México


Dos textos para reconectarte con la Tierra

Por Astrid Puentes Riaño Si vives en este planeta deberías leer Laudato Si, la Encíclica publicada recientemente por el Papa Francisco I, y Enamorarse de la Tierra, artículo del Maestro Zen Thich Nhat Hanh. Deberías hacerlo por la dicha de reconectarte con la Tierra y porque ésta no se protege solo con normas y ciencia, sino con el corazón y el espíritu. Al final, esta Casa, nos guste o no, la compartimos todas y todos. Citando al Maestro Zen, “nosotros y la Tierra somos una”, los dos textos nos conciernen a todos por encima de nuestras creencias, religión, perspectiva política, o nivel de conocimiento de la realidad ambiental del planeta.  No pretendo resumir estas publicaciones o evitarte la dicha de leerlas y experimentar de primera mano lo que consideres más importante de ellas.  Mi intención es animarte a que las conozcas, pues ambas permiten entender la realidad de nuestro planeta y dan luces sobre qué hacer para que nuestro paso por la Tierra sea positivo. Lo que está en juego es, como diría el Papa, “nuestra dignidad” respecto de qué planeta le dejamos a los demás. La Encíclica Papal Es un documento extenso que, con ayuda de la ciencia, analiza las razones de fondo para la actual y grave situación ambiental del planeta, así como las posibles soluciones.  Esperaba con curiosidad la Encíclica. Me sorprendió gratamente su nivel de detalle, base científica y el amplio reconocimiento que hace del cambio climático como responsabilidad de los seres humanos. Al recordarnos la urgente necesidad de pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía sostenibles, y de controlar la contaminación atmosférica, el texto ilumina el camino hacia París, sede a fin de año de la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la cual se espera alcanzar un nuevo acuerdo climático global y vinculante. También fue grato ver el énfasis del Papa en la inequidad social del planeta y la relación entre los impactos de la degradación ambiental y la población más afectada por los mismos: los pobres y algunas comunidades, incluidas las indígenas. No todo es perfecto. La Encíclica no se refiere a cómo las mujeres sufren más esos impactos, con lo que la deuda histórica de la Iglesia Católica con nosotras sigue pendiente. El Papa señala a los más poderosos —entre ellos países, élites y empresas— como los principales, aunque no los únicos, responsables y, por tanto, aquellos que están obligados a encontrar soluciones. Es esperanzador leer esto dado que el Vaticano no se ha caracterizado precisamente por sus votos de pobreza, y especialmente porque soy latinoamericana y trabajo en esa región, la más desigual del planeta. La Encíclica concluye que se necesita una “conversión ecológica” porque “vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de la existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana”. Ello se aplica a toda persona, pues proteger la obra de la naturaleza es la esencia del ser humano virtuoso. Tiempo de reaccionar Al leer la Encíclica y el artículo, seguramente notarás como yo que las conclusiones allí escritas no son nuevas. De hecho, el Papa Francisco recuerda a San Francisco de Asís, quien ya hablaba de la necesidad de proteger “Nuestra Hermana Tierra” en el siglo XIII. Así, el Papa y el Maestro Zen hacen un llamado urgente a que analicemos nuestra manera de vivir, consumir y tratar a la Tierra.  Entonces ¿por qué aún no cuidamos nuestro planeta como es debido?, ¿por qué necesitamos estos recordatorios? y ¿por qué parece que vamos de mal en peor? No tengo la respuesta. Tampoco la tienen el Maestro Zen, ni el Papa. “Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental han resultado ineficaces, no sólo por la poderosa oposición, sino también por una falta de interés general”, dice el Papa Francisco. Las tendencias en redes sociales son una dura constatación de esta falta de interés. Ciudades, países y el mundo entero se paralizan en los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos o los concursos de belleza. Prestar atención a todo eso no está mal, pero sí la poca o ninguna atención que le damos a los problemas ambientales, a la desigualdad y a las soluciones. La apatía debe terminar HOY. Allí radica la relevancia de estos documentos. Necesitamos involucrarnos, esforzarnos por entender su contenido, ponerlo en práctica y mostrar resultados, sin excusas. El Papa reconoce que “la política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales”. A juzgar por la situación actual, diría que todos reaccionamos con lentitud. Cambiemos eso. Estoy segura que todos tenemos algo que mejorar y aportar. Sin importar nuestras particularidades y solo por el hecho de vivir en la Tierra, tenemos una tarea pendiente que más nos vale asumir ya. Como dice el Maestro Zen Thich Nhat Hanh, cuidar y honrar la Tierra “no es una obligación. Es un asunto de felicidad y sobrevivencia personal y colectiva”.

