Press Release

Océanos

Diferentes ONG alertan: “Mares de la Patagonia se preparan para una nueva invasión salmonera”

Greenpeace, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la ONG FIMA denunciaron que desde mañana las restricciones que existían para nuevos proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, los cuales estaban congelados, quedarán sin efecto y se teme que alrededor de 100 nuevas iniciativas productivas aprovechen la oportunidad para instalarse de manera “express” en las ya saturadas aguas del sur del país. A esto, se deben sumar las 168 solicitudes de nuevos proyectos salmoneros en trámite para ubicarse en las aguas de la Región de Magallanes. Desde las organizaciones medioambientalistas aclararon que en la actualidad ya hay más de mil concesiones para el desarrollo de la salmonicultura aprobadas en la Patagonia chilena (533 concesiones aprobadas en Los Lagos, 722 en Aysén y 127 en Magallanes), que están causando enormes e impredecibles daños al ambiente, por lo que sería un despropósito aumentar la afectación que la actividad ya ha generado en extensas zonas de las aguas de estas regiones. Señalan la necesidad de contar con una ley que prohíba la expansión de la industria. “En medio de la expansión de la pandemia, la industria salmonera pretende avanzar entre gallos y medianoches en la ocupación de más espacios en las aguas del sur del país. Es una situación incomprensible si se toman en cuenta las graves acusaciones que han existido a las malas prácticas de algunas de sus principales empresas y los reiterados daños medioambientales generados por sus continuos desastres; fugas de salmones, mortandades masivas, contaminación del mar, que han arrasado con los ecosistemas. Es urgente que hoy se prohíba la aprobación de cualquier proyecto de salmonicultura, además de no permitir la expansión de los proyectos existentes” dijo Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.  Por su parte, Ezio Costa Director de la ONG FIMA planteó: “La ley que impedía, en base a antecedentes técnicos fundados, la aprobación de proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, hoy deja de estar vigente lo que representa una amenaza para los ecosistemas de estas zonas. El Gobierno en lugar de tomar medidas para proteger estas regiones, ha dictado un Decreto que no continúa con esta moratoria y sólo prohíbe el ingreso de nuevas solicitudes. No impide que las concesiones que ya están en trámite y hasta hoy se encontraban paralizadas, continúen ahora su tramitación” Comunidades de la zona austral también expresaron su rechazo a la posibilidad de que se instalen nuevos proyectos salmoneros en la Patagonia. “Es el momento en que el gobierno detenga el crecimiento de la industria salmonera en la Patagonia. Está claro que es una actividad que saturó la capacidad del mar en Chiloé y Aysén y ahora están haciendo lo mismo en Magallanes. Sencillamente el ecosistema marino reventó en esta parte del país y es incomprensible que siquiera se piense en seguir entregando autorizaciones a una industria que ha aniquilado el mar donde están instalados”, señaló Álvaro Montaña, dirigente de la agrupación Defendamos Chiloé. Por su parte, desde la Región de Aysén, Nelson Millatureo, representante de las comunidades indígenas de Islas Huichas expresó que “nosotros vivimos en un archipiélago que ya tiene 300 concesiones salmoneras autorizadas que van a ser lapidarias en el momento que estén funcionando todas. Estamos absolutamente en contra que la industria salmonera siga operando y expandiéndose en nuestros territorios porque nos ha traído pobreza,contaminación, nos enferma y no han respetado la zonas de pesca artesanal para desarrollarnos de manera sustentable. Lamentablemente, hoy nuestro territorio es una zona de sacrificio”. Mientras tanto, en Magallanes también expresaron su preocupación por la situación: “El decreto que impide nuevas solicitudes de concesión en Magallanes es completamente insuficiente para mantener controlada a la industria salmonera, pues aunque ya no pueden ingresar más solicitudes, sí se pueden seguir tramitando las existentes. Hoy la realidad es que tenemos más canales australes llenos de balsas salmoneras, escasa fiscalización y la nula voluntad de establecer una moratoria que permita resguardar de manera apropiada el mar de la Patagonia”, planteó Leticia Caro, representante de la Comunidad Kawésqar Grupos familiares Nómades del Mar. Desde las ONG entregaron su respaldo a las comunidades de las tres regiones, y realizaron un llamado a frenar la expansión de la industria en la región con una moratoria que frene la entrega de concesiones e impida la ampliación de proyectos.  “Hasta ahora la industria se ha expandido sin respaldo ni información científica que permita asegurar el resguardo de los ecosistemas y los resultados han sido desastrosos: infecciones, zonas desprovistas de oxígeno que no permiten el desarrollo de la vida, mortalidades masivas. Es una irresponsabilidad gravísima permitir aún más expansión”, explicó Florencia Ortúzar de AIDA.  Las organizaciones ambientalistas anunciaron el patrocinio de diferentes causas y denuncias respecto de la operación y tramitación de proyectos de  salmonicultura en la Patagonia. contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

