México

Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Aire limpio y justicia climática: el mejor regalo para los niños y niñas

Hoy México celebra el Día del Niño. El mejor regalo que millones de niños y niñas podrían, y deberían, recibir, es aire limpio y justicia climática. Es lo único que quisiera regalarles a mis hijos y que tristemente no podré, al menos no este año, puesto que Ciudad de México ha tenido mala calidad de aire 112 de los 120 días de 2019 (hasta hoy). Quienes vivimos en esta ciudad hemos sufrido la contaminación, particularmente en el último mes, en el que por siete días en total se declararon tres contingencias ambientales por ozono.   En los últimos años, las contingencias ocurren durante la “temporada de ozono”, del 15 de febrero al 15 de junio, período en el que el ozono troposférico (el ozono presente en el aire que respiramos) supera los niveles máximos que la Norma Oficial Mexicana permite. Este gas, presente durante todo el año, se eleva porque a la quema de combustibles fósiles por vehículos e industrias se suma el cambio de condiciones meteorológicas: menos lluvia y vientos, y más radiación solar. Esto impide que la contaminación del aire que producimos constantemente se disperse de la ciudad hacia zonas aledañas. El aumento de ozono en el aire es grave debido a los daños que causa al ambiente y a la salud de las personas, en especial a la de los niños y niñas. Según la Organización Panamericana de la Salud, el ozono en el aire puede, entre otras cosas, afectar la función pulmonar, dificultando la respiración. Así, el grupo vulnerable a la contaminación incluye también a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y atletas. Por ello las autoridades recomiendan a la población, sobre todo a los grupos vulnerables, abstenerse de realizar actividades al aire libre durante las contingencias, en particular entre las 13 y las 19 horas. Otras medidas incluyen aumentar la restricción vehicular y reducir el consumo de gas licuado de petróleo. Por todo lo anterior, la “temporada de ozono” no es un fenómeno nuevo, sorpresivo ni normal. No es normal que los padres nos resignemos a su presencia cada año y que nuestros hijos no puedan celebrar su cumpleaños al aire libre o salir con sus amigos al parque. Entiendo la imposibilidad de controlar las lluvias, el sol y el viento, pero el ozono es otra historia. De hecho, existen medidas que se podrían y deberían estar implementando hace años para evitar que la temporada de ozono sea inevitable en Ciudad de México. Algunas de ellas, plenamente identificadas, incluyen la mejora de la calidad de las gasolinas y de la tecnología vehicular y de fuentes fijas; asegurar infraestructura segura y adecuada de transporte público y de bicicletas; y controlar efectivamente la flota vehicular del transporte privado y público, y las fuentes fijas. Pero hasta ahora las acciones han sido incompletas, ineficientes y están estancadas para solucionar el problema de fondo. La mejora de la calidad de aire durante el desabasto de gasolina en la ciudad, demostró que dichas soluciones son posibles. De otra parte, las acciones destinadas a disminuir la contaminación del aire podrían tener un doble beneficio. El ozono troposférico es un gas de efecto invernadero que agrava el cambio climático. Es un contaminante climático de vida corta pues se queda en la atmósfera algunas semanas. Esto implica que las acciones para controlarlo tienen un efecto casi inmediato en la salud humana, de los ecosistemas y en el clima. México tiene entonces la oportunidad de cumplir sus obligaciones internacionales contra el cambio climático, además de mejorar la salud de millones de personas que vivimos en ciudades. Por tanto, la temporada de ozono requiere un cambio estructural y urgente de políticas públicas, de leyes y de su aplicación. Urge incluir una perspectiva de derechos humanos que priorice el interés público y la salud de niños, niñas y demás personas, por encima de la movilidad vehicular. No son medidas sencillas de elaborar e implementar, pero es esencial dar los primeros pasos si queremos alcanzar resultados algún día. Los esfuerzos gubernamentales requieren del apoyo de toda la sociedad. Las empresas deben contribuir a la implementación de soluciones, actuando con debida diligencia. La academia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y demás sectores debemos aportar nuestro conocimiento y participación para asegurar que los planes y programas sean ambiciosos y efectivos, y promuevan una transición justa. Cada residente de la ciudad tiene el deber de contribuir. Precisamente el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ambiente, Profesor David Boyd, publicó hace unas semanas un informe reiterando la obligación de los Estados de garantizar el derecho a un aire limpio y el deber de las empresas en contribuir. Su informe tiene recomendaciones relacionadas con el ozono troposférico que podrían ser muy útiles para las autoridades mexicanas. Disfrutar de un aire limpio es un derecho pendiente. Hoy en Ciudad de México viven casi dos millones de niños y niñas (de 0 a 14 años), incluyendo los míos. Ellos y gran parte de los más de 35 millones de niños y niñas de todo el país podrían gozar de un aire limpio, pues la mayoría vive en ciudades y poblaciones con problemas de calidad del aire. Según el comercio organizado, la celebración del Día del Niño en México implica un gasto de 17 mil millones de pesos (900 millones de dólares) en regalos, monto que podría destinarse a que autoridades, empresas y particulares implementen acciones para que los niños y niñas del país tengan algo más valioso: respirar un aire que no ponga en peligro su salud. Ello estaría alineado con el objetivo de quienes instituyeron la celebración del Día del Niño en México desde 1924 y con la intención de Naciones Unidas de establecer un día al año para honrar la importancia de los derechos de la infancia. La contaminación atmosférica es, lamentablemente, un problema regional y mundial. Perú y Colombia celebran también a sus niños y niñas este mes. Estando sus ciudades entre las más contaminadas, lo reflexionado aquí puede aplicarse también a esos países y al continente. El regalo para mis hijos este año será continuar trabajando para una mejor calidad del aire en Ciudad de México, para construir junto con otros el camino hacia un futuro, espero cercano, con justicia climática.  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Hidroeléctrica Las Cruces no es viable hoy, ni a futuro; revela nuevo estudio