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Minería, Océanos

¡Buenas noticias para la tortuga caguama!

Por Gladys Martínez La semana pasada se dio un gran paso para la protección de las tortugas marinas caguama, especie amenazada por la pesca no sostenible y por proyectos inadecuadamente planeados. Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que tuvo lugar en la Ciudad de México, los países firmantes del tratado aprobaron una resolución orientada a la conservación de la tortuga caguama o cabezona (Caretta caretta), la cual reconoce a la minería como una de las amenazas que afecta a esa especie. Estamos orgullosos porque AIDA, presente en la Conferencia, tuvo la oportunidad de generar conciencia entre los delegados de los Estados sobre las potenciales amenazas que la minería marina de fosfato podría causar en las tortugas caguama y en el ecosistema marino en general. Lo hicimos al explicar los impactos del proyecto minero Don Diego que de ejecutarse afectaría a la población de tortuga caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México. También concientizamos a los Estados sobre la necesidad de que se comprometan a tomar acciones inmediatas para la conservación y preservación de esa especie. Con base en nuestra experiencia y conocimientos en derecho ambiental internacional, ayudamos a fortalecer las propuestas de resolución, logrando que la minería sea incluida en la resolución aprobada como una de las actividades que los Estados deben regular para evitar daños a las tortugas. Detalles de la resolución que favorece a la tortuga caguama En la resolución, los Estados reconocen que las poblaciones de tortuga caguama son amenazadas por del desarrollo y la pesca costera, la pesca en alta mar, los desechos marinos, la minería, la contaminación y el cambio climático. En ella los países se comprometen a trabajar juntos para implementar los planes de recuperación existentes para esa población y a desarrollar nuevos planes en aquellos países donde actualmente no existe ninguno. En ese sentido, se hicieron compromisos específicos: México y Estados Unidos trabajarán con Japón para desarrollar un Plan de Recuperación Trinacional para la tortuga caguama del Pacífico Norte. Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos trabajarán con la Secretaría Pro Tempore de la CIT y la Secretaría de la Convención de Especies Migratorias (CMS) para implementar un Plan de Acción de Especies Individuales para la tortuga caguama del Pacífico Sur. México y Estados Unidos continuarán trabajando con los países colaboradores del Atlántico Norte para compartir información sobre la situación y tendencias de la tortuga caguama del Atlántico Noroeste, e identificarán acciones conjuntas de conservación. Un balance de la Conferencia “Nos sentimos muy satisfechos por los avances alcanzados en esta Conferencia. Es un privilegio participar, y contribuir efectivamente con nuestra experiencia de trabajo en eventos como éste donde se toman decisiones a nivel internacional, las cuales son implementadas luego en cada país”, dijo Gladys Martínez, abogada de AIDA y representante de la organización en la Conferencia. “Hemos sido observadores y actores durante esta Conferencia, representando a otras organizaciones e individuos que son parte de la sociedad civil; seguiremos trabajando por la conservación marina y cumpliendo nuestra misión de usar la ley para defender el derecho de todos a un ambiente sano”. Tras la Conferencia, también la tortuga baula (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental estará mejor protegida. Los Estados aprobaron una resolución en la que se comprometen a: Entregar información anual a la Secretaría de la Convención sobre las capturas incidentales de tortuga baula hechas por sus flotas. Informar anualmente de las medidas que están adoptando para reducir las capturas incidentales de la especie. Identificar, con ayuda del Comité Científico, áreas y pesquerías criticas que requieren un manejo espacial y temporal para reducir las capturas incidentales de la especie. Fortalecer acciones para la protección de los huevos de tortuga baula. Establecer y evaluar los programas nacionales de manipulación y liberación de tortugas baula capturadas incidentalmente en las pesquerías. Confiamos que los Estados transformarán estos compromisos internacionales en acciones efectivas para la conservación de las tortugas marinas. Desde AIDA permaneceremos vigilantes para garantizar que así sea. 

