México

Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

México: El OCCA exige no retrasar la implementación de la norma ambiental que controla las emisiones de vehículos pesados

La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. El gobierno y la industria de vehículos pesados en México han retrasado el calendario de la NOM-044, lo que impide beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar riesgos graves para la salud, así como muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados en los años por venir. La indebida postergación de la NOM-044 por Comarnat va en contra de la evidencia reconocida de protección a la salud pública: un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19. Las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA)[1] consideran injustificable no reducir las emisiones contaminantes de los vehículos pesados a diésel. Consideran que ello impide mejorar la calidad del aire, reducir los riesgos a la salud, disminuir los impactos de la crisis climática y evitar las muertes prematuras asociadas a la contaminación del transporte. Es inexcusable porque el carbón negro que compone el material particulado fino (PM2.5), proveniente de la combustión incompleta del diésel, tiene graves impactos en la salud y contribuye al calentamiento global. Asimismo, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) generadas por estos motores contribuyen a la formación del ozono asociado con la mala calidad del aire, la crisis climática y las contingencias ambientales que aquejan a varias ciudades en México. Es inaceptable porque existen las condiciones necesarias para que el calendario original de la norma se cumpla y para que, a partir de 2021, todos los vehículos nuevos integren las tecnologías que cumplen con los estándares ambientales más estrictos. Sin embargo, el gobierno y la industria de vehículos pesados en México han postergado el calendario de la NOM-044, retrasando la entrada de los vehículos certificados bajo estándares EPA 2010 / EURO VI, estándares que eliminan hasta el 99% de las partículas PM2.5 y reducen más del 90% de los óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos a diésel, en comparación con los EPA 2007 / EURO V, tecnologías que la industria dejaría de comercializar a partir del 31 de diciembre 2020 de no haberse postergado indebidamente la NOM-044. El 17 de septiembre de 2020, en sesión del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), el gobierno federal y el sector privado votaron a favor de retrasar la aplicación de la norma. El argumento utilizado fue que la emergencia sanitaria por la COVID-19 afectó la fabricación e importación de los vehículos pesados y que ante esta coyuntura los fabricantes requieren un periodo para ajustarse. Este argumento no tiene sustento por diversas razones. Desde hace una década, los vehículos fabricados por la industria mexicana cumplen con los estándares EPA 2010 / EURO VI. Sin embargo, ocho de cada diez vehículos pesados producidos en México son para exportación, siendo su principal mercado los Estados Unidos, con una participación del 94%, que desde 2010 adoptó los estándares EPA 2010. Por lo tanto, el argumento de que la industria necesita más tiempo para dar cumplimiento a la Norma carece de fundamento técnico. Además, la NOM-044-SEMARNAT-2017 fue publicada en febrero de 2018, por lo que la industria contó con tres años para planear y realizar las acciones necesarias para estar listos al 1 de enero de 2021. Sin embargo, sus esfuerzos se enfocaron en argumentar y presionar desde antes de la emergencia sanitaria para no cumplir el calendario establecido. Las tecnologías EPA 2010 / EURO VI requieren necesariamente del diésel de ultra bajo azufre (DUBA), con contenido menor a 15 partes por millón (ppm) de azufre, para su correcto funcionamiento y durabilidad. La industria ha presentado este argumento en repetidas ocasiones para condicionar la implementación de una norma para vehículos nuevos a la distribución del 100% de DUBA en México. Lo anterior carece de fundamento, ya que desde 2018 más del 80 % del diésel comercializado en México es DUBA, cantidad más que suficiente para asegurar una distribución estratégica con plena cobertura para los vehículos nuevos que se vendan a partir de 2021 y que representan en promedio un 4% del total de la flota. En suma, los esfuerzos del gobierno y la industria deben enfocarse, no en postergar una norma ambiental, sino en trabajar de manera coordinada junto con la sociedad civil y academia para implementar un sistema de distribución, etiquetado e identificación adecuado del combustible, así como de los correspondientes programas de vigilancia y cumplimiento. El desarrollo e implementación de los mejores estándares de emisiones y calidad de combustibles para el sector del transporte en México ha implicado más de 15 años de negociaciones, por lo que sus constantes retrasos violan el derecho humano a un ambiente sano y otros derechos conexos como la salud, la vida y la integridad personal. Seguir permitiendo el retraso de las regulaciones que obligan a la adopción de estos estándares, previamente aprobados, es una medida regresiva en detrimento de la calidad del aire y del ambiente, algo indispensable para gozar de una buena salud. Ese retraso es además contrario a las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado mexicano en materia de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Es una decisión opuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2] para hacer frente a la vulnerabilidad revelada por la pandemia del COVID-19. Incluso otros países comparables con México como la India dieron un salto tecnológico de dos generaciones en plena pandemia. La postergación de la NOM-044 por COMARNAT va en contra de la evidencia referida a la protección a la salud pública: un estudio de la Universidad de Harvard estima que un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19  (95% intervalo de confianza: 2%, 15%).[3] Y tomando en cuenta la lenta renovación de la flota a diésel, dado que la vida promedio es de 18 años por unidad,[4] se necesitarán varias décadas antes de que el estándar EPA 2010 / Euro VI penetre hasta la saturación completa de la flota circulante, lo cual demuestra la apremiante necesidad de implementar a cabalidad la NOM-044. Un estudio del ICCT[5] indica que en 2015 murieron más de 3 mil personas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con las emisiones de los miles de vehículos a diésel que transitan en todo el país. Sin embargo, si se cumple el calendario de la NOM-044, se calcula que se evitarían hasta 6 mil muertes prematuras al año, incluso a pesar del crecimiento previsible de la flota en las próximas décadas, lo cual se traduce en ahorros estimados de $14,300 millones de dólares (precios de 2010).[6] La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. Su retraso es una medida regresiva para el cumplimiento y garantía de los derechos humanos a un ambiente sano, a la salud, la vida y la integridad de las personas. El retraso impedirá beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar los riesgos graves para la salud y las muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados de aquí en adelante. [1] Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Greenpeace México, International Council on Clean Transportation, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redspira, Transita Seguro y World Wildlife Fund. [2] En las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, se indica “bajar estándares medio ambientales, suspender requerimientos de monitoreo ambiental, reducir medidas de aplicación y restringir la participación pública] son irracionales, irresponsables y ponen en riesgo los derechos de las personas vulnerables”. Véase: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/V1.7_Directrices_ONU-DH_Covid19-y-Derechos-Humanos_MX.pdf [3] Wu, X., Nethery, R.C., Sabath, B.M., Braun, D. and Dominici, F., 2020. Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: strengths and limitations of an ecological regression analysis. Science Advances (in press). Updated April 24, 2020. Disponible en https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm [4] Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estadística Básica 2018; http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2018/ [5] Anenberg et al. A global snapshot of the air pollution-related health impacts of transportation sector emissions in 2010 and 2015. ICCT 2019. https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-2015_20190226.pdf [6] Pineda et al. Air quality and health benefits of improved fuel and vehicle emissions standards in Mexico. ICCT 2018. https://theicct.org/publications/mexico-emissions-review Contactos para prensa: El Poder del Consumidor (EPC), 5512989928, [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 5559644162, [email protected] International Council on Clean Transportation (ICCT), 55 1016 2304, [email protected] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 5570522107, [email protected]  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Desafíos y condiciones para avanzar hacia la justicia energética en México