Retiran el proyecto Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía. El costo del proyecto pasó de $ 7,995 millones de pesos en 2012 a $ 13,300 millones de pesos en 2018. Sus impactos negativos en la salud y la economía local no se consideraron. Estos hechos se suman a la defensa del territorio y derechos humanos de comunidades indígenas de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Tepic, Nayarit. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces es inviable estratégica y financieramente, según concluye el estudio realizado por la Asociación Civil, SuMar-Voces por la Naturaleza. Dada esta situación, organizaciones de la sociedad civil piden al actual gobierno federal que anuncie la cancelación definitiva de dicho proyecto y que se dé paso a un proceso abierto de diálogo e inclusión con las comunidades para discutir alternativas de desarrollo que generen un verdadero desarrollo sustentable en la región.   Representantes de organizaciones civiles señalaron que la Secretaría de Energía (Sener) ha retirado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2016-2030); y en el Prodesen 2017-2031, propone en su lugar una diversificación de la matriz eléctrica con tecnología renovable.   El estudio identifica que, en el nuevo contexto del sector energético, Las Cruces no es necesaria hoy, ni a futuro, para satisfacer los requerimientos del sistema eléctrico nacional. “La inversión en tecnologías renovables a pequeña escala y cerca del lugar de consumo, es más atractivo para los inversionistas, más estratégico para el sistema eléctrico nacional y más eficiente para las redes de distribución”, señaló Ernesto Bolado Martínez, director de SuMar.   La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Lo anterior aunado a un incremento de sus costos en más del 80 por ciento, tanto por el incremento de los materiales de construcción como de la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, que elevó su costo a más de 13 mil millones de pesos.   Según documentos de la Secretaría de Energía, el sistema eléctrico en México presenta una pérdida de energía por transmisión y distribución de aproximadamente del 13 por ciento, lo que a su vez representa pérdidas de $ 42,246 millones de pesos anuales. Estas pérdidas no se valoraron para el proyecto Las Cruces, que produciría energía en Nayarit, para enviarla a Jalisco, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, quienes demandarían el 73 por ciento de esta energía.   Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces se analizó bajo el enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental, resultando que en su valoración no se consideraron los costos de impactos ambientales, sociales y económicos en localidades aguas abajo de la presa y sus respectivas medidas de mitigación. Tampoco se incluyeron los costos de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones durante y después de su vida útil.   Otro factor que no se evaluó son los costos a la salud por el incremento de enfermedades relacionadas con la presa durante su construcción y operación. El estudio señala que las mujeres son las más vulnerables y los casos de diarrea se incrementan en un 60 por ciento durante el proceso de construcción. Además, se identifican al menos 12 localidades que deberían reubicarse por estar dentro de la zona de riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos.   Las hidroeléctricas no deberían considerarse fuentes de energía limpia, ya que una hidroeléctrica en un clima tropical, durante sus primeros 10 años de vida, emitirá cuatro veces más gases de efecto invernadero que una planta que funcione con combustibles fósiles, revela la investigación hecha por la asociación civil. Además, el cálculo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la emisión de gases de efecto de invernadero para Las Cruces es incorrecto.   En septiembre de 2014, la Semarnat, autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la CFE. La autorización se otorgó de manera condicionada a cumplir con una serie de observaciones. En particular, la Condicionante I del resolutivo de Semarnat (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07893), exige a la CFE, entre otros, el cumplimiento del artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE, 2014), respecto a la obligación de presentar una evaluación de impacto social que “deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrán derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes”.   En rueda de prensa, representantes de organizaciones civiles y de las comunidades de la cuenca del río San Pedro, refrendaron su solicitud al gobierno federal para que confirme el retiro del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía.   Descargue el estudio completo. Contacto de prensa: Ernesto Bolado Martínez, [email protected]    

