Colombia

Lago de agua cristalina en el páramo de Santurbán.
Minería, Fuentes de Agua Dulce

La mina escondida que amenaza el agua en Colombia

Para mí, algo vivo como el agua no puede ser compensado con algo muerto como el oro u otros metales. Cuando se discute sobre proyectos mineros que ponen en riesgo ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos, se suele argumentar que toda actividad humana genera impactos, algo obvio que no resuelve el problema de fondo. ¿Cuándo empezaremos a reciclar en lugar de extraer recursos? ¿Cuándo vamos dejar de otorgarle valor a algo escaso, pero tan corriente como el oro? ¿Cuándo trataremos con un respeto duradero a entornos de los que depende nuestra vida y la de otros seres que también tienen derecho a existir? Tener en cuenta lo anterior es crucial no solo para Colombia, de donde soy, sino también para el resto de países de América Latina. En septiembre supe que había sido publicado el Estudio de Impacto Ambiental de un nuevo proyecto minero ubicado en los municipios de Suratá y California, cerca del páramo de Santurbán, fuente de agua para más de un millón de personas en Colombia. Esta vez es una corporación internacional la que pretende llevar a cabo la propuesta. Busca extraer oro, plata y otros metales del subsuelo. En el pasado, y desde hace casi 10 años, otras empresas han intentado desarrollar en la zona actividades mineras a gran escala, pero han fracasado debido a los daños potenciales que sus proyectos implican para el páramo, ecosistema que además es un sumidero natural de carbono y hogar de especies únicas de plantas y animales. Los riesgos del proyecto, bajo la lupa Según la empresa, no habrá grandes acumulaciones permanentes de escombros, una gigantesca cicatriz imborrable en las montañas, una inmensa presa de lodos tóxicos, ni un uso de sustancias peligrosas para obtener el oro. Ni siquiera veremos intrincadas redes de vías serpenteando entre las cuencas de Suratá y California. Lo anterior suena bien, pero ¿es garantía de que la mina será sostenible o es una propuesta diferente sólo en apariencia? Veamos. El nuevo proyecto implica la perforación de un inmenso sistema de túneles de por lo menos 2,000 metros de largo, 900 metros de ancho y 780 metros de profundidad (poco menos de la altura del edificio más alto del mundo, que está en Dubai). Además, la mina se construirá en dos sectores —en dos cuencas y dos municipios diferentes—, unidos por dos inmensos túneles de 5,800 metros de longitud, lo cual equivale casi al tamaño de la ciudad colombiana de Bucaramanga de norte a sur. De acuerdo con la empresa, el único botadero estará ubicado cerca de la mina y los desechos serán secos, lo cual depende ampliamente de un mantenimiento adecuado de la red de drenaje y de otros factores que, tras el cierre de la mina, probablemente ni la corporación ni el Estado podrán controlar. Por otro lado, los impactos de las perforaciones, durante la operación de la mina, en la dirección y el volumen del agua subterránea son impredecibles. Si bien la empresa sostiene que llevará a cabo labores de retrollenado de los túneles, no sería posible garantizar que la calidad y cantidad del agua en el subsuelo se conserven. Aunque la mina propuesta estaría fuera de la zona del páramo de Santurbán, se encontraría muy cerca de éste. Y al ser una mina subterránea, la perforación hecha atravesará las múltiples fracturas a través de las cuales el agua, que el páramo captura de la humedad generada en alta montaña, es transportada a ríos, quebradas y suelos. Finalmente, la empresa dice que no utilizará mercurio ni cianuro para obtener el oro y los otros metales, que los venderá o exportará a otras empresas en forma de concentrados listos para ser procesados. De ese modo se evita parte del costo socioecológico de la actividad en Colombia, pero se podría trasladar éste a otros países. Tenemos que empezar a incluir este tipo de impactos externos en la economía nacional para dejar de ignorar nuestra huella ecológica como país. La responsabilidad por los daños causados fuera de nuestras fronteras por la minería que se hace en Colombia no sólo es del comprador, sino también del Estado colombiano. Daños a gran escala Por todo lo anterior, quiero hacer la siguiente reflexión: ¿Qué impacto tendrá la mina en la calidad y en la cantidad de agua subterránea de la zona? ¿Qué riesgo implica no tener un área de amortiguamiento (de los daños) para el páramo? Una mina escondida no es necesariamente una mejor mina. Lo que se haga bajo Suratá y California, en especial a gran escala, también puede hacer mucho daño a una zona más amplia, en uno de los países más biodiversos del mundo. Esconder la basura bajo la alfombra no equivale a limpiar, ni en minería ni en economía. La protección de Santurbán, y de otras fuentes de agua en América Latina, es uno de los pilares del trabajo de AIDA, el cual llevamos adelante junto con organizaciones aliadas nacionales.  

