México

Arrecifes de coral, Océanos

AIDA evidencia faltas de México al autorizar la ampliación del puerto de Veracruz

Presentamos un escrito que documenta el incumplimiento por parte del gobierno de compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. Lo hicimos para apoyar la demanda de amparo interpuesta por habitantes de la zona Metropolitana a fin de salvaguardar el interés público a un ambiente sano dado que el proyecto pone en riesgo grave al Sistema Arrecifal Veracruzano. Veracruz, México. Como apoyo a la demanda de amparo presentada por pobladores del lugar contra el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó ante el Juzgado Quinto un escrito (Amicus Curiae) con información detallada sobre los tratados y estándares internacionales en materia de ambiente y derechos humanos que el gobierno mexicano pasó por alto al autorizar el proyecto. “Al poner en riesgo al Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), el más grande del Golfo de México y cuya protección trasciende al interés público, el gobierno arriesga también el derecho a un ambiente sano de las personas que dependen de ese ecosistema de importancia internacional”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “El proyecto fue autorizado sin una evaluación adecuada sobre sus impactos”. El gobierno otorgó el permiso ambiental al proyecto el 21 de noviembre de 2013. Un año antes, en noviembre de 2012, redujo el área del SAV para viabilizar el proyecto. Al momento de autorizarlo, no se basó en la información científica necesaria para evitar daños a los arrecifes; y a los servicios que prestan a la población de Veracruz: ser fuente de pesca y servicios turísticos, así como barrera natural contra tormentas y huracanes, entre otros. El sitio es Área Natural Protegida y Humedal de Importancia Internacional. También es refugio para muchos animales, entre ellos especies amenazadas de tortugas marinas. Por ello, pobladores de la zona, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentaron una demanda de amparo contra la autorización del proyecto, recurso que fue admitido en marzo de 2017. En el escrito, AIDA argumenta las razones por las que el gobierno, al permitir el proyecto, incumplió obligaciones internacionales para proteger sus entornos naturales y a las personas que dependen de ellos. Entre ellas están las establecidas en tratados firmados por México como la Convención de la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros. “Existe en torno a los arrecifes de Veracruz, una riqueza natural que proteger y muchos beneficios derivados para la gente”, subrayó Thompson. “Con el proyecto, se pierde parte del hábitat de una gran diversidad biológica y aumentan los riesgos de embarcaciones varadas, derrame de contaminantes y pérdida de recursos pesqueros que sostienen la economía de muchas personas”. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático.   El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos  y ciclo del carbón.   Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad.   Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura.   Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son  los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural.   En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales.   El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas.   Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica.   Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”.   La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría.   Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar  

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el asesinato de la defensora ambiental y de los derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia

A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERÁN MICHOACÁN A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las 37 organizaciones reunidas en el ENCUENTRO DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO repudiamos el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien luchó por la defensa del bosque de Cherán, la construcción de su autonomía y la implementación del gobierno por usos y costumbres en esta comunidad indígena del estado de Michoacán. Responsabilizamos a los diferentes órdenes de gobierno que con sus acciones y omisiones son también partícipes de este hecho. Exigimos la verdad sobre este asesinato, justicia y castigo a los responsables. Estamos convencidos de seguir el ejemplo de nuestra compañera y continuar en la lucha por la defensa de la vida y contra los proyectos de muerte. ¡NI UNA DEFENSORA NI DEFENSOR ASESINADO MÁS! ¡RESPETO A LOS DERECHOS Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO!   ORGANIZACIONES FIRMANTES: Fondo Acción Solidaria, AC (FASOL) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Fundación Semillas de Vida – UNITONIA Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa de la Vida (VIDA) Molimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER). Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma. Consejo Indígena Nayeri Pobladores, A.C. Defensores de la Cuenca Antigua Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla y Tecolutla. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida. Ciudadanos Unidos por San Blas Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio Geocomunes Red para la Protección del Ambiente y el Territorio de Quintana Roo. Colegio de Ciencias Ambientales de Solidaridad Federación de Cooperativas Pesqueras “Pescadores Siglo XXI”. SCPP "Enrique Atondo Favela" Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. C.I. Repechique. C.I. San Ignacio, Chihuahua Alianza Jaguar C.I. Loma de Bakum Evolución Civil 2050 Consejo para la Seguridad Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta Alianza por la Costa Verde de Jalisco C.I. Nuevo San Juan Parangaricutiro Mipaltik  

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Océanos, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Cuando la naturaleza es tu mejor cliente

Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países.   Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia.  En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales.  Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA.  Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”.  Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017.   “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba.  Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.  Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.  

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Derechos Indígenas

Pueblos indígenas de América Latina exigen respeto a su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado

Advierten que los procesos de consulta se están usando como trámites administrativos y no garantizan sus derechos. Exigen que se tomen en cuenta los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Ciudad de México. Pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina, junto con organizaciones de la sociedad civil, demandaron a los gobiernos de la región garantizar con firmeza la seguridad jurídica de sus territorios, frente a la constante vulneración de sus derechos durante los procesos de consulta indígena.   América Latina es la región que ha registrado los mayores avances normativos y jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado (CPLI). De los 22 Estados que forman parte del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 14 se encuentran en América Latina. “Cabe reiterar que, para generar la institucionalidad estatal en materia de consulta y CPLI, no se requiere una ley o reglamento de consulta; además, no es posible imponer los mismos tiempos, condiciones y procedimientos a todas las comunidades indígenas, en tanto no comparten las mismas formas de toma de decisión, cosmovisión e instituciones jurídico-políticas”, dijo Daniel Cerqueira, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).   En México y en otros países de la región existen marcos normativos que privilegian a las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial a costa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, generando una asimetría de poder. Si bien existen cuerpos normativos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como protocolos y marcos nacionales normativos de consulta y el consentimiento libre, previo e informado, estos no se toman en cuenta para garantizar este derecho ni para evitar el estallido de conflictos sociales.   Honduras es un caso emblemático en la región, donde la consulta previa se ha omitido en diferentes situaciones. Olivia Zúñiga, representante de la etnia Lenca, e hija de Berta Cáceres, defensora ambiental asesinada en marzo de 2016, sostuvo que en su país las élites políticas y empresariales se siguen imponiendo a cualquier derecho de los pueblos originarios. “No es una casualidad que después del golpe de 2009 se hayan otorgado más de 300 concesiones para proyectos extractivos, sin realizar los procesos de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT”. Su madre, Berta Cáceres, se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que planeaba la construcción de una represa hidroeléctrica que iba derivar agua del Río Gualcarque, un lugar sagrado para este grupo originario. Esa oposición le costó la vida.   “El Estado de Derecho suele estar comprometido por la élites políticas y económicas, quienes mediante la concentración de riqueza, ejercen una influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas que les permite mantener sus privilegios a costa de otros, entre ellos, los procesos de acaparamiento y exclusión en el acceso a los bienes comunes naturales”, sostuvo Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. “La falta de consulta a los pueblos indígenas, o el uso de este proceso como mero trámite administrativo, profundiza las brechas de desigualdad en la región”, concluyó.   Más allá de la dimensión normativa, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos por encima de cualquier interés económico. Por ello, es necesario que las decisiones estatales, incluyendo el diseño de políticas económicas y la gobernanza sobre los bienes comunes naturales, sean respetuosas de la autodeterminación, formas de vida y prioridades de desarrollo expresadas por los pueblos y comunidades indígenas.   Este pronuncianiento se realizó en el marco del Foro Internacional “Consulta, consentimiento previo libre e informado y autodeterminación: Perspectivas críticas sobre leyes y mecanismos de implementación”, co-convocado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR Perú), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (PRODESC), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ).   Encuentra material del foro en: www.foroconsulta.net    

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Honrando la conexión de los pueblos indígenas con el río San Pedro Mezquital
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Honrando la conexión de los pueblos indígenas con el río San Pedro Mezquital

Las montañas de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste de México, se elevan como gigantes desde los humedales costeros del Golfo de California hasta el Altiplano Central del país. En estas tierras aisladas, comunidades indígenas han encontrado por mucho tiempo refugio y el espacio sagrado para mantener su cultura y su forma de vida.  El ultimo río que corre libre en la región corta suavemente estas montañas, tallando valles fértiles, llevando agua y vida a los humedales de Marismas Nacionales. Los pueblos Náyeri y Wixárika veneran al río San Pedro Mezquital, que trae vida a sus tierras y a muchos de sus sitios sagrados, esparcidos a lo largo de su curso sinuoso.   A pesar de su importancia, el río —y con él los derechos de más de 15,000 indígenas— está en riesgo debido al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El embalse de la represa inundaría 14 de sus sitios sagrados ceremoniales y amenaza su cultura y forma de vida. En mayo, tuve el honor de caminar al lado de los Náyeri y Wixárika, y de participar de una ceremonia conjunta destinada a mostrar su compromiso con la defensa de sus derechos ante el megaproyecto impulsado por el gobierno. Es un compromiso que fue reafirmado recientemente, cuando representantes de esos pueblos indígenas expusieron su caso ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  Las imágenes que capturé del peregrinaje son un testimonio de la belleza y de la fuerza de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Madre Occidental.  Dejamos la ciudad de Rosamorada en Nayarit para peregrinar hacia Keiyatsita, un sitio ceremonial sagrado en las márgenes del río San Pedro Mezquital. Caminamos en una sola fila, serpenteando entre las montañas, y luego bajamos a la orilla del río. Cuando llegamos al caudal, hicimos un ritual en el que nos marcaron con ceniza y harina de maíz criollo para que estar protegidos durante el viaje. Caminar junto a tantas personas indígenas, de todas las edades —padres y madres, niños, niñas, ancianos y ancianas— fue una experiencia enriquecedora e inspiradora.  Esta peregrinación en particular fue histórica, porque hizo de dos comunidades diferentes —los Náyeria y los Wixárika— una sola, para honrar los espacios sagrados que comparten. En una declaración conjunta, escribieron que, más allá de las razones espirituales para la ceremonia, ellos se unieron para: “unificar las fuerzas contra el proyecto hidroeléctrico 'Las Cruces' de igual forma para demostrarle al estado mexicano que no estamos solos y que no estamos aislados… Ambos pueblos originarios después de esta ceremonia histórica fortaleceremos más nuestra lucha y defensa en contra del proyecto hidroeléctrico antes mencionado desde el ámbito cultural, espiritual, política y jurídica, así mismo consolidaremos nuestros lazos con otros pueblos indígenas de México y del mundo”. Caminaron para honrar al río, para cuidar de la madre Tierra y para demostrar su compromiso con la protección de sus sitios sagrados. Los dos grupos indígenas se ven a sí mismos como guardianes de esos espacios, sitios como Keiyatsita que les brinda conocimiento y sabiduría para proteger a la Tierra. Estos sitios son vitales no sólo para su memoria histórica, sino también para su cultura e identidad.  La ceremonia sagrada en Keiyatsita comenzó por la tarde. Hubo canciones, rezos y bailes con lo que ellos expresaron su devoción a Tatei Niwetsika o Madre Maíz, la diosa nativa del maíz, en sus cinco colores: amarillo, azul, rosa, blanco y rojo. A mitad de la noche, los animales que caminaron con nosotros en medio de las montañas, fueron ofrecidos a los dioses en las aguas del río. Los rezos, las canciones y la ceremonia duraron toda la noche.  Estos sitios sagrados a lo largo del río San Pedro Mezquital son espacios vivos y parte de lo que hace a México tan rico. Son el reflejo de las culturas y tradiciones indígenas que continúan muy vivas en las montañas de la Sierra Madre Occidental. Son lugares que, por su importancia cultural y espiritual, deben ser honrados y protegidos como parte de nuestro patrimonio internacional. Los pueblos indígenas son los mayores guardianes de nuestro planeta. Y ahora, les hacemos un nuevo llamado para proteger este único y preciado lugar: el último río que fluye libre en el noroeste de México y las tierras que recorre, desde las cimas de Durango hasta los manglares de Nayarit, que tiene su salida al mar del Golfo de California. Representantes de las comunidades indígenas de Nayarit se presentaron ante Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y expresaron su oposición a la hidroeléctrica que amenaza su territorio y su modo de vida. Explicaron que no han dado ni darán su consentimiento para un proyecto que destruiría sus sitios sagrados y al río que les da vida.  ¡Conoce más de la lucha para proteger al río San Pedro Mezquital  

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Labores de rescate tras el sismo en México
Participación Ciudadana

A un mes del #19S, sigamos despiertos y en cadena humana

Llevo poco más de 13 años viviendo en la Ciudad de México. Y nunca como desde el pasado 19 de septiembre me había sentido tan orgullosa y feliz de vivir aquí. Hoy, por encima de las lágrimas, el miedo y la angustia, me quedo con la solidaridad, el amor y otras muestras de una ciudadanía despierta que resuelve problemas y actúa unida. Con todo, durante estas semanas, ha permanecido ese ánimo de ser ciudadanos, de ayudar y de compartir. Sintiendo felicidad y orgullosos de hacerlo, y en general sin dar publicidad de las buenas acciones. Eso es justamente lo que espero que podamos rescatar y mantener. En lugar de volver a ser habitantes anónimos y desconectados en esta monstruosa ciudad, habitantes temerosos de lo desconocido, de las sombras y de los otros. Convendría reinventarnos para ser y ejercer nuestra ciudadanía: ser habitantes involucrados y activos. Es lo mínimo que podemos hacer para honrar a las personas que fallecieron y que perdieron sus casas y formas de vida. Solo así habría valido la pena todo el dolor. Hace un mes, después del temblor de las 13:14, la Ciudad de México fue otra. Sus habitantes salimos a las calles a ayudar. Lo hicimos según nuestras propias posibilidades. Fue impresionante cómo pusimos nuestras profesiones, oficios y pasatiempos al servicio de los demás: medicina, ingeniería, arquitectura, cocina, albañilería, carpintería, psicología, terapia, abogacía, educación, comunicaciones, actuación, arte. Todo fue útil de una y mil maneras. El rol de vecinos y negocios fue esencial. Una gran cantidad de restaurantes y cafés ofrecieron bebidas, comida y hasta los sagrados servicios sanitarios a quien lo necesitara. Se abrieron también a la gente redes de internet y conexiones eléctricas para la carga de celulares. A ello se sumó la labor de miles de personas en sitios derrumbados, y centros de acopio y distribución de ayuda. Vimos una ciudad incansable, real, viva, despierta, conectada y solidaria. Me pregunto entonces si mantener esas prácticas generosas haría que la calidad de vida en la ciudad mejore. Podríamos salir de la vergonzosa lista de las tres peores ciudades para vivir en América Latina, publicada por The Economist. Pero aún más importante: viviríamos más seguros, tranquilos y felices. Si abordáramos los problemas de la ciudad de la forma en que actuamos durante las horas y días posteriores al sismo, muchas cosas serían diferentes. Por ejemplo, ante la corrupción, si en lugar de solo quejarnos, hiciéramos una cadena humana para denunciarla, buscar las soluciones y en efecto implementarlas, ¿te imaginas la diferencia? Si ante la contaminación ambiental, conociéramos mejor las causas y las soluciones y exigiéramos acciones efectivas al gobierno y a los responsables del daño. Si ante las irregularidades en el desarrollo urbano, evidenciadas por el sismo, hiciéramos y apoyáramos una vigilancia ciudadana para asegurar que se den seguimiento a las quejas y se cumplan códigos y normas. Si ante la inequidad, formaríamos otra cadena humana para una distribución equilibrada de los recursos allá donde se requiere. Ya vimos que se puede, ya vimos que todos podemos dar un poco más de lo que en general damos. Vimos que cuando hay confianza y encontramos el tiempo de buscar cómo y a quién ayudar, la mayor recompensa en con nosotros mismos. Así que hoy, a un mes del sismo, te invito a seguir siendo cadena humana, por nuestra ciudad, por nuestro país, por la región y por el planeta. Porque al ser protagonistas y encontrar soluciones, en lugar de ser víctimas y permanecer en la zona de quejas, podemos hacer una diferencia. Vimos que el gobierno no alcanza y que en nuestras manos está demostrarnos que podemos hacer más. De mi lado y desde mi trinchera, en AIDA, una organización regional no gubernamental, continuaré trabajando como abogada ambientalista. Con el compromiso adicional de seguir conectada con mis vecinos y comunidad para contribuir a la reconstrucción de la ciudad. Y tú, ¿qué cadena humana formaste el día del sismo y cuál quieres formar o fortalecer ahora?  

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Océanos

Alertan de riesgos por posible autorización de pesca de totoaba

Es irresponsable fomentar esta práctica sin saber el estado poblacional: ONG. Comercio “legal” de la especie hará más difícil detectar el mercado negro.  Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil señalaron de irresponsable al gobierno mexicano por haber prometido la legalización de la pesca de totoaba, especie en peligro de extinción, en el Alto Golfo de California para los primeros meses del próximo año, sin considerar que se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales antes de dar falsas esperanzas a los pescadores de la zona.   En un informe sobre las consecuencias de legalizar el comercio de totoaba, las organizaciones señalaron que aunque en México se adecúen las leyes, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares,  partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México forma parte.    El pez totoaba es una especie endémica mexicana en riesgo de desaparecer, cuya vejiga natatoria (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, pero que en el mercado asiático se vende en miles de dólares. Es por ello que está siendo capturado sin control, pese a que está prohibido. Para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba a países de Asia u otros continentes, el gobierno tendría que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro.  Lejos de ayudar a “aliviar”el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita.   Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse del comercio de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación. Así lo denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC)  y Greenpeace.   Las organizaciones ambientalistas señalaron que antes de abrir la captura de totoaba con fines comerciales, “de repoblamiento” o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población (abundancia de ejemplares) a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, más allá de la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Pesca,  el cual no se ha dado a conocer, pero podría servir de base científica si se realiza correctamente, sin inventar o excluir datos.   Es urgente conocer el número de ejemplares de totoaba para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible si el gobierno mexicano pretende reabrir el comercio de esta especie.  Según las organizaciones firmantes, otorgar  permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no  ser explotado  de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación.   Las organizaciones consideraron indispensable crear una Norma Oficial Mexicana o Programa de Manejo de pesca de la especie que establezca todas las regulaciones para garantizar una pesca sustentable que no afecte a las poblaciones silvestres, e incluya las medidas para reducir las amenazas vigentes y el aprovechamiento integral de la especie, así como las medidas que permitan la puntual y correcta vigilancia de las embarcaciones durante el proceso de pesca. Entre esas medidas pueden estar un sistema de monitoreo satelital, un programa de observadores a bordo, un sistema de video y otras. De otra manera, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello.   Actualmente existen en México seis Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMAs) de totoaba avaladas por la Semarnat. Los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez. Sin embargo, según los permisos, sólo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de juveniles con fines de repoblamiento.  Dado que el porcentaje restante se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal de las UMA es la venta de ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población.   Por otra parte, la empresa mexicana Cygnus Ocean Farms SA de CV, que ya tiene un permiso de acuacultura de fomento,  ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora.   El gobierno mexicano está enviando mensajes contradictorios pues por un lado pide a China que incrementar esfuerzos para detener el comercio ilegal de productos totoaba y prohíbe su captura en México, pero al mismo tiempo hace promesas y adopta medidas para legalizar su comercio y promover la pesca deportiva. Contactos de prensa: Edith Martínez, Greenpeace, [email protected], Cel. +52 1 55-6256-3563 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), [email protected]  Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica, Cel. 6121040604 Camilo Thompson, AIDA, [email protected], Cel. 9671302346 Juan Carlos Cantú, Defenders of Wildlife de México, [email protected], 5596-2108  

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Fortalecimiento de Capacidades, Participación Ciudadana

Lecciones de Fortaleza y Solidaridad del Terremoto en la Ciudad de México

Segundos antes de las 13:15 del martes 19 de septiembre, la Tierra nos recordó lo frágil que es la vida. En cuanto se sintió el primer movimiento y la alerta sísmica confirmó lo que pasaba, el equipo en la oficina de Ciudad de México suspendimos una llamada con personas en cinco países y salimos a la calle. Las palabras son insuficientes para describir el cúmulo de emociones que nos inundarían las siguientes horas y días.   Sentimos miedo y alegría, ansiedad y solidaridad, nerviosismo y esperanza.   Apenas dos horas antes, participamos en el simulacro en honor a las víctimas del terremoto de hace 32 años exactamente. Si bien para algunos habitantes de la Ciudad de México estos ejercicios son un protocolo repetitivo, en AIDA lo seguimos siempre pues estamos integrados por talentos de toda América Latina, algunos de ellos de regiones donde no hay sismos. Gracias a eso, supimos qué hacer.   Como pudimos, nos encontramos en el punto de reunión. Nos tranquilizó ver que los equipos de AIDA y de CEMDA —con quienes compartimos instalaciones— estaban bien. La calma nos duró poco, pues fueron llegando informes de calles cercanas. Derrumbes, fugas de gas, cortes de luz y de comunicación.   La ciudad suspendió actividades. La gente que podía se volcó a ayudar. Las calles donde hubo daños se inundaron de ríos de voluntarios. Astrid Puentes, codirectora de AIDA, dio refugio al equipo que, como pudo, regresó a sus hogares al final de la tarde. Lamentablemente, los daños dejaron inhabitable la casa donde se hospedaba una de nuestras pasantes.   Estos han sido días difíciles. Las actividades de AIDA se vieron afectadas porque nuestro equipo formó parte de las labores de ayuda. Vimos tantas muestras de solidaridad que, a pesar de la tragedia, la humildad y confianza de los y las mexicanas nos despierta una fuerza esperanzadora que jamás habíamos sentido. No existió oficio que no pudiera auxiliar en algo. Hemos visto mujeres y hombres terapeutas, abogados, motociclistas, cocineros, herreros, arquitectos, albañiles, periodistas, payasos ofreciendo sus conocimientos a una sola causa: ayudar a otras personas, las conozcamos o no.   No saldremos de esto inmunes. Si bien las oficinas de AIDA se encuentran en perfectas condiciones, las noticias de amigos que han perdido seres queridos o sus hogares continúan llegando. Sabemos, porque ahora lo vemos, que los habitantes de México tienen una fuerza espectacular para tomar en sus manos palas y corazones. Sabemos que la reconstrucción que nos espera, tendrá sus cimientos en la solidaridad y la empatía.   Tenemos la confianza que millones de personas despiertas y actuando como verdaderos ciudadanos conscientes e involucrados seguirán trabajando activos por nuestra ciudad y país. Volvemos a nuestras actividades conscientes de que miles de personas necesitan ayuda, no sólo en la Ciudad de México, sino en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.   Trabajamos para ellos y para todo el continente. Trabajamos para esta Tierra que nos ha recordado que la vida es un instante y siempre vale la pena luchar por ella.   Atte. El equipo de AIDA en la Ciudad de México: Astrid, Ava, Cecilia, Laura, Paulina, Rodrigo y Víctor.   ¡#FuerzaMéxico!

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubriría estándares internacionales: OSC

El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México se deslinda del proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Durante dos años las organizaciones de la sociedad civil han generado diagnósticos y recomendaciones que no han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación. La decisión de las OSC no detiene el desarrollo del Programa, por lo que el Grupo Focal se mantendrá vigilante del proceso de implementación, y comprometido con la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de dos años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos dos años el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal —Centro  de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañadas por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)— seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Lee la carta en la que las OSC se desmarcan del proceso de creación del PNEDH. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaños, Codirectora de AIDA, 044 55 2301 6639, [email protected] Rosario Taracena, Responsable de Comunicación Externa de PODER,  044 55 2765 9451, [email protected]

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