OCCA congratula a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar la inconstitucionalidad del aumento de etanol en las gasolinas en la norma de combustibles

Ayer, 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el aumento de etanol en las gasolinas resulta contrario al derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) piden a la Comisión Reguladora de Energía que actúe en apego a la legalidad y a la sentencia. Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer el amparo en revisión 610/2019 declarando inconstitucional la modificación que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana «NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos«, la cual, entre otras cosas, había incrementado de 5.8% a 10% el volumen permitido de etanol como oxigenante en gasolinas y aprobado medidas más laxas para la protección del medio ambiente en términos de emisiones a la atmósfera derivadas del uso de combustibles fósiles. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) se congratulan por este fallo, pues protege y sienta un precedente importante en la tutela de los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida de todas y todos los habitantes del país. Así, en la sentencia proyectada por el Ministro Pérez Dayán y resuelta este miércoles por la Segunda Sala, se determina la importancia de la aplicación del  “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para estos fines podría generar en el medio ambiente. La SCJN deja claro que “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración” , la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión, lo cual precisamente, pretende evitarse mediante el principio de precaución ambiental”. Además de esta importante valoración respecto al principio de precaución, la SCJN también deja un importante precedente al establecer que en un régimen de derechos humanos no es suficiente alegar meramente beneficios económicos para no considerar los potenciales riesgos que podrían derivar en daños al medio ambiente, ni para ignorar las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de “gases invernadero” (gases contaminantes) y, por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático, sobre todo sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y la opinión de los expertos que aportan la mejor evidencia científica disponible. Con ello, la SCJN recuerda que el crecimiento y desarrollo económico en el Estado mexicano debe ser sustentable conforme al principio rector establecido por la propia Constitución Mexicana. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) hacen un llamado a la CRE para que actúe en consecuencia, ejecute la sentencia en pleno apego a la legalidad y contribuya con ello al respeto y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.   Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA): Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) – El Poder del Consumidor – Greenpeace – El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) – International Council on Clean Transportation (ICCT) – Fundación Tlaloc – Bicitekas – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Redspira – Liga Peatonal – Red por los derechos de la Infancia (Redim) – Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. – Transita Seguro México Contacto de prensa: Victor Quintanillla Sangueza, AIDA, [email protected]  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

COP25: Organizaciones piden a gobiernos mejorar la calidad del aire y con ello frenar la crisis climática

En una carta abierta, organizaciones sociales y ambientales de América Latina y de todo el mundo instan a los gobiernos a limitar los contaminantes climáticos de vida corta en sus compromisos climáticos internacionales, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. Madrid, España. Los gobiernos de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en sus nuevos compromisos climáticos. Así lo solicitaron más de 100 organizaciones de varios países en una carta abierta presentada hoy durante la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención y en el marco del Día de los Derechos Humanos. “Apuntar a la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontaminación de las ciudades”, señaló Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estos contaminantes también son conocidos como “súper contaminantes climáticos” porque contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2). Y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los beneficios de reducir las emisiones de los CCVC ha sido respaldada por la ciencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, resaltó que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporara a los esfuerzos la mitigación de los contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Asimismo, más de 11 mil científicos de todo el mundo destacaron que la pronta reducción de los CCVC reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. “Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El plazo para la actualización vence en marzo de 2020. Por ello, las organizaciones solicitan en la carta que los gobiernos incluyan hasta esa fecha metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta —y que detallen cómo van a implementar, monitorear y reportar su progreso— en los nuevos compromisos que presenten ante Naciones Unidas. "Las soluciones necesarias para reducir y eliminar cada uno de los cuatro contaminantes climáticos de vida corta no son un misterio. Son conocidas y han sido probadas. Pero necesitamos que los gobiernos prioricen estas soluciones para poder evitar los peores impactos de cambio climático", comentó Amanda Maxwell, directora de proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Además de la carta abierta, las organizaciones lanzaron una petición ciudadana en línea para que la causa sea apoyada con las firmas de personas de todo el mundo. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, afectan de manera más grave a los grupos y segmentos más vulnerbales de la población, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por ello su resolución es un asunto de derechos humanos.   Lee la carta dirigida a gobiernos. Lee y firma la petición ciudadana. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Fabiola Nuñez, NRDC, [email protected], +1 (646) 889-1405 Renata Assumpção (Brasil), Instituto Alana, [email protected] Ricardo Ruiz (México), CEMDA, [email protected], +5215559644162  