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Océanos, Minería

México y la urgencia de proteger a la tortuga caguama

Por Haydée Rodríguez La tortuga Caretta caretta, conocida también como tortuga caguama o cabezona, está gravemente amenazada en México, principalmente por el uso de instrumentos de pesca inadecuados, y más recientemente  por los riesgos que implica el proyecto minero Don Diego. México tiene una gran oportunidad para trabajar a favor de la especie pues es sede de la 7ª Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, en la cual se discutirá una propuesta de resolución para la conservación de la tortuga caguama. La propuesta busca crear planes regionales para la protección de esa especie y dar seguimiento a la salud de las poblaciones de tortuga caguama por medio de informes anuales por parte de los Estados e informes del Comité Científico de la Convención cada cuatro años, entre otras medidas. Captura incidental de tortugas Analizar la protección de la tortuga caguama es importante para todos los Estados Parte de la Convención, en especial para México, donde en los últimos años se ha escuchado una voz de alerta ante los impactos que ciertas artes de pesca generan en la población de tortugas caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur.  Artes de pesca poco selectivas como las redes y el palangre (largas líneas con anzuelos) capturan no solo peces, sino también tortugas marinas (pesca incidental). Por ello organizaciones han solicitado que el Gobierno mexicano adopte medidas para evitar la pesca incidental y realice un ordenamiento pesquero que contribuya a proteger a la tortuga caguama. Incluso Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer un embargo pesquero para México debido a la mortandad de tortugas caguama en la Bahía de Ulloa.  La tortuga caguama está enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Además, en México es considerada una especie en peligro de extinción,  categoría asignada a especies cuyas áreas de distribución o poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en su hábitat natural. Los riesgos del proyecto minero Don Diego Adicionalmente a los impactos de la pesca no sostenible, existe una nueva amenaza para la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa: Don Diego, un proyecto de minería marina de fosfato. AIDA, como observador de la sociedad civil en la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana de Tortugas Marinas, ha informado a la Secretaría y a las Partes de los riesgos que dicho proyecto implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. El dragado y el ruido que el proyecto generaría puede ocasionar daños a la tortuga caguama, animal que depende de su oído para comunicarse, moverse y defenderse de depredadores. Este ruido podría incluso llevar a la muerte a los ejemplares más jóvenes. El proyecto Don Diego es analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entidad que debe decidir su viabilidad ambiental. Buscando ayuda Durante la Conferencia de las Partes, los Estados se comprometen, mediante la firma de resoluciones, a avanzar en medidas de protección de las tortugas marinas. En ese sentido, esta Conferencia es una oportunidad para que las autoridades mexicanas demuestren compromiso firmando la resolución de protección de la tortuga caguama, reciban apoyo técnico calificado del Comité Científico y del Comité Consultivo de Expertos; y avancen en la preservación de la especie al trasladar sus compromisos internacionales al plano nacional. 