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Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce

Esperanza para la Ciénaga Grande, semilla de la magia de Macondo

“La Ciénaga Grande es uno de los mitos de mi infancia”, Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla, 2002. Hoy supe que el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia dio un paso sin precedentes para salvar uno de los ecosistemas fundamentales para la identidad del país: la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como colombiana y como abogada ambientalista, sentí gran alegría y también un orgullo inmenso por el trabajo de mis colegas en AIDA que —junto con nuestros aliados de la Universidad del Norte, la Universidad de Florida y otras personas comprometidas con la defensa ambiental— buscan la preservación de la Ciénaga. El gobierno inscribió oficialmente al sitio en el Registro Montreux, una lista mundial de humedales que están en riesgo de desaparecer, y que permitirá a ese país contar con apoyo técnico y financiero especial para salvar al sitio. Cuando escuché la buena noticia, pensé inmediatamente en las mariposas amarillas de Macondo. También en el coronel Aureliano Buendía, parado frente al pelotón de fusilamiento y recordando cuando su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Me vino a la mente aquel mundo mágico creado magistralmente por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, un imaginario que nació en la Ciénaga Grande de Santa Marta. A comienzos del siglo XX, después de la Guerra de los Mil Días, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, abuelo del Nobel colombiano, pasó por la Ciénaga para establecerse luego en Aracataca. Y el autor, acompañado de su abuelo, atravesó varias veces la Ciénaga cuando iba a visitar a sus padres en Barranquilla. En 1950, la recorrió nuevamente junto con su madre cuando iban a vender la casa de sus abuelos. Allí encontró la chispa para contar la historia de una de las obras clásicas de la literatura universal. No exagero entonces al afirmar que sin la Ciénaga no tendríamos mariposas amarillas ni a Macondo en la memoria. En ese lugar surgió la semilla del, así llamado por la crítica literaria, realismo mágico. Por ello incluso una cachaca como yo —como nos llaman quienes habitan el Caribe a las personas del interior del país—, que vive hace años fuera de su tierra, se identifica tan profundamente con la Ciénaga. Un tesoro internacional Por ello y por muchas otras razones, en AIDA decidimos actuar en defensa de la Ciénaga, considerado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. En el sitio está la laguna costera más grande del país, que conecta las aguas dulces del río Magdalena con las del mar Caribe. Es hogar de diversas especies de mangle, bosque seco tropical y bosque ripario, así como de varias especies de animales, entre ellas a la zorra manglera, el mono aullador, el manatí, la garza roja, el pato cucharo y aves migratorias. La Ciénaga alberga además una de las mayores pesquerías artesanales, de la que dependen cientos de familias ubicadas a lo largo y ancho del entorno. Como humedal costero, es esencial para la regulación climática, la absorción de contaminantes de la atmósfera y el control de inundaciones. Pero la Ciénaga está gravemente amenazada. La expansión de la agricultura y de la ganadería, así como proyectos de infraestructura a gran escala, han causado deforestación y desvío de aguas. Y los pobladores de la zona, así como los peces y otros animales, están sufriendo las consecuencias. Por eso me uní a los esfuerzos por conservar la Ciénaga y por eso cada persona en Colombia, en la región y en el mundo, debería hacer lo mismo. La esperanza de un mañana más sano La inscripción de la Ciénaga en el Registro Montreux me llena de esperanza. Aunque es triste y hasta vergonzoso reconocer que un humedal tan esencial para el país esté en tan mal estado, es un paso importante que el gobierno reconozca valientemente la situación y está dispuesto a pedir ayuda para manejarla adecuadamente. Mis colegas y yo, y los activistas que se han unido a la causa, estamos inspirados para seguir haciendo todo lo posible para que la Ciénaga recobre su vitalidad. Y esperamos que el gobierno y otros actores de la sociedad colombiana hagan lo mismo. Al final, ¿qué sería de Colombia, de América Latina y del mundo sin las mariposas amarillas, sin la magia de la naturaleza que nos envuelve y da vida?

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Marcha contra el fracking en Colombia.
Fracking, Participación Ciudadana

En Colombia, el poder para detener al fracking está en su gente

En la lucha contra el fracking en Colombia, una pequeña ciudad está dando una gran batalla. Desde comienzos de 2016, los habitantes de San Martín, municipio ubicado a unos 480 kilómetros al norte de Bogotá, en el departamento de Cesar, se han movilizado y han protestado y resistido pacíficamente los planes del gobierno de realizar operaciones de fracking en su territorio. Organizando marchas de protesta y bloqueando el acceso de empleados de una empresa petrolera a los sitios de exploración, ciudadanos preocupados están alzando sus voces contra una industria ambientalmente dañina. Pero San Martín es sólo uno de los muchos municipios afectados por la fiebre del fracking que está desplazando a la industria del gas y el petróleo en Colombia. Ese país tiene grandes reservas de combustibles fósiles no convencionales, atrapados en depósitos estrechos de rocas de esquisto. El fracking o fractura hidráulica rompe esas rocas  —usando una mezcla de agua, arena y químicos— y libera esos depósitos, los cuales, dicen analistas, pueden generar 6.800 millones de barriles de petróleo y 55 billones de pies cúbicos de gas natural, según  la Administración de Información Energética (AIE) de Estados Unidos. Eso basta para satisfacer por décadas la demanda energética de Colombia. Si bien aún no se han iniciado operaciones de fracking en el país, existen a la fecha 12 bloques de exploración de fracking, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y una concesión han sido ya otorgada a una corporación multinacional. Se prevé que ésa y las futuras concesiones afecten a municipios en todo el territorio nacional. Colombia ha seguido el ejemplo de otros países de América Latina que han adoptado el fracking como solución rápida y sucia a su adicción a los combustibles fósiles, la cual alimenta a poblaciones necesitadas de energía. Actualmente, Argentina, Chile y México son las potencias del fracking en la región. “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, dijo en 2015 Juan Carlos Echeverry, entonces presidente de Ecopetrol, la empresa estatal petrolera de Colombia. Pero los pobladores de San Martín —como muchas otras personas preocupadas por el futuro de sus comunidades, del país y del planeta— opinan diferente. En apoyo a las y los ciudadanos de San Martín, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC) ha estado organizando una resistencia en el mismo lugar para restringir la exploración de fracking en Cesar. Otra organización, la Alianza Colombia Libre de Fracking, también está luchando: recientemente firmó una carta abierta pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos aprobar una moratoria al fracking. Aunque estos esfuerzos son parte integral de la lucha contra el fracking, también es importante librar la batalla en el ámbito local. Siempre que sea posible, ciudades y municipios pueden adoptar soluciones creativas como leyes estrictas de zonificación o referéndums para conseguir prohibir el fracking a nivel local. Esa estrategia ha tenido un éxito significativo en Brasil, donde más de 70 municipios han prohibido el fracking, frenando la expansión de la industria de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, protegiendo su ambiente. En Estados Unidos, estados como Nueva York, Maryland y parte de California han prohibido también con éxito las operaciones de fracking. De la mano de organizaciones en toda la región, AIDA trabaja con empeño para detener la expansión del fracking en América Latina. A través de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking y de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, nos enfocamos en soluciones locales que tengan potenciales implicaciones regionales. “La Alianza trabaja para promover el debate público, la concientización y la educación entre organizaciones de la sociedad civil en América Latina”, dice Claudia Velarde, abogada de AIDA. “También apoyamos los esfuerzos de resistencia local contra la expansión del fracking en el continente”. La Alianza está solicitando una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual sus integrantes demostrarán los impactos del fracking en los derechos humanos de las comunidades afectadas. Si nuestros gobiernos están decididos a seguir perforando en busca de combustibles fósiles, es tiempo de que las comunidades se pongan de pie y demanden un futuro con energía limpia y renovable. Al enfocarnos en el poder de las bases, como la gente de San Martín, nosotros también podemos demandar un futuro mejor y hacer retroceder a la industria de los combustibles fósiles.  Más Información  

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Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ramsar pide a Colombia incluir a la Ciénaga Grande en lista de humedales con daños graves

Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales, identificaron “cambios fuertes” en las características ecológicas del sitio debido a la intervención humana. Recomendaron, entre otras cosas, que Colombia inscriba al lugar en el Registro Montreux, el cual incluye humedales amenazados seriamente y que requieren atención prioritaria. Bogotá, Colombia. Tras visitar la Ciénaga Grande de Santa Marta en agosto del año pasado, una misión de expertos internacionales de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, emitió un informe en el que recomienda al Gobierno colombiano incluir al sitio en el Registro Montreux, un listado de entornos bajo amenaza grave y que requieren atención prioritaria. “Dados los fuertes cambios en las características ecológicas del sitio Ramsar CGSM (Ciénaga Grande de Santa Marta), se recomienda su inclusión en el Registro Montreux”, se menciona en el informe que se conoció la semana pasada. Esos cambios “requieren la toma de medidas urgentes por parte del Gobierno de Colombia que permitan mantener y recuperar su carácter ecológico y alcanzar su uso racional de acuerdo a los objetivos de la Convención”, se lee también en el documento. Entre los cambios mencionados en el informe están la sobreexplotación y contaminación de parte de las aguas de la Ciénaga, la disminución del agua dulce que recibe debido a la presencia excesiva de sedimentos y a la obstrucción de canales, la “gran pérdida” de bosques de manglar ocasionada por obras viales y de infraestructura que bloquearon flujos de agua, y la disminución de la población de peces. “La inclusión de la Ciénaga en el Registro Montreux puede permitir la obtención de ayuda económica, mediante fondos otorgados por la Ramsar Wetland Conservation Fund, así como de apoyo y asesoría técnica por parte del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención Ramsar, que puede generar recomendaciones para la recuperación y conservación del ecosistema”, explicó Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. Además de esa medida, en el informe de Ramsar, se recomiendan otras dos soluciones ante la degradación ambiental del sitio: realizar un dragado efectivo con base en un nuevo diseño hidrológico, y fortalecer la coordinación interinstitucional en el manejo del lugar. “Es clave que el Gobierno colombiano siga al pie de la letra las recomendaciones de Ramsar y que implemente lo antes posible las mejoras y cambios necesarios en el manejo del sitio”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lejos de ser una lista negra, el Registro Montreux es una oportunidad para que los gobiernos se muestren responsables con los recursos naturales que requieren atención urgente”. La visita de los expertos al sitio, realizada del 22 al 26 de agosto de 2016, se concretó tras la petición hecha en ese sentido el 2014 a la Secretaría de Ramsar por AIDA, la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida, con el acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena. “Esperamos que el gobierno haga público el informe de manera oficial”, resaltó Vilardy. “El documento menciona que es imperativo reestablecer el balance hídrico del complejo de humedales, haciendo énfasis en la revisión de las concesiones de agua de los ríos que alimentan a la Ciénaga”. NOTA: Más información disponible aquí. Contactos de prensa: Gladys Martínez, abogada de AIDA, +506 8321 4263, [email protected] Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, +57 300 5640282, [email protected]  Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, +57 300 5514583, [email protected]  

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Minería, Participación Ciudadana

4 razones para respetar el NO de Cajamarca

(Texto publicado originalmente en Animal Político) “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. El 26 de marzo pasado, la pregunta fue sometida a consulta popular en esa ciudad colombiana. En un resultado que sienta un precedente para el resto del mundo, el 98 % de los votantes (6,165) rechazó la minería en su territorio, específicamente La Colosa, un megaproyecto de mina a cielo abierto que podría implicar, entre otros daños, la potencial contaminación de fuentes de agua. Ese resultado implica que las autoridades de Cajamarca deben ahora emitir los reglamentos necesarios para asegurar que la decisión del pueblo de prohibir la minería en su territorio se cumpla. Sin embargo, en caso de existir dudas sobre el cumplimiento del mandato popular, presento a continuación cuatro razones de peso, basadas en el derecho internacional, por las que es obligatorio acatar la decisión de Cajamarca. El derecho internacional está conformado por las normas internacionales que regulan las leyes de Estados como el colombiano. Según el mismo: 1. La consulta popular garantiza la participación democrática, que es un derecho humano En el marco de Naciones Unidas, el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966), establece que “la oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, directamente o por conducto de representantes libremente elegidos”, es un derecho humano. Así también lo dispone, en su artículo 23, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969). Por lo anterior, los Estados están obligados a implementar medidas para garantizar que todas las personas participen individual o colectivamente en las decisiones que les afectan directamente. En Colombia, la consulta popular está contemplada en la Constitución como un mecanismo que hace posible dicha participación. Entonces, respetar los resultados de una consulta es indispensable para garantizar el pleno ejercicio democrático y los derechos humanos. 2. La consulta popular permite la participación de comunidades para garantizar su derecho a un ambiente sano Según el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda…”. Este principio no sólo ha sido reconocido a nivel internacional como necesario para lograr un desarrollo sostenible, sino que es parte de la legislación ambiental de Colombia. La consulta popular en Cajamarca puso en marcha la aplicación del Principio 10. Las actividades mineras, especialmente aquellas de gran escala como el proyecto minero La Colosa, pueden afectar gravemente el ambiente y las formas de vida de las comunidades. Por ello su participación en las decisiones sobre actividades de ese tipo es esencial para garantizar su derecho a un ambiente sano. Otras instancias internacionales han reconocido la importancia de tomar en cuenta a las comunidades en decisiones relativas a su desarrollo. Por ejemplo, el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana (2001), adoptada en el marco de la OEA, señala: “[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”. 3. La consulta popular hace realidad la prevención ambiental Herramientas de derecho ambiental internacional como la Declaración de Estocolmo (1972) y la Declaración de Río, reconocen la importancia de prevenir daños ambientales antes que ocurran, lo que implica adoptar medidas previas. Los habitantes de Cajamarca, conociendo los impactos graves que la minería puede tener en su territorio, especialmente megaproyectos como La Colosa, impulsaron la consulta popular. El resultado de esa votación evidencia que la comunidad quiere evitar los daños ambientales de los proyectos mineros y que dio un mandato a las autoridades para adoptar medidas en ese sentido. 4. Existen límites al derecho al desarrollo de los Estados De acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Estados tienen el derecho al desarrollo, lo que implica que pueden explotar sus recursos naturales incluso a través de concesiones. Sin embargo, el Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que puedan verse afectadas por proyectos orientados a conseguir ese desarrollo[1]. En ese sentido, el incumplimiento de normas ambientales y sobre derechos humanos, puede derivar en daños a las personas y a entornos naturales y violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2]. La decisión expresada legítimamente por la población de Cajamarca protege los recursos naturales de los efectos nocivos de la minería. Por tanto, su cumplimiento es necesario para garantizar derechos civiles, políticos y el derecho a un ambiente sano en Colombia, así como para servir de ejemplo a otros países de la región. Así lo confirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El progreso social y la prosperidad económica solo se pueden mantener si nuestros pueblos viven en un entorno saludable y nuestros ecosistemas y recursos naturales se utilizan cuidadosamente y de manera responsable”[1].  El derecho internacional respalda firmemente la consulta popular y sus resultados. El Estado colombiano, en todos los niveles, debe honrar sus obligaciones y acatar la decisión. El mundo sigue con atención la experiencia de Cajamarca, un ejemplo global de participación ambiental a nivel local. [1] CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997. [2] CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997. [2] CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc. 10 rev. 1, 24 de abril de 1997.

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Minería, Participación Ciudadana

Victoria en Colombia: Ciudadanos votan para prohibir la minería en su territorio

El 26 de marzo de 2017, 98% de los votantes de Cajamarca, Colombia, rechazaron de manera decidida la minería en su territorio. Según la legislación colombiana, los resultados de la consulta popular son vinculantes. Las autoridades municipales deben emitir ahora regulaciones para implementar la prohibición. AIDA fue parte del equipo legal que asesoró a la comunidad de Cajamarca y que desarrolló una estrategia, que incluyó la consulta popular, para detener el proyecto de una mina que amenaza con contaminar fuentes de agua. Se trata de La Colosa, proyecto a cargo de la empresa AngloGold Ashanti que estaba en fase de exploración. El nombre es apropiado porque estaría entre las 10 minas de oro a cielo abierto más grandes del mundo, y sería la segunda más grande de América Latina. En un país que está saliendo de un conflicto armado que duró 50 años, la consulta popular constituye una victoria no solo para el ambiente, sino también para la democracia. Prohibir la minería a través de la consulta popular, demuestra un compromiso para resolver los problemas ambientales de forma pacífica y participativa. Permite además que los ciudadanos ejerzan su derecho humano a ser parte de los asuntos públicos que les afecten directamente —elemento fundamental de la verdadera democracia— , y defiendan también su derecho a un ambiente sano.  

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Avioneta rocía una mezcla química con glifosato sobre cultivos y cerca de una casa.
Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

¿Por qué Colombia no debe reanudar la fumigación aérea con glifosato?

En 2015, el Gobierno de Colombia apostó por el ambiente y la salud humana cuando decidió suspender en el país la fumigación aérea de cultivos considerados ilícitos con glifosato y otros químicos. Sin embargo, existe un proceso judicial en curso ante la Corte Constitucional colombiana al cabo del cual podría haber un fallo que abra camino para una posible reanudación de ese tipo de fumigación. Dicha práctica tiene su origen en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), parte del llamado Plan Colombia, lanzado hace casi dos décadas con el apoyo de Estados Unidos. La Corte deberá decidir ahora si la fumigación respeta o no los derechos humanos. En AIDA creemos firmemente que la respuesta es no. A continuación les contaré porqué Colombia no debe retroceder en sus esfuerzos de evitar los impactos negativos de la fumigación aérea con glifosato en comunidades y ecosistemas. Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para las personas. También se ha reconocido, a partir de información científica, que puede causar problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas.[1] Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mezcla de glifosato y la forma en que se utiliza, amenaza la biodiversidad, especialmente a peces y anfibios. El Principio de Precaución “Principio 15. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” Así está definido el principio de precaución en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Su objetivo es evitar riesgos inciertos, graves e irreversibles para las personas y el ambiente. El principio está incorporado en la legislación colombiana desde 1993 y, en el caso de la fumigación aérea con glifosato, es claramente aplicable. De hecho, con base en el mismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió, en septiembre de 2015, suspender el Plan de Manejo Ambiental del programa de fumigaciones y detenerlas. Aunque no se cuenta con estudios sobre la dimensión de los impactos de la implementación del programa, existe evidencia científica sobre los impactos graves e irreversibles del glifosato en la salud humana y el ambiente. En consecuencia y en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado colombiano debe seguir aplicando el principio de precaución para proteger a la población y al patrimonio natural del país de los daños del glifosato y demás químicos nocivos. Ante la Corte Los argumentos mencionados arriba fueron presentados también ante la Corte Constitucional por AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, como parte del proceso judicial relacionado con el programa de fumigaciones. Le dijimos a la Corte que aún es necesario que el Estado mantenga la suspensión de las fumigaciones para evitar la consumación de los daños de su implementación durante muchos años. Hasta no contar con estudios científicos objetivos, independientes e integrales que demuestren que el programa de fumigaciones es seguro, dicha actividad no puede ser reactivada. Los estudios deberán tener en cuenta las características específicas del programa y las condiciones ambientales y sociales de los lugares afectados. Asimismo, se deberá considerar los impactos ambientales acumulativos. El proceso judicial responde a una acción legal presentada por el municipio de Nóvita, región del Chocó, contra varias entidades del gobierno por vulnerar derechos fundamentales de comunidades indígenas y afrodescendientes a raíz de la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca y amapola en la zona. AIDA apoyó esos esfuerzos locales con argumentos de derecho internacional, abogando por la aplicación del principio de precaución para velar por la salud y el ambiente. Quedamos ahora a la espera de la decisión de la Corte sobre un tema de trascendental importancia para el país y el continente. ¡CONSULTA el documento que AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia presentaron ante la Corte Constitucional! [1] http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/informe-c-comision-asesora.pdf

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Minería, Fuentes de Agua Dulce

El páramo de Santurbán: Un lugar más cerca del cielo

La Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, le dijo “no” al proyecto minero Angostura en el páramo de Santurbán, Colombia. ¿Qué implica esa decisión? Con ella, se da un paso importante en la protección de un sitio único y de valor incalculable. En Santurbán, las rocas se convierten en guardianes de espejos de agua que imitan al cielo. Frailejones escoltan y vigilan los vestigios de glaciares. Los cóndores posan sus ojos sobre los visitantes. Allí, el cielo está más cerca. Santurbán es un páramo, un ecosistema exclusivo de los Andes. La empresa canadiense Eco Oro Minerals fijó su mirada en el sitio porque así como es rico en agua, también lo es en minerales. La CFI había invertido en la empresa y en su proyecto Angostura. Pero, a finales de 2016, tomó la sabia decisión de retirar su inversión. Ello implicó una victoria importante en la lucha por preservar el agua de millones de personas. Pero, ¿qué es exactamente lo que se salva? ¿Qué magia tiene Santurbán que enamora? Alberto Peña Kay, fotógrafo y senderista, enlista con retratos del páramo las razones que le inspiran a cuidar este ecosistema único: Los frailejones (espeletias) son plantas endémicas que por las drásticas condiciones del clima de los páramos, se han adaptado de forma única para sobrevivir al frío, la alta radiación ultravioleta y la escasez de nutrientes.    Las hojas suculentas de los frailejones absorben el agua de la neblina y la conservan en su tronco. A veces, sólo crecen un centímetro al año. “Cuando conocí este páramo y lo retraté, me di cuenta que debía seguir visitándolo. Me inspiró a seguir más con mi pasión por la fotografía”.  “Muchos no lo ven así y casi siempre lo ven con ojos de ganancias por la explotación minera”.  “En su máxima expresión, vemos que tiene potencial y es algo que podemos perder. Son muchas las razones para conservarlo”.  ¿Por qué? “Primero, está en mi región, en el gran Santander. Segundo, su biodiversidad: allí hay íconos como el cóndor, el puma y el frailejón. Tercero, abastece de agua a más de la mitad de los nortesantandereanos y santandereanos”. “Desde que conocí el páramo de Santurbán, me di cuenta que se puede llegar más cerca del cielo”.  Santurbán habla por sí mismo. ¡Salvar este trozo de cielo en la tierra, bien vale la pena!

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Minería, Fuentes de Agua Dulce

Banco Mundial retira inversión de la empresa Eco Oro Minerals y su proyecto minero en el páramo de Santurbán

En un avance importante para la protección de los páramos, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, toma la decisión positiva de retirar su inversión de la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals, cuyo proyecto minero de oro Angostura está ubicado en el páramo de Santurbán, entorno natural que abastece de agua a millones de personas en Colombia. Bogotá, Washington, Ottawa, Amsterdam. La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, decidió retirar su inversión en la empresa canadiense Eco Oro Minerals. El proyecto minero Angostura, a cargo de Eco Oro, está ubicado en el páramo de Santurbán, Colombia, un ecosistema de alta montaña que provee de agua a millones de personas en el país. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. “Aplaudimos esta decisión del Banco, que le da la razón al Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán sobre la inviabilidad de la minería en el páramo”, sostuvo Alix Mancilla, representante del Comité. “Ahora pedimos al gobierno colombiano que se abstenga de otorgar licencias ambientales a cualquier proyecto minero que afecte a Santurbán”. “El retiro de la inversión por parte de la CFI es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurbán”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El gobierno colombiano debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la minería a gran escala en páramos, que es ilegal”. La CFI toma su decisión tras la publicación de un informe de la Oficina del Asesor en Cumplimiento del Banco Mundial (CAO, por sus siglas en inglés), un mecanismo independiente de quejas, en el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contrariando las políticas internas de la institución financiera. En 2012, el Comité, con asesoría de las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado, presentó ante la CAO la queja que dio origen al informe en mención. "Después de una intensa presión pública, la CFI por fin escuchó el mensaje y al retirar la inversión, lo amplifica. La decisión de retirarse fortalece el derecho del Estado colombiano para legislar sobre el interés público y proteger su agua. Aplaudimos esta decisión de la CFI, la cual tendrá repercusiones para todos los colombianos", declaró Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL). La decisión de la CFI también sucede en el contexto del anuncio de la empresa Eco Oro, quien ha iniciado una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial. La medida se habría presentado por las decisiones adoptadas por el Estado para proteger sus páramos. “El interés de Eco Oro Minerals en Colombia ya no es la mina, sino extorsionar a un Estado soberano por millones de dólares y presionar para debilitar las protecciones para el agua colombiana. Con el retiro, la CFI no solo libera al Banco Mundial de un claro conflicto de interés, sino que también resalta la existencia de proyectos mineros desacertados en el páramo colombiano, así como la ilegitimidad de esta demanda", agregó García Zendejas. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canada, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce

Sociedad civil pide en sede del Banco Mundial el retiro de la inversión a un proyecto minero en Colombia

Organizaciones de la sociedad civil harán su solicitud ante funcionarios del organismo financiero, y discutirán la situación del páramo de Santurbán y sus defensores con representantes del Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Argumentarán que la Corporación Financiera Internacional (CFI) invirtió en una mina de oro sin tener en cuenta los impactos ambientales de la misma y desconociendo así sus propios estándares. La mina pone en peligro un ecosistema esencial para el agua de millones de personas. Washington D.C., Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil estarán en la sede del Grupo del Banco Mundial para pedir que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), brazo para el sector privado de ese grupo, retire su inversión del proyecto minero Angostura, propuesto en el páramo de Santurbán, ecosistema de alta montaña ubicado a gran altura que abastece a más de dos millones de personas en Colombia. Una investigación independiente de la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), el Ombudsman del Banco Mundial, concluyó que al momento de invertir, la IFC no tomó en cuenta los potenciales impactos ambientales del proyecto, incumpliendo sus políticas internas. A fin de realizar su solicitud, las organizaciones se reunirán con funcionarios de la IFC. También dialogarán con representantes del Congreso y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el estado del páramo y los riesgos para sus defensores. Se trata de la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, apoyada por el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) y MiningWatch Canadá. La investigación realizada por la CAO derivó de una queja presentada por el Comité y apoyada por las ONG internacionales.   La visita tiene lugar luego de que la empresa Eco Oro anunció que demandará al Estado colombiano ante un tribunal internacional de arbitramento, por la sentencia de la Corte Constitucional que reafirmó la prohibición de minería en páramos. La petición a la IFC para que retire su inversión está respaldada por una petición lanzada vía internet y con miles firmas de personas de todo el continente americano, que serán entregadas durante la reunión.  Contactos de prensa Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

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