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Grandes Represas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Banco Interamericano de Desarrollo investigará al proyecto Hidroituango

En medio de la crisis humanitaria causada por la hidroeléctrica en la cuenca del río Cauca, Colombia, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó una investigación de los estándares ambientales y sociales del propio Banco. Washington D.C. En una decisión histórica, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional de su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, pero que ha tenido un impacto devastador para miles de personas en cuatro departamentos y 27 municipios de Colombia. La investigación tendrá como objetivo principal establecer si —al financiar este megaproyecto en una región de Colombia que sigue siendo afectada por altos niveles de violencia y el renaciente conflicto armado— el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. “Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente”, declaró Isabel Zuleta, vocera de Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que representa a las comunidades afectadas. “Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”. La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango. En ella, las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos y pertenecientes al mismo, resaltan que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua. Evidencian además una permanente discriminación por decidir oponerse al proyecto y por ser mujeres afectadas. Todo ello, señalan, contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. Asimismo, el reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica, la cual ha puesto en peligro la vida de miles de personas, quienes han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y el desplazamiento continuo de miles de personas de sus hogares. Ningún otro proyecto de desarrollo ha causado una crisis humanitaria de tal magnitud en Colombia. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto, el cual fue autorizado de todas formas. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado por el gobierno ni por las entidades de control del Estado colombiano. No obstante, es importante resaltar que las comunidades buscaron entrar en un proceso de diálogo y mediación del conflicto entre la empresa a cargo del proyecto y Ríos Vivos a través del mecanismo de rendición de cuentas del BID. Pero la empresa se negó al diálogo, por lo que, dando continuidad al proceso, ese mecanismo recomendó la investigación. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia y espera generar 2.400 MW aunque lleva cerca de dos años la inundación aún no genera energía, tiene un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la capa vegetal, lo que está generando grandes cantidades de gas metano con efecto invernadero, sin terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El BID Invest ha invertido millones de dólares en el proyecto y ha facilitado la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. Dichas inversiones se mantienen a pesar de la grave crisis del proyecto. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos, [email protected]   Carla García Zendejas, Center for International Environmental Law, [email protected]                                              Victor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Nota para editores: La indagación es llevada adelante por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. La investigación tendrá lugar en un plazo máximo de nueve meses, dada la alta complejidad del caso. Entre los aspectos que se investigarán se encuentran los siguientes: Si se evaluó adecuadamente el área de influencia y la identificación de la población afectada. El aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona de la represa, y los impactos diferenciales sobre las mujeres. La participación de las comunidades, que en opinión de ellas ha sido altamente deficiente. La relación entre el proyecto y los daños causados. Las deficiencias en los reasentamientos y las supuestas compensaciones. La evaluación y acceso a información sobre el riesgo de desastres.  

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Cambio Climático, Océanos

Científicos y ONG reclaman el fin de la negligencia de los gobiernos con el sistema que sostiene la vida en la Tierra

El Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) revela el alcance de la crisis a la que se enfrenta la humanidad ahora que el océano y sus servicios empiezan a mostrar signos de colapso. Aunque el océano y el clima están vinculados de forma indisoluble, pues los dos funcionan juntos para hacer habitable el planeta, es la primera vez que el IPCC ha dirigido su atención al ámbito marino. El informe refleja lo que científicos marinos y ONG vienen diciendo hace años: que el océano está empezando a desmoronarse por una infinidad de factores de presión innecesarios que van de la sobrepesca a la contaminación, y a los que se añade la crisis climática. Los efectos de la crisis climática son los más graves: acidificación, sobrecalentamiento y desoxigenación. Estos tres factores han estado presentes en todos los eventos de extinción masiva a lo largo de la historia de la Tierra, y ahora están activos en el océano. El profesor Dan Laffoley, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), declaró: “Somos un mundo oceánico, movido y regulado por un océano único, y estamos llevando ese sistema de soporte vital al extremo de su capacidad con el sobrecalentamiento, la desoxigenación y la acidificación. El momento de las 'llamadas de atención' quedó atrás. Lo que necesitamos ahora es guiarnos por un interés propio e informado para emprender acciones que protejan el océano y el clima, y protegiendo con ello a la humanidad”. Las escalas temporales por las que se rige el océano implican que los cambios introducidos en su sistema, como el calentamiento, seguirán activos durante cientos de años. Por tanto, aunque se emprendan acciones inmediatas para frenar el aumento de la temperatura y reducir las emisiones de CO2, los servicios que el océano brinda al planeta seguirían en peligro. Por ello es tan importante controlar todos aquellos factores adicionales de presión que puedan ser controlados. La sobrepesca y la contaminación, así como la destrucción de hábitats, ecosistemas y biodiversidad, son ese tipo de factores de presión, que pueden ser frenados para apoyar la resiliencia del océano y para que éste resista la crisis climática. Gladys Martínez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) afirmó: “El informe del IPCC deja muy claro que el tiempo para actuar por el océano se agota. Pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad para conseguir un tratado sólido sobre alta mar de aquí a finales de 2020 y para proteger al menos 30% del océano para 2030, dos medidas que contribuirán a la resiliencia del océano. Los Estados están negociando un nuevo tratado en Naciones Unidas y deben completar este proceso en 2020, en línea con la resolución de la Asamblea General de la ONU y demostrando gran ambición. Aunque las perspectivas descritas por el IPCC son innegablemente sombrías, hay medidas que pueden tomarse ahora para ayudar a potenciar la resiliencia del océano. Los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de carácter jurídicamente vinculante, negociarán nuevas metas para la protección de la biodiversidad en una reunión que se celebrará en 2020. La meta para la biodiversidad marina debería ser la protección de al menos un 30% del océano mediante áreas protegidas de manera efectiva, y el manejo sostenible del 70% restante. Poner fin a la sobrepesca y a la contaminación en todas sus formas, así como prevenir una pérdida adicional de biodiversidad, ecosistemas y hábitats, son medidas esenciales que están a nuestro alcance. Abordar el problema del colapso climático y contener el calentamiento a 1,5 grados centígrados (o lo más cerca posible de esa cifra) es esencial para la supervivencia de los servicios ecosistémicos del océano. Para ello, todos los Estados tienen que comprometerse con planes nuevos y más ambiciosos (contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs, por sus siglas en inglés) en 2020. contactos de prensa: Victor Quintanilla en México, [email protected], +521 5570522107 Patricia Roy en París, [email protected], +34 696 905 907 Mirella von Lindenfels en Londres, [email protected], +44 7717 844 352 Karen Rausch en Santiago, [email protected], +56 967354769  Sophie Hulme en Nueva York, [email protected], +44 7973 712869  

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Grandes Represas

Banco Interamericano de Desarrollo evade su responsabilidad por la riesgosa represa Hidroituango y las violaciones de derechos humanos relacionadas con ella

