Colombia

Tribunal de arbitraje del Banco Mundial se niega a escuchar a afectados por minería en Santurbán

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia  podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623  

Todos merecemos respirar aire limpio

Nací y crecí en Bogotá, la capital de Colombia. Desde niña, me acostumbré al caos formado por miles de carros y buses que lanzaban humo negro y cuyas bocinas no dejaban de sonar. Ver fábricas con grandes chimeneas y sentir malos olores era algo normal. Pensaba que todas las ciudades debían ser así, que la naturaleza y el aire limpio estaban lejos de donde vivía. También me acostumbré a tener malestares: dolor de cabeza, irritación en la piel, los ojos y la garganta, así como tos y rinitis. No me preguntaba de dónde venían esas molestias, llamadas entonces “alergias al ambiente”, que mis hermanas y yo sentíamos todo el tiempo. La contaminación me impedía realizar muchas actividades al aire libre. Caminar o moverme en bicicleta, por ejemplo, no eran buena opción porque mis pulmones eran presa de todo el hollín que buses y carros expulsaban. Había días en los que tenía que salir a la calle con tapabocas y en los que no era recomendable realizar actividades físicas afuera por el alto grado de contaminación en el aire. Un enemigo silencioso Al crecer, me di cuenta que las alergias al ambiente no eran normales y que, al contrario, son la consecuencia de respirar constantemente carbono negro, ozono, dióxido de azufre y otros elementos contaminantes que fábricas, buses y autos emiten diariamente a la atmósfera. Supe que el aire contaminando provoca múltiples daños a la calidad de vida y a la salud de las personas, siendo los más vulnerables los niños y niñas, y las personas de la tercera edad.   Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica. En América Latina, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud, y causa más de 150 mil muertes prematuras por año. Ciudades como Monterrey (México), Ciudad de México, Cochabamba (Bolivia), Santiago de Chile, Lima (Perú), Medellín (Colombia), San Salvador (El Salvador) y Bogotá, tienen los niveles más altos de contaminación en la región.  En un escenario donde las ciudades crecen sin control, así como la población y el número de automóviles y fábricas, me preocupa el futuro de mi familia. No quiero que el aire que nos rodea termine afectando nuestra salud. Mi esposo, que no es de Bogotá, se mudó para estar conmigo. Un año después, comenzó a sufrir de asma. Y mi hija, cuando tenía dos meses de vida, tuvo una enfermedad respiratoria que la mantuvo en cuidados intensivos por varios días. La causa de ambas enfermedades: la mala calidad del aire en la ciudad.   Frenando la contaminación Las ciudades son los ecosistemas donde la mayoría de las personas vive. Aunque no son bosques prístinos llenos de árboles y agua, deberían brindar a las personas las condiciones mínimas para una vida digna y con buena salud. Por eso AIDA trabaja para mejorar la calidad del aire en países de América Latina, abogando por la protección de niños, niñas y otras poblaciones especialmente vulnerables a la contaminación atmosférica. Estamos generando conciencia entre los responsables de políticas públicas sobre la importancia de controlar la emisión de contaminantes climáticos de vida corta, llamados así porque permanecen en la atmósfera un tiempo relativamente corto, desde unos pocos días hasta unas cuantas décadas, a diferencia del dióxido de carbono, que puede permanecer siglos. Entre ellos están el hollín (carbono negro) y el gas metano. Estos contaminantes contribuyen de gran manera al cambio climático, degradan la calidad del aire y tienen impactos graves en la seguridad alimentaria y en la salud humana. Su mitigación efectiva podría generar un avance significativo en la lucha a corto plazo para combatir el cambio climático y generar un aire más limpio. Buscaremos además apoyar, desde nuestra experiencia en derecho internacional, a que exista una mejor regulación de estos contaminantes en América Latina. Respirar aire limpio es la necesidad más básica para sobrevivir y no debería ser un lujo.   

