México

Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Organizaciones recurren a la CIDH para que México proteja a comunidades mayas afectadas por siembra de soya transgénica

La vida, integridad y salud de las víctimas está en riesgo por la deforestación y contaminación que la siembra de soya genéticamente modificada causa en sus territorios. La situación se está agravando pues el Estado mexicano no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las comunidades. Washington D.C., Estados Unidos. Comunidades mayas apicultoras, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) denunciaron el pasado 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, México, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas.   El modo de vida y la salud de las personas afectadas —entre ellas niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores— están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo. Por ello, las organizaciones solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán. Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifestó que “la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos. Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos (por ejemplo aguadas, lagunas y suches). Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”. “El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua", señaló María José Veramendi, abogada de AIDA. Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán, sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República. Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades. Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron ante la CIDH una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados. Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal por parte de CEMDA, señaló “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados; y en el proceso consulta que están llevando a cabo las autoridades, no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.  

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Participación Ciudadana

Amor por la naturaleza, una lección de padre a hija

En ocasión del Día del Padre, quiero compartir la visión de mi hija Constanza sobre su papá. En AIDA celebramos a todos los papás que inculcan en sus hijos un profundo amor por la naturaleza. Compartimos su deseo de heredar a todos los niños y niñas un planeta sano y en el que exista justicia ambiental. Celebramos también a todos los abogados, como los que integran  nuestro equipo, que luchan a diario por defender el ambiente y los derechos humanos. Creemos firmemente que el amor hacia nuestro entorno natural empieza desde la cuna. Tenía escasamente un año cuando mi papá me llevó a uno de los lugares más mágicos del planeta: el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, la primera área natural protegida declarada como tal en el mundo. Mi infancia ha estado rodeada desde entonces de naturaleza y de los seres únicos que la conforman. Cuando me preguntan en la escuela a qué se dedica mi papá, les cuento con mucho orgullo que es defensor del planeta. En su oficina, las paredes están repletas de fotografías de animales. Mi preferida es la del tiburón blanco, la que tomó en un lugar llamado Isla Guadalupe, a donde me llevará cuando sea más grande. Cada noche elijo un libro sobre tiburones para leerlo antes de dormir. Ya conozco los nombres de la mayoría de las especies de tiburón y sé lo que debo hacer para protegerlos. Mi papá Fernando dice que ser abogado ambientalista es a veces muy difícil porque tiene que luchar contra personas que hacen cosas que destruyen el planeta. Los abogados —me explica— tienen que estudiar mucho, conocer muchas leyes y usar mucho su cerebro para encontrar la manera de evitar daños al ambiente y a las personas. Y mi mamá conoce a muchos abogados y abogadas que hacen lo mismo que mi papá. Trabaja con ellos en una organización que se llama como ella: AIDA. Ella ayuda a que otras personas sepan lo que la organización hace y la apoyen para seguir defendiendo la naturaleza. Travesías de ensueño No estoy segura si mis recuerdos de Yellowstone son reales o si están entremezclados con fotografías y anécdotas que me cuentan. Recuerdo por ejemplo ver una enorme manada de búfalos por la ventana del auto. Estaban tan cerca que podía olerlos. Recuerdo también observar la espera paciente de mi papá por capturar con su cámara el momento perfecto de una manada de lobos iguales al del tatuaje en su brazo. Vienen a mi memoria el olor del bosque, el sonido tan chistoso que hacían las ardillas y lo fantástico que fue descubrir debajo de la corteza de los árboles mundos enteros, ajenos a nuestra mirada de gigantes. Entre otras cosas, en ese viaje aprendí a trepar a los árboles y a lanzar piedras, habilidades muy importantes para cualquier niña en crecimiento. Me acuerdo además de una mamá osa, que junto con sus dos oseznos, cruzaron la carretera justo frente a nosotros y ante la sonrisa imborrable de todos los automovilistas, quienes esperaron con paciencia y respeto el paso de los animales. Mi papá esperó que creciera un poco más para llevarme a conocer a unos gigantes de los que ya me había hablado mucho: las ballenas grises. Condujo por muchas horas. En el camino nos detuvimos a caminar entre cactus que crecían enormes entre las rocas. Hacía mucho calor y mi papá me contaba de los animales que vivían ahí en el desierto. Al llegar a nuestro destino, nos subimos a una pequeña embarcación. Todos gritamos emocionados cuando una ballena se acercó y jugó con nosotros como si estuviéramos en un barquito de juguete. Mi papá me detenía en sus brazos mientras yo me estiraba para tocarla. Su piel se sentía acolchonada, como esos castillos inflables en los que me gusta saltar. No me gustó que la ballena me soplara en la cara: ¡Olía a pescado! Conviviendo con la naturaleza Aunque mi papá creció en la ciudad de México, una de las más grandes y pobladas del mundo, mis padres eligieron un lugar mucho más tranquilo para vivir en la península de Baja California. La vista al mar deleita cada amanecer. Respiramos aire limpio. Por las mañanas, mi papá me lleva a la escuela por un camino de tierra. En el trayecto saludo a un caballo color miel que siempre descansa bajo un árbol. En la escuela tenemos gallinas y conejillos de Indias. Hacemos composta, sembramos vegetales y corremos entre árboles y cantos de aves. Es muy divertido. Cuando mi papá viaja, lo extraño mucho, pero me alegra saber que está salvando ballenas, delfines y una que otra tortuga. “Salva muchos delfines”, le digo cuando hablamos por teléfono.  Lo imagino como un súper héroe que navega en mares lejanos para rescatar a esos animales atrapados en las redes que algunos pescadores olvidan, o que mueren al comer plásticos que confunden con comida. No me gusta que maten animales. Creo que cuando sea grande seré veterinaria o tal vez abogada como él. Así podré defender a osos, tiburones, árboles y ríos; o a niños y niñas que han perdido su casa por inundaciones, o que no tienen agua limpia para beber. Ahora que cumpla cinco años, quiero que mi pastel sea de animales en peligro de extinción, ¡mejor de reptiles! De Yellowstone tengo recuerdos imborrables y muchas fotografías, pero el mejor recuerdo, ése que a él le inunda la cara de felicidad, es que en ese viaje aprendí a decir “papá”.

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

La crisis del aire y el camino para hacerle frente

(Texto publicado originalmente en Animal Político) El ozono está provocando continuas alertas ambientales en la Ciudad de México, pero ¿sabías que ya existe un marco legislativo y regulatorio para combatir no sólo el ozono sino otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC)?  La Ciudad de México estuvo recientemente a punto de entrar en emergencia por la mala calidad del aire. Faltó muy poco para que se ordenara el cierre de las gasolineras, se prohibiera la circulación de la mitad de los vehículos, se suspendieran clases y el trabajo de oficinas de gobierno, se cerraran varios comercios gastronómicos y se redujeran a 60% ciertas actividades industriales, entre otras medidas extremas. El protagonista de una crisis que no se vivía en 14 años es el ozono tropósferico, considerado uno de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), grupo en el que también entran el carbono negro, al metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Los CCVC son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de entre algunos días hasta décadas. Por ello la reducción de sus emisiones supone una oportunidad inmediata para lograr resultados a corto plazo en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la mejora de la calidad del aire en México y el mundo, lo que incide en la salud de las personas. Cerca del colapso En la Ciudad de México se utiliza un parámetro llamado IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) para medir el equilibrio químico del aire con números enteros y fáciles de entender. El 5 de mayo, el ozono (O3) llegó a 192 puntos IMECA, lo que equivale a 0.1929 ppm (partículas por millón). Cuando este contaminante llega a 0.2 ppm (alrededor de los 200 IMECA) puede provocar lesiones en los tejidos de las personas. ¡Sólo faltaron ocho puntos para que eso ocurriera! La urbe lleva varios meses en un ir y venir de la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental, cuya medida más famosa e impopular es el programa “Doble Hoy No Circula”, el cual dispone que los autos dejen de circular dos veces por semana en lugar de una, como es lo habitual. Sin embargo, de haberse declarado la Fase 2, la más extrema, se hubiera dividido a los autos en placas con números pares o nones y ordenado que una mitad no circulara. Pero circular o no, es lo menos importante, cuando nuestra salud está en juego. Sobre el ozono troposférico El ozono es un gas que existe en dos capas diferentes de la atmósfera. El que se encuentra en la estratósfera (la parte más alta) absorbe la radiación ultravioleta y nos protege de los rayos peligrosos del sol. El que está en la tropósfera (atmósfera inferior, desde el suelo hasta unos 10 o 15 kilómetros) es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento climático, además de perjudicar la salud humana y afectar el crecimiento de los cultivos agrícolas. El ozono troposférico es un contaminante secundario, lo que implica que no se emite directamente por fuente alguna. Es, más bien, el resultado de una reacción química entre el sol y otros gases conocidos como “gases precursores” que pueden ocurrir naturalmente o ser producidos por el hombre. Los precursores más importantes del ozono son el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógenos (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos últimos abarcan una amplia gama de sustancias, entre ellas el metano, y se generan principalmente en las gasolineras, la industria química y los hogares. Una vez que se forma, el ozono permanece en la atmósfera de algunos días hasta unas pocas semanas, lo que es muy poco comparado con otros gases, como el CO2 por ejemplo, que permanece en la atmósfera siglos e incluso milenios después de emitido. Esto es precisamente lo que hace que la mitigación del ozono sea una interesante oportunidad: si reducimos sus emisiones podremos ver los beneficios climáticos y de salud en el corto y mediano plazo. Los impactos del ozono en la salud humana se asocian con enfermedades como la bronquitis, el enfisema, el asma y cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. De acuerdo con un informe de la Coalición del Clima y Aire Limpio, organismo internacional cuya misión es reducir los CCVC, el ozono troposférico es responsable cada año de alrededor de 150 mil muertes prematuras en el mundo. Además, afecta la seguridad alimentaria mundial, al disminuir la capacidad de los cultivos para absorber CO2, lo que reduce su rendimiento. En la Ciudad de México, el ozono ha aumentado a causa de la combinación de las altas temperaturas registradas últimamente, que rebasan los 30°C, la radiación solar y otras reacciones químicas. El tema es tan complejo que reducir la actividad vehicular puede incrementar el ozono. Así lo ha advertido el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Controlando los CCVC El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático estima que, en conjunto, los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento climático global, aunque estudios más recientes calculan que ese porcentaje está entre el 40 y 45%. De ello da cuenta el informe Controlando los contaminantes climáticos de vida corta: Una oportunidad para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. El caso de Brasil, Chile y México, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con el objetivo de incentivar la implementación de acciones para reducir los CCVC. En el documento se analiza la situación legislativa y regulatoria de los CCVC en los tres países mediante la revisión de políticas, leyes y programas sobre calidad del aire y cambio climático, relacionados con los CCVC. Según el informe, de los tres países estudiados, México es por ahora el único que ha incorporado a estos contaminantes en su política de cambio climático. Hace poco dio un paso más al incluir los CCVC en las contribuciones nacionales determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). “Sin embargo, el reconocimiento del concepto en diversos instrumentos de política pública no es suficiente para lograr su reducción efectiva. Para esto se necesitan mayores esfuerzos en el diseño de acciones concretas que puedan poner en práctica los diferentes instrumentos de política pública y fortalecer capacidades nacionales, generando sistemas de evaluación de políticas y programas que garanticen la aplicación efectiva de los instrumentos existentes. De igual forma, es necesario mejorar los sistemas de monitoreo de contaminantes y contar con recursos suficientes y confiables para aplicar las medidas diseñadas”, se lee en el informe. Lo que sucede en la Ciudad de México nos obliga no sólo a buscar soluciones urgentes y a pensar en las medidas que nos ayduarán a evitar contigencias ambientales similares. Los CCVC afectan la calidad del aire y aumentan el índice de muertes prematuras al causar enfermedades respiratorias y cardiacas. Además, reducen el rendimiento de los cultivos, causando importantes pérdidas económicas y poniendo en riesgo la alimentación mundial. Por ello, el desarrollo de estrategias que permitan identificar sus fuentes principales de emisión, así como acciones efectivas para reducirlos, debe ser prioridad de corto plazo no sólo para la capital mexicana, también para todos los gobiernos de América Latina.

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Marcelina
Cambio Climático, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Marcelina, la voz del río San Pedro Mezquital

A sus 57 años, Marcelina López tiene una vida sumamente activa. Confecciona su propia ropa, hace hermosa joyería, cría pollos, vende huevos, cocina, es partera y, entre muchas otras cosas, organiza a las mujeres de su comunidad. Conserva aún y sigue al pie de la letra sus tradiciones, las del pueblo indígena Wixárika. Pero quizás lo que más la distingue es su carácter y convicción, cualidades que ha plasmado en su apoyo a una gran causa: la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México. En AIDA nos conmueve profundamente la entrega de Marcelina y nos honra ser parte de la misma lucha. Al igual que ella, queremos que el río San Pedro, el único que aún fluye libre en la Sierra Madre Occidental mexicana, lo siga haciendo. Ha sido inspirador conocer más de esta mujer y de lo que hace. Hablando en nombre del San Pedro    Marcelina vive en una casa de barro, construida en lo más alto de una loma, en una pequeña comunidad del estado de Nayarit. Para salir de ella, tiene que caminar hasta una hora y media. Realiza todas sus actividades a pie. Es sin duda una mujer especial. Todos en la región la conocen. Su aspecto es inconfundible. Tiene la mirada de la indígena sabia, su vestimenta colorida, al igual que los collares de chaquira que lleva a diario. Ella misma los elabora multicolor y son una muestra profunda de la importancia de su cultura. Usa siempre una especie de paño ceñido en la cabeza que le da una apariencia de seguridad y sabiduría ancestral. Puede parecer seria, pero Marcelina es en realidad muy amistosa y cariñosa. Marcelina no ha sido ajena a la violencia y al machismo en todas sus expresiones. Ha luchado por tener derecho a voz en las asambleas agrarias y ha sacado a sus hijos adelante como madre soltera en una época. Su pueblo, los Wixárikas o Wixáricas (se pronuncia “wirráricas”) —conocidos en español como Huicholes— son un grupo mayoritario en Nayarit. Habitan la zona oeste central del país, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Nayarit y Jalisco, y en parte de Durango y Zacatecas. En su lengua nativa, perteneciente a la familia de las lenguas uto-aztecas, wixárika quiere decir “la gente”). Los wixáricas no pasan desapercibidos por lo vistoso de su indumentaria. Para ellos, las ceremonias son fundamentales para la reproducción social del grupo. Son ceremonias en las que piden lluvias, agradecen su cosechas, bendicen su frutos y piden salud. Son, en suma, ceremonias en las que piden vida.  Un caudal de vida en riesgo El río San Pedro Mezquital es para Marcelina y su gente el pilar de su vida social, espiritual y económica. En torno a sus aguas se realizan actividades de sustento como la agricultura y la pesca. A lo largo de ellas están al menos 14 sitios sagrados para los Wixárikas. Además, el río alimenta en su desembocadura a Marismas Nacionales, una de las zonas de manglar más importantes de México. Esa fuente de vida es hoy amenazada por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, propuesto por de la Comisión Federal de Electricidad. El mega proyecto estaría ubicado a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic y tendría una capacidad de 240 MW, divididos en tres unidades generadoras con capacidad de 80 MW. Estaría provisto de una cortina de concreto de 188 metros de altura, medida desde su base. Con su excelente español y un acento que tiene huellas claras de otras lenguas, Marcelina se ha puesto de pie en numerosas ocasiones frente a micrófonos y cámaras para defender al río San Pedro y quienes depende de él. “La construcción de esta presa tendrá un impacto demasiado fuerte en nuestra cultura y espiritualidad, puesto que en este río se encuentran algunos de los centros ceremoniales o lugares sagrados para nosotros”, dice Marcelina. “Ahí vamos a dejar nuestras ofrendas para agradecer o pedir no solo por nuestra comunidad, sino por el mundo entero”. Cuando se le pregunta por qué decidió ser parte y voz del movimiento en defensa del San Pedro, ella responde: “Como mujer indígena, me duele, me lastima que nos quieran quitar nuestro río.  ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos consultaron (sobre el proyecto) como pueblos indígenas? ¿Cuál es el respeto que nos tienen? ¿Por qué nos tratan así?”. Sus cuestionamientos aún no han encontrado respuesta.  La construcción del proyecto hidroeléctrico tendría impactos negativos en el territorio, los recursos naturales y en la forma de vida de pueblos indígenas de la zona. Inundaría 4 mil 506 hectáreas. El poblado de San Blasito, algunas tierras comunales y al menos 14 lugares sagrados y un centro ceremonial, quedarían bajo el agua.  En AIDA trabajamos para preservar las fuentes de agua dulce y sustento como el río San Pedro Mezquital. Nos motiva saber que hay —y siempre habrá— voces como la de Marcelina, que hablan en nombre de los ríos, que los escuchan y cuidan. Esas voces nos recuerdan que nunca debemos dejar de pelear para que los derechos humanos, las culturas ancestrales, la tierra, el agua, el aire y la vida silvestre sean honrados y respetados. “Nosotros somos las raíces de México", concluye Marcelina. "No es tan fácil que puedan cambiar los lugares sagrados, son como un árbol que se encuentra enraizado; por los ríos corre la sangre de los dioses”.

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Océanos, Minería

México elige proteger a la tortuga Caguama del proyecto minero Don Diego

AIDA celebra la decisión de la SEMARNAT de negar el permiso ambiental a la mina submarina de fosfato propuesta en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. La entidad encontró que las medidas planteadas por Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, para resguardar a la tortuga marina se basan en información inconsistente. Ciudad de México, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antepuso la protección de la tortuga caguama, especie amenazada, al beneficio económico que podría traer la mina submarina de fosfato Don Diego, cuya ubicación propuesta es el Golfo de Ulloa en Baja California Sur. La entidad negó la autorización del proyecto a cargo de Exploraciones Oceánicas al encontrar que las medidas planteadas por la empresa para proteger a la Caguama se sustentan en información que no es consistente. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la decisión de la SEMARNAT en la que se señala que los aspectos económicos del proyecto “no pueden prevalecer sobre la protección de los recursos naturales existentes el Golfo de Ulloa”, más cuando algunos de ellos como la tortuga Caguama (Caretta Caretta), “se encuentran sujetos a estrictos estándares de protección por encontrarse en peligro de extinción”. Según la entidad, no es factible armonizar el resguardo de las poblaciones de esa especie con una actividad “que adiciona una presión antropogénica (fruto de la actividad humana) a las existentes en la zona y que incrementa el riesgo de extinción de dicha especie, que es compartida internacionalmente (página 232 del documento que contiene la decisión de la SEMARNAT)”. AIDA presentó a la SEMARNAT argumentos sobre las obligaciones internacionales que México incumpliría de autorizar el proyecto, así como de la información insuficiente con la cual la empresa evaluó el impacto ambiental de la mina en los ecosistemas marinos del lugar y en la que basó sus medidas de mitigación. Según la Secretaría, Exploraciones Oceánicas propuso un Programa de Monitoreo de las Tortugas Marinas que es más bien uno de “salvamento” y que no se sustenta en datos cuantitativos del hábitat de la Caguama. Además, la empresa no planteó medidas de mitigación y prevención para garantizar la disponibilidad de alimento suficiente para la especie, y su modelo de restauración del fondo marino —el cual busca dragar para extraer fosfato— no tomó en cuenta las características particulares del Golfo de Ulloa (páginas 225 y 226). La SEMARNAT se amparó en normas internacionales para negar el permiso ambiental a Don Diego. Recurrió por ejemplo a las obligaciones de México de proteger su medio marino y de utilizar los datos científicos más fidedignos posibles en la protección de las tortugas marinas, contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), respectivamente. Más información 10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego  

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Océanos, Minería

Mina Don Diego: experimentando con el patrimonio natural de México

La empresa Exploraciones Oceánicas se precia de ser líder mundial en la búsqueda de tesoros en el fondo marino. Ahora la compañía con capital estadounidense busca aventurarse en el campo de la minería submarina con el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en el mundo. El lugar escogido para escudriñar es la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, un lugar de importancia vital para especies vulnerables como la ballena gris y la tortuga amarilla o caguama, y para aquellas de interés pesquero como las langostas, almejas y camarones. El proyecto Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino próximo a la Bahía de Ulloa. Esa cantidad de mineral equivale al 60% de la superficie de la Ciudad de México. De la forma en la que ha sido propuesto, el proyecto amenaza con dañar grave e irreversiblemente el entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que éste alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en la zona. El pasado abril, la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ante esa entidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó comentarios en los que evidenció que la MIA carecía de la información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará seriamente la Bahía de Ulloa, la pesca del lugar y el hábitat de ballenas y tortugas marinas. En junio de 2015, Exploraciones Oceánicas retiró la propuesta inicial del proyecto. Y, tan solo dos meses después, presentó a la SEMARNAT una nueva propuesta bajo el nombre de Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. “¿Cómo es posible mejorar una Manifestación de Impacto Ambiental en dos meses?”, se pregunta Sandra Moguel, abogada del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. “Aspirando” el lecho marino El proceso planteado en el proyecto se realizaría completamente en alta mar. Implicaría el uso de grandes barcos para dragar el fondo marino en busca de fosfato. La draga de esas embarcaciones se asemeja a una gran aspiradora que succiona todo a su paso, incluidos organismos vivos como conchas y moluscos, así como recursos que contienen nutrientes. La siguiente etapa consistiría en separar el fosfato del material removido y en devolver el material restante al mar, algo que cambiaría la composición química del agua. Por otro lado, el dragado y la consiguiente remoción de material podría desprender elementos tóxicos como partículas de uranio. Para tener certeza al respecto, son necesarios estudios detallados de ecotoxicología. Ante ello, la empresa plantea la construcción de un drenaje a través del cual se controlará el lugar exacto del fondo marino en el que los residuos serán depositados. Sin embargo, es difícil que el sedimento (material sobrante), cuya composición precisa es desconocida, no se esparza. Exploraciones Oceánicas propone también restaurar el fondo marino, aunque no detalla cómo. Especies vulnerables, en riesgo Estudios científicos dan cuenta que ejemplares juveniles de tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta) llegan desde Hawái a la Bahía de Ulloa, donde se alimentan. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En México, esa especie de tortuga marina sufre ya los impactos de la pesca. Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. El proyecto Don Diego constituye una nueva amenaza para esta tortuga debido a la posible interacción de ésta con la maquinaria para el dragado de arena fosfática, y al aumento del ruido en el entorno provocado por la operación minera. Además, como ya se mencionó, la mina provocaría cambios severos en el entorno marino y en la composición de las aguas que son hábitat de la caguama. Otra especie amenazada por Don Diego es la ballena gris. En la Bahía de Ulloa están Puerto López Mateos y San Carlos, sitios a los que cada año llegan miles de ejemplares de ballena gris para dar a luz a sus crías y cuidarlas. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas marinas que habitan o transitan por la zona (como la caguama), dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego contempla el uso de grandes barcos de dragado, lo que implica la generación de gran ruido en el área. Ese ruido pone en riesgo la sobrevivencia de los cetáceos al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Dictamen técnico negativo  En opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur, el proyecto Don Diego “no es viable ambientalmente” en los términos planteados en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Así lo hizo conocer el 29 de septiembre en una carta al Director General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT Alfonso Flores Ramírez. La carta da cuenta que la MIA presenta varias omisiones, las cuales derivan en incertidumbres respecto de los impactos del proyecto en el entorno marino y en las especies que lo habitan. Se menciona por ejemplo que “el estudio no presenta avistamientos [de mamíferos marinos] que sean representativos de [las] condiciones oceanográficas del área del proyecto y que contemplen los procesos biológicos de las especies presentes en la misma”. Ello es necesario para establecer a detalle el grado de afectación del proyecto. Se indica también que el estudio empleado por la empresa para establecer las afectaciones por ruido para mamíferos y tortugas “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales” producidos por el mismo. Ante las incertidumbres encontradas, la Secretaría recuerda que el Estado mexicano tiene la obligación, en materia nacional e internacional, de aplicar el Principio Precautorio al evaluar el proyecto Don Diego para “impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Alerta internacional En octubre, AIDA solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que el proyecto Don Diego implica para la vida de la tortuga caguama en México. Lo hizo durante la reunión del comité en Viña del Mar, Chile. Ese mismo mes, envió una alerta a la Convención de Ramsar, al Convenio sobre la Diversidad Bilógica, a la CIT y a la Comisión Ballenera Internacional. En ella se llama la atención de esas instancias sobre los riesgos que el proyecto Don Diego implica para especies y hábitats vulnerables en México. Se les pide además que exhorten al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger la biodiversidad de su territorio y garantizar un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Por otro lado, en su carta, la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Baja California Sur le recordó a la SEMARNAT que el 15 de agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendió una certificación negativa a México por no haber adoptado un programa regulatorio comparable al empleado en el país del Norte para afrontar la pesca incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. Por ello Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para el país. En ese sentido, la entidad concluyó que “el desarrollo de este proyecto minero en una zona la cual presenta un grave conflicto de índole internacional, pudiera exacerbar de una manera muy significativa la problemática antes señalada”. Una zona tan biodiversa y rica económicamente como la Bahía de Ulloa no puede ser objeto de experimentación. ¿Será posible que el proceso de evaluación de impacto ambiental deje de ser un mero trámite en el país y sea una herramienta real para prevenir daños irreversibles al patrimonio natural? Ojalá las decisiones gubernamentales en torno al proyecto Don Diego den señales positivas en ese sentido. De no ser así, México podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir para la protección de entornos marinos y especies vulnerables.

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Arrecifes de coral, Océanos

México aún puede salvar los arrecifes de Veracruz

Veracruz es hogar de una cordillera submarina formada por al menos 23 arrecifes de coral que recorren seis islas y se extienden por kilómetros. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV): el ecosistema de coral más extenso del Golfo de México y que ahora está en peligro. Hace más de 20 años, en 1992, el Gobierno mexicano declaró al SAV Área Natural Protegida bajo la figura de Parque Nacional. Y, en 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo laConvención de Ramsar por ser un ecosistema único y amenazado por la contaminación y las actividades portuarias de Veracruz. Pero, en 2012, dio un paso atrás al decretar la modificación de los límites del sitio para ampliar el puerto de Veracruz, proyecto que dañará gravemente la rica biodiversidad que los arrecifes albergan. En marzo de 2014, el daño fue confirmado cuando el Juez Tercero de Distrito del Estado de Veracruzdeclaró válida la modificación. México tiene una gran deuda que saldar con el sitio y con la población que depende del mismo, pues vulneró la protección que le había otorgado. Dicen que es de sabios rectificar y el Gobierno mexicano todavía puede evitar la degradación de este entorno vital, el cual alberga una gran variedad de fauna marina y es barrera natural contra olas, tormentas y huracanes (más frecuentes e intensos debido al cambio climático). La oportunidad para hacerlo es más que propicia pues el país será sede el próximo año de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. México firmó ese Convenio y en virtud del mismo está obligado a salvaguardar la diversidad biológica y el patrimonio natural de su territorio. En diciembre de 2014, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, enviaron una carta al Secretariado del Convenio solicitándole dos cosas: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los serios impactos que tendrá sobre la diversidad de vida en el SAV.   El proyecto contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. Además de revocar el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio al proyecto de ampliación del puerto en 2013, México tiene en sus manos la oportunidad de obtener asesoría técnica y financiamiento internacional para preservar el Sistema Arrecifal Veracruzano. Para ello, el país debe incluir al sitio en el Registro Montreux, mecanismo contemplado por la Convención de Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales que estén amenazados gravemente o que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra actividad humana. El SAV encaja muy bien en ese perfil. Al incluir al SAV en el Registro Montreux, una misión de asesoramiento de Ramsar visitará el sitio y brindará al Gobierno mexicano apoyo y recomendaciones sobre las acciones adecuadas para su conservación. Es sin duda una forma rápida de atender ecosistemas en riesgo con una suma de esfuerzos nacionales e internacionales. Durante la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar, realizada hace poco en Punta del Este, Uruguay, AIDA abogó ante la delegación del Gobierno mexicano por la inclusión de los arrecifes veracruzanos en el Registro Montreux. Otro entorno amenazado por la ampliación del puerto de Veracruz es la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. En junio de 2014, la SEMARNAT otorgó a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) laautorización ambiental para explotar roca basáltica en la reserva. Lo hizo a pesar que el Programa de Manejo del sitio prohíbe el uso de explosivos, actividad que alterará para siempre la zona, y la hará más vulnerable de lo que ya es a fenómenos climáticos. Además, el ruido y la presencia de personal en el lugar afectará el comportamiento de la fauna, en especial del mono aullador, especie en peligro de extinción. La roca extraída servirá a la construcción de las escolleras del nuevo puerto. En abril de 2015, AIDA y CEMDA lanzaron una petición ciudadana a través del sitio de internet Change.org para solicitar que el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, revoque el permiso concedido para la explotación de roca en Los Tuxtlas, y que Alejandro del Mazo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, incremente la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano inscribiéndolo en el Registro Montreux. La petición ha sido firmada al momento por más de 34,000 personas y está entre las más apoyadas. El Estado de Veracruz es famoso por su tradición pesquera y su gastronomía basada en peces y mariscos. Que ambas características continúen depende en gran medida de la preservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, albergue esencial para las larvas de peces no sólo de Veracruz, sino de todo el país. En 2010, esa barrera coralina amortiguó el embate del huracán Karl de categoría cuatro en la ciudad de Veracruz. ¿Valdrá entonces la pena que el Gobierno de México reconsidere sus decisiones y le devuelva a los arrecifes de Veracruz la protección sólida que una vez les dio? ¿Es el desarrollo portuario válido cuando implica la degradación de ecosistemas frágiles y valiosos para la biodiversidad y la seguridad de las personas?

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Seminario Virtual sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta

Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de algunos días hasta décadas. Dadas esas características, la mitigación de los CCVC ofrece una oportunidad imperdible para mitigar el cambio climático en el mediano y corto plazo, así como para mejorar la calidad del aire de las ciudades al mismo tiempo. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano, al ozono troposférico y a los hidrofluorocarbonos (HFC). En este seminario virtual se presentó un informe que revisa la actual situación institucional y de regulación de los CCVC en Brasil, Chile y México. El documento aborda el marco legal vigente, las fuentes principales de regulación y los instrumentos de política pública en dichos países, concluyendo con recomendaciones para abordar la regulación y mitigación de los CCVC. En el seminario se hizo además un repaso del contexto internacional que influye en la mitigación de estos contaminantes, incluyendo la revisión de las mejores prácticas llevadas a cabo en otros países. Grabación Presentaciones

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

El agua en México, derecho humano embotellado

México consume el 12% del volumen mundial de agua embotellada. La cifra evidencia las fallas del sistema de abastecimiento de agua potable en el país y la vulneración de un derecho humano fundamental. A nadie se le niega un vaso con agua. Es una regla de cordialidad, una muestra de buena educación y de empatía. Y, aunque para muchos no es obvio, también es un asunto de derechos humanos. En la capital de México, hasta hace poco, los restaurantes podían negar un vaso con agua a sus clientes y condicionarles a consumir agua embotellada. En una ocasión, la dueña de una pizzería gourmet reaccionó con furia cuando vio a mi novio sacar un termo con agua para tomar una pastilla. Dijo que estaba prohibido ingerir alimentos y bebidas ajenas al establecimiento. Y, cuando pedimos un vaso con agua, dijo molesta: “Aquí no regalamos agua, aquí vendemos botellas de agua”. Negocio redondo Lo que se vende en el mercado no es el agua, sino la botella. En México, el costo de la extracción y el suministro de agua no es alto porque casi todo el servicio está subsidiado. Según la tarifa más elevada, el vaso con agua habría costado 0.7 centavos (0.007 pesos mexicanos). Por una botella con la misma cantidad del líquido, la pizzería cobraba 28 pesos (alrededor de 1.5 dólares), siete veces más de lo que cuesta en un supermercado.  El incidente en la pizzería ocurrió antes que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México obligara a los establecimientos de expendio de comida a dar sin costo vasos con agua potable a los clientes que así lo pidan. Pero, aún después de la disposición legislativa, varias veces he tenido que aclarar que quiero un vaso con agua y no una botella. Los meseros me advierten: “Es agua filtrada”, dándome a entender que no es tan confiable. La dinámica dentro ese tipo de negocios ha cambiado: ahora compran garrafones de agua embotellada o gastan en filtros y en su mantenimiento porque en México no se bebe agua directamente del grifo. Es secreto a voces, casi creencia popular, que el agua del grifo es agua sucia. Es común que incluso quienes no compramos agua embotellada, tengamos en casa algún filtro doméstico. Esta creencia se extendió desde el terremoto de 1985, cuando se rompieron varias tuberías y se dijo que el agua potable se mezclaba con aguas negras. Después, en los años 90, durante una epidemia de cólera, en México se promovió clorar o hervir el agua y ninguna autoridad se hizo responsable de la calidad de las tuberías de agua potable que, por definición, debe ser apta para consumo humano. Por ejemplo, en Chile, se promovían tres fuentes confiables: clorarla, hervirla o tomarla del grifo. Esta amenaza a la salud coincidió con la llegada del agua embotellada. Lo que en esos años promovieron las empresas fue la confianza y la seguridad en la calidad de su agua. Así, poco a poco, pasamos de hervir y añadir cloro al agua a comprar desde garrafones de 20 litros hasta pequeñas botellas individuales de menos de 250 ml.  Con el 80% de la población mexicana desconfiando del sistema de agua potable, según el Banco Mundial, las embotelladoras no hacen más que crecer. De acuerdo con la International Bottled Water Association (IBWA), en 2013 consumimos 253 litros de agua embotellada por persona, frente a los 94.3 litros promedio consumidos en Europa (donde es usual ver bebederos públicos) o los 37 litros del consumo promedio global. En México se consume el 12% del volumen global de agua embotellada. Pero las empresas tienen esperado crecer todavía más, pues no consumimos los dos litros de agua al día que se recomienda. Y es que gran parte del agua embotellada es empleada también para cocinar, lavar platos y hasta para bañar a los bebés recién nacidos.  En una investigación que estoy realizando para saber qué factores nos llevan a comprar agua embotellada, una pregunta necesaria es: “¿Se puede o no beber agua del grifo?” La respuesta es: “Depende”. La responsabilidad del servicio de agua potable en el país está tan fraccionada que es imposible tener una respuesta contundente. En la capital, cada año se da a conocer la calidad del agua y sólo en dos barrios ésta no cumple con los estándares para el consumo humano. Lamentablemente, quienes tienen la peor calidad de agua tienen, además, menores niveles de vida. La información sobre el tema no llega a nuestras casas, es de difícil acceso y —en algunos casos— los datos son inexistentes, se ocultan o se maquillan. Ninguna autoridad se responsabiliza por la calidad del agua. No lo hace la Comisión Nacional del Agua, tampoco los gobiernos de cada estado, ni los municipios. Vulnerando un derecho humano Sin respuestas contundentes a la confiabilidad del servicio de agua potable, las y los mexicanos optamos por comprar agua embotellada. Al hacerlo evidenciamos que algo no está funcionando en el abastecimiento de agua potable y que el derecho humano al agua  no está garantizado. Según la ONU, ese derecho debe ser asequible, suficiente, saludable, aceptable y accesible. El derecho humano al agua fue incluido en la Constitución Mexicana hace cuatro años, pero su implementación y quién es responsable de la misma aún está en discusión. Mientras el debate continúa, millones de mexicanos, comprensiblemente, comprarán agua embotellada para cuidar su salud. La falta de información y rendición de cuentas en torno al sistema de agua potable hace que garantizar este derecho sea sólo un buen deseo. La ONU establece que la gente no gaste más del 3% de sus ingresos en los servicios de agua potable. En México, sólo los hogares con ingresos mayores a 21 mil pesos mensuales (1,200 dólares) gastan 3% o menos en agua embotellada mientras que el resto, el 80% de los hogares mexicanos, gastan hasta el 8%. A ello se suma el pago por el servicio de agua potable o camiones transportadores de agua utilizada para otras actividades domésticas. La gente está compra agua embotellada porque no confía en el sistema de agua potable del país. Al negarle un vaso con agua a su población, el Gobierno mexicano le está negando un derecho humano fundamental.

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Fortalecimiento de Capacidades, Cambio Climático

Taller de Fortalecimiento de Capacidades sobre el Fondo Verde del Clima

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de LARCI y de la Charles Stewart Mott Foundation —y en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe ( GFLAC), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y Transparencia Mexicana—, organizaron un taller de dos días (18 y 19 de febrero de 2016) en Ciudad de México, dirigido a la sociedad civil de América Latina. En el taller se discutió cómo opera el Fondo Verde del Clima en la región, qué actividades financia, y qué oportunidades específicas existen para la participación pública en el diseño, desarrollo e implementación de programas y proyectos a ser financiados por la institución. Resumen: Consulta aquí el resumen del evento. Presentaciones:  

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