Mientras temen el colapso inminente de la represa, las comunidades de Antioquia, en Colombia, se enteran de la decisión de no investigar al brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que invierte en el sector público. Washington, D.C. El mes pasado, el Directorio y la Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que no apoyarían una investigación del papel que jugó el Banco en el financiamiento de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) en Colombia. La decisión ignora las denuncias de daños graves y de gran alcance causados por el proyecto, y una crisis humanitaria que ha desplazado a cientos de familias y ha generado violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y la intimidación de miembros de las comunidades que se oponen a la represa. El aviso surge más de un año después de que las comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el Río Cauca, en Antioquia, presentaran un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). El reclamo, firmado por más de 400 individuos afectados por la represa, buscó remedio del MICI por los supuestos fracasos del BID a raíz del incumplimiento de sus propias salvaguardas ambientales y sociales. "Denunciamos públicamente la decisión del BID de evadir su responsabilidad por el daño ambiental y las violaciones a derechos humanos que han resultado del proyecto Hidroituango, y condenamos el papel del MICI en facilitar y apoyar manifiestamente esta decisión", declaró Isabel Zuleta, representante de Movimientos Ríos Vivos Antioquia. "Es inconcebible que el BID intente cambiar la historia absolviéndose de su responsabilidad de habilitar y financiar proyectos de desarrollo de alto riesgo que tienen impactos ambientales extremos y violan descaradamente los derechos humanos", agregó Zuleta. El Grupo del BID tiene dos brazos, uno que invierte en el sector público (el BID propiamente dicho) y otro que hace lo mismo en el sector privado, el BID Invest. A su vez, el MICI es el órgano de rendición de cuentas de la institución financiera, a cargo de evaluar el desempeño ambiental y social de sus inversiones. En 2012, en el inicio del proyecto, el BID invirtió en Hidroituango, lo cual allanó el camino y facilitó otras inversiones de millones de dólares por el BID Invest así como mil millones de dólares adicionales de parte de otros bancos internacionales. Pero el MICI, cuyo mandato es lograr la rendición de cuentas por daños causados en las inversiones del BID, recomendó la no investigación del papel del BID propiamente dicho en el proyecto. A pesar de la negativa a evaluar el desempeño del BID, la investigación por parte del MICI tiene la posibilidad de continuar respecto del BID Invest por haber invertido también en el proyecto Hidroituango. Sin embargo, ello depende completamente de la autorización del Directorio del Banco. Antes de que se autorizara la represa, las comunidades advirtieron precisamente sobre los impactos ambientales y sociales que han estado ocurriendo. "Para una institución cuya misión es mejorar las vidas de personas en América Latina, la decisión del BID es absurda, irresponsable e irrespetuosa. Muestra un completo desprecio por las personas que viven dentro de la Cuenca del Río Cauca. Desafortunadamente, esta indiferencia caracteriza con demasiada frecuencia la participación del BID en proyectos de infraestructura a gran escala en toda la región", dijo Alexandre Andrade Sampaio, del International Accountability Project. "¿Qué valor pueden tener las políticas ambientales y sociales del BID cuando son ignoradas y descartadas, precisamente cuando más se necesita proteger las vidas de las personas? Esta falta de responsabilidad es inaceptable, y demuestra por qué las comunidades afectadas por las acciones de los bancos de desarrollo ahora han recurrido a los tribunales para asegurar sus derechos", comentó Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL) haciendo referencia a la reciente sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Jam v. IFC, la cual reconoce que las organizaciones internacionales tales como el BID no gozan de inmunidad ante litigios en tribunales de Estados Unidos. "Esta decisión ejemplifica los peligros de un mecanismo de rendición de cuentas que carece de independencia y legitimidad para iniciar y llevar a cabo una investigación genuina de los proyectos del Banco", agregó García Zendejas. "Desde su inicio, el proyecto Hidroituango hizo una evaluación de impactos débil, encuestas inexactas de las personas afectadas y una implementación y monitoreo ambiental deficientes, pero el BID continuó invirtiendo en él", sostuvo Carlos Lozano, Abogado Sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "El proyecto fue aprobado y está en proceso de construcción sin haber hecho previamente un diagnóstico de alternativas", puntualizó. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes representan a las comunidades afectadas en el reclamo, son víctimas de continuas amenazas, intimidación, homicidios y otras formas de violencia. El BID ha mostrado desinterés por la situación volátil que rodea a Hidroituango, incluida la presencia constante de grupos paramilitares en la región. También ha ignorado las peticiones de la comunidad para diferir la construcción de la presa para exhumar fosas comunes resultado del conflicto armado en el área afectada por la represa. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla Garcia Zendejas, Center for International Law, +1 202 374 2550, [email protected] Alexandre Andrade Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Carlos Lozano Acosta, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Nota para editores: El Proyecto Hidroeléctrico Ituango sería el más grande de Colombia, con una represa de 79 km de largo que inundará una superficie de 4,500 hectáreas. El Grupo BID ha financiado el proyecto a través de varios tipos de inversión: inicialmente USD $2 millones de apoyo técnico para el Estado Colombiano en 2012 y luego USD $550 millones en inversión directa en 2016 a Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía encargada del proyecto. Adicionalmente, el BID maneja un paquete de inversión de mil millones de dólares, con fondos de diversos inversionistas institucionales, incluyendo a bancos europeos. Después de una falla de construcción en la represa, en mayo de 2018, más de 25,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la región debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas. La crisis humanitaria se ha agravado drásticamente: las personas han perdido sus propiedades, medios de vida y acceso a servicios de salud y educación, que de por sí siempre han sido precarios en la zona. Muchas personas se han desplazado y los que se han quedado no son atendidos adecuadamente. Además, los que pertenecen al Movimiento Ríos Vivos son discriminados. Hay falta de alimentos, enfermedades y los albergues son precarios. Las personas son presionadas a retornar a zonas de riesgo y a firmar documentos de renuncia a sus reclamos. En resumen, hay una situación sistemática de violación a los derechos humanos como consecuencia del proyecto.  

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Diversidad de especies de aves en Yum Balam, aréa natural protegida en México
Arrecifes de coral, Océanos, Cambio Climático

Defienden a Yum Balam, ecosistema clave para la biodiversidad y el clima

AIDA presentó un escrito legal que evidencia la importancia del área protegida, así como las obligaciones internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos para preservarlo frente a la intención de instalar allí 21 mil cuartos de hotel, un proyecto que implicaría daños significativos en el sitio. Cancún, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Quintana Roo un escrito legal (Amicus Curiae) para defender el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada al norte del estado. En 2018, cuando se publicó el Programa de Manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron varias demandas de amparo en contra del mismo y del decreto de creación del área protegida argumentando afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. Antes de la publicación del Programa de Manejo, el Consejo Asesor del área protegida recibió el informe de una consultoría que recomienda, por ser económicamente viable, la construcción dentro de Yum Balam de un megaproyecto turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel. “Esa viabilidad está en duda porque cada cuarto de hotel generaría cambios en el uso del suelo, incremento poblacional, pérdida de flora y fauna y otros daños irrreversibles en las características ecológicas del lugar”, afirmó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Lo que está en juego es conservar el aporte que Yum Balam realiza al disfrute de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”. El decreto de creación del área protegida, que data de 1994, pone al interés público y a la regulación de los entornos naturales que benefician a todo el país por encima de intereses privados. Y el Programa de Manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam. Adicionalmente, el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. “De acuerdo con un estudio, los manglares y pastos marinos de Yum Balam evitan la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión de gases de efecto invernadero de 9.4 millones de mexicanos”, resaltó Pilar Diez, Directora Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA-Sureste). En sus 152 mil hectáreas de superficie, el sitio posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, y de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar. De hecho, el significado en maya de Yum Balam es Señor Jaguar. “Con el escrito buscamos documentar la importancia nacional y mundial de Yum Balam en un contexto crisis climática”, dijo Thompson. “Apostar por el desarrollo de megaproyectos turísticos es incompatible con la tarea urgente de enfrentar esa crisis y lograr justicia climática”. Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) como la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) han sido muy firmes respecto a la situación actual de pérdida de ecosistemas y a las acciones urgentes que todos los países deben adoptar ante la crisis climática.  “El escrito documenta el marco legal internacional según el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano”, explicó Thompson. “México tiene la obligación de conservar su biodiversidad: sus humedales costeros, bosques, selvas y otros ecosistemas que regulan el clima y contribuyen a la pesca y al turismo”. Por tanto, la decisión del Juzgado debe ser congruente y progresiva con ese contexto, dando continuidad a la protección de Yum Balam. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Comunidades y organizaciones piden asistencia técnica internacional para rescatar lagos Poopó y Uru Uru en Bolivia

Solicitan la visita y recomendaciones de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Los lagos están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática. De su recuperación depende la subsistencia de comunidades indígenas, así como de especies clave de animales y plantas. La Paz, Bolivia. Comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres solicitan que la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, envíe una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru, así como para hacer recomendaciones al Estado boliviano para la recuperación urgente de esos ecosistemas. “El conocimiento especializado sobre humedales de la Convención de Ramsar puede ser de enorme utilidad para salvar los lagos Poopó y Uru Uru”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, estos lagos son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, en especial para varias especies de aves endémicas y migratorias. El lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia después del emblemático lago Titicaca. Son el hábitat donde se concentra la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano y, posiblemente, en toda la región altoandina de Sudamérica. Estos ecosistemas altiplánicos son también hogar de especies únicas como la keñola (Rollandia microptera), especie en peligro de extinción. De la preservación de los lagos Poopó y Uru Uru depende también los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas, entre ellas comunidades quechuas, aymaras y los Uru Murato o “pueblos del agua”, una de las naciones indígenas originarias más antiguas de Bolivia. “Justamente para preservarlos es que el gobierno inscribió en 2002 a los lagos Poopó y Uru Uru como humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar”, recordó Sergio Vásquez, director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). “Queremos que Ramsar apoye al Estado boliviano para proteger a éstos y a otros humedales altoandinos”. En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del país. Las causas fueron varias: la sedimentación producida por la minería, el desvío de sus afluentes y fenómenos naturales agravados por la crisis climática. Aunque el lago Poopó logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. “Por ello pedimos que expertos de Ramsar identifiquen medidas para fortalecer la vigilancia y monitoreo de estos ecosistemas”, señaló Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (Colectivo CASA). “Queremos además que recomienden acciones de mitigación y restauración ante los daños ocasionados por actividades mineras”. La degradación de los lagos Poopó y Uru Uru incide directamente en el bienestar de las personas que dependen de ellos, generando daños en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños. Los Uru Murato, antes dedicados a la pesca, se vieron obligados a migrar para trabajar en las minas, convirtiéndose en “refugiados climáticos”. “Las mujeres indígenas y campesinas vivimos y sentimos los efectos de la contaminación y desaparición del lago, porque somos nosotras las responsables del sostenimiento y alimentación de nuestras familias”, resaltó Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT. "Las fuentes de agua son vitales para la Madre Tierra y para nuestras comunidades". Consulta y descarga la infografía del caso Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Arrecifes de coral

Resolución dispone medidas para preservar los corales del Caribe colombiano

Sentando un precedente positivo en el país y en una importante región del Gran Caribe, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) prohibió la pesca y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros, medida orientada a conservar el ecosistema coralino de la zona. San Andrés, Colombia. Con el objetivo de conservar el ecosistema de corales y las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina —una de las zonas con mayor biodiversidad marina y costera de Colombia con más de 2,354 especies marinas registradas al momento— la autoridad ambiental de esa región emitió una resolución que prohíbe la captura y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros. “Este avance hacia la conservación de los corales y las playas ocurre tras un proceso de más de 20 años que incluyó educación ambiental, investigación y monitoreo”, dijo Nacor Bolaños, Coordinador de Áreas Protegidas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA). “La necesidad de proteger a los peces loro y a otras especies herbívoras y omnívoras fue respaldada por los propios pescadores artesanales y por las comunidades locales, con quienes nos reunimos”. La resolución emitida por la entidad pública descentralizada protege a 14 especies de pez loro, cuatro de pez cirujano, cinco de pez mariposa y seis especies de pez ángel. Prohíbe por completo la pesca comercial, industrial, deportiva o recreativa de estos peces. Asimismo, prohíbe su pesca comercial artesanal usando arpón y/o artes de pesca similares. Y restringe completamente su comercialización, tenencia y almacenamiento, así como su traslado a otras zonas del país. “La resolución es un gran avance porque reconoce los beneficios de los corales para la pesca, el turismo, los recursos farmacéuticos y para la protección frente a los impactos de la crisis climática”, destacó María José Gonzalez-Bernat, asesora científica de AIDA. “Reconoce también el rol vital que cumplen varias especies de peces para mantener saludables a esos ecosistemas”. Al alimentarse de las algas que les quitan luz y espacio a los corales, los peces herbívoros favorecen la sobrevivencia de esos frágiles entornos. Además, numerosos estudios han dado cuenta que los peces loro favorecen el crecimiento de corales y la generación de arena para las playas. Y especies omnívoras como el pez ángel también ayudan a limpiar de algas los corales. AIDA apoyó la iniciativa de CORALINA desde un inicio, proporcionando información técnica, científica y legal. Además, abogó por la inclusión en la resolución de compromisos internacionales y regionales que protegen a estos peces. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concentra el 77% de las áreas coralinas superficiales de Colombia y alberga la tercera barrera coralina más grande del mundo. La zona fue declarada Reserva de la Biosfera en 2000 por la Unesco y limita con ocho países del Gran Caribe: Venezuela, República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero su cobertura de corales se ha deteriorado con los años debido a fenómenos naturales y actividades humanas. A ello se suma la disminución de la población de peces herbívoros como el pez loro. “En ese sentido, esta regulación es un ejemplo para otros países que tienen arrecifes de coral en sus costas”, dijo Gonzalez-Bernat. “La resolución se sustenta en información científica y enfatiza el marco legal internacional que recomienda la protección de los corales y de los peces que apoyan su conservación”. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 155 70522107 Claudia Marcela Delgado (Colombia), CORALINA, [email protected], +57 313 8517300  

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Fracking

Colombia da un paso correcto al suspender proyecto de fracking

Basándose en una reciente orden judicial, la autoridad ambiental del país suspendió el trámite de un proyecto en el Magdalena Medio. La decisión representa un avance en los esfuerzos para frenar la expansión del fracking en América Latina. Bogotá. En un avance para los esfuerzos contra la expansión del fracking en América Latina, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia suspendió el trámite de permiso ambiental de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Con esta decisión, Colombia se une a la creciente lista de comunidades, municipios y regiones de América Latina y el mundo que han logrado detener el avance del fracking en sus territorios, muchos de ellos mediante el establecimiento de prohibiciones o moratorias. “La decisión de la autoridad ambiental es un ejemplo positivo para las naciones de la región y para el mundo”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es el resultado de un movimiento cívico admirable y del uso del principio de precaución como una herramienta para proteger la salud humana y los ecosistemas, y para enfrentar la crisis climática”. La decisión, que puso freno al proyecto “APE Guane A” de la empresa Ecopetrol, tiene como fundamento la suspensión del marco regulatorio del fracking en el país, realizada en noviembre de 2018 por el Consejo de Estado. AIDA apoya la medida adoptada por el Consejo de Estado y considera que al acatar esa orden judicial la ANLA dio un paso en la dirección correcta. “Al no existir normas vigentes para regular el fracking, en Colombia tenemos una moratoria judicial que implica que no se puede implementar ningún proyecto que busque explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante esa técnica”, explicó Juana Hofman, abogada de AIDA. “Por ello, todo trámite orientado al desarrollo de actividades de fracking debe ser suspendido”. En su decisión, la ANLA señala que “la suspensión provisional de las disposiciones antes mencionadas se traduce en que las mismas se encuentran temporalmente fuera del ordenamiento jurídico, lo que de manera consecuente trae consigo que esta Autoridad Ambiental no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental EIA para ser analizadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental, y por ende, no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales.” El proyecto suspendido contempla el uso de fracking en un complejo cenagoso localizado entre los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el norte de Colombia. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica muy perjudicial para el agua, la calidad del aire, la salud humana y el clima. Genera emisiones de metano, un contaminante fuertemente asociado al calentamiento global. Debido a sus impactos negativos en el ambiente y en las personas, el fracking ha sido prohibido por vía judicial o legislativa en muchas comunidades, regiones y países del mundo, como Esocia, el estado de Nueva York (Estados Unidos) y la provincia de Quebec (Canadá). Los esfuerzos para frenar la expansión del fracking han asido ampliamente liderados por la ciudadanía y por preocupaciones sobre los riesgos que esa técnica implica para el clima, el ambiente y la salud pública. La Alianza Colombia Libre de Fracking se ha mantenido firme en su compromiso por detener el avance del fracking en Colombia y merece ser felicitada por este importante paso hacia adelante. AIDA llama al gobierno colombiano a continuar por el camino de la prevención, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia ambiental para enfrentar la crisis climática y para proteger el agua, los territorios y a las comunidades. Por ello le instamos a que se abstenga de autorizar operaciones de fracking en el país. “El fracking es un procedimiento que nos aleja de nuestras metas climáticas, y de la ruta energética que todos los países deben seguir”, señaló Puentes Riaño. “Decisiones como la tomada son invitaciones para buscar energías renovables que son opciones deseables para nuestras comunidades y para el planeta, en Colombia y en todo el mundo”. Contactos de prensa: Carlos Lozano Acosta (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (300) 564 0282 Juana Hofman (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (310) 884 6715  

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