Mecanismo de rendición de cuentas del BID admite reclamación contra Hidroituango

En medio de la crisis humanitaria de largo plazo que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco admitió la queja presentada por el Movimiento Ríos Vivos contra el proyecto. Washington D.C. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Para el MICI, la queja cumple con todos los requisitos que, de conformidad con sus políticas, se deben cumplir para que sea admitida. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y pasa a una fase de consulta. El junio pasado, comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el MICI. La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]  

Seminario virtual "Daños en la salud de la minería de carbón a cielo abierto"

Este seminario buscó, desde la perspectiva de las ciencias de la salud, explicar los daños que la minería de carbón a cielo abierto causa en la salud. El tema fue abordado a partir de tres estudios de caso de la región Caribe de Colombia que servirán para plantear recomendaciones de política pública y regulación que permitan afrontar adecuadamente la problemática. Panelistas Claudia Galeano, Universidad del Sinú: Análisis geoespacial de la proximidad residencial a zonas de minería de carbón a cielo abierto en relación con la frecuencia de micronúcleos, la concentración de material particulado y los factores de enriquecimiento elemental. Luis Jorge Hernández Florez, Universidad de los Andes: Recomendaciones para la evaluación de los efectos de las actividades de explotación y manejo de carbón mineral sobre la salud de la población en la zona carbonífera del Cesar. Manuel Vega, médico cirujano e historiador, Universidad del Externado de Colombia: Minería y salud, un debate urgente.   GRABACIÓN   Presentaciones 1. Presentación de Claudia Galeano, Universidad del Sinú:   2. Presentación de Luis Jorge Hernández Florez, Universidad de los Andes:   Este seminario es parte de la serie de seminarios en línea "Diálogos de la minería de carbón a cielo abierto en America Latina: Una mirada desde la diversidad", y cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.  

El pueblo que le hace frente a la minería de carbón en Colombia

“Partir sin regreso es doloroso”, dice con nostalgia Flower Arias Rivera, de 58 años. No quiere dejar su tierra. Hacerlo significa dejar atrás su identidad y su historia. Flower es de Boquerón, un pueblo de cerca de 900 habitantes del municipio La Jagua de Ibirico, situado al noroeste de Colombia, en el departamento de Cesar. Sus antepasados, afrodescendientes, fueron los primeros habitantes de ese poblado y de otros de la zona. Vivían de la ganadería y del cultivo de arroz. Pero las tierras de Boquerón, alguna vez fértiles, fueron reemplazadas hace más de 30 años por minas de carbón de grandes corporaciones. Desde entonces, el pueblo fue absorbido por el carbón y por los daños que su explotación deja: emisión de partículas contaminantes en el aire en grados altamente peligrosos para la salud, así como el uso excesivo del agua de ríos y otras fuentes naturales. Por ello el gobierno ordenó en 2010 que las empresas trasladen a los habitantes de Boquerón a otro sitio.   Eso todavía no pasa. Por el contrario, a Boquerón llegan con frecuencia nuevas familias que buscan recibir dinero como indemnización cuando la reubicación ocurra. “Queremos que mueven las minas, que nos dejen de contaminar”, dice Flower, uno de los líderes más importantes de su comunidad, cuyos miembros resisten pacíficamente el traslado en medio de enfermedades respiratorias y en la piel causadas por el aire contaminado. Flower no es un líder convencional. Habla bajito y sonriendo. Su piel negra contrasta con su cabello blanco. Es dulce y está lleno de calma, pero sobre todo de fe y esperanza.  Lo conocí hace dos meses cuando participó, junto con líderes de otras comunidades, en un foro de discusión pública organizado por Tierra Digna, CENSAT Agua Viva, la Universidad del Magdalena, AIDA, la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, y la Fundación Rosa Luxemburgo. En el evento se discutieron los factores necesarios para que Colombia deje de basar su economía en la explotación de carbón y opte por alternativas energéticas respetuosas con el clima y con las personas. También se debatió sobre rol de cada uno de los actores involucrados en esa urgente tarea. “El carbón no nos ha dejado nada, solo tristezas”, lamenta Flower. Colombia es el cuarto país que más exporta carbón en el mundo. Por tanto, tiene el compromiso ético y moral de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, aquellas responsables de gran parte de la crisis climática que sufrimos actualmente. En AIDA seguiremos apoyando la articulación de esfuerzos hacia una América Latina libre de carbón. Para finalizar, quiero compartir un poema escrito por Flower. En él expresa la añoranza y el amor por su tierra, y su temor por “la maldita piedra negra”:   A mi Boquerón   Boquerón del alma mía Terruño de mis entrañas Estoy perdiendo mi alegría Mis costumbres y mis esperanzas   Camino lento y con tristeza Con solo pensar en tu partida Historia mía, historia tuya Es como un llanto en noche buena   Quisiera morirme en tus recuerdos Donde viví muchas nostalgias De amores y vivencias de este mundo Cómo te llevo Boquerón en el alma   Voces de recuerdos se escuchan a lo lejos De un niño y un viejo Como añorando el pasado De Boquerón y sus hermosos tiempos   Partir sin regreso es doloroso Y un diciembre sin ti es morir Como regresar después a pajuil Cuando mis zapatos se han roto   Ya inerme camina un boqueronero Y la historia del tucuy, el manantial y la lomita está muriendo Hoy hasta el mismo cielo está llorando En gotas de agua convertidas en desespero   Quisiera regresar a las faldas de mi madre Como cuando niño me escondía debajo de ella Escucho a lo lejos la voz del patriarca Rivera Ángel Que desde su tumba como deseando una esperanza   Adiós diablito caño, palma y paralú donde di mi grito de libertad y olvidé mi esclavitud de mi raza palenquera y también de chambacú y olvidé por mis ancestros lo juro por ese cielo azul   Maldita piedra negra Que hizo cambiar mi historia Un humilde pueblo llora La funesta partida de toda una vida  

Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID

En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]  

Organizaciones se unen al pedido de ayuda de comunidades afectadas por la represa Hidroituango en Colombia

El movimiento que agrupa a las personas afectadas ha denunciado el asesinato de dos de sus integrantes en solo unos días. Y, debido a la obstrucción de uno de los túneles de la represa, existe riesgo de un desborde y una avalancha. Pedimos a las autoridades investigar los daños a las comunidades, sancionarlos y atender a las familias afectadas. Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, han sido asesinados en los últimos días. El 2 y el 8 de mayo, denunció el Movimento, fueron asesinados los señores Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, respectivamente. Los miembros del Movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la represa, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente y se debe a la obstrucción de uno de los túneles de la represa que, al interrumpir el flujo de agua, puede causar el desborde del agua del embalse, cuya fuerza puede provocar inundaciones y una avalancha de lodo, troncos y desechos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Demandamos a las autoridades ambientales en Colombia investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como los daños que la construcción de la represa ya está ocasionando. Solicitamos además al gobierno nacional atender adecuadamente y a la brevedad a las familias afectadas. Hidroituango, que se prevé será la represa más grande de Colombia, afectará a 12 municipios, impactando en miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]  

Organizaciones de la sociedad civil condenan el asesinato en Colombia de integrante del Movimiento Ríos Vivos

Nos solidarizamos con el Movimiento y solicitamos que el Estado colombiano investigue los hechos y que sancione ejemplarmente a los responsables. Pedimos además que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia contra las y los defensores ambientales. Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes condenamos categóricamente el asesinato en Colombia del señor Hugo Albeiro George Pérez, integrante del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos denunció el homicidio del señor George, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro —grupo articulado al Movimiento Ríos Vivos Antioquia— y afectado junto a su familia por la construcción de la represa Hidroituango. El hecho, en el que también falleció Domar Egidio Zapata George, sobrino de Hugo Albeiro, ocurrió el pasado dos de mayo en Puerto Valdivia, Antioquia, en el contexto de movilizaciones de comunidades de la región ante los riesgos ambientales y sociales del represamiento del río Cauca. Hidroituango es la represa más grande de Colombia, con una altura de 225 metros, y una capacidad para contener 20 millones de metros cúbicos de agua. Afectará 12 municipios y tendrá impactos sobre miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido un paquete de préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. El Movimiento Ríos Vivos ha sido objeto de múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. Los propietarios del proyecto Hidroituango deben respetar los derechos humanos y actuar con debida diligencia frente a los impactos que genera el desarrollo de la  represa.  Ante lo ocurrido, expresamos nuestra solidaridad con el Movimiento Ríos Vivos y con la familia de Hugo Albeiro George Pérez. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación en Colombia que investigue el hecho de forma expedita y a los jueces competentes que sancionen a los responsables del mismo. Asimismo, y ante la creciente violencia contra defensores y defensoras del ambiente en la región, exigimos al gobierno garantizar un entorno seguro para el trabajo del Movimiento Ríos Vivos y tomar las medidas necesarias para frenar las amenazas, la intimidación y los asesinatos en contra de quienes defienden el ambiente y los territorios. Igualmente, solicitamos a las autoridades ambientales investigar los impactos que sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca y al gobierno nacional atender a las familias afectadas. Accion Ecologica, RedLar Ecuador. Afro-Colombian Solidarity Network. Alianza Internacional de Habitantes. Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Panamá. Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Lavida, México. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Bank Information Center. Bretton Woods Project, Londres. CEE Bankwatch Network, Hungría Center for International Environmental Law, Estados Unidos. Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador. Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret.   Colombia Grasssrooots Support, New Jersey, Estados Unidos. Colombia Human Rights Committee, Washington, DC, Estados Unidos. Colombia Land Rights Monitor. Consejo de los Pueblos Wuxtaj/CPO, Guatemala. Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú. Due Process of Law Foundation, Estados Unidos. Earthrights International. Ecosistemas Chile, Chile. Environmental Investigation Agency, Estados Unidos. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina. Fundación Chile Sustentable, Chile. Fundar, Mexico. Front Line Defenders, Reino Unido. Global Witness, Reino Unido.   IISCAL, Estados Unidos.   International Accountability Project, Estados Unidos. International Labor Rights Forum. International Rivers. Latin America Working Group, Estados Unidos.   Movement for Peace in Colombia, New York, Estados Unidos.  Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, México. Movimiento Victoriano Lorenzo. Not1More. Oxfam. Plataforma Continental Somos una América. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua.  Servicios para una Educación Alternativa, México. Taller de Comunicación Ambiental, Rosario. Washington Office on Latin America, Estados Unidos. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]  