Esta entrada de blog acompaña el lanzamiento del Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos y es parte de una serie artículos de opinión sobre una transición energética justa en América Latina. Fue publicada originalmente por el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos. Por Rosa Peña Lizarazo y Astrid Puentes Riaño La crisis climática, en palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, es la mayor amenaza actual para los derechos humanos, una que requiere decisiones políticas y acciones colectivas urgentes.   Una de esas decisiones se refiere al avance en la transición energética, es decir, en el tránsito del uso de energías derivadas de combustibles fósiles al uso de energías renovables y menos intensivas en emisiones. Ello —al reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— contribuiría a enfrentar la crisis climática y a mejorar la calidad del aire. Este tránsito necesario para México ha motivado debates multisectoriales y requiere un diálogo participativo, inclusivo, transparente y con enfoque de derechos humanos y perspectiva territorial. Principales desafíos 1. Comprender el contexto socioeconómico México es uno de los países más desiguales del planeta, donde las 10 personas más ricas acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Comprender este contexto es clave para adaptar las políticas de transición energética al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia climática, sin generar mayor inequidad. También es indispensable aprender del pasado. La reforma energética de 2013 puso en marcha un modelo de implementación masiva de proyectos de energía renovable, a gran escala y privados. En la actualidad según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, hay 54 parques eólicos en operación en México, los cuales producen 4.935 Mega Watts. Además, Según la Asociación Mexicana de Energía Solar en México hay 43 centrales fotovoltaicas. La implementación masiva de estos proyectosimpidió superar las amplias brechas de exclusión por razones socioeconómicas y territoriales. Superar esas brechas es uno de los principales desafíos.  2. Definir qué tipo de energía se incluirá y bajo qué criterios Otro desafío es lograr un consenso social y regulatorio sobre cuáles son las energías limpias y renovables, y cuál debe ser la meta en su implementación. Pese a los planteamientos de algunas organizaciones ambientales, el gobierno mexicano acogió definiciones vagas y más convenientes para cumplir con sus compromisos climáticos.  Definió a las energías limpias como aquellas que no generan emisiones contaminantes durante su producción, ignorando si pueden generar otros impactos negativos en el ambiente. 3. Respetar, garantizar y proteger los derechos humanos La generación energética derivada de combustibles fósiles ha violado derechos humanos, provocando escenarios de exclusión y afectando de manera especialmente grave a comunidades indígenas y rurales. Igualmente,muchos proyectos de energías renovables no convencionales, como aquellos desarrollados en el Itsmo de Tehuantepec o en la península de Yucatán, han generado nuevos conflictos socioambientales relacionados con falta de transparencia y participación, violación de derechos de pueblos originarios, desconocimiento de la titularidad y el uso tradicional de la tierra, obstáculos al acceso a recursos naturales y degradación ambiental.  Por tanto, es un desafío emprender una transición que contemple y prevenga estos daños desde una perspectiva de derechos humanos. 4. Promover la diversificación de la matriz energética y la confiabilidad del sistema Dada la dependencia actual de combustibles fósiles en la matriz energética, que para el año 2018 generaban el 75.88% de la energía en el país, avanzar hacia la mitigación y adaptación al cambio climático requiere un proceso de diversificación de las fuentes de energía que aproveche el potencial de México para desarrollar energías renovables. Según expertos de la UNAM, México cuenta con un factor de planta para la energía eólica que fluctúa entre 20% y 50%; además, es reconocido a nivel mundial como uno de los países con mayor potencial geotérmico. Algunos estados de la República tienen mayor radiación solar diaria promedio que algunas ciudades europeas pioneras de esta tecnología. Otro desafío asociado a la diversificación es garantizar la confiabilidad del sistema para atender de manera continua la demanda energética del país.  ¿Cómo llevar a cabo una transición energética justa? Darle sentido al concepto en construcción de justicia energética en México implica tener en cuenta lo siguiente:  Respecto a la integración del contexto socioeconómico: Apostar por una transición que se convierta en motor de desarrollo local, mediante —por ejemplo—la generación de empleos y la democratización de la energía y de la generación energética en la escala necesaria para el autoabastecimiento. Ello requiere superar las barreras de exclusión existentes con la implementación, por ejemplo, de proyectos de energía comunitaria. Respecto al diseño de la política energética: Proponer escenarios de participación efectiva e inclusiva para consensuar los aspectos mínimos de las metas de la política energética en el país, en atención a la crisis climática. Respecto al cumplimiento de los estándares ambientales y de derechos humanos: La Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que cualquier política o proyecto debe garantizar los derechos de acceso en materia ambiental y los derechos laborales, cumplir con los principios de prevención y precaución, respetar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y tener una perspectiva de género. Respecto a la diversificación de la matriz energética: Promover mecanismos de financiamiento que incentiven la innovación tecnológica limpia y la inversión en energías renovables descentralizadas y con mejores estrategias de almacenamiento. Sin duda, la transición energética justa es necesaria y urgente en México. El país tiene hoy la oportunidad de emprender un tránsito progresivo y oportuno que permita mejores escenarios de justicia social, ambiental y climática, y que responda a las reivindicaciones sociales actuales.  

