Colombia

April 19 2023 Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

El rol de América Latina en la extracción y uso de carbón

La extracción, el transporte, el uso y la exportación de carbón para generar electricidad son una causa importante de la crisis climática y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, el 44% viene del uso de carbón. Y toda la cadena del carbón genera afectaciones graves —sociales, ambientales y en derechos humanos— como desplazamientos forzados, contaminación del agua y enfermedades, entre otras. En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reiteró que —para evitar una elevación catastrófica de la temperatura promedio del planeta— el 80% de las reservas de carbón deben quedarse bajo tierra y que el uso de carbón para la generación eléctrica debe reducirse en su totalidad para 2050. Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de carbón llegó por primera vez a 8.000 millones de toneladas al cierre de 2022, lo que representa un crecimiento de 1,2% de la demanda mundial. Estas cifras podrían subir más en 2023 y estabilizarse en los dos años siguientes, de acuerdo con las previsiones del brazo energético de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ello responde en parte a que, para afrontar la escasez de gas por la guerra en Ucrania, Europa prevé relajar el control a las emisiones con el uso de combustibles como el carbón. Esto contradice el Pacto Climático de Glasgow (2021) en el que los Estados acordaron reducir gradualmente el uso de carbón. América Latina no es ajena a esta situación. La región participa tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo. Por ejemplo, Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo y México, el décimo cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI). Por tanto, tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas. A continuación, ahondaremos en la situación del carbón en América Latina —y en el rol de la región en la tan necesaria descarbonización— a partir de los casos de Chile, Colombia y México. Chile: avances y retos de la descarbonización En Chile, la generación eléctrica a base de carbón es la causa principal de las graves afectaciones a la salud de las poblaciones y ecosistemas de las llamadas Zonas de Sacrificio. Históricamente, la contaminación proveniente del conjunto de termoeléctricas a carbón —28 en su momento— se ha concentrado en estas zonas, cuyos habitantes han sido expuestos a respirar una gran cantidad de elementos tóxicos. Es uno de los grandes problemas socioambientales del país. En los últimos años, el país ha tenido avances en la descarbonización del sector eléctrico. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el 27,5% de la electricidad provino de fuentes solares y eólicas, superando por primera vez la generación eléctrica en base a carbón, que cayó al 26,5% después de ser la fuente principal por más de una década. En 2019, el gobierno nacional se comprometió a cerrar todas las centrales de carbón para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. La propuesta inicial era cerrar ocho termoeléctricas para 2024 y las restantes 20 para 2040. Ahora se prevé el cierre del 65% de las plantas para 2025. El cambio fue respaldado por un proyecto de ley aprobado en junio de 2021 por la Cámara de Diputadas y Diputados, que requiere ahora aval del Senado. Sin embargo, personas expertas dicen que esa hoja de ruta es inviable y que aumentaría a corto plazo el uso de diésel. También hay un riesgo inminente de que la rápida descarbonización sea una excusa para incrementar la participación del gas fósil, desconociendo sus riesgos y su rol en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. De hecho, Chile se comprometió a ser carbono neutral en 2050 con base en escenarios que incluyen un mayor uso de gas, pero sin reconocer mayor participación del diésel. Es importante que el plan de descarbonización contenga previsiones para evitar que el gas se instale para quedarse y, por el contrario, sirva para promover la implementación de energías renovables, incentivar la generación distribuida y aumentar la eficiencia energética. Un plan completo también debe incluir medidas para reubicar a las personas que perderán sus empleos a causa de la transición y otras que aborden adecuadamente la pobreza energética. Solo así será responsable y justo. Colombia: los daños de la minería y exportación de carbón Colombia es el quinto exportador mundial de carbón. Solo el 8% del carbón producido es de consumo interno. Es el mineral que más aporta a la economía nacional, representando más del 80% de las regalías mineras. Pero los niveles de pobreza de los departamentos donde se realiza el 90% de la extracción —La Guajira y Cesar— superan el promedio nacional. Además, gran parte de la extracción ocurre en El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Su operación y crecimiento desde hace casi 40 años han traído la destrucción de ríos, arroyos y ecosistemas endémicos como el bosque seco tropical; contaminación del aire con graves consecuencias para la salud; así como violaciones continuas a los derechos de poblaciones Wayuu, afrodescendientes y campesinas en La Guajira. En la vigésimo séptima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), el actual gobierno colombiano anunció su propósito de reducir la explotación de combustibles fósiles y emprender una transición energética paulatina. Sin embargo, a la fecha no se evalúan los impactos climáticos de la minería de carbón, no se ha generado legislación sobre cierre de minas en operación y no se ha dado certeza acerca de la ampliación o no de minas, el futuro de los cerca de 1.774 títulos con vocación de carbón vigentes o de nuevas inversiones en el sector. A esto se suma la discusión en torno al proyecto Cañaverales, una nueva mina a gran escala de carbón térmico. De otro lado, Alemania ha incrementado la importación de carbón colombiano por la escasez de gas en Europa. Y, en general, las compras del mercado europeo aumentaron entre enero y noviembre de 2022, aunque Asia y América todavía son los compradores principales del mineral colombiano. Estas exportaciones evidencian la responsabilidad de empresas multinacionales en la violación de derechos humanos por la extracción del mineral en Colombia, así como la responsabilidad del Estado colombiano en el agravamiento de la crisis climática: los impactos de la quema de carbón en cualquier parte del mundo son globales. La transición en el país requiere —entre otras cosas— espacios inclusivos y participativos, el desarrollo e implementación de estándares para el cierre responsable de minas de carbón y políticas para una reconversión económica y social adecuada para quienes se verán afectados por el proceso. México: el retroceso de apostar por el carbón y otros fósiles En 2020, las carboeléctricas produjeron el 10% de la electricidad en el país y emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. La producción de carbón y la generación eléctrica a partir del mineral se concentran en el estado de Coahuila. Allí, en solo cinco municipios se extrae el 99% del carbón de México. El origen e identidad cultural de esta región están en la minería de carbón, que data de hace más de 200 años y que todavía sostiene la economía de 160 mil personas. Al mismo tiempo, el negocio del carbón ha traído la contaminación del aire y el agua, enfermedades y muertes. Según el registro histórico que llevan familiares de víctimas, desde que se empezó a extraer carbón, más de 3.100 mineros han muerto en la zona. Dos de las tres carboeléctricas del país están en Coahuila. La otra está en Guerrero y se alimenta de carbón importado. Las dos centrales consumen casi la mitad del mineral extraído en la región y generan más del 60% de la energía. La contaminación del aire por la quema de carbón es la causa de unas 430 muertes al año en Coahuila por enfermedades respiratorias, de acuerdo con el Centre for Research on Energy and Clean Air. Según datos de 2019, México es el décimo cuarto mayor emisor de GEI a nivel mundial. El 69.52% de sus emisiones provienen del sector energético. Bajo el actual gobierno, la política energética pasó de la expansión de proyectos de energías renovables a priorizar el uso de combustibles fósiles y a promover el dominio del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). De hecho, en 2022, México produjo 63% más de energía a base de carbón, en comparación con 2021. Organizaciones ambientales han señalado que “priorizar la generación de electricidad de las plantas de la CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos”. Está claro que América Latina tiene un rol en la extracción y uso de carbón, así como en sus afectaciones sociales y ambientales. Pero la necesaria transición energética hacia otras formas de generación de energía debe tener en cuenta las particularidades de cada país, ser ordenada y tener un enfoque de derechos humanos y de género. Ello implica —entre otras cosas— considerar a las comunidades locales que dependen de la cadena del carbón, diseñar políticas para identificar y gestionar los impactos económicos y sociales de la transición, poner en el centro de la discusión las alternativas al carbón, así como desarrollar procesos amplios y participativos de toma de decisiones con un rol activo de la población urbana y rural. Para lograrlo, los gobiernos deben tomar medidas decisivas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos en materia de clima y derechos humanos.

March 23 2023 Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Hacia una gobernanza justa del agua en Colombia: Un diálogo sobre el Pacto Transformador del Agua

Evento virtual paralelo a la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023 Ecosistemas como los humedales, los páramos, los ríos y otros hidrosistemas, así como las personas que los habitan, son fundamentales para mitigar la crisis del agua. Sin embargo, los crecientes conflictos socioambientales en torno a la competencia por los usos del agua evidencian la fuerte presión sobre los recursos hídricos ejercida por la minería a gran escala y otras industrias extractivas en Colombia y en América Latina. Pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y población urbana siguen exigiendo la protección judicial de sus derechos humanos al agua y a la participación ambiental debido a los impactos generados por la actividad humana. En este evento se presentó el Pacto Transformador del Agua (PTA), un marco innovador para la gobernanza del agua desarrollado por personas expertas en justicia ambiental de todo el mundo. El PTA sirvió de punto de partida para el diálogo entre representantes del gobierno de Colombia, academia y ONG regionales e internacionales en relación con las ambiciones actuales de Colombia en materia de gobernanza multiescalar del agua. Se prestó especial atención a las formas en que los enfoques indígenas, étnicos y bioculturales pueden utilizarse para crear sinergias más fuertes entre las comunidades y las instituciones formales en el contexto de la gobernanza del agua. También se discutieron los retos que persisten para la protección de ecosistemas estratégicos en la región y las lecciones aprendidas del movimiento ambiental en Colombia, vinculándolas a recomendaciones de política pública para una gobernanza transformadora del agua a nivel regional. panelistas Murtah Shannon, Policy Advisor, Both ENDS. Yeny Rodríguez, abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Fabián Caicedo, Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente de Colombia. Violet Matiru, directora ejecutiva, Millenenium Community Development Initiative (MCDI), Kenia. Bhanumathi Kalluri, Director, Dhaatri Trust, India. Grabación (en inglés) Más información Conoce más del Pacto Transformador del Agua.

March 09 2023 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Una oportunidad para ordenar la política de bosques en Colombia

Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo. Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación. Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios. Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales. Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. Ante esta peligrosa reforma, en agosto de 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta internacional acerca de los riesgos que la regulación suponía para los bosques y humedales en Colombia, así como para la población campesina y comunidades étnicas que dependen de ellos, quienes no fueron consultados para este cambio de regulación. En la alerta, instó al gobierno a revocarla y a remplazarla por una nueva que responda a las obligaciones internacionales del país en materia de ambiente, clima y derechos humanos. Gracias a la presión de la sociedad civil, hace unas semanas MinAmbiente abrió a consulta el proyecto de resolución con el que revocaría la cuestionada resolución y adoptaría los términos de referencia para las solicitudes de sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional. Respecto del proyecto de resolución hay tres cosas por decir. 1. Si bien el proyecto deroga la resolución, también establece un régimen de transición que beneficia a las empresas que alcanzaron a recibir autorización de MinAmbiente para avanzar con actividades de exploración minera que no necesitan tala de árboles. Con este régimen, el gobierno acepta indirectamente la exploración minera en áreas deforestadas, torpedeando su recuperación, y asume equivocadamente que el único impacto a generar en esta etapa es la remoción de cobertura boscosa. ¡Y esto es una falacia! La construcción de caminos, la liberación de materiales particulados y contaminantes (como polvo y gases de combustión) y la producción de ruido que aleja a las especies son solo algunos de los posibles impactos socioambientales que se pueden generar. Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales. Ello debe traducirse en una normativa descentralizada e intercultural que sea consultada previamente y que entienda a las reservas forestales como territorios vivos habitados, que no ponga a competir a la población campesina con las empresas por la tierra y que dialogue armónicamente con los modelos de gobierno propios de los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente estos territorios. Una normativa que prefiera flexibilizar la figura de las ZRF para permitir la adjudicación de baldíos a personas vulnerables, y no para abrir paso a la minería. Somos el tercer país de Sudamérica con mayor área en bosques y el segundo en el mundo por biodiversidad. Este puesto nos lo dan los 60 millones de hectáreas de bosque que tenemos, que representan el 50% del territorio nacional. Si bien la regulación del trámite de sustracción de ZRF es solo un eslabón de la cadena, definitivamente es uno determinante para lograr una política de bosques que permita al Estado cumplir con sus obligaciones internacionales ambientales y climáticas.

January 18 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Corte Constitucional tiene la oportunidad de reencaminar el proceso de transición energética en Colombia

En el marco de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley de transición energética por vicios de forma, el fallo del tribunal puede encauzar el proceso, hacerlo participativo y promover mejores condiciones de justicia climática y ambiental en el país. Bogotá, Colombia. En este momento, la Corte Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 2099 de 2021, conocida como ley de transición energética. Su eventual fallo es una oportunidad para reencaminar el proceso de transición energética en el país debido a que en la expedición de la norma se incumplieron las formalidades del proceso legislativo —no hubo los debates necesarios, en los tiempos establecidos y con la información requerida—, eludiendo el debate democrático e impidiendo un análisis completo de las implicaciones e impactos de la ley. La norma, expedida con trámite de urgencia, da vía libre a proyectos de generación de energía a partir de hidrógeno azul (el cual usa combustibles fósiles) y de procesos de captura de carbono. Además, promueve el uso de materias primas como el gas, impulsando la técnica de fracking. Algunas de estas actividades tienen impactos previsibles y riesgosos para los derechos humanos y el clima; otras tendrían efectos inciertos en el ambiente y en las personas. La acción de inconstitucionalidad por vicios de forma contra la Ley 2099 fue presentada por el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP) y la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana (CJD&T), en alianza y articulación con académicos y organizaciones de la sociedad civil. Luego de una profunda reflexión acerca de la importancia del proceso de transición energética en Colombia y de la protección de los derechos humanos, los demandantes concluyeron que, si bien dicho proceso es urgente y necesario para cumplir con los objetivos y compromisos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis climática, el trámite de la ley presentó inconsistencias graves en su expedición, relacionadas con la falta de publicidad y la elusión del debate público y democrático. En efecto, los cargos admitidos de la acción abordan dos asuntos: 1) la vulneración de los principios de consecutividad y publicidad; pues el legislador omitió leer y exponer el contenido de las proposiciones aprobadas y no aprobadas por las comisiones conjuntas y las plenarias de las Cámaras, eludiendo así el debate; y 2) la violación de la reserva del trámite en la iniciativa legislativa debido a que uno de los ejes de la ley demandada se refiere a las normas de contenido tributario, las cuales por su naturaleza debían iniciar su trámite legislativo en la Cámara de Representantes y no fue así. La demanda fue admitida el 19 de septiembre de 2022. Para mediados de enero del presente año, se tendrá un borrador de fallo por parte de la magistrada sustanciadora, Paola Andrea Meneses Mosquera. La sentencia definitiva se espera a finales de abril. La transición energética es un paso fundamental para Colombia. Por tanto, este proceso requiere un debate amplio y democrático en el Congreso y a través de la participación ciudadana directa. Esta participación debe ser informada, oportuna, amplía y efectiva, en escenarios que permitan reflexionar y buscar consensos respecto del camino que la transición energética debe seguir en el país. Eludir el debate impide la construcción colectiva y el diálogo democrático acerca de un proceso fundamental para el país en los próximos años. Para la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), esta acción es una oportunidad para reconducir el camino hacia la transición justa. “Es fundamental desarrollar y acordar una comprensión amplia de la justicia climática que parta del reconocimiento de las cargas y daños que histórica y estructuralmente han sufrido las comunidades, que las repare de manera integral, que establezca obligaciones de participación de estas comunidades en la toma de decisiones y, por último, que priorice la soberanía energética de las comunidades, la autogestión y el autogobierno”. El debate iniciado con la demanda ante la Corte Constitucional es clave para una discusión más completa y plural del proceso de transición energética, la cual no se llevó a cabo en el legislativo y está aún pendiente en Colombia. La importancia de dialogar sobre las diferentes alternativas dentro de la transición energética permitirá al país contar con una planificación regulatoria y de política pública que responda a las múltiples complejidades que se establecen en este proceso. Solamente la legitimidad que otorga el debate público podrá garantizar la verdadera transición energética que requiere el país. Desde la perspectiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), “el proceso de transición energética requiere procesos amplios y participativos, con un rol activo de las personas en ciudades y zonas rurales, para que el mismo contribuya no sólo a atender la crisis climática, sino también a reconocer y reducir brechas, permitiendo la consolidación de mejores condiciones para la justicia climática y ambiental en la región. Colombia puede convertirse en un actor global clave si promueve la transición energética con un enfoque de derechos humanos”. Organizaciones firmantes que han apoyado la acción de inconstitucionalidad: Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana (CJD&T) Semillero de investigación en transición energética de la Universidad del Magdalena Mauricio Madrigal - Director Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Climalab CENSAT Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], 525570522107

December 22 2022 Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Punto de Contacto de la OCDE en Suiza llama a Glencore a cumplir debida diligencia en mina de carbón en Colombia

En su declaración final ante la queja presentada por la sociedad civil contra Glencore, el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Suiza recomendó que la multinacional, como única propietaria de la mina Cerrejón en Colombia, garantice "que sus políticas y medidas de debida diligencia fomentan una conducta empresarial responsable en Cerrejón". Para ello, hizo un llamado a que Glencore, en el marco de sus deberes, mantenga un diálogo con ONG y representantes de las comunidades Wayúu y afrocolombianas afectadas por las operaciones de la mina. En enero de 2021, una coalición de organizaciones nacionales e internacionales —compuesta por GLAN, CAJAR, AIDA, CINEP, Ask!, ABColombia y Christian Aid Irlanda— presentó tres quejas ante los PNC de la OCDE en Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia para denunciar los múltiples impactos de la mina operada por la empresa Carbones del Cerrejón en detrimento de la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE. Las quejas fueron presentadas contra ESB (Electricity Supply Board), empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; CMC (Coal Marketing Company), con sede en Dublín, Irlanda; y contra las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Anglo American y Glencore. El PNC de Suiza señaló que “los PNCs australiano y británico publicarán, de acuerdo con sus reglas de procedimiento, Declaraciones Finales relativas a BHP y Anglo American respectivamente”. Consideramos que el PNC suizo, al emitir una declaración en la que se limitó a reiterar los deberes existentes de forma genérica y no formuló recomendaciones sustantivas en relación con la gravedad de los hechos de abusos y violaciones documentados en la queja, no se ocupó de la tarea principal para la cual fue creado, esto es garantizar la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Durante el procedimiento se presentaron graves irregularidades y asimetrías promovidas por el PNC suizo, entre ellas la falta de acceso a la información y ausencia de garantías de participación para las comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes afectadas, brindando a Glencore impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las operaciones mineras de Carbones de Cerrejón en Colombia. Esta situación nos hizo desistir de la mediación. Nuestra experiencia con el PNC suizo pone de manifiesto el complejo entramado y arquitectura de la impunidad, asimetrías y brechas abismales a las que se enfrentan las víctimas de las compañías multinacionales del carbón para acceder a la justicia en distintos escenarios. Ante el grado de incompetencia, negligencia y falta de consistencia del PNC en sus funciones, rechazamos que con su declaración final sugiera que la imposibilidad de llegar a una mediación es atribuible a GLAN y a las partes, y se ignore que el deficiente papel del PNC suizo afectó el desarrollo del proceso. Es claro que el PNC suizo creó una carga desproporcionada en los reclamantes para facilitar la accesibilidad al mecanismo, quienes con suma diligencia y buena fe participamos de todo el procedimiento. La falta de eficacia del PNC suizo es una situación reiterada. Un ejemplo de esto fue el tratamiento que hizo de la queja contra Sygenta por afectaciones a campesinos en la India. Las indebidas prácticas del PNC llevaron a que Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, afirmara que se había generado "un mal precedente que subraya las debilidades de los Puntos Nacionales de Contacto para las Directrices de la OCDE". El hecho de que los mecanismos legales suizos de rendición de cuentas hagan tan poco para regular la conducta de Glencore —una empresa que acumula un historial de corrupción y graves denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos asociadas a sus actividades a nivel global— los convierte en parte del problema. Aunque las directrices son voluntarias para las empresas, los países que se adhieren a las mismas contraen el compromiso vinculante de implementarlas. La deficiencia en la atención de esta queja por parte del PNC suizo, la inobservancia de sus funciones y las obligaciones del gobierno y el Estado suizo en relación con el respeto a los derechos humanos conlleva a cuestionarnos sobre el grado de complicidad que genera la tolerancia a las violaciones y abusos de empresas. Ante este accionar, lo cierto es que el mecanismo voluntario se convierte en un escenario que enmascara las vulneraciones y la impunidad corporativa. Mientras el gobierno de Suiza no otorga garantías reales y efectivas de reclamación frente a la responsabilidad de Glencore en las violaciones cometidas por la empresa Carbones del Cerrejón, la multinacional sí hace uso de sus garantías como inversionista, contenidas en el Acuerdo de Protección a las Inversiones Extranjeras firmado entre Colombia y Suiza, que le permiten demandar a Colombia por un fallo judicial que protegió los derechos humanos del pueblo Wayuu. Preocupa que, frente a esta situación asimétrica, Colombia mantenga este acuerdo. Reiteramos la insuficiencia de los mecanismos no judiciales para responsabilizar a las empresas multinacionales. Casos como este, evidencian la necesidad de proferir una legislación vinculante en materia de debida diligencia y un tratado vinculante de empresas y derechos humanos que incluya escenarios reales de responsabilidad por los abusos del ilimitado poder transnacional corporativo. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Christian Aid ¡ASK ABColombia Global Legal Action Network (GLAN) Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107

November 29 2022 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Reconocimiento de la UNESCO a pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta es un mandato para proteger su territorio

La declaratoria de su sistema ancestral de conocimientos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un reconocimiento de su rol clave en el sostenimiento ambiental. Implica además el deber del Estado colombiano de adoptar las medidas necesarias para respetar este patrimonio, cuya protección depende de la preservación del territorio. Rabat, Marruecos. La UNESCO declaró al sistema ancestral de conocimientos de los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El sistema abarca los mandatos sagrados que sustentan la existencia de los cuatro pueblos en armonía con el universo y constituye el lenguaje espiritual que orienta su cotidianidad cultural. Reposa en los mamos, sagas (autoridades espirituales) y en los cabildos (autoridades políticas), representados en el Consejo Territorial de Cabildos. La preservación de este sistema ancestral de conocimientos está en riesgo por el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado y por la presión ejercida para la implementación de megaproyectos minero-energéticos al interior de la Sierra. Por ello, desde hace más de una década, los cuatro pueblos han solicitado protección al gobierno nacional. La solicitud para la declaratoria ante la UNESCO fue enviada el 30 de marzo de 2021 por el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y por los cuatro pueblos indígenas. En AIDA aplaudimos el reconocimiento y sus implicaciones para la protección de los pueblos de la Sierra. Yeny Rodríguez, abogada del Programa de Ecosistemas, expresa: “La inclusión del sistema ancestral de conocimientos implica que para protegerlo es necesaria la protección del territorio. Solo así pueden transmitirse de generación en generación los usos, prácticas, representaciones, expresiones y conocimientos en relación con la lengua y tradición oral; la organización social; el conocimiento sobre la naturaleza y el universo; y los espacios culturales y otros elementos intangibles que se materializan en el cuidado y la protección de los bosques, ríos, fauna y flora. La inclusión del sistema en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se traduce en el deber del Estado colombiano de crear la institucionalidad y adoptar medidas jurídicas, económicas y técnicas para hacer respetar el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra. Es, en suma, un reconocimiento de que estos pueblos son portadores de conocimientos sobre la naturaleza y el universo, y que, por tanto, son actores esenciales en el sostenimiento del ambiente. De igual modo, con ocasión de esta declaratoria, se espera que el Estado adopte las medidas adecuadas para promover el acceso y la transmisión de los conocimientos relativos a la tierra y al clima de las comunidades indígenas de los pueblos de la Sierra, respetando al mismo tiempo las prácticas tradicionales que han permitido su pervivencia y su transmisión por generaciones”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107

November 17 2022 Minería, Fuentes de Agua Dulce

Organizaciones defienden los límites del Páramo Los Nevados de la demanda de AngloGold Ashanti que busca reducirlos

Este jueves 17 de noviembre, organizaciones ambientalistas, sociales y defensoras de derechos humanos radicarán coadyuvancias (1) en defensa del Complejo Páramo Los Nevados, como parte del proceso en el que se discute su delimitación y para afrontar las pretensiones de la multinacional AngloGold Ashanti de cambiar los límites del páramo para favorecer al proyecto minero La Colosa (Cajamarca, Tolima), cuestionado por comunidades y especialistas por los impactos ambientales que implica. La multinacional demandó el acto administrativo que delimitó el complejo de páramos, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. AngloGold Ashanti pretende modificar la delimitación en una zona que coincide con la influencia del proyecto minero. La demanda, presentada el 12 de junio de 2017, afirma que las áreas que se pide excluir de la delimitación no integran el ecosistema de páramo y que el rechazo de su petición configuraría un daño especial que deberá ser reparado con el pago de un monto millonario. Según las organizaciones, las pretensiones de la multinacional son una amenaza para la vida pues suponen la reducción de los límites de Los Nevados, un ecosistema fundamental para la provisión y regulación de agua. Las coadyuvancias para apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible surgen de la articulación de varios actores para la defensa de Cajamarca: el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Semillero en Estudios sobre Minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, entre otros. Para la CCJ, "existen en Colombia múltiples disposiciones jurídicas que contradicen y dejan sin piso las pretensiones de AngloGold Ashanti de excluir al Complejo de Páramos Los Nevados de la zona de influencia del proyecto minero La Colosa. Estas pretensiones desconocen que el bioma paramuno se compone de varias franjas que deben ser protegidas en su conjunto para asegurar íntegramente su riqueza natural. Acoger estas prestensiones representaría un retroceso en la protección, conservación y preservación de estos ecosistemas, además de una violación flagrante de la normatividad vigente y de los estándares nacionales e internacionales en la materia". Por su parte, Sara Sofía Moreno, abogada del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, indicó que la demanda de AngloGold Ashanti "no solo desconoce la importancia de los ecosistemas de páramo y la conectividad entre las áreas de importancia ambiental, sino que, una vez más, ataca la decisión del pueblo de Cajamarca de prohibir la minería en su territorio. Además, la empresa reclama una cuantiosa indemnización por no poder continuar con el proyecto minero La Colosa, en contravía de la prevalencia de la protección del ambiente frente a los intereses económicos de particulares". Yenny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), enfatizó: "Los páramos son la fuente del 70% del agua dulce del país. También capturan dióxido de carbono (CO2), elemento que contribuye al efecto invernadero y calienta el planeta, por eso son cruciales para mitigar la crisis climática. Abrir la puerta a la minería de oro a cielo abierto en el páramo Los Nevados puede generar impactos a perpetuidad en el ecosistema, afectar la vocación agrícola de Cajamarca, el agua dulce y la biodiversidad del país". Para integrantes del Semillero en Estudios Sobre Minería de la Universidad de Antioquia, "la demanda no debe prosperar no solo porque está errada en términos técnicos sobre qué es un páramo y cómo debe delimitarse, sino porque es clara la pretensión de esquivar los límites constitucionales y legales establecidos para proteger los páramos de actividades mineras, como uno de los deberes de respeto y protección que tiene el Estado respecto del derecho fundamental al medio ambiente sano". Para el grupo de coadyuvantes, es fundamental contribuir a la defensa de los derechos humanos y ambientales de las comunidades desde la protección de ecosistemas tan sensibles, complejos y fundamentales como los páramos. Con esa convicción, las organizaciones desarrollarán esta y otras acciones conjuntas para garantizar la protección del páramo como ecosistema estratégico y para defender la decisión del pueblo de Cajamarca. Intervención de terceros interesados en un proceso judicial, con el fin de apoyar los argumentos de una de las partes a lo largo del proceso. (1) Intervención de terceros interesados en un proceso judicial, con el fin de apoyar los argumentos de una de las partes a lo largo del proceso. Contactos de prensa Sara Sofía Moreno Gallo, SIEMBRA, [email protected], +57 300 5683 333 Yeny Rodríguez Junco, AIDA, [email protected], +57 310 7787 601 Paola Sánchez Cepeda, CCJ, [email protected], +57 321 8749523 Adriana Sanin, Semillero Estudios sobre Minería U. Antioquia, [email protected], +57 301 7855 033

August 12 2022 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Envían alerta internacional sobre amenazas a reservas forestales y comunidades rurales en Colombia

La alerta fue enviada a las secretarías a cargo de tratados internacionales que se verían desconocidos por la aplicación de la Resolución 110 de 2022 del Ministerio de Ambiente. En ella se pide instar al gobierno a que revoque la norma y la reemplace con instrumentos que respondan a las obligaciones de Colombia en materia de ambiente, clima y derechos de comunidades rurales. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC) mandaron una alerta internacional acerca de los riesgos que una regulación expedida por el gobierno colombiano implica para las reservas forestales y humedales del país, así como para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que allí habitan. La regulación a la que se hace referencia es la Resolución 110 de 2022, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. "Esta regulación flexibiliza el control ambiental y los requisitos para desarrollar actividades como la exploración minera y petrolera en áreas de reserva forestal; cuya conservación es clave en la lucha contra la crisis climática y la deforestación", dijo Yeny Rodríguez, abogada de AIDA. "Pese a ello, la norma fue emitida en desconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y a la participación de los pueblos que habitan estos puntos críticos de biodiversidad". La alerta fue enviada a las autoridades a cargo de tratados internacionales adoptados por el Estado colombiano: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre los Humedales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el documento se detalla la importancia ecológica y social de las reservas forestales, además de los potenciales impactos de realizar en ellas actividades extractivas. Con la Resolución 110 de 2022, el gobierno nacional modificó la regulación referida a la sustracción de territorio de una reserva forestal para la realización de actividades económicas en ella. Dicha norma "eximió a algunos sectores y actividades del trámite de sustracción de reserva forestal, permitiendo que puedan adelantarse algunas actividades contaminantes sin el control de la autoridad ambiental. Además, flexibilizó el trámite para la obtención de los permisos de sustracción de reservas forestales", se lee en la alerta. En ese sentido, en la alerta se demuestra que la norma: incentiva la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, así como la técnica del fracking; incentiva la actividad minera; desconoce los múltiples impactos ambientales que la exploración minera o petrolera pueden generar; impide la recuperación y reparación de territorios deforestados; ignora afectaciones socioambientales que pueden generarse por el traslape de las áreas de reserva forestal con pueblos étnicos y población campesina; suprime el control y seguimiento ambiental; y desconoce los fines de las reservas forestales. En la alerta, AIDA y la RJAC solicitan a las autoridades a cargo de los tratados internacionales instar al gobierno de Colombia a que: Revoque la Resolución 110 de 2022 en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de mitigación del cambio climático, reducción de la deforestación, preservación de la diversidad biológica y protección de comunidades rurales. Garantice el cumplimiento de estándares constitucionales e internacionales respecto de la protección de las zonas de reserva forestal en Colombia. Reemplace la resolución con instrumentos que respondan a dichas obligaciones y que los mismos se construyan mediante procesos que garanticen los más altos estándares del derecho a la participación real y efectiva y a la consulta previa de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del país. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107

July 22 2022 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Empresa irlandesa compradora de carbón colombiano será investigada por falta de debida diligencia en derechos humanos

La OCDE aceptó una queja interpuesta por la sociedad civil contra la estatal irlandesa ESB por faltar a una conducta empresarial responsable en la compra de carbón a Cerrejón. El Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Irlanda, aceptó evaluar la queja interpuesta contra la empresa estatal irlandesa The Electricity Supply Board (ESB) —compradora del carbón de la empresa Carbones del Cerrejón, operadora de la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica— por su falta de debida diligencia en materia de derechos humanos. La queja fue presentada en enero de 2021 por una coalición de organizaciones nacionales e internacionales —compuesta por el CAJAR, CINEP, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), GLAN, ABColombia, Ask y Christian Aid—, con el respaldo de varios liderazgos de comunidades indígenas Wayuu y afrocampesinas que han sido afectadas históricamente por este megaproyecto extractivo de explotación de carbón. Por años, ESB —considerada la empresa de energía más importante de Irlanda— ha comprado carbón de la mina de Cerrejón, ubicada en La Guajira, Colombia, para utilizarlo en su central eléctrica de Moneypoint en el Condado de Clare. El reclamo denuncia el incumplimiento por parte de la empresa, en su calidad de compradora, de los estándares de debida diligencia y conducta empresarial responsable en materia ambiental y de derechos humanos que la OCDE dicta. Además, en la queja se alega que ESB no ha tomado las acciones necesarias para incidir en la debida diligencia de Carbones de Cerrejón en cuanto a identificar, mitigar y prevenir los abusos a los derechos humanos vinculados a la mina, a pesar de la evidencia bien documentada de graves violaciones a comunidades indígenas Wayuu y afrocolombianas que incluyen afectaciones ambientales y amenazas a personas defensoras. Luego de una etapa de evaluación inicial de la queja, el pasado lunes 18 de julio, el PNC del gobierno irlandés hizo pública una declaración inicial en la que se señala que se encontraron motivos suficientes para que las cuestiones planteadas tengan un examen más profundo. Para las organizaciones denunciantes, la compra del carbón colombiano por parte de ESB se ha realizado pese a que la compañía ha tenido conocimiento de que dicho carbón proviene de una mina con múltiples evidencias de graves violaciones a derechos humanos y afectaciones ambientales en el territorio de comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes. La misma empresa, en su página oficial, declaró: “ESB es muy consciente de la difícil historia de Colombia que ha tenido graves impactos en su población durante muchos años. También estamos al tanto de los temas reportados en los medios de comunicación en relación con la mina Cerrejón, muchos de los cuales están relacionados con la historia de Colombia. Estamos comprometidos a permanecer atentos a todos estos problemas y continuaremos colaborando con Bettercoal para ejercer influencia e impulsar mejoras. Traemos estos problemas a Bettercoal para su evaluación como algo habitual”. Aunque la empresa ESB había señalado que dejó de comprar carbón de Cerrejón en 2018 por las violaciones a derechos humanos, recientemente anunció que a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania reanudaba la compra de este carbón para los próximos meses: “hace seis años, Irlanda dejó de comprar carbón colombiano, aduciendo preocupaciones de derechos humanos, y recurrió a Rusia para obtener el combustible fósil. Ahora, la nación europea reanudó las compras a Colombia”. En su reciente visita a La Guajira, en abril de este año, el parlamentario irlandés Gary Gannon criticó a ESB por reiniciar las importaciones de carbón de Cerrejón. “Gary Gannon, quien viajó a Colombia en abril como parte de la delegación parlamentaria, dijo que había visto con sus propios ojos el devastador impacto ambiental de la mina y el dolor de las comunidades indígenas desplazadas de sus tierras para su expansión. “Hay un doble rasero preocupante en este regreso a Cerrejón”, dijo. “Con razón le decimos no al carbón ruso luego de la invasión de Ucrania, reconociendo el impacto que nuestras decisiones comerciales pueden tener en los derechos humanos. Pero ese estándar debe aplicarse en todas partes, incluso en Colombia”. En palabras de la lideresa Wayuu Jakeline Romero Epiayu: “Los países europeos, con total hipocresía, nos envían mensajes de descarbonización, de abandonar el uso de materiales fósiles, pero repentinamente vuelven a poner a Colombia y a La Guajira en su foco para comprar este carbón que siguen necesitando, este carbón que hemos dicho incansablemente va manchado de sangre, manchado de la vida de hombres, mujeres, niños y niñas Wayuu”. En la queja se solicitó entre otras recomendaciones que ESB ponga fin a su relación comercial con la compra del carbón colombiano; que emita una declaración pública reconociendo la necesidad de este cese; que pida a las empresas matrices de la mina que inicien el cierre progresivo de la misma y remedien sus impactos; que recopile y publique una política eficaz de derechos humanos y que emita una disculpa formal a las comunidades afectadas. Tras la emisión de esta evaluación inicial, el PNC irlandés preguntará formalmente a las partes si están dispuestas a participar en una mediación con el objetivo de alcanzar una resolución respecto de las cuestiones planteadas en el reclamo. La oferta de buenos oficios es voluntaria para ambas partes. Si no es posible una solución mediada, el PNC de Irlanda realizará un examen del reclamo y reflejará el resultado en una Declaración Final que puede incluir recomendaciones sobre la implementación de las directrices de la OCDE. El PNC de Irlanda señaló también que aún está tramitando otra de las quejas contra CMC Coal Marketing Company, empresa domiciliada en Dublín responsable de la comercialización y venta del carbón de la mina del Cerrejón. En el contexto actual de una demanda creciente de compradores del carbón de Cerrejón a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta queja lanza un mensaje importante de cuestionamiento de las obligaciones de respeto de los derechos humanos y deberes de debida diligencia empresarial a los países y compañías que compran y consumen este carbón. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Centro de Investigación y Educación Popular Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA) Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107