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Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Leydy Pech, la guardiana de las abejas

“Son parte de mi ser”, dice Leydy Araceli Pech Martin de sus abejas. Las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Verlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich Eq —nombre que en maya significa “Ojo de Estrella”—, municipio de Hopelchén, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma: unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Leydy comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa de su territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Hopelchén está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. Derribando obstáculos De mirada dulce y voz suave, Leydy es una mujer muy ágil. Puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar pendiente de su hijo, Diego Alberto, de 17 años. También atiende el pequeño negocio de Koolel-Kab (“mujeres que trabajan con abejas”), una organización que ella y otras mujeres de Hopelchén fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y preservación de la abeja melipona beecheii, una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos —miel, jabones y cremas— que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo, Leydy y sus compañeras fueron subestimadas. “Nos decían que no íbamos a lograr nada, poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades; los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha”, cuenta. Las mujeres de Koolel-Kab trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Leydy recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes.  Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Hopelchén, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y, aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de ese tipo de soya no ha cesado y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se queda en los campos, sino que llega a casas, fuentes de agua y flores. “No me puedo quedar de brazos cruzados cuando sé lo que está pasando, se ha vuelto una responsabilidad, no hacer nada sería como traicionar mi propia identidad”, dice Leydy con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve. Pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. “Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado”. La organización de mujeres mayas forma parte del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, que ha presentado acciones legales nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. AIDA, junto con organizaciones aliadas, apoya esos esfuerzos y ha llevado el caso, en representación de las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza de la unión La fortaleza del Colectivo está en su unidad. De eso Leydy está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche sino a los de los estados cercanos de Yucatán y Quintana Roo. “Los mayas somos muchos, cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos”. Leydy contagia su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Su hijo, Diego Alberto, es parte de ese esfuerzo conjunto. “Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas”. Como Diego Alberto, otros miembros jóvenes de la familia de Leydy se dedican ahora a la apicultura. “Eso me dice que estoy haciendo bien las cosas”, dice orgullosa.  

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Bandera Mexico
Participación Ciudadana

Pronunciamiento sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México

Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador A las y los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo Federal A la opinión pública   Considerando – Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La planeación (del desarrollo nacional) será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. – Que el gobierno federal que tomó posesión el primero de diciembre pasado ha hecho declaraciones a favor de la participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentales que afectan la vida pública del país. – Que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento rector, a partir del cual se derivan todos los programas de política pública del gobierno federal. El conjunto de organizaciones que suscriben este comunicado solicitan al C. Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete que se abran espacios de participación ciudadana para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. El proceso debe ser completamente distinto al realizado por la administración pasada, el cual se caracterizó por la generación de espacios que no tuvieron realmente en cuenta las preocupaciones planteadas desde sociedad civil. Por lo anterior, solicitamos que para los temas principales de la agenda pública se establezcan mesas de diálogo entre actores de la sociedad civil y gobierno, cuyas conclusiones tengan incidencia efectiva sobre el Plan Nacional de Desarrollo para tener reales mecanismos de participación democrática y deliberativos, tal como lo establece nuestra Carta Magna.   Atentamente Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA CartoCrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental Centro para la Diversidad Biológica Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Reforestamos México  

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Arrecifes de coral, Océanos

Piden incluir a 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas

AIDA respaldó en una carta enviada al gobierno la propuesta presentada por la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable de incluir estos peces que contribuyen a mantener saludables a los arrecifes de coral del Caribe mexicano. En la carta se detallan las obligaciones internacionales de México para preservar sus arrecifes de coral, ecosistemas que están en riesgo grave y cuya sobrevivencia depende en gran medida de la protección de peces herbívoros como el pez loro.   Ciudad de México. En una carta enviada al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó —con base en argumentos de derecho internacional, convenciones y tratados ambientales— la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista de especies protegidas de la Norma Oficial Mexicana 059, que se encuentra en proceso de actualización. La carta fue presentada como respaldo a la propuesta de inclusión de esas especies que la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI, por sus siglas en inglés) remitió a la Comisión en septiembre, en coordinación con Casa Wayuu A.C., la Alianza Kanan Kay y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Las especies de peces loro cuya protección estamos pidiendo, cumplen una labor vital para la sobrevivencia de los arrecifes de coral al alimentarse de las algas que los cubren y que les quitan luz y oxígeno”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Pero la población de estos peces ha disminuido drásticamente debido a la degradación de su hábitat, la contaminación y el cambio climático; y los estudios de HRI, entre otros, han demostrado que el 60% de los arrecifes del Caribe mexicano están en mal estado o en estado crítico de salud”. Las organizaciones piden incluir en alguna de las categorías de riesgo de la Norma Oficial Mexicana 059 al pez loro semáforo (Sparisoma viride), al pez loro guacamaya o arcoíris (Scarus guacamaia), al pez loro azul (Scarus coeruleus), al pez loro de media noche (Scarus coelestinus), al pez loro reina (Scarus vetula), al pez loro princesa (Scarus taeniopterus), al pez loro rayado (Scarus iseri), al pez loro banda roja (Sparisoma aurofrenatum), al pez loro aleta roja (Sparisoma rubripinne) y al pez loro cola amarilla (Sparisoma chrysopterum). En la carta se detallan las convenciones y tratados internacionales por los que el Estado mexicano está obligado a combatir adecuadamente las amenazas de especies que requieren protección especial, como los peces herbívoros, y que son vitales para la salud de los arrecifes del Caribe y de otros ecosistemas marinos. Esos acuerdos incluyen el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe o Convenio de Cartagena) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Declaración de Tulum y la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral. “También mencionamos en la carta la Opinión Consultiva sobre derechos humanos y ambiente que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió Thompson. “En esa decisión, la Corte fortalece las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas en estrecha relación con la protección del ambiente. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables ante el cambio climático, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Esto último se debe a las múltiples descargas de aguas no tratadas o tratadas de manera inadecuada para la región caribeña y a otras formas de contaminación del mar. “El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que superar los 1,5°C en la temperatura promedio del planeta, implicaría la destrucción de los arrecifes”, enfatizó Mélina Soto, Coordinadora para México de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. “Es entonces urgente adoptar medidas adecuadas para preservar esos entornos, siendo una de ellas la protección de los peces herbívoros”. Lea la carta enviada al gobierno mexicano. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (Ciudad de México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Marisol Rueda Flores (Playa del Carmen), Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, [email protected],+521 9848770815  

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Arrecifes de coral, Océanos

¿Sabías que los arrecifes producen medicinas?

¿Pueden los arrecifes de coral contribuir a la medicina moderna? Me hice esa pregunta cuando conversaba con miembros de una organización médica en México que apoya a personas con alguna enfermedad del hígado o que buscan prevenirla. Supe de la organización (Amihigo) por mi tío que es parte de ella y que conoce mi trabajo como abogado ambiental en AIDA. Busqué luego al director porque me interesaba mucho conocer su opinión experta sobre la relación entre los corales y la medicina. La información que me dieron y que encontré luego, buscando por mi cuenta, fue abrumadora. Los corales son considerados botiquines naturales y grandes aliados en la búsqueda de tratamientos efectivos a un gran número de enfermedades. Las plantas y animales que estos entornos marinos albergan han desarrollado compuestos químicos para protegerse frente a depredadores, así como para combatir enfermedades y prevenir el crecimiento excesivo de otros organismos que compitan con ellos. Es por ello que, según el Servicio Nacional Oceánico de Estados Unidos, los corales son fuente importante de nuevos medicamentos para tratar el cáncer, la artritis, el Alzheimer, infecciones bacterianas, virus y enfermedades cardíacas, entre otras.  Mirando en esa dirección, la industria farmacéutica ha encontrado en los corales insumos valiosos para el desarrollo de productos. Por ejemplo, ha concluido que ciertos corales estimulan la soldadura de huesos rotos, y que algunos componentes de una esponja proveniente de los arrecifes caribeños permiten la creación de Zidovudina, un medicamento para tratar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pese a estos descubrimientos, el uso médico de los arrecifes se considera subdesarrollado. Y, aún peor, si estos entornos no son preservados, su gran potencial para la medicina moderna no será aprovechado nunca. Lamentablemente, algunos estudios estiman que el 30% de los arrecifes ya está seriamente dañado y que el 60% podría desaparecer en el año 2030 debido a la contaminación del agua, métodos destructivos de pesca, la sobrepesca y otras actividades humanas no sostenibles. A ello se suma la amenaza del cambio climático, fenómeno que aumenta la temperatura de los océanos y con ello la muerte de corales. Varios países de América Latina tienen la bendición de contar con grandes extensiones de arrecifes de coral, que brindan beneficios ambientales y sociales a nivel nacional y regional, pero no hacen lo suficiente para proteger esa riqueza. Uno de ellos es México, cuyo litoral se extiende por más de 11 mil kilómetros y que tiene una superficie de 5.100 kilómetros cuadrados de islas, arrecifes y cayos. Sus arrecifes coralinos están distribuidos geográficamente en seis grandes regiones: el Golfo de California y el oeste del Pacífico mexicano, el Archipiélago de Revillagigedo, las Islas Marías, la Costa del Pacífico Sur, el Corredor Arrecifal del Golfo México y el banco de Campeche, y el Caribe mexicano.  Sin embargo, la pérdida y degradación de arrecifes de coral es un problema creciente en el país. Por ejemplo, la descarga de sedimentos y la contaminación proveniente de actividades humanas ha resultado en el incremento de macroalgas, aquellas que le quitan luz y oxígeno a los corales, provocando su muerte. La principal actividad detrás del daño es el desarrollo urbano y costero no sostenible y mal planificado. Otro ejemplo es el Sistema Arrecifal Veracruzano, el más grande del Golfo de México, en riesgo grave por una ampliación portuaria. Es urgente que el gobierno actúe con precaución al autorizar el uso del suelo en planes de crecimiento urbano para no dañar a humedales costeros (lagunas, bahías, manglares, dunas costeras, pastos marinos y otros), y que adopte medidas prontas para el tratamiento de aguas residuales. La protección y restauración de arrecifes de coral y humedales costeros debe ser privilegiada por encima de intereses económicos y beneficios económicos de corto plazo. También se requieren buenas prácticas de regulación para la conservación de arrecifes. Por ejemplo, se deben adoptar medidas urgentes para proteger de la sobrepesca a los peces herbívoros, que se alimentan de macroalgas, y a los peces comerciales, ambas especies esenciales para la adaptación y sobrevivencia de los arrecifes coralinos y rocosos frente al incremento de temperaturas y acidificación de los océanos. De la salud de esos entornos depende la salud de las personas en México y en la región. Es importante que el sector de la salud (médicos, pacientes, científicos, hospitales, laboratorios e industria farmacéutica) se sumen al esfuerzo y exijan la conservación de los arrecifes de coral, un banco natural de medicamentos y un recurso clave para garantizar nuestros derechos a una vida digna y a un ambiente sano.