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Océanos, Minería

Fortaleciendo el tratado sobre tortugas marinas

Por Gladys Martínez Apenas rompen el cascarón, las crías de tortuga marina asoman la cabeza con letargo para luego dirigirse rápidamente a esa vasta masa de agua salada. Son animales migratorios que nadan y anidan en territorios de diferentes países. Su sobrevivencia está en riesgo por la pesca no sostenible, el desarrollo inmobiliario inadecuadamente planificado, y los proyectos mineros en zonas costeras y marinas, entre otros factores. En 2001 y para afrontar esas amenazas, se creó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. El tratado internacional promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Del 24 al 26 de junio, en la Ciudad de México, los representantes de los Estados firmantes del tratado analizarán los logros y planes de trabajo de la Convención en la 7ª Conferencia de las Partes. AIDA estará presente abogando para que los Estados sigan cumpliendo sus obligaciones ante la Convención y asuman nuevos compromisos.  La Convención cuenta actualmente con quince Estados Partes: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Países Bajos del Caribe, Perú, Uruguay y Venezuela. Está integrada además por 32 observadores acreditados, entre académicos y organizaciones no gubernamentales. Estos observadores pueden participar de las reuniones de los diferentes Comités Científicos y Consultivos de Expertos de la Convención. Objetivos de la Conferencia La 7ª Conferencia de las Partes de la Convención tiene previsto aprobar tres resoluciones clave: Resolución sobre la conservación de la tortugas baula (Dermochelys Coriacea) del Pacífico Oriental. Resolución sobre la conservación de la tortuga cabezona (Caretta Caretta). Resolución sobre excepciones para la cosecha de subsistencia de huevos de tortuga Lepidochelys olivácea en Costa Rica.  En la Conferencia también se revisará el cumplimiento de los Estados respecto de sus informes anuales, se presentará el plan de trabajo de la Secretaría, y se elegirá nuevos Presidente, Vicepresidente y Relator. Nuestra contribución La participación de AIDA buscará que los Estados: Se comprometan a evitar amenazas a los hábitats de anidación de tortugas por proyectos de minería. Continúen restringiendo y prohibiendo los desarrollos inmobiliarios que afectan las rutas que las tortugas marinas transitan. Fortalezcan las medidas de pesca responsable y sin captura incidental (cuando las tortugas marinas son capturadas “por accidente” sin ser el objetivo de la pesca).  Concentraremos nuestros esfuerzos en dar a conocer y promover medidas para frenar  los riesgos que el proyecto de minería marina Don Diego implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. En AIDA hemos trabajado desde 1998 por la firma de la Convención. Una campaña organizada por AIDA y otros defensores de la tortuga marina ayudó a conseguir las firmas necesarias para que el proceso de negociación continuara y para que la Convención entrara en vigencia.  Hemos abogado con éxito ante Cortes y  tomadores de decisiones por la protección de las tortugas marinas en diferentes países de América Latina con base en las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención. Como ejemplos de ello podemos mencionar que protegimos a la tortuga verde de la matanza ilegal en el Atlántico costarricense, evitamos la pérdida del hábitat de anidación de la tortuga baula y garantizamos que las tortugas carey y lora continúen disfrutando de uno de sus arrecifes de coral favoritos en Coiba Panamá. ¡Síguenos en Facebook y Twitter para saber más de la 7ª Conferencia de las Partes del tratado internacional sobre tortugas marinas!