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Derechos Indígenas, Minería

Pueblo indígena en México pide que Ley Minera sea declarada inconstitucional

Organizaciones internacionales entregan Amicus Curiae a la Corte Suprema mexicana en respaldo a la acción legal del pueblo Maseual del estado de Puebla. Se entregan también más de 4 mil firmas de apoyo ciudadano recabadas a través de change.org.mx Ciudad de México. Organizaciones internacionales de la sociedad civil han respaldado la demanda interpuesta por el pueblo indígena maseual de Cuetzalan del Progreso, asentado en la Sierra Norte del estado mexicano de Puebla, en contra de la Ley Minera, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ésta sea declarada inconstitucional debido a que viola derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Earthjustice, el Environmental Defender Law Center (EDLC) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) han decidido apoyar la causa, elaborando sendos Amicus curiae para entregar a la SCJN a fin de ofrecer argumentos encaminados a reforzar el litigio emprendido por el Consejo Maseual Altepetajpianij y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). El sentido de los Amicus curiae, al igual que la demanda de amparo promovida en marzo de 2015, es que la Ley Minera no fue consultada de forma previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, no incorporó los valores y visión indígena, lo que significa que no se desarrollaron mecanismos para proteger y respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, ello a pesar de que un gran número de concesiones mineras se encuentran sobre sus territorios. Pero, sobre todo, dicha Ley contraviene sus derechos a la libre determinación sobre su territorio, porque asigna a la actividad minera un carácter prioritario, que la pone por encima de las demás actividades, amenazando así las formas de vida que las comunidades han decidido mantener. “Las concesiones mineras no pueden ser otorgadas únicamente con base en la legislación minera. Se aplica obligatoriamente a situaciones como la presente un marco legal más amplio, de jerarquía superior, fundado en los derechos humanos y en el derecho ambiental y en la interrelación entre los dos temas. Este marco normativo más amplio y obligatorio condiciona y limita la concesión de títulos mineros cuando se trate de tierras y territorios”, señala EDLC en las conclusiones de su Amicus. “Nuestra aportación presentada en el Amicus destaca que las obligaciones internacionales vinculan al estado mexicano a celebrar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier instrumento legislativo que les afecten, especialmente a sus derechos territoriales. Esto también incluye la forma en la que se explotan los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, lo que se aplica directamente al caso de la Ley Minera” señaló Guillermo Zúñiga, abogado de Earthjustice. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, tiene la oportunidad de sentar un precedente ejemplar para la región en materia de protección de derechos indígenas”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “A su vez, la Suprema Corte puede aprender de la experiencia regional, adoptando los estándares relevantes que tribunales de otros países han proveído en favor de pueblos indígenas, como se evidencia en nuestro Amicus”. Finalmente, también se hicieron llegar a la ministra y ministros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN cartas de apoyo de otros pueblos indígenas asentados en México, Colombia, Brasil, Bolivia y Guatemala, así como las 4.091 firmas recabadas hasta el 26 de junio, respaldando la petición lanzada a través de la plataforma change.org.mx.   CONFERENCIA DE PRENSA Contactos Ricardo Ruiz (México), CEMDA, 5559644162, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, 5570522107, [email protected] Robert Valencia (Estados Unidos), Earthjustice, [email protected]  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Contaminación atmosférica y COVID-19: ¿Por qué la calidad del aire no mejoró en el Valle de México?