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Fortalecimiento de Capacidades, Minería, Participación Ciudadana

Taller de capacitación sobre impactos del extractivismo en las comunidades y en el ambiente

En el marco del proyecto "América Latina, entre violencias y esperanzas"  —que busca que organizaciones y comunidades de la región incrementen su capacidad para tranformar conflictos de forma no violenta, y ejerzan sus derechos frente a la presencia de empresas extractivas en su territorio—, AIDA fue parte de un taller de capacitación en México, explicando los impactos del extractivismo en el ambiente y en las comunidades.  El taller formó parte de la agenda del Encuentro de Intercambio de Experiencias de Comunidades sobre la Resistencia No Violenta frente al Extractivismo, realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 23 al 27 de mayo de 2018.   Presentación   

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Arrecifes de coral, Océanos

Veracruz y nuestra incapacidad de ver a futuro

(Texto publicado originalmente en Animal Político) Quienes están detrás de la ampliación del puerto de Veracruz comparten un mal desgraciadamente común en México y en otras partes del mundo: concebir el desarrollo como una suma de beneficios de corto plazo y cuyo logro requiere vencer todos los obstáculos posibles, incluidos como tales los entornos naturales y las normas que deberían protegerlos. La primera etapa de la ampliación de operaciones del puerto de Veracruz le dará oxígeno a ese estado por 15 o 20 años, aseguró en días pasados Juan Ignacio Fernández Carbajal, director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER). Por oxígeno, el directivo entiende más ingresos económicos y nuevas fuentes de empleo derivadas del aumento de la capacidad de carga del puerto. Pero su visión de desarrollo, claramente de corto plazo, ignora los beneficios sociales, ambientales y económicos que el Sistema Arrecifal Veracruzano ha brindado y puede seguir brindando por mucho más de 20 años. Hablemos de grandezas. La segunda obra de infraestructura más importante del sexenio en México dañará irreversiblemente el ecosistema de coral más grande del Golfo de México. Los arrecifes de Veracruz brindan oxígeno en un sentido estricto. Los océanos y sus ecosistemas, entre ellos los arrecifes, generan la mitad del oxígeno que se respira en el planeta y absorben casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles. Y hay más. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los arrecifes de coral proporcionan 17% de todas las proteínas consumidas a nivel mundial, porcentaje que sube a 70% o más para países insulares y costeros. Ello se debe a que albergan a más de 100,000 especies distintas de fauna marina, entre ellas miles de peces comerciales, que comparten el entorno con peces herbívoros, tortugas marinas y tiburones. En buenas condiciones, los arrecifes protegen a poblaciones costeras de tormentas, huracanes y tsunamis, fenómenos agravados por el cambio climático. Su esqueleto absorbe hasta 95 % del impacto de las olas generado por vientos fuertes. Quienes viven en Veracruz se han beneficiado de esa característica. El Sistema Arrecifal Veracruzano, Área Natural Protegida como zona de refugio de flora y fauna desde 1975 y en la categoría de Parque Nacional desde 1992, sirvió como barrera de amortiguamiento para proteger a la ciudad cuando ésta se vio afectada en 2001 por el huracán Karl de categoría cuatro. Pese a ello, en 2012, el gobierno redujo el área del parque, excluyendo del mismo a la mitad del arrecife de Punta Gorda y a la Bahía de Vergara, para permitir la ampliación portuaria. En términos económicos, aquellos priorizados por los promotores de la megaobra, el valor de los servicios ambientales de los arrecifes excluidos del parque, se calcula en aproximadamente 290.5 millones de dólares, cifra que rebasa el beneficio económico directo del nuevo puerto, calculado en alrededor de 85,600 dólares por kilómetro cuadrado. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma que, en general, el valor estimado de los servicios prestados por los arrecifes está entre 100,000 y 600,000 dólares por kilómetro cuadrado. Y recientemente se calculó el valor de existencia de ecosistemas de arrecife de coral, como Cabo Pulmo, en cerca de 332 millones de dólares al año. Cuando hacer las cosas bien no importa “Desgraciadamente, cuando pensábamos que todo ya iba a comenzar, empezamos a tener problema con el tema medioambiental, que eso nos retrasó el proyecto tres años, tres años y medio”, recordó Fernández Carbajal. El problema era la existencia de arrecifes de coral en el sitio concebido para el proyecto. “Si el problema es un parque nacional, pues vamos a quitarlo de esa área para que podamos construir el puerto sin que haya un obstáculo legal para hacerlo”, dice Leonardo Ortiz, investigador de la Universidad Veracruzana en el documental La batalla por los arrecifes veracruzanos, al explicar cómo procedió el gobierno para dar vía libre al proyecto pese a sus riesgos. Según la legislación nacional, en las áreas naturales protegidas sólo es posible realizar las actividades permitidas según su categoría. En el caso del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), sólo se permiten actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y la educación. Las actividades portuarias no son compatibles con la categoría de protección ambiental, por ello la misma fue removida de parte del parque. Al hacerlo, el gobierno retrocedió en su obligación de conservar las características naturales de los ecosistemas para las generaciones futuras. Vulneró además sus obligaciones ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales y bajo el cual el PNSAV es Humedal de Importancia Internacional. México debe aplicar las normas para conservar sus ecosistemas y para restaurarlos en caso de daños. Además, en la Manifestación de Impacto Ambiental, la APIVER solicitó de forma fragmentada la autorización para el proyecto, lo cual impide evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos a través del tiempo y de forma integral. Además, ese documento no se basó en la mejor información científica posible pues ignoró, por ejemplo, la existencia de un arrecife no emergido en la zona de construcción. Ese documento tampoco contiene medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la tortuga carey, especie amenazada según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas. Esa tortuga cumple su ciclo de vida en el parque. Pero la ampliación portuaria fue autorizada sin que la autoridad a cargo requiera un plan de manejo especial para la conservación de esa especie. Asimismo, la autorización no consideró los impactos en los arrecifes de la sedimentación por las obras, el dragado de la Bahía de Vergara y Punta Gorda y del aumento en la cantidad y el tamaño de las embarcaciones en el nuevo puerto. Se ignoró también que, al transportarse mayor cantidad de hidrocarburos, existe un riesgo mayor de derrames en una región ya vulnerable a esos incidentes, los que podrían dañar gravemente arrecifes muy biodiversos y conectados al Corredor Arrecifal del Sureste del Golfo de México. La vulneración de normas y tratados en materia ambiental y de derechos humanos fue denunciada en un amparo presentado por pobladores del área metropolitana de Veracruz, quienes reivindican su derecho a un ambiente sano frente a los impactos del nuevo puerto. La demanda fue asesorada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y respaldada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. El desarrollo, bien entendido, de Veracruz ¿pasa necesariamente por la destrucción de arrecifes de más de 10 mil años de antigüedad que garantizan de manera duradera protección frente a embates del clima, turismo, pesca y una gastronomía emblemática? Para una mirada mediocre y de corto plazo, seguramente sí. Pero no para quien piensa a futuro y considera a la naturaleza, no como un obstáculo, sino como el mejor aliado en el sinuoso pero necesario camino del desarrollo sostenible.  