July 08 2022 Fracking, Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Consejo de Estado avala reglamentación del fracking en un fallo regresivo que desconoce principios y compromisos ambientales y de derechos humanos

Bogotá, Colombia. Al resolver la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte —coadyuvada por la Corporación Podion, AIDA y las clínicas jurídicas de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes—, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la reglamentación —contenida en el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014— para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracking o fracturación hidráulica. En el marco del litigo, existía una moratoria judicial al fracking en Colombia desde 2018, cuando el alto tribunal suspendió preventivamente la reglamentación con base en el principio de precaución y por la falta de certeza sobre los riesgos de daños irreversibles que la técnica implica para el ambiente, el clima y las personas. La sentencia del Consejo de Estado deja viva la reglamentación del gobierno y levanta la moratoria, pero no exonera a las autoridades nacionales y locales de proteger el ambiente y respetar los derechos fundamentales de la población a tiempo de consolidar la política minero energética. “El Consejo de Estado ha emitido una decisión contraria a los hechos probados en el litigio; desconociendo el peritaje realizado por la Universidad Nacional de Colombia, el informe de la comisión de expertos, el concepto de la Procuraduría General de la Nación y el resto de pruebas documentales y textos científicos que evidenciaron la necesidad de prohibir esta técnica en virtud del principio de precaución”, señaló Juan Pablo Sarmiento, abogado demandante del caso. “Además del principio de precaución, el fallo desconoce los compromisos climáticos internacionales de Colombia y el principio de solidaridad intergeneracional pues ignora los derechos fundamentales de las generaciones futuras”. El fracking ha sido valorado por académicos y científicos nacionales e internacionales como una técnica experimental que amenaza el aire, el agua, la salud humana, la participación democrática, el tejido social y la cultura, los sistemas de conocimiento tradicionales, la biodiversidad y, en el largo plazo, la estabilidad económica, sismica y climática. Además, es una técnica que genera contaminación atmosférica debido a emisiones de metano (CH4); un gas potente cuyo potencial de calentamiento es entre 84 y 87 veces mayor que el dioxido de carbono (CO2) en una escala de 20 años. “En América Latina y en el mundo, muchos países han prohibido el fracking por sus impactos en el ambiente y para precautelar los derechos humanos”, afirmó Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte del equipo litigante. “La sentencia del Consejo de Estado en Colombia es regresiva y va en contra los avances internacionales en materia ambiental, climática y de derechos humanos”. Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, consideró que el levantamiento de la moratoria judicial al fracking “deja abierta la posibilidad de avanzar con este tipo de proyectos”, cuyos contratos estaban suspendidos. “Es necesario que el fracking cuente con licencia social porque varias regiones del país han sido consideradas como potencial para la implementación de esta técnica”. De su lado, Juan Felipe García, abogado de la Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana dijo que el Consejo de Estado “perdió una gran oportunidad para robustecer, por la vía judicial, una regulación que múltiples expertos consideraron débil para proteger el ambiente y la salud pública”. Añadió que “está en manos del gobierno nacional y del Legislativo garantizar a la sociedad la protección del principio de precaución y la participación democrática en materia ambiental”. Silvia Quintero, asesora jurídica de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, aclaró que la decisión del máximo tribunal administrativo del país “no es una carta abierta para realizar fracking en Colombia. “El gobierno debe garantizar integralmente el derecho a la participación y a la vocería de las comunidades en la toma de decisiones acerca de los proyectos que puedan generar impactos ambientales en sus territorios, así como la seguridad y protección de las y los líderes ambientales que defienden sus territorios”. Contactos de prensa: Juan Pablo Sarmiento, [email protected], +573005514583 Yeny Rodríguez, AIDA, [email protected], +573107787601 Juan Felipe García, Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, [email protected], +573125588889 Lizeth Gómez, PODION, [email protected], +573176430036