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Océanos, Minería

Una mina amenaza la vida del gran migrante marino

Por Haydée Rodríguez Cada año, la ballena gris protagoniza uno de los recorridos migratorios más largos: casi 20 mil kilómetros de ida y vuelta desde Alaska, donde se alimenta, hasta las aguas templadas de Baja California Sur, México, donde da a luz a sus crías y las cuida. Se ha calculado que para cuando una ballena gris haya cumplido 50 años, habrá recorrido el equivalente a un viaje de la Tierra a la Luna y de regreso. Este impresionante mamífero marino (llega a medir 15 metros de largo en su edad adulta) y su hazaña migratoria están en riesgo por un proyecto de minería marina. De ejecutarse como está propuesto, el proyecto dañará gravemente el entorno y las condiciones de vida de la ballena gris. A finales de febrero de este año, 2,652 ejemplares de ballena gris llegaron a las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio en Baja California Sur, muy cerca de la Bahía de Ulloa. Fue la cifra más alta registrada en los últimos 19 años en el arribo de este cetáceo, actividad que además es fuente importante de ingresos para familias de la zona que viven del turismo sostenible generado con la observación de ballenas. Es justo en la Bahía de Ulloa donde la compañía Odyssey Marine Explorations pretende ejecutar el proyecto minero Don Diego. El camino para ello comenzó en septiembre de 2014, cuando la empresa presentó a la autoridad ambiental mexicana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. La mina Don Diego La mina comprende cinco áreas de trabajo en una superficie 91,267 hectáreas. Cada área será explotada por 10 años, lo que resulta en un proyecto de 50 años de vida. Con Don Diego se pretende extraer del fondo marino  350 millones de toneladas de arena fosfática, cantidad con la que se podría llenar 264 veces el Estadio Azteca.   Tal como ha sido propuesto, el proyecto podría traer graves e irreversibles impactos en una zona de alta biodiversidad marina e importancia pesquera. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas que habitan o transitan por la zona, dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego usará barcos de dragado para obtener la arena fosfática, produciendo gran ruido en el área y generando muy posiblemente la “modificación del comportamiento vocal o reacción sorpresiva” en las ballenas. Así lo señala la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (capítulo 4, página 229). Ese ruido pondrá en riesgo la sobrevivencia de las ballenas al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Los principales impactos del proyecto en el ecosistema marino AIDA presentó ante la autoridad ambiental mexicana sus comentarios a la MIA de Don Diego, señalando las razones ambientales por las que el proyecto no debería ser autorizado en las condiciones en las que fue planteado: La actividad minera propuesta alterará gravemente el ecosistema marino: grandes barcos dragarán el lecho marino extrayendo arena, pero también organismos vivos. El material dragado será separado para obtener la arena fosfática, y el material considerado no útil será devuelto al mar. Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos como Uranio y Torio, los cuales son expuestos en el proceso de separación para obtener fosfato.  Los tóxicos expuestos pueden ser transportados por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarían a nuestra mesa. Es por ello que la industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear. Los sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado pondrán en peligro a la ballena gris y otras especies vulnerables de ballena (jorobada y azul), así como a especies de tortuga que ya están en peligro como la tortuga caguama. Además de alterar el hábitat de especies marinas, el proyecto pondrá en riesgo actividades de pesca y turismo de las que dependen varias comunidades. En lugares como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos, tras analizar proyectos similares, negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no genera impactos graves. El Gobierno mexicano debería seguir ese camino y aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. En sus comentarios, AIDA evidenció la necesidad de contar con información más detallada por parte de la empresa promotora de Don Diego sobre los impactos potenciales del proyecto. Así también lo hizo el Gobierno mexicano, quien analiza actualmente la MIA del proyecto luego de solicitar información adicional a la empresa. Nos interesa particularmente tener mayor información sobre los impactos del ruido y el dragado en el ecosistema marino-costero, y acerca del posible perjuicio a la pesca en la zona. Ante la duda, es mejor prevenir el daño que lamentar cuando éste sea un hecho.  La ballena gris aún tiene muchos kilómetros que recorrer. 

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Entrevista a Eugenio Barrios de WWF México

Por Sandra Moguel Como representante de AIDA en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Prioritaria Internacional, que actualmente tiene lugar en Punta del Este, Uruguay, tuve la oportunidad de entrevistar a Eugenio Barrios, Director del Programa de Agua de WWF México, organización que apoya al Gobierno de México en la presentación de una propuesta de resolución sobre reservas de agua para la conservación de humedales. Las resoluciones aprobadas en el marco de la Conferencia brindan soluciones a los problemas que los países enfrentan para aplicar adecuadamente la Convención. SM: ¿Qué es una reserva de agua y para qué sirve? EB: Una reserva de agua es un volumen de agua determinado a través de un procedimiento de evaluación de caudal ecológico. Este volumen tiene una funcionalidad ecológica y, administrativamente, se obtiene de la repartición de agua. Es un volumen de agua que anualmente no se asigna a ningún uso y permanece en el ambiente para cumplir funciones como la conservación de humedales y de todos los servicios ambientales que éstos prestan. SM: ¿Cuál es el objetivo del borrador de resolución sobre reservas de agua que se está presentando en la Conferencia? EB: A partir de la experiencia del Programa Nacional de Reservas de Agua en México, desarrollamos una resolución que pretende llenar un gran vacío dentro de la Convención, que es el de asegurar legalmente el agua con la que funcionan los humedales. Hay muchas resoluciones y se habla mucho de cómo conservar los humedales. Se habla de la tierra, de actividades productivas y de un sin fin de elementos, pero el agua siempre se ha dejado de lado al agua, pues no ha habido una actitud decidida de la Convención y de las Partes Contratantes de la Convención para llenar ese vacío. Se dice que es una Convención de agua, pero a fin de cuentas sigue sin haber esos compromisos. Lo que hace la resolución es traer a la mesa la conservación de humedales con el manejo integrado de recursos hídricos, el cual es una herramienta muy poderosa para la conservación de los humedales.   Para saber más, escucha la entrevista completa arriba.

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Trabajando para proteger los arrecifes de coral de México y América Latina

En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cordillera submarina que recorre seis islas en un área que se extiende por millas. Allí, cientos de especies coloridas de peces, erizos y estrellas de mar, y pastos marinos conviven con una abundante variedad de otras formas de vida. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano, el mayor ecosistema de coral en el Golfo. Desafortunadamente, la ampliación del Puerto de Veracruz, aprobada recientemente por el Gobierno mexicano, dañará el conjunto de arrecifes y a las criaturas que dependen de él para sobrevivir. El proyecto también afectará a la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, cercana a los arrecifes y una joya de la Costa Esmeralda de México, porque en el sitio se explotará una mina de roca basáltica para usarla en la construcción del puerto. La autoridad ambiental aprobó el desarrollo portuario en 2013. Lo hizo pese a que México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano en 1992, y a que el país es parte de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional que incluye a los arrecifes de Veracruz. Se considera humedales a los páramos, manglares y arrecifes de coral. A pesar de la importancia reconocida del Sistema Arrecifal Veracruzano, el gobierno ha reducido oficialmente el tamaño del área protegida para dar paso a un puerto más grande.  "Ahora es un buen momento para llamar la atención de los líderes y diplomáticos mundiales sobre la acciones no sostenibles de México", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. México se prepara para ser la sede, el próximo año, de la Conferencia de las Partes del  Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional para conservar la rica diversidad de la vida en la Tierra. AIDA y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, han enviado una carta al Secretariado del Convenio (una organización internacional neutral integrada por funcionarios públicos internacionales, responsables ante la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, y vinculados al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). En la carta se solicita principalmente dos cosas al Secretariado: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los impactos graves que tendrá sobre la diversidad de vida en los arrecifes. "Nos preocupa la forma en la que el gobierno autorizó este proyecto de desarrollo", afirmó Moguel. "México ha roto su compromiso internacional de proteger la rica biodiversidad dentro de su territorio, particularmente aquella que está dentro de áreas naturales protegidas". El equipo del Programa de Protección Marina de AIDA ha trabajado en casos similares en México y en toda la región, ganando experiencia en leyes nacionales e internacionales que permitan la protección de los arrecifes de coral. Y ha elaborado un informe que sintetiza el conocimiento adquirido durante esos años de trabajo: La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. "Queremos interesar e informar a las personas que trabajan en la protección de humedales", señaló Moguel. "Existe una gran variedad de herramientas legales a su alcance, de las cuales posiblemente no están al tanto", añadió. "Además de describir nuestro propio trabajo legal en este tema, en el informe discutimos el poder de los tratados y compromisos internacionales que las naciones deben cumplir". El informe explica la importancia de los arrecifes de coral en el mundo —particularmente en México—, explora estudios de caso, expone tratados y obligaciones internacionales relevantes, y ofrece una mirada inspiradora sobre las mejores prácticas en la región. Gladys Martínez, abogada sénior del programa marino de AIDA, dijo que informes como éste buscan crear mayor conciencia sobre los medios legales disponibles para proteger los humedales, y resaltar los diferentes métodos que los tomadores de decisiones pueden usar. "AIDA selecciona casos emblemáticos como los de México para ilustrar problemas ambientales que son recurrentes en todo el continente", indicó Martínez. "Las amenazas al Sistema Arrecifal Veracruzano son una señal de que los países tienen la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para proteger los arrecifes de coral y cumplir con sus obligaciones internacionales". AIDA ha lanzado una campaña para financiar los esfuerzos continuos del programa marino para proteger a los corales de la región. Nuestro trabajo brinda a defensores y tomadores de decisiones recursos prácticos, recomendaciones y las herramientas necesarias para mejorar la protección de los arrecifes de coral. Tu donativo apoyará directamente este trabajo, y hará posible un futuro más brillante para la espléndida variedad de vida que existe en los arrecifes de coral de América Latina.

