México

Lecciones de Fortaleza y Solidaridad del Terremoto en la Ciudad de México

Segundos antes de las 13:15 del martes 19 de septiembre, la Tierra nos recordó lo frágil que es la vida. En cuanto se sintió el primer movimiento y la alerta sísmica confirmó lo que pasaba, el equipo en la oficina de Ciudad de México suspendimos una llamada con personas en cinco países y salimos a la calle. Las palabras son insuficientes para describir el cúmulo de emociones que nos inundarían las siguientes horas y días.   Sentimos miedo y alegría, ansiedad y solidaridad, nerviosismo y esperanza.   Apenas dos horas antes, participamos en el simulacro en honor a las víctimas del terremoto de hace 32 años exactamente. Si bien para algunos habitantes de la Ciudad de México estos ejercicios son un protocolo repetitivo, en AIDA lo seguimos siempre pues estamos integrados por talentos de toda América Latina, algunos de ellos de regiones donde no hay sismos. Gracias a eso, supimos qué hacer.   Como pudimos, nos encontramos en el punto de reunión. Nos tranquilizó ver que los equipos de AIDA y de CEMDA —con quienes compartimos instalaciones— estaban bien. La calma nos duró poco, pues fueron llegando informes de calles cercanas. Derrumbes, fugas de gas, cortes de luz y de comunicación.   La ciudad suspendió actividades. La gente que podía se volcó a ayudar. Las calles donde hubo daños se inundaron de ríos de voluntarios. Astrid Puentes, codirectora de AIDA, dio refugio al equipo que, como pudo, regresó a sus hogares al final de la tarde. Lamentablemente, los daños dejaron inhabitable la casa donde se hospedaba una de nuestras pasantes.   Estos han sido días difíciles. Las actividades de AIDA se vieron afectadas porque nuestro equipo formó parte de las labores de ayuda. Vimos tantas muestras de solidaridad que, a pesar de la tragedia, la humildad y confianza de los y las mexicanas nos despierta una fuerza esperanzadora que jamás habíamos sentido. No existió oficio que no pudiera auxiliar en algo. Hemos visto mujeres y hombres terapeutas, abogados, motociclistas, cocineros, herreros, arquitectos, albañiles, periodistas, payasos ofreciendo sus conocimientos a una sola causa: ayudar a otras personas, las conozcamos o no.   No saldremos de esto inmunes. Si bien las oficinas de AIDA se encuentran en perfectas condiciones, las noticias de amigos que han perdido seres queridos o sus hogares continúan llegando. Sabemos, porque ahora lo vemos, que los habitantes de México tienen una fuerza espectacular para tomar en sus manos palas y corazones. Sabemos que la reconstrucción que nos espera, tendrá sus cimientos en la solidaridad y la empatía.   Tenemos la confianza que millones de personas despiertas y actuando como verdaderos ciudadanos conscientes e involucrados seguirán trabajando activos por nuestra ciudad y país. Volvemos a nuestras actividades conscientes de que miles de personas necesitan ayuda, no sólo en la Ciudad de México, sino en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.   Trabajamos para ellos y para todo el continente. Trabajamos para esta Tierra que nos ha recordado que la vida es un instante y siempre vale la pena luchar por ella.   Atte. El equipo de AIDA en la Ciudad de México: Astrid, Ava, Cecilia, Laura, Paulina, Rodrigo y Víctor.   ¡#FuerzaMéxico!

Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubriría estándares internacionales: OSC

El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México se deslinda del proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Durante dos años las organizaciones de la sociedad civil han generado diagnósticos y recomendaciones que no han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación. La decisión de las OSC no detiene el desarrollo del Programa, por lo que el Grupo Focal se mantendrá vigilante del proceso de implementación, y comprometido con la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de dos años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos dos años el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal —Centro  de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañadas por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)— seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Lee la carta en la que las OSC se desmarcan del proceso de creación del PNEDH. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaños, Codirectora de AIDA, 044 55 2301 6639, [email protected] Rosario Taracena, Responsable de Comunicación Externa de PODER,  044 55 2765 9451, [email protected]

Estado y empresas no protegen adecuadamente ddhh

(Columna publicada originalmente en Animal Político) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos. Tras visitar México, expertos del Grupo de Trabajo creado por la ONU para abordar ese tema insistieron en esa obligación y, entre otras cosas, evidenciaron que en el país el Estado y las empresas no actúan apropiadamente para cumplir ese deber. Tal reconocimiento está contenido en el informe que sobre su visita a México en 2016 elaboró el Grupo de Trabajo y que dio a conocer oficialmente el 8 de junio pasado en Ginebra. Aunque el informe podría haber sido más contundente, el mismo constituye una herramienta importante para que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacional en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo tomó en cuenta el informe presentado por la sociedad civil, sector que documentó más de 60 casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas como insumos para la visita, realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre del año pasado. Las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas, que el Estado y las empresas deben acatar, establecen los siguientes puntos clave: Diligencia debida. El Grupo de Trabajo de la ONU encontró en México un “ejercicio inadecuado” de la diligencia debida por parte de las empresas y del gobierno, particularmente respecto de proyectos de desarrollo. Las primeras no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones en las personas, y el segundo no ha establecido parámetros claros sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en y fuera de México. La diligencia debida implica que tanto el Estado y las empresas deben hacer todo lo posible para respetar los derechos humanos, incluso si las autoridades respectivas no ejercen un control adecuado. En los insumos presentados por la sociedad civil se constató la ausencia de una evaluación adecuada de impactos ambientales en la mayoría de los proyectos desarrollados por empresas. Empresas estatales. En el informe de la ONU se reconoce que las empresas a cargo del Estado deben dar un buen ejemplo. Entre esas empresas están Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese aspecto, el gobierno no cuenta con pautas y políticas claras orientadas a modificar la conducta de las empresas mediante mejores prácticas de contratación pública, concluyó el Grupo de Trabajo. En el informe se pide respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”, se lee en el documento. La sociedad civil evidenció varios casos en los que el derecho a la consulta no fue respetado y proyectos que, pese a ello, fueron autorizados. El Grupo de Trabajo encontró que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. En ese sentido, estableció que tanto los defensores como los periodistas deben estar mejor protegidos, y que los más altos funcionarios de gobierno, así como los directores generales de las empresas, deben dejar en claro que la intimidación y ataques contra los defensores “son inaceptables y no se tolerarán”. En el informe se presenta información de casos ocurridos entre 2010 y 2014, pero no se mencionan los casos acontecidos en 2016, año de la visita. La sociedad civil documentó amenazas y ataques en el 62,5% de los casos de abusos relacionados con empresas. Diálogo y supervisión. En el informe se destaca la falta de confianza y diálogo en el país entre comunidades y empresas, lo cual impide el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, el Grupo de Trabajo recomendó acciones tendientes a cambiar esa situación. En el informe se describe además la capacidad limitada de las autoridades competentes para supervisar y controlar la contaminación ambiental derivada de las actividades empresariales. El aporte de la sociedad civil El Grupo de Trabajo de la ONU rescató en su informe los insumos presentados por la coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. De las violaciones de derechos humanas por parte de empresas, documentadas por la sociedad civil, seis casos emblemáticos fueron incorporados en el informe como evidencia tangible de un problema que requiere atención urgente y adecuada. Se trata de los parques eólicos en Oaxaca, instalados antes de la consulta a pueblos indígenas; la consulta rodeada de intimidación, amenazas y otras faltas para que comunidades de Campeche y Yucatán acepten la introducción en su territorio de soya genéticamente modificada; la falta de consulta y la violencia ejercida contra el pueblo Yaqui para la instalación de un acueducto; el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, detrás del cual existen ataques contra defensores de derechos humanos; la grave contaminación en el río Sonora por parte de de una empresa minera, y la impresionante contaminación del río Santiago causada por más de 300 industrias de capital nacional y trasnacional. La visita oficial a México de expertos de la ONU sobre empresas y derechos humanos fue un suceso importante para el país, cuyos resultados deben ser implementados. La realidad nacional ha demostrado la grave situación de derechos humanos, en la cual las empresas tienen un rol central y deben implementar sin demora las medidas necesarias, sobre todo las relacionadas con grandes proyectos extractivos y de infraestructura. El Estado, de igual forma, está obligado a proteger efectivamente los derechos de la población, acatar y exigir el cumplimiento de normas y sentencias judiciales, evaluar adecuadamente los proyectos, y exigir procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes de emitir permisos. La anteriores son mejoras urgentes para el avance y desarrollo del país, así como para el fortalecimiento de su democracia.