Las medidas adoptadas a nivel mundial para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 lograron la disminución de algunos contaminantes atmosféricos, lo que mejoró considerablemente la calidad del aire en diversas ciudades del planeta. Sin embargo, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) —área conformada por la Ciudad de México y municipios conurbados de otros estados del centro del país—, la calidad del aire no mejoró pese a la suspensión de actividades asociadas a fuentes de contaminación como la circulación de vehículos y la operación de varias industrias. Meses antes de que se decretara la emergencia sanitaria a finales de marzo de 2020, la calidad del aire reportada por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la ZMVM estaba en el rango de “regular” a “mala” debido principalmente a la congestión vehicular. Con las restricciones a la movilidad establecidas ante la pandemia, la circulación de vehículos disminuyó hasta en 70% y con ello parte de la contaminación atmosférica. Según información oficial, hubo una reducción de monóxido de carbono y de óxidos de nitrógeno —de 58 y 32%, respectivamente— debido a las medidas de distanciamiento. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales, el ozono troposférico (O3), uno de los contaminantes que más daña el aire y la salud humana, no disminuyó significativamente (solo de 3 a 4%). Por ello en mayo, dos meses después de adoptadas las medidas para afrontar la crisis sanitaria, la calidad del aire en el Valle de México se mantuvo en los mismos parámetros que a comienzos de año, es decir de “regular” a “mala”, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico. La pregunta que surge entonces es ¿a qué se debe esto? ¿Cómo ocurre la contaminación del aire? Diversos gases y compuestos contaminan el aire. Están los contaminantes primarios —como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles— que se descargan directamente en la atmósfera. Y están los contaminantes secundarios, como el ozono troposférico, que se forman en la atmósfera como resultado de la transformación química de los contaminantes primarios. El ozono troposférico se forma por la interacción de la luz solar con “gases precursores”, entre ellos los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Ahora bien, son tres los factores que afectan la calidad del aire: las condiciones meteorológicas, la topografía y las concentraciones de uno o más contaminantes en niveles que puedan dañar el ambiente y la salud humana. Esas concentraciones son medidas por sistemas de monitoreo oficiales como el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la ZMVM. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece niveles de concentración de los contaminantes que no deben ser rebasados en un periodo específico. Para el ozono troposférico, el valor recomendado es de 50 partes por billón (ppb) en un promedio de ocho horas. Pero la normativa mexicana es más laxa y establece un límite menor a este compuesto: una concentración menor o igual a 95 ppb en un promedio horario, es decir, en el intervalo de tiempo de 60 minutos. Además, para activar una contingencia ambiental por ozono las concentraciones deben ser mayores a 154 ppb (promedio horario). Este estándar implica una menor protección para la salud de la población. A inicios de este año, en la ZMVM registraba que la concentración horaria de ozono era en promedio de solo 23 ppb, pero subieron desde entonces. A pesar de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, el promedio de la concentración horaria de ozono fue de 41 ppb en abril y de 45 ppb en mayo. Asimismo, del periodo de enero a mayo, se registró 99 días en los que las concentraciones de ozono superaron el límite de 95 ppb. ¿Por qué las concentraciones del ozono subieron? La restricción de la movilidad durante la contingencia sanitaria no fue suficiente para disminuir las concentraciones de ozono en la atmósfera debido principalmente a dos razones: la primera es que las fuentes de ese compuesto no se limitan al uso de vehículos; y la segunda es que el periodo de aislamiento social coincidió con la llamada temporada de ozono, época del año en la que se incrementan las concentraciones de este contaminante por el aumento de radiación solar y la disminución de lluvias y viento. Como dijimos, el ozono troposférico es formado por la interacción de la luz solar con gases precursores. Entre esos gases están los óxidos de nitrógeno —generados principalmente por los procesos de combustión de automóviles, especialmente de motores a diésel— y los compuestos orgánicos volátiles, que surgen de fuentes más diversas: el uso de solventes, fugas de gas licuado de petróleo en calentadores y estufas, productos cosméticos y de limpieza, y combustible evaporizado en estaciones de servicio y en automóviles sin control de emisiones evaporativas. Según datos oficiales, durante el aislamiento social, los compuestos orgánicos volátiles solo se redujeron un 15%, lo cual incluye a todas sus fuentes de emisión. De otro lado están los incendios forestales, que son una fuente importante de los gases precursores de ozono. Del 1 de enero a 3 de mayo de este año, tan solo en la Ciudad de México se registraron 644 incendios forestales, que en comparación con el mismo periodo de 2019 fueron menores en número, pero igual de intensos. En cuanto a la temporada de ozono, que inicia en la última semana de febrero y concluye en junio con las primeras lluvias, la temperatura promedio en el Valle de México fue mayor este año. En abril fue de 2°C mayor que el promedio registrado el mismo mes entre 1981 y 2010, partiendo de una tendencia global según la cual abril de 2020 terminó siendo el más caliente que cualquier otro abril en la historia. Debido a que la temperatura está directamente relacionada con la radiación solar y la falta de viento, su aumento permite explicar las mayores concentraciones de ozono. La suma de estos factores contribuyó a que las concentraciones de ozono no solo no se redujeran pese a las restricciones establecidas por la pandemia, sino que aumentaran. Ello incidió a su vez en que los habitantes del Valle de México continuaran viviendo una mala calidad del aire y sufriendo sus impactos negativos en la salud. La importancia de reducir el ozono para la salud pública y el clima El ozono troposférico no solo afecta la calidad del aire y con ello la salud de las personas, sino que tiene la capacidad de absorber luz solar y calentar la atmósfera, por lo que también es un Contaminante Climático de Vida Corta (CCVC). Debido a que sus emisiones agravan la crisis climática, mas de 11 mil científicos del mundo han resaltado la necesidad urgente de reducir los CCVC para combatir rápidamente el calentamiento global. Precisamente la intensidad de los incendios forestales y las temperaturas particularmente elevadas de la “temporada de ozono” de este año son una muestra de los efectos de la crisis climática que no estamos combatiendo adecuadamente. Por ello es imperativo implementar acciones gubernamentales para disminuir las emisiones de los gases precursores del ozono troposférico, no solo durante la emergencia sanitaria, sino también cuando salgamos de ella, cuando se reactive el transporte motorizado, fuente de óxidos de nitrógeno, uno de los precursores del ozono. Un mejor control del tipo de automóviles que circulan con base en su potencial contaminante y acciones tan simples como el uso de la bicicleta, recomendado para reducir los riesgos de contagio, ayudarían a ese objetivo, así como a reducir el calentamiento global y a mejorar la salud de las personas que viven en la ZMVM. Además, debemos apostar por medidas de regulación, comunicación, educación y otras que frenen los hábitos de consumo y los procesos de producción y distribución de bienes y servicios que siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles, otro precursor del ozono. Restringir la producción y uso de productos en aerosol, así como reparar y evitar fugas de gas licuado de petróleo, ayudarían a reducir estas emisiones. Finalmente, es necesario fortalecer la endeble política ambiental del país y combatir el incumplimiento de las normas de salud ambiental, el cual ha resultado en una reducción insuficiente de la contaminación atmosférica. Urge actualizar las normas mexicanas de calidad del aire para fijar límites más estrictos y compatibles con estándares internacionales y con la protección del derecho humano a la salud. Los anteriores son solo algunos ejemplos de acciones que autoridades y sociedad podemos realizar para mostrar que aprendimos la lección y que haremos lo necesario para mejorar la calidad del aire y para afrontar posibles nuevas crisis sanitarias, así como la crisis climática que amenaza con acabar con el mundo como hoy lo conocemos.  

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Cambio Climático

México: CENACE obstaculiza transición energética necesaria para combatir el cambio climático

El Acuerdo emitido por CENACE no tiene justificación técnica ni jurídica y tiene implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero. El Acuerdo beneficia la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta a partir de combustóleo resultante de procesos de refinación. Las modificaciones realizadas atentan contra el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y a lo comprometido por México en el Acuerdo de París. Ciudad de México. El Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el pasado 29 de abril, justificado absurdamente y sin sentido por la crisis sanitaria del COVID-19, representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y que están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, limitando la operación de las plantas de generación renovable y frenando, sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía. Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en generar acceso; las energías renovables, además de coadyuvar a la consecución de las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía. El reciente Acuerdo emitido por el CENACE abre la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero. Recordemos que tan sólo por la contaminación por material particulado en México el Instituto de Evaluación y Métricas en Salud (IHME) de la Universidad de Washington estima que en 2017 murieron al menos 36 mil personas. Este Acuerdo se une al resto de medidas, cambios en las leyes y políticas realizadas durante la presente administración que han dado marcha atrás a los mecanismos de acción climática que se habían desarrollado en nuestro país, han frenado el desarrollo de energías renovables y ponen en riesgo el cumplimiento de leyes y compromisos internacionales que mandatan la reducción de emisiones de GEI en nuestro país. Las políticas de SENER harán que México sea el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París. Ejemplos de estas políticas regresivas que ya hemos abordado desde el OCCA son: La negativa de la Secretaría de Energía para que México ratifique el Anexo VI del Convenio MARPOL, el cual reduciría para 2030 la siguientes emisiones del transporte marítimo: el 71% del material particulado, el 71% de carbono negro, 80%  de emisiones de dióxido de azufre, 81% de emisiones de óxidos de nitrógeno; La postergación de la cobertura nacional de diésel de ultra bajo azufre hasta 2024; La cancelación de subastas de energía limpia; La publicación, en octubre de 2019, del Acuerdo por el que se Modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia; La Resolución de la CRE para autorizar a Pemex el suministro temporal de diésel de 500 partes por millón (ppm) en algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que están definidas dentro de las zonas de suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA, menos de 15 ppm). De acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 de México, entre 2007 y 2017 la capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5% y fueron las energías eólica y solar las que presentaron la mayor tasa de crecimiento promedio con el 47.6% y 43.2% respectivamente.   En tanto el Renewables 2019, Global Status Report destacaba que México había entrado a la lista de los diez países con mayores adiciones de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de energía eólica, el Global Wind Report 2019 hace mención que la voluntad política vacilante de México ha creado un ritmo debilitante de estancamiento para el desarrollo de la industria eólica. Cabe señalar que el Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 indica que la inversión en capacidad instalada renovable cayó 38% en 2018 y que debido a la incertidumbre en el marco regulatorio es muy probable que la inversión se reduzca aún más. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados. Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado ver la pandemia del  COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo. En ese sentido, precisamente la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias  es una solución clave para esta recuperación, y desde ya los gobiernos habrían de estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética. Sin embargo, el multicitado Acuerdo nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción. 1- Villarreal J. Tornel C. La Transición Energética en México: retos y oportunidades para una política ambientalmente sustentable y socialmente justa, Friedrich Ebert Stiftung (FST), México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3dlV82d 2. International Energy Transition (IET), Making Societies More Resilient! The role of renewables in COVID-19 recovery packages, Hamburg, 2020. 3. Secretaría de Energía (SENER), Prospectiva del sector eléctrico, 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SGWfSt 4. PEMEX produce aproximadamente un 33% de gasolinas, 20% diésel y entre 24% a 29% de combustóleo, y que de éste último ha sufrido una caída de casi 60% en sus ventas en los últimos cuatro años. 5. Disponible en: https://bit.ly/359RoOw 6. United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019. UNEP, Nairobi. Disponible en: https://bit.ly/2YLiJ8J 7. Secretaría de Energía, Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/3cmh3qd 8. Ren21,.Renewables 2019 Global Status Report. París, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2L6lmcZ 9. GWEC, Global Wind Report 2019. Brussels, 2020. Disponible en: https://bit.ly/2ypD3Sl 10. UN Environment, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, Frankfurt, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3caCMBf 11. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2019 (LC/PUB.2020/2-P), Santiago, 2020. Disponible en: https://bit.ly/35CbIIr Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. Contactos de prensa: AIDA, 5570522107 (móvil), [email protected] El Poder del Consumidor, 55 12 98 99 28 (móvil), [email protected] Greenpeace México, 55 3431 3544 (móvil), [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 5559644162 (móvil), [email protected]  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ante el Covid-19, urgen acciones orientadas a la lucha contra la contaminación del aire y la crisis climática