Apoyando la lucha de Cajamarca para defender su territorio de la minería

Ocho temas claves para la agenda ambiental de Colombia en 2018

Para Colombia, el 2017 fue un año marcado por el debate en torno al derecho de las comunidades de ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y ecosistemas. Lo vimos con la organización de consultas populares y movilizaciones que cuestionaron proyectos mineros y de fracking y, en suma, la continuidad del modelo extractivista. Fue evidente además con la decisión de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país, del máximo tribunal del país, de invalidar la delimitación del páramo de Santurbán, fuente de agua para millones, porque la decisión gubernamental no tomo en cuenta a la población. Por otro lado, el país se unió al debate global acerca del cambio climático y la necesidad de promover un desarrollo económico libre de combustibles fósiles. Ahora bien, en 2018, frente a las elecciones presidenciales y ante la implementación de los acuerdos de paz, la participación ambiental, la autonomía territorial y el fracking se muestran como temas especialmente importantes para el año que inicia. A continuación, ocho temas que considero claves para la agenda ambiental del 2018: Participación ambiental: Las consultas populares, como expresión de comunidades empoderadas y en búsqueda de decidir respecto de proyectos que les afecten, seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Autonomía territorial: Aunque reconocida constitucionalmente, la facultad de los departamentos y municipios de gobernarse de forma autónoma en diversos ámbitos, incluido el ambiental, no está del todo definida. Quedan por responder preguntas como ¿quién debe decidir? y ¿sobre qué se puede decidir? Autoridades indígenas: Siguiendo la línea del punto anterior, la autonomía y el nivel de decisión de las autoridades indígenas con relación a temas ambientales dará mucho que hablar este año. Fracking: La pregunta clave es: Frente a la expansión de esa técnica en la región ¿adoptará Colombia la postura de organizaciones sociales sobre la aplicación del principio de precaución para evitar los daños al ambiente y a la salud humana asociados al fracking? Descarbonización: Como país productor, ¿se sumará Colombia a la tendencia iniciada por Francia, Reino Unido e Italia, naciones que firmaron recientemente una alianza para cerrar las centrales de carbón antes de 2030 y cumplir así con el acuerdo climático de París? La Niña: Las lluvias y vientos fuertes del fenómeno climático de La Niña retornarán al país este año. Las acciones adecuadas para mitigar el riesgo serán fundamentales, al igual que la aplicación de las lecciones aprendidas el 2010, cuando el fenómeno dejó cientos de muertes y pérdidas millonarias. Páramos: A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán, este año promete estar lleno de controversias sobre la nueva delimitación de ese entorno y acerca de la participación de las comunidades en la demarcación del resto de los páramos colombianos, medida orientada a su protección frente a proyectos nocivos como los mineros.  Principio 10: La negociación de un acuerdo regional sobre el acceso de toda persona a la información, a la justicia y a la participación pública en temas ambientales, aún está en marcha. El acuerdo busca la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Desde AIDA, y a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, seguiremos promoviendo este año soluciones a los conflictos ambientales en el país con base en la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales.