos negativos en el ambiente y en las personas, el fracking ha sido prohibido por vía judicial o legislativa en muchas comunidades, regiones y países del mundo, como Esocia, el estado de Nueva York (Estados Unidos) y la provincia de Quebec (Canadá). Los esfuerzos para frenar la expansión del fracking han asido ampliamente liderados por la ciudadanía y por preocupaciones sobre los riesgos que esa técnica implica para el clima, el ambiente y la salud pública. La Alianza Colombia Libre de Fracking se ha mantenido firme en su compromiso por detener el avance del fracking en Colombia y merece ser felicitada por este importante paso hacia adelante. AIDA llama al gobierno colombiano a continuar por el camino de la prevención, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia ambiental para enfrentar la crisis climática y para proteger el agua, los territorios y a las comunidades. Por ello le instamos a que se abstenga de autorizar operaciones de fracking en el país. “El fracking es un procedimiento que nos aleja de nuestras metas climáticas, y de la ruta energética que todos los países deben seguir”, señaló Puentes Riaño. “Decisiones como la tomada son invitaciones para buscar energías renovables que son opciones deseables para nuestras comunidades y para el planeta, en Colombia y en todo el mundo”. Contactos de prensa: Carlos Lozano Acosta (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (300) 564 0282 Juana Hofman (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (310) 884 6715  

Leer más
Cambio Climático, Derechos Humanos

Protestas cuestionan evento mundial de la industria hidroeléctrica en París

Organizaciones de la sociedad civil denuncian los intentos de la industria por etiquetar a las represas como “energía verde” pese a las violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados a ellas. París, Francia. Una coalición de activistas, organizaciones y líderes indígenas convocó a una serie de eventos en el marco de la apertura del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, llamando la atención sobre la naturaleza social y ambientalmente destructiva de las represas hidroeléctricas, y sobre sus impactos negativos en el clima.   Del 14 al 16 de mayo, la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) lleva adelante su congreso bianual en el centro de París. La industria busca promover a las hidroeléctricas como fuente de energía limpia y renovable, argumentando además que su construcción es esencial para cumplir el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin embargo, la coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos, junto con movimientos sociales, argumentan que las afirmaciones de la industria son un intento por “pintar de verde” a las represas para obtener nuevo financiamiento de instituciones como el Fondo Verde del Clima. Señalan numerosos casos en los que proyectos hidroeléctricos han tenido consecuencias desastrosas para las personas y el ambiente.  Citando evidencia científica creciente de que las represas son una fuente significativa de gases de efecto invernadero —CO2y particularmente metano—, las organizaciones de la sociedad civil enfatizan además el rol de las represas en la intensificación del cambio climático. Un pronunciamiento conjunto, firmado por más de 250 organizaciones de 70 países, llama la atención acerca de las falsas promesas de la energía hidroeléctrica y de la necesidad urgente de soluciones energéticas verdaderamente sostenibles. La declaración está disponible en cinco idiomas.  Éstos y otros temas —incluidos los impactos de las hidroeléctricas en sitios del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad— fueron debatidos por científicos, activistas y representantes de comunidades afectadas de Brasil, Colombia, Myanmar y Turquía en un evento paralelo al congreso de la IHA. La conferencia, realizada el 13 de mayo en la Oficina Municipal del Distrito 6 de París, fue organizada por las ONG Planète Amazone, GegenStrömung / CounterCurrent, Rivers without Boundaries, International Rivers y AIDA.   Myint Zaw, activista e investigador de Myanmar, galardonado en 2015 con el Premio Goldman, fue uno de los ponentes de la conferencia. “La seguridad alimentaria de millones de personas está amenazada por proyectos de represas en el río Irrawaddy, los cuales dañarían tierras de cultivo importantes y necesarias para la producción de arroz a lo largo del caudal y en la región del delta”, dijo Zaw. El martes, en la inauguración del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, representantes de comunidades indígenas, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales protestaron junto con activistas de Extinction Rebellion frente al Espace Grande Arche, en La Défense. Uno de los objetivos de la protesta fue llamar la atención sobre el número creciente de activistas ambientales y de derechos humanos asesinados en conflictos relacionados con represas.  “Miguel Ángel Pabón Pabón desapareció como resultado de su activismo contra la represa Hidrosogamoso en Colombia, que ha continuado pese a las graves violaciones de derechos humanos asociadas al proyecto”, dijo Juan Pablo Soler, del Movimiento Ríos Vivos Colombia, mencionando una de las tantas pérdidas.  En Gabon, represas construidas en los ríos Kingélé y Tchimbélé están afectando seriamente a las poblaciones que viven junto a esos caudales.  “Durante lluvias fuertes, algunos pueblos resultan inundados por el desborde de los embalses. Los ríos se vuelven lagos, el agua es contaminada y los peces mueren intoxicados. No existen mecanismos para ayudarnos y el gobierno no escucha nuestros reclamos, por eso hacemos nuestro llamado de auxilio en el extranjero”, exclamó Assossa, líder Pigmy.  Tres representantes del pueblo Munduruku de la Amazonía brasileña —el jefe Arnaldo Kabá, Alessandra Korap y Candido Waro Munduruku— participaron en la conferencia paralela y en la protesta.   Después de la protesta, los Munduruku intentaron entregar personalmente una carta en la sede central de Électricité de France (EDF), controlada mayormente por el gobierno francés. EDF tiene participación en la polémica represa Sinop en el río Teles Pires, un afluente del río Tapajós, y ha contribuido a los estudios que promueven la megarepresa São Luiz do Tapajós, que inundaría el territorio Munduruku. Representantes de EDF se negaron a recibir a los líderes del pueblo Munduruku.  “EDF invade nuestro territorio, destruye nuestros ríos, nuestro territorio y nuestros lugares sagrados. Y cuando venimos a entregar una carta, esta empresa gigante nos lo prohíbe”, afirmó Alessandra Munduruku. “Estamos tristes, pero decididos a continuar nuestra lucha para defender nuestro territorio”. Contactos de prensa: Gert-Peter Bruch, Planète Amazone, [email protected] (francés, inglés), + 33 (0)7 81 23 92 91 Brent Millikan, International Rivers, [email protected] (inglés, portugués), +55 61 8153-7009 Thilo F. Papacek, GegenStrömung – CounterCurrent / Forum Umwelt und Entwicklung, [email protected] (alemán, portugués, español, inglés), ++49 151 412 145 19 Eugene Simonov, Rivers without Boundaries, [email protected] (ruso, inglés, chino), +79 (0) 165 491 22 Recursos:  Más información sobre el evento paralelo del 13 de mayo: http://www.transrivers.org/2019/2634/ El pronunciamiento conjunto, disponible en chino, inglés, portugués, ruso y español, puede ser descargado aquí: https://drive.google.com/open?id=1pgS3YHm4zy5_LFSSjRe0KH-DMK773DQI Enlace a la carta de protesta de los Munduruku a EDF Électricité de France (portugués e inglés):https://drive.google.com/file/d/1TxqIiOuJDxNUI2YKPtUBrE_wucJLFl-E/view?usp=sharing Fotos para prensa disponibles y de uso libre (Crédito: Todd Southgate): https://tinyurl.com/y34b2g7u Video de la protesta en la inauguración del congreso de la IHA y del intento de los Munduruku de entregar su carta en la sede principal de EDF: https://youtu.be/9BrI3AqVnXE   Video en alta resolución para descarga: https://wetransfer.com/downloads/fe60045d490c765f5065ed5df79603b520190514195535/83e07e8328e0515a52c9a64eb42a69ff20190514195535/855f89 Hoja informativa de CounterCurrent sobre las represas hidroeléctricas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: tinyurl.com/y6mbjqj2  

Leer más
Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

Leer más
Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Comissão analisará retrocessos de Bolsonaro à proteção dos direitos indígenas

Em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil demonstrarão como as medidas adotadas pela administração de Jair Bolsonaro fazem o Brasil retroceder décadas na proteção dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Brasil. No próximo dia 9 de maio, organizações da sociedade civil, em audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciarão a grave situação dos povos indígenas do Brasil diante das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as quais representam grandes retrocessos na proteção dos direitos humanos e violam as obrigações internacionais do país nessa área. A audiência foi solicitada por diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires e Operação Amazônia Nativa, com o objetivo de estabelecer medidas e acordos para impedir novos retrocessos e exigir a reversão das ações do Governo que já foram tomadas e ameaçam os povos indígenas. A atividade faz parte do 172º Período de Sessões da Comissão que acontece na cidade de Kingston, Jamaica, entre 3 a 10 de maio. Representantes do Governo Federal devem participar da audiência pública. As organizações irão denunciar à CIDH como o governo Bolsonaro realizou alterações nas legislaturas, nas políticas públicas, nas políticas externas e em outras vias estruturais que violam a manutenção do modo de vida dos povos indígenas do Brasil, bem como seus direitos à vida, à cultura, à alimentação, a um ambiente saudável, ao acesso à água potável, à delimitação de suas terras ancestrais, entre outros. As novas medidas governamentais que diminuem a proteção legal e administrativa dos povos indígenas incluem: A transferência de funções-chave do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura; A precarização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Enfraquecimento do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o processo de concessão de licenças ambientais; A ameaça de abertura das terras indígenas aos danos da mineração; As medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que fragmentam o sistema legal responsável pela garantia de condições mínimas na proteção do meio ambiente e direitos indígenas; A transferência da competência de demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura; A ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris e outros tratados internacionais valiosos para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desses retrocessos, as organizações denunciam que a situação é agravada pelo aumento das taxas de desmatamento e invasão de terras indígenas, assim como nos índices de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Consulte o informe apresentado perante à Comissão para a audiência Contatos de imprensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

Leer más
Minería, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Organizaciones piden a la ONU intervenir en la protección del páramo de Santurbán, en riesgo por minería

Solicitan que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento, elabore un informe sobre el caso, visite el sitio y medie para que el Estado colombiano adopten las acciones necesarias para proteger el ecosistema, fuente de agua para millones de personas, de los daños de la minería. Bucaramanga, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil enviaron una comunicación a Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento en Colombia. En ella alertan que ambos derechos están en grave riesgo ante la intención de implementar proyectos mineros dañinos en o cerca del páramo, fuente de agua para más de 10 municipios y 3 ciudades principales. Solicitan que el Relator elabore un informe sobre el caso, visite el sitio, y medie para que el Estado colombiano proteja ese ecosistema. Acciones y omisiones del Estado han permitido el avance de proyectos mineros que amenazan la disponibilidad y calidad del agua que provee el páramo. La delimitación del sitio no incluyó todo el ecosistema, dejando desprotegida una parte del mismo, y no contó con participación ciudadana, por lo que la Corte Constitucional dispuso que se realice de nuevo. En el documento, se detalla el proceso de delimitación de Santurbán, la importancia de ese entorno para el disfrute del derecho al agua en Colombia, el marco legal para la protección de los páramos en el país, el desarrollo de proyectos en o cerca del sitio, así como los impactos o amenazas ambientales asociadas: disminución de la calidad y cantidad del agua, contaminación por el uso de explosivos, disminución de la calidad del aire, aumento del nivel de ruido y pérdida permanente de hábitats, entre otros. Asimismo, se da cuenta del impacto del arbitraje internacional de inversiones en las decisiones de los Estados para proteger sus fuentes de agua. Varias empresas mineras han intentado desde hace más de 15 años extraer oro del páramo de Santurbán, ecosistema frágil y estratégico que provee de agua a millones de personas en Colombia. Algunas de ellas son compañías canadienses que están acudiendo a arbitrajes contra el gobierno de Colombia, para demandar enormes sumas de dinero. Las organizaciones piden al Relator monitorear la situación del páramo de Santurbán y urgir al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas

Mecanismo de rendición de quejas del BID admite queja contra represas en Guatemala

En la queja, personas afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión porque incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha causado daños sociales y ambientales. Washington DC, Estados Unidos. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación presentada contra las represas Pojom II y San Andrés, financiadas por esa entidad, por personas de la microrregión de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, al norte de Guatemala. La queja fue presentada el 4 de agosto de 2018 y fue admitida el 31 de enero pasado. En ella, las personas afectadas —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— evidencian que el financiamiento de las hidroeléctricas por parte del BID Invest, brazo privado del Grupo del BID, incumple las políticas operativas de la entidad en materia de pueblos indígenas, ambiente y género. “Dada la robusta documentación presentada, esperamos que el MICI concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que retire su inversión de los proyectos”, señaló Rigoberto Juarez, representante del Gobierno Plurinacional. “Así contribuiría al cese de los ataques contra las personas de Ixquisis, en su mayoría mujeres mayas, por parte de las empresas a cargo de las represas y con apoyo de fuerzas de seguridad nacional”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. El BID Invest aprobó en 2013 un préstamo de 7 millones de dólares para Pojom II y de 6 millones para San Andrés. La queja documenta que la planeación y construcción de ambos proyectos ha derivado en la vulneración de derechos de hombres y mujeres de la microrregión, así como en considerables daños ambientales en las cuencas de los ríos Pojom, Negro y Yalhuitz, de los que dependen los modos de vida de las comunidades de la zona. En la queja se resaltan además los daños diferenciados en la vida y en el goce efectivo de derechos de las mujeres de Ixquisis, y la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades por la defensa de su agua y territorio. El mecanismo de rendición de cuentas del BID admitió la queja debido a que la misma cumple con los criterios correspondientes, lo cual fue constatado tras numerosas reuniones presenciales y telefónicas con distintos actores, entre ellos los denunciantes, la administración del BID, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de organismos internacionales. “Esta decisión es un paso muy importante en el proceso de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales”, dijo Anabella Sibrián, de Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Es importante que este tipo de proyectos no sean financiados por los daños ambientales y sociales que provocan”. No obstante, el mecanismo excluyó de la admisión el análisis de cumplimiento del banco respecto de la realización de una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Su argumento fue que ese tema está siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales a nivel interno. “No existen razones para esa exclusión porque las demandas de amparo presentadas en tribunales nacionales cuestionan la violación de derechos fundamentales y no hacen referencia al financiamiento por parte del banco”, sostuvo Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. “Por tanto, no existen procesos pendientes que impidan indagar la actuación del banco en términos de la consulta previa”. Admitida la queja, la dirección del MICI elaborará términos de referencia para la investigación y recomendaciones en torno a la realización o no de una verificación de la observancia. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

Leer más