De acuerdo con datos de la carga mundial de morbilidad del Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) se estima que en México anualmente pierden la vida más de 37 mil personas debido por afecciones cardiacas y respiratorias ocasionadas por la mala calidad del aire (material particulado y ozono). Investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard indican que existe una mayor mortalidad en pacientes con Covid-19 que hayan estado expuestos a partículas finas en periodos prolongados. Las mediciones y estudios científicos a nivel global demuestran que la reducción de la actividad industrial y del uso de vehículos motorizados han contribuido directamente a reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera. Las organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) hacemos un llamado urgente al gobierno federal y autoridades locales para que ante la pandemia por el Covid-19 se tomen acciones de alto impacto que produzcan mejoras en la calidad del aire y combatan efectivamente la crisis climática, garantizando el derecho a un medio ambiente sano y la salud de la población, generando acciones sistémicas y de largo plazo. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y la organización Iniciativa Climática México (ICM) se estima que en nuestro país tan sólo el transporte terrestre causó alrededor de 27 mil muertes prematuras en 2017 a consecuencia de la alta concentración de partículas finas y gruesas (PM2.5 y PM10).1 Por su parte, el Global Burden of Disease del IHME ―que toma en cuenta las concentraciones tanto del material particulado como del ozono― estima que en México anualmente pierden la vida más de 37 mil personas debido a estos contaminantes. Lo anterior cobra mayor relevancia ante la pandemia actual. Investigadores e investigadoras de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard indican que existe mayor mortalidad en pacientes con Covid-19 que hayan estado expuestos por periodos largos a PM2.5, 1 μg/m3 en PM2.5 se asocia con un aumento del 8% en la tasa de mortalidad por coronavirus.2 Asimismo, las mediciones y estudios científicos a nivel global demuestran que la reducción de la actividad industrial y del uso de vehículos motorizados ―entre automóviles particulares y motocicletas― han contribuido directamente a reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera. A nivel mundial, se reporta que durante el confinamiento en la provincia china de Hubei, los días sin contaminación atmosférica aumentaron en un 21.5% en comparación con las mismas fechas del año anterior. En España, el Sistema de Vigilancia de Calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid reportó que en los días de confinamiento se ha reportado el índice de calidad del aire como “muy bueno”.3 En nuestro país, diversas entidades han reportado reducción de contaminantes, por ejemplo, en el Valle de México en la primera y segunda semana de abril una reducción del 34% y 27% de monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), respectivamente, a consecuencia de las acciones para enfrentar el Covid-19. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con su Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se reporta una disminución de NOx en las estaciones de monitoreo de Miravalle con un 73%, en las Pintas de 50% y en Oblatos del 42%, además de una reducción de 72% CO y 67% de PM10 en la estación de monitoreo Vallarta. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato indica que en las primeras semanas de abril, de los 10 municipios con sistema de monitoreo, cinco han registrado calidad del aire aceptable, mientras que los cinco restantes reportaron buena calidad del aire. No obstante, la epidemia actual por Covid-19 en México enfrentamos tres condicionantes de mala calidad del aire. La primera se refiere al periodo de altas temperaturas, intensa radiación solar y estabilidad atmosférica (propios de los meses de marzo, abril y mayo), que favorece la formación de ozono y la aparición de incendios. La segunda es la endeble política ambiental y el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Salud Ambiental que ha regido en muchos estados. El resultado ha sido una insuficiencia para reducir la contaminación atmosférica. Finalmente, a pesar de las restricciones a la movilidad, los hábitos de consumo y procesos de producción y distribución de bienes y servicios siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles (COV) como solventes, fugas de gas en calentadores y estufas, combustible evaporizado en las estaciones de servicio y en los automóviles sin control de emisiones evaporativas, productos cosméticos y de limpieza, entre otras fuentes. Además, es importante señalar que la presencia de ozono (O3) no se ha logrado disminuir en la misma proporción que los otros contaminantes mencionados. Pero incluso a pesar de la alta presencia de COV en la atmósfera que debido a las interacciones químicas entre los contaminantes favorece la formación de O3 con la radiación y alta temperatura, la reducción de CO y de NOx derivados de las restricciones a la movilidad ha permitido que en estos meses no se hayan alcanzado los umbrales de contingencia. A pesar de que según las cifras de la Comisión Nacional del Agua este año hemos tenido el marzo más de caliente de los últimos años en el país. El año pasado, a estas fechas, ya se habían detonado las tres contingencias por ozono que se tuvieron en el Valle de México en todo el año. Por todo lo expuesto anteriormente, el OCCA considera que nos encontramos ante una oportunidad única para repensar el modelo de movilidad que tenemos, donde la movilidad activa y el rescate del transporte público son opciones para reducir el uso del automóvil particular y mejorar la calidad del aire. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas y la sociedad en su conjunto para repensar el modelo de generación de energía, de consumo y de movilidad, orientado a la lucha contra la contaminación y la crisis climática. Acciones temporales y reactivas son insuficientes porque contribuyen a una desaceleración de la economía y una desestabilización de muchos hogares mexicanos, sobre todo aquellos con menores recursos y protección social. Al contrario, se requiere de un cambio profundo y estructural hacia una economía más sostenible, compatible con los ecosistemas, la vida humana y el bienestar social. Fernandez, S., Medina, I., y Vadillo, C. (2020). Externalidades negativas asociadas al transporte terrestre en México: Estimaciones para México y 20 zonas metropolitanas. Disponible en https://bit.ly/2YbBFNB Xiao Wu, et al. (2020). COVID-19 PM2.5. A national study on long-term exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. Department of Biostatistics, Harvard T.H. Chan School of Public Health. Disponible en https://bit.ly/2VIoHFt National Geographic (2020). Disponible en https://bit.ly/2yOtax8   Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): AIDA, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, Liga Peatonal, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Arrecifes de coral, Océanos

Lo que aprendí de mi pasantía en AIDA

El año pasado, realicé una pasantía de tres meses con AIDA en La Paz, capital de Baja California Sur, México. Fue parte del proceso académico para convertirme en abogado en Alemania, mi país natal. La pasantía me permitió unir mi formación profesional con mi pasión por la naturaleza, así como ganar experiencia en el campo del derecho ambiental a partir del trabajo de una ONG internacional. Apliqué a la pasantía para el Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA sin especificar un lugar de preferencia en México. Fue una buena noticia saber que la haría en La Paz, una ciudad pequeña rodeada de naturaleza. Viniendo de Alemania, uno de los países más densamente poblados del mundo, fue increíble vivir en un lugar con tanto espacio. También estaba fascinado con la diversidad de ecosistemas de la zona: desiertos, manglares, bosques de pino en la cordillera y arrecifes rocosos y coralinos en el Golfo de California.  En mi primer fin de semana, pude dimensionar la abundancia de vida silvestre que La Paz alberga cuando Camilo Thompson, abogado de AIDA y mi supervisor, y Mario Del Ángel, su vecino y un guía de kayak, me llevaron a conocer los humedales de El Mogote, ecosistema de importancia internacional. Mientras recorríamos los canales de agua tomando fotos de garzas entre los mangles, aprendí de la importancia de los humedales costeros como hábitat de especies y sumideros naturales de carbono. Luego quedé impresionado al ver, con la primera luz del día, a un grupo de delfines en la bahía. La mañana quedó completa al desayunar mis primeros chilaquiles, un típico platillo mexicano. Desde el inicio de mi pasantía, participé en las reuniones virtuales del equipo del Programa Marino, distribuido en varios países. Me enteré de los diferentes temas de trabajo. Desde la oficina en La Paz, nuestra contribución se enfocaba en México. De ese modo, aprendí mucho sobre la regulación nacional relacionada con arrecifes, peces herbívoros y Áreas Naturales Protegidas. Apoyé una investigación sobre el estado de protección de esos peces, esenciales para mantener sanos a los arrecifes coralinos de América Latina y el mundo. La combinación de contacto directo con la naturaleza con tareas de oficina para proyectos locales y regionales me dio una perspectiva de trabajo diferente y aumentó mi motivación de aprender. Supe que AIDA ha trabajado por años junto con otras organizaciones, actores locales y científicos para proteger pesquerías y especies amenazadas como ballenas y tortugas marinas. Una de las mejores experiencias de la pasantía fue precisamente conocer de cerca la riqueza natural y las especies que AIDA busca preservar. Aun siendo buzo por muchos años, no dejó de maravillarme ver lobos marinos, tiburones toro, tiburones martillo, orcas, rayas, tortugas marinas e incontables especies de peces arrecifales en su hábitat natural. En La Paz terminé mi curso de buzo de rescate y acompañé a un equipo de biólogos marinos a realizar un censo visual de la vida marina en la Isla Espíritu Santo. En cuatro ocasiones, visité el Parque Nacional Cabo Pulmo, reserva del arrecife de coral más grande del Golfo de California. Fui a bucear e hice esnórquel. También participé de reuniones de la coalición Cabo Pulmo Vivo, dedicada a proteger el parque y su zona de influencia. Fue gratificante saber que hacía mi pequeño aporte a la conservación del sitio. Además, la pasantía le dio a mi formación profesional un enfoque multidisciplinario. La Paz es uno de los centros científicos de biología marina de México y allí pude intercambiar ideas con biólogos marinos en travesías para bucear y en bares de la ciudad. Fue una experiencia enriquecedora que me dio una mejor comprensión del ambiente. En La Paz también pude dar rienda suelta a la observación de aves, uno de mis pasatiempos. El estado de Baja California Sur es hogar de unas 432 especies de aves. Pude ver una gran variedad de especies migratorias, incluso cinco de las seis endémicas. Terminé la pasantía muy agradecido por las experiencias adquiridas. De regreso en Berlín, planeo volver pronto a La Paz para ver aves, tiburones ballenas y muchas otras especies que habitan la zona y que son pruebas vivientes del trabajo exitoso y valioso que organizaciones como AIDA realizan.  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