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Organizaciones solicitan se investigue si Áreas Naturales Protegidas en Veracruz están en riesgo

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo pidieron además que el Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica requiera al Estado mexicano revisar y en su caso revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del Puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. La ejecución de esos proyectos dañará seriamente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano y en Los Tuxtlas. En una carta al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)[i], once organizaciones de la sociedad civil y tres representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo[ii] denunciaron el incumplimiento del Estado mexicano de ese tratado internacional derivado del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Dicho proyecto impactará gravemente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT). Con motivo de la ampliación del puerto, el Gobierno modificó[iii] sin la suficiente información científica, la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y autorizó la ampliación dentro del arrecife, un sitio enlistado en la Convención Ramsar - un tratado que protege humedales-. Lo hizo en contra de normas nacionales e internacionales y sin considerar los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en ese ecosistema debido, entre otras cosas, al crecimiento poblacional y al mayor tráfico marítimo en el puerto. El Gobierno autorizó también la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área. El SAV comprende al menos 23 arrecifes de diferente tamaño, forma y profundidad. En él conviven ecosistemas de arrecifes de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares. En 1992 fue decretado como área natural protegida y en 2004 fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. Este parque nacional es hábitat de corales, delfines y tortugas marinas, tiene una alta productividad pesquera y una gran belleza escénica. Sus arrecifes son reguladores del clima y funcionan como barrera contra olas y tormentas, como ocurrió en 2011 cuando amortiguaron el embate del huracán Karl de categoría cuatro[iv]en la ciudad de Veracruz. En cuanto a la reserva de la región de los Tuxtlas, ésta tiene un valor biogeográfico y ecológico importante. Es uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país y una de las zonas en donde se ha generado más información respecto a la composición de la flora y fauna de las selvas tropicales de México. Es refugio de 223 de las 565 aves migratorias de Norte América; así como de especies faunísticas endémicas, en peligro de extinción, amenazadas y bajo protección especial.  Pese a los riesgos que la ampliación del Puerto de Veracruz implica para ambos ecosistemas, el Gobierno Federal y la Administradora Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), entidad a cargo del proyecto, inauguraron las obras del mismo el pasado 22 de noviembre. Por ello las organizaciones recurrieron al Secretariado del CDB con carácter de urgente. "La modificación del PNSAV, así como las autorizaciones de impacto ambiental para la ampliación portuaria y la extracción de roca basáltica en la RBLT violan la obligación del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio", se lee en la carta. El documento señala además que "de ejecutarse los proyectos de la ampliación del puerto de Veracruz y la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas, se impactará de manera irreparable la diversidad biológica y ecosistemas donde se asienta". En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil e individuos solicitaron al Secretariado del Convenio