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Respaldan demanda de comunidades indígenas contra hidroeléctrica Las Cruces

Como apoyo a la solicitud de amparo presentada por el pueblo Wixárika, AIDA presentó ante la justicia un escrito que evidencia las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambiente que el gobierno mexicano vulneró al autorizar el proyecto ubicado en Nayarit. Nayarit, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) evidenció, en un escrito (Amicus Curiae) presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit, las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El escrito respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo indígena Wixárika “Las autoridades no han realizado un proceso adecuado de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, y sobretodo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”. La hidroeléctrica, promovida por la Comisión Federal de Electricidad, pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Miembros del pueblo Wixárika presentaron la demanda de amparo contra las autoridades que avalaron el proyecto —la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua— a mediados del año pasado. En el escrito, presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado mexicano respecto de Las Cruces. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tras la demanda de amparo, la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos. Las autoridades de gobierno han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden “refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto”. Esa postura ignora los derechos de las comunidades, el debido proceso y los riesgos ambientales que afectan el interés público. Ahora la autoridad judicial debe dar continuidad al proceso, confirmar la suspensión y disponer finalmente la cancelación de los permisos del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas. “Es necesario que el gobierno mantenga la congruencia entre la protección de los derechos humanos y del ambiente, cancelando los permisos otorgados al proyecto Las Cruces y amparando así los derechos de las comunidades afectadas”, dijo Thompson. “México tiene la oportunidad de fortalecer la tendencia mundial hacia la energía limpia, alejándose de proyectos como las grandes represas que emiten gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático”. Consulta más información sobre el tema. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]  

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Arrecifes de coral, Océanos

Mandan alerta internacional por riesgos graves al arrecife de Puerto Morelos

Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental, una visita al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Internacional bajo Ramsar, amenazado seriamente por actividades turísticas masivas y no sostenibles.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —con apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Voces Unidas, la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, Flora y Fauna de México y el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable— presentó una alerta urgente ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. En ella solicita una visita de expertos al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM) para que evalúen los riesgos que el sitio enfrenta a causa del turismo masivo no sostenible. “Existen en el lugar proyectos inmobiliarios turísticos que, al no haber sido sometidos a una evaluación de impacto ambiental seria y rigurosa, han transformado el territorio costero, degradando y contaminando ecosistemas, en especial arrecifes de coral y manglares”, explicó Sandra Moguel, Directora Regional de la oficina Sureste del CEMDA. El PNAPM fue creado como área natural protegida en 1998 y fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional, bajo la Convención Ramsar, en 2004. Es un sitio único debido a su alta biodiversidad. Sus arrecifes de coral son hábitat de peces, tiburones, caracoles rosados y tortugas marinas; mientras que sus manglares albergan a cocodrilos y garzas. Y, como otros humedales, evita la erosión costera y es fuente de crianza y alimentación para peces para la zona. “La belleza ecológica y escénica del lugar atrae la construcción de proyectos turísticos que, al no ser evaluados de manera adecuada, promueven un modelo depredador de uso irracional de los recursos naturales”, dijo Camilo Thompson, abogado del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA.  “Urge una misión de Ramsar que evalué los daños, proponga compensaciones, exprese sus recomendaciones y emita un informe sobre la política de crecimiento inmobiliario-turístico y las alternativas para asegurar el uso racional de los ecosistemas que hacen la Parque”. El Arrecife de Puerto Morelos forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. “Cualquier actividad desarrollada en el lugar requiere una evaluación ambiental estratégica que considere los impactos acumulativos y sinérgicos en los humedales costeros, los pastos marinos y los arrecifes de Puerto Morelos”, agregó Thompson. “El Estado mexicano debe aplicar el enfoque precautorio y ecosistémico ante las amenazas y riesgos a la biodiversidad de este sitio único”. Consulte y descargue la alerta presentada ante la Convención Ramsar.  

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