En busca de protección legal para los arrecifes en México

Los arrecifes —tanto coralinos como rocosos— son fuente de alimento y de compuestos químicos usados para fabricar medicamentos, protegen a poblaciones costeras del impacto de tormentas y huracanes, son un destino turístico importante y refugio para gran cantidad de plantas y animales. No obstante, México, país rico en arrecifes, no cuenta con una ley específica para su protección. Esa tarea vital está fragmentada en diferentes normas, así como en tratados internacionales que establecen las obligaciones que el país tiene de preservar esos entornos. Una de las amenazas más graves a la existencia de los arrecifes es el cambio climático, que provoca que la temperatura de los océanos aumente y que sus aguas se vuelvan ácidas, lo cual reduce la capacidad de los arrecifes para crecer y reparar su estructura. Además, el calentamiento de los mares causa el desprendimiento de las algas de las que se alimentan los corales, quedando los mismos expuestos y en riesgo de morir. Este mes, la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado mexicano decidió hacer algo al respecto y convocó a una serie de reuniones para impulsar el proceso de creación de un instrumento legislativo orientado exclusivamente a la protección de los arrecifes del país. En representación de AIDA, participé de esas reuniones junto con colegas de COSTASALVAJE, organización aliada en México, y con científicos, académicos y personas beneficiadas con los servicios que los arrecifes prestan. Llamamos la atención del Senado sobre las serias amenazas que los arrecifes enfrentan y sobre la urgencia de aplicar el principio de precaución para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, el cual está en riesgo ante la falta de una regulación adecuada para la conservación de arrecifes. Garantizar ese derecho, así como la protección prioritaria e integral de los océanos frente al cambio climático, son obligaciones asumidas por el Estado mexicano como firmante de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CDH); el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Convención Ramsar sobre humedales y la Convención Interamericana para protección y conservación de las Tortugas Marinas (CIT), entre otros. Veracruz, un caso emblemático Los arrecifes del país también son amenazados por la infraestructura costera inadecuadamente planificada y por evaluaciones de impacto ambiental inapropiadas. Es el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto que actualmente pone en peligro al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México. El sitio fue declarado Área Natural Protegida en 1992, región prioritaria para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad el año 2000, reserva de la biosfera por la UNESCO en 2006, y sitio Ramsar. Aún así, el gobierno redujo el tamaño del área en 2013 para dar paso al proyecto portuario, vulnerando convenios internacionales como Ramsar, bajo el cual el arrecife veracruzano es reconocido como Humedal de Importancia Internacional. Conoce más del caso en el siguiente video: Esperanza Confiamos en que la iniciativa del Senado rinda frutos y que México cuente con una norma específica de protección de sus arrecifes, la cual resulte de un proceso participativo y transparente al que seguiremos contribuyendo. Para saber más del tema, consulta nuestro informe La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. 