OCCA congratula a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar la inconstitucionalidad del aumento de etanol en las gasolinas en la norma de combustibles

Ayer, 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el aumento de etanol en las gasolinas resulta contrario al derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) piden a la Comisión Reguladora de Energía que actúe en apego a la legalidad y a la sentencia. Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer el amparo en revisión 610/2019 declarando inconstitucional la modificación que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana «NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos«, la cual, entre otras cosas, había incrementado de 5.8% a 10% el volumen permitido de etanol como oxigenante en gasolinas y aprobado medidas más laxas para la protección del medio ambiente en términos de emisiones a la atmósfera derivadas del uso de combustibles fósiles. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) se congratulan por este fallo, pues protege y sienta un precedente importante en la tutela de los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida de todas y todos los habitantes del país. Así, en la sentencia proyectada por el Ministro Pérez Dayán y resuelta este miércoles por la Segunda Sala, se determina la importancia de la aplicación del  “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para estos fines podría generar en el medio ambiente. La SCJN deja claro que “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración” , la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión, lo cual precisamente, pretende evitarse mediante el principio de precaución ambiental”. Además de esta importante valoración respecto al principio de precaución, la SCJN también deja un importante precedente al establecer que en un régimen de derechos humanos no es suficiente alegar meramente beneficios económicos para no considerar los potenciales riesgos que podrían derivar en daños al medio ambiente, ni para ignorar las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de “gases invernadero” (gases contaminantes) y, por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático, sobre todo sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y la opinión de los expertos que aportan la mejor evidencia científica disponible. Con ello, la SCJN recuerda que el crecimiento y desarrollo económico en el Estado mexicano debe ser sustentable conforme al principio rector establecido por la propia Constitución Mexicana. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) hacen un llamado a la CRE para que actúe en consecuencia, ejecute la sentencia en pleno apego a la legalidad y contribuya con ello al respeto y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.   Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA): Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) – El Poder del Consumidor – Greenpeace – El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) – International Council on Clean Transportation (ICCT) – Fundación Tlaloc – Bicitekas – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Redspira – Liga Peatonal – Red por los derechos de la Infancia (Redim) – Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. – Transita Seguro México Contacto de prensa: Victor Quintanillla Sangueza, AIDA, [email protected]  

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Derechos Humanos

México: Urge corregir el proceso y contenido del Programa Nacional de Derechos Humanos

Ciudad de México. Las organizaciones del Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación porque el borrador del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2024 no refleja las prioridades y opiniones expresadas por las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas afectadas directamente, en particular con relación al tema de debida diligencia relativa al deber del Estado de proteger a la población respecto de las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos. Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a corregir el rumbo y mejorar el contenido y proceso de elaboración de este instrumento clave que guiará la política pública del país en materia de derechos humanos durante los cinco años que restan del sexenio. De no hacerlo, consideramos que el mismo carecería de la legitimidad necesaria para un documento de política pública de esa importancia y todo el proceso podría fracasar. La semana pasada, la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de Segob entregó un borrador del PNDH a diversas organizaciones de la sociedad civil y resultó sorprendente que el documento estuviera incompleto, por la ausencia en él  de elementos básicos en materia de empresas y derechos humanos, y que las autoridades apenas otorgaran un plazo de 24 horas para la revisión y retroalimentación del mismo. El Grupo Focal, conjuntamente con diversas organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos llevamos meses de trabajo desplazándonos a lo largo del país y acudiendo a decenas de reuniones, foros temáticos y realizado tareas técnicas. Y es muy preocupante que los  resultados e insumos de ese trabajo parecieran haber sido ignorados. La crisis de derechos humanos, heredada de varias administraciones anteriores, y la grave crisis climática, deben ser enfrentadas con medidas y acciones efectivas que incluyan las voces y visiones de las personas afectadas por el Estado y la actividad empresarial, así como las de expertas/os en la materia. Por eso, desde el Grupo Focal, exigimos se tomen las siguientes medidas: Que  la Secretaría de Gobernación reciba cuanto antes a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades interesadas en este tema. Que el actual proceso de construcción del PNDH sea reconfigurado con la seriedad necesaria para ser incluyente y participativo. Que los insumos proporcionados por comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y academia se vean reflejados en el programa final;                Que el borrador completo del documento sea entregado con suficiente antelación para la revisión y participación efectiva de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y demás partes interesadas. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajuste las líneas presupuestales del PNDH a esta reconfiguración.   * Las organizaciones del Grupo Focal que suscriben este posicionamiento son: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Oxfam México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). El Grupo Focal está observado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática

Se manifiestan frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para exponer que 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones en la atmósfera desde la revolución industrial. Piden al gobierno reconocer la emergencia climática y avanzar en las políticas públicas para reducir las emisiones de CO2. Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es  necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo.  Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex)  se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050.  Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo.  De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo.   Organizaciones convocantes: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor, Food & Water Watch, Greenpeace México, PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, por sus siglas en inglés), Asociación de Consumidores Orgánicos, Regeneration International, Alianza Mexicana contra el Fracking, Red por los Derechos de la Infancia en México, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fundación Heinrich-Böll  - México y El Caribe, Extinction Rebellion - México, Huerto Roma Verde, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz A.C.  

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