Admiten amparo contra ampliación del puerto de Veracruz por violar derecho al medio ambiente sano

Sienta un precedente relevante para que los proyectos sean presentados de forma completa, no fragmentada, y se puedan evaluar de forma integral sus impactos al ambiente. Se solicita a la Semarnat revocar las autorizaciones y a la Apiver, suspender las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental. Veracruz, México. El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será analizado por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar si, al ser autorizado, se vulneró el derecho al medio ambiente sano. Lo anterior se debe a la demanda de amparo presentada por habitantes de la región, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a inicios de diciembre de 2016, y que fue admitida a finales de mes marzo pasado[1]. El Juzgado Quinto se había negado a ello alegando falta de interés legítimo de los demandantes, pero tal situación fue combatida y resuelta ante el Segundo Tribunal Colegiado en febrero. El caso es muy importante y establece un precedente relevante en materia del derecho ambiental, pues aborda la forma en la que deben ser evaluados los proyectos de desarrollo en materia de impacto ambiental. Esos proyectos deben ser presentados de manera completa y no fragmentada para poder evaluar el impacto integral que tendrán sobre la zona y sus habitantes. Asimismo, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser elaboradas con la mejor información científica disponible. En el caso del proyecto de ampliación el puerto de Veracruz, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en por los menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin considerar todos los impactos acumulativos. Además, la MIA omitió manifestar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto. Para proteger el derecho al medio ambiente sano, se han construido instituciones como las Áreas Naturales Protegidas e instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, el mensaje que se está enviando es que  estas instituciones pueden ser sacrificadas y/o utilizadas según convenga para empujar los llamados proyectos de desarrollo. En este sentido, y en virtud del amparo, se solicita atenta y respetuosamente a la Semarnat a revocar las autorizaciones de impacto concedidas al proyecto. De igual forma, se hace un llamado atento a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para que suspenda voluntariamente las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental, y a los habitantes de la ciudad de Veracruz-Boca del Río-Medellín a que se apropien y cuiden el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). “La aceptación de este amparo representa un pequeño paso en la dirección correcta, pues el poder de la gente ha hecho valer su derecho a un medio ambiente sano, lo que debería ser un garantía por parte de la autoridad sin que hubiera necesidad de acudir a las instancias judiciales para hacerlo valer. Esperamos que esto abra la puerta a una revisión real y acuciosa del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y de los impactos reales que tendrá sobre el medio ambiente, en particular sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano y  sobre los servicios ecosistémicos que brinda”, declaró Miguel Rivas, campañista de océanos de Greenpeace México. Por su parte, Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que "con la reducción del área del PNSAV y la ausencia de restauración de un sitio protegido bajo la Convención Ramsar, el Estado mexicano incumple con la protección amplia de su población, obligación establecida en tratados internacionales. Expone además a los habitantes del puerto de Veracruz a un mayor riesgo de impactos por huracanes y otros fenómenos climáticos. Ni el gobierno, ni la empresa a cargo del puerto, consideraron de forma adecuada la protección de los arrecifes de Veracruz, ecosistemas de importancia mundial. México está incumpliendo también los objetivos de preservación, conservación y manejo, establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, las metas de Aichi y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratados ratificados por el país". Xavier Martínez Esponda, Coordinador Técnico Operativo del CEMDA, dijo que “los océanos y los arrecifes son ecosistemas clave para el bienestar de las personas pues son fuente de importantes servicios ambientales y funciones ecológicas como la captura de carbono-generación de oxígeno, la provisión de alimento como la pesquería y la regulación del clima brindando protección contra tormentas y/o huracanes, razones por las cuales, deben de ser protegidos y conservados en beneficio de presentes y futuras generaciones”. Desde 2004, el PNSAV es considerado como un humedal de importancia internacional, pero hasta el momento el gobierno mexicano no ha cumplido sus obligaciones internacionales, ni ha expedido su programa de manejo. [1] El 29 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz admitió a trámite la demanda de amparo presentada por habitantes de la región y representados por el CEMDA. Expediente 1241/2016

Sociedad civil alerta sobre omisiones en la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México

El Gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones de las OSC que integran el Grupo Focal. Falta de inclusión de comunidades afectadas, poca transparencia y ausencia de actores vitales para el Programa, entre las principales omisiones. Ciudad de México, México. A mediados del 2015 el gobierno mexicano inició los trabajos para la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencia que lidera este proceso, hasta la fecha no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación. El PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, incluyendo cambios o ajustes en la legislación, la planeación del desarrollo y las políticas públicas, por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados. La apertura a la participación de la sociedad civil ha sido un paso importante para la creación del PNEDH, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México han solicitado a SEGOB la integración de comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes que han sido afectados por las actividades de las empresas en el país, pero la demanda de incluirlas de forma transparente, participativa, incluyente e informada desde el inicio y durante la elaboración  del Programa no ha sido atendida. Las OSC denuncian que aún no se cuenta con un borrador del documento del Programa ni una metodología clara para compartir con los grupos afectados (comunidades y colectivos) y otros actores relevantes como secretarías e instancias gubernamentales, personas u organismos que defienden los derechos humanos, representaciones diplomáticas, empresas, bancos y agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras internacionales. De acuerdo con este Grupo, este Plan debe de contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como de evaluaciones de impacto en derechos humanos, fortaleciendo las evaluaciones de impacto ambiental y social ya creadas por la Ley vigente, garantizando que la planeación del desarrollo nacional se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, y así proteger a las personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, las empresas públicas del Estado deben de contar con mecanismos de respeto y protección a los derechos humanos, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas. Esta denuncia de las omisiones del proceso se basa en el trabajo de las organizaciones del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, las cuales han identificado prioridades a través de un diagnóstico nacional y hecho recomendaciones al gobierno que no han sido atendidas. Las OSC mencionadas seguirán informando a la sociedad civil sobre el proceso de creación del PNEDH, en conjunto con las otras organizaciones y grupos que se integren. El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una coalición de OSC que promueve y defiende los marcos jurídicos existentes para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos, y está conformado por: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, y es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Sociedad civil llama al gobierno a proteger los arrecifes del Golfo de México

Debido a su proximidad con las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, tanto los arrecifes que forman parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) como los recientemente descubiertos, están en riesgo de ser dañados de manera irreversible.  Veracruz, México. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en materia de biodiversidad y ecosistemas marinos, urgieron al gobierno a proteger los arrecifes coralinos de Veracruz, tanto los que se encuentran dentro del polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), como los recientemente hallados, ya que debido a su cercanía con las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, pueden sufrir daños irreversibles. Con ocasión de la visita a México del barco de la organización ambiental Greenpeace, el Rainbow Warrior –que se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz hasta el 2 de enero-, los defensores ambientales reiteraron el llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que revoque la Autorización de Impacto Ambiental otorgada a la Administración Portuaria de Veracruz (APIVER) para llevar a cabo obras de ampliación del Puerto. En conferencia de prensa, académicos de la Universidad Veracruzana confirmaron el relevante hallazgo de nuevos arrecifes coralinos no emergidos, ubicados dentro y  fuera de la poligonal del PNSAV, una muy buena noticia en términos del alto valor ambiental, económico, social y cultural que tienen. Como se sabe, los arrecifes constituyen una barrera natural contra el impacto de huracanes y tormentas; son banco de alimento que detona la reproducción de la biodiversidad y, por ende, la actividad pesquera. Asimismo, representan un atractivo para turistas y buzos de todo el mundo. Cabe recordar que hace apenas unos días México fue la sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP13) que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, donde el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reiteró el compromiso internacional de México de defender los ecosistemas y anunció la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs) Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, señaló que “es urgente reconocer y proteger este nuevo arrecife. El PNSAV es un ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros santuarios marinos y la urgente necesidad de que existan programas de manejo efectivos y aplicables para las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano recientemente decretada; es urgente la verdadera protección de los ecosistemas para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.” El Doctor Leonardo Ortiz, biólogo e investigador de la Universidad Veracruzana, señaló al respecto que el hallazgo de arrecifes coralinos no descritos dentro y fuera del Parque Nacional, demuestra que todas las costas veracruzanas se ven beneficiadas con la presencia de un Corredor Ecológico que recorre más de 800 km del litoral del suroeste del Golfo de México. Enfatizó que es necesario proteger todos estos arrecifes para garantizar el bienestar de la población que habita estas costas. También destacaron que la salud de estos arrecifes está comprometida pues han sido impactados negativamente por la actividad humana.  Horacio Pérez España, Investigador y Académico de la Universidad Veracruzana, explicó que: “Desde la década de 1960 a 2000 los arrecifes del PNSAV perdieron más del 50% de cobertura de corales, cambiando de un valor aproximado de 50-60% a un 19-22%. Además, en los últimos diez años, las enfermedades en los corales se han incrementado en más de 400%, lo cual es un indicador de un nivel de estrés muy elevado, que podría ocasionar su muerte”. A fin de detener el deterioro del Parque y modificar la ejecución del proyecto de ampliación del Puerto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha emprendido un par de litigios. Francisco Xavier Martínez Esponda, Director Técnico operativo de CEMDA, refirió que “los arrecifes son fuente de vida y por ello hemos investigado y documentado la situación del PNSAV, así como la deficiente administración realizada hasta ahora para este sitio por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como la afectación que provocará el proyecto autorizado para la ampliación del Puerto. Hemos emprendido acciones legales para contribuir a la conservación del PNSAV, sin que hasta el momento los jueces federales hayan reconocido el interés legítimo que poseen los habitantes de la ciudad para acudir a la defensa de un sitio que les es vital para su buen vivir. En el marco de los compromisos asumidos por México en la COP13 y recordando la estrecha relación que hay entre el derecho humano al medio ambiente sano y la biodiversidad, pedimos atentamente a nuestras autoridades proteger bajo el estándar más alto de protección al PNSAV". Finalmente, Aída Navarro, asesora de Comunicación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que “la modificación de los límites del PNSAV vulnera las obligaciones internacionales de México para preservar ese sitio, entre ellas las asumidas bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica”. Enfatizó además que si la Semarnat retira el permiso otorgado para la ampliación del Puerto, puede obtener apoyo técnico y financiamiento internacional para preservar el área protegida, para lo cual se deberá además incluir al sitio en el Registro Montreaux, mecanismo contemplado por la Convención Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales amenazados gravemente.  El Sistema Arrecifal Veracruzano encaja muy bien en este perfil.  

Apoyando la lucha de apicultores mayas contra el cultivo de soya genéticamente modificada

El Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos

El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28). Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos. Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos. En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos,  la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales. La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a: Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor. Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones. A las empresas a: Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.   Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales Comités de Cuenca Río Sonora Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)  

Sociedad civil pide a la ONU documentar violaciones a derechos humanos por parte de empresas

Entregan reporte con más de 60 casos de violaciones en todo el país. Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos —incluyendo hidroeléctricas y parques eólicos—, presentan mayores casos de abusos contra derechos humanos.   Ciudad de México, México. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inicia el lunes 29 de agosto, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional. El reporte profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas[1] y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos[2], así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio[3]. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales.   Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de la Nación, éstas no se cumplen. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina. Las más de 100 organizaciones y las comunidades que hemos preparado este informe y apoyado la organización de las reuniones en México, esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas. Más información en redes sociales #ONUenMx   El informe fue realizado con la participación de las siguientes organizaciones y grupos de derechos humanos (en orden alfabético): Alianza de la Costa Verde Ambiente y Desarrollo Humano Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz   Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana).   El proceso fue acompañado por Peace Brigrades International México (PBI)   La información fue recolectada con base en el cuestionario de referencia para la documentación de abusos de empresas elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y la Red DESC  https://goo.gl/YLhbSM [1] Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México el 7 de octubre de 2015: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=E [2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Situación de los derechos humanos en México, (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN I. Title. II.  Series. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15 p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [3] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2015 Measuring peace, its causes and its economic value p. 8 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf Mexico´s Rank 140 out of 163 http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2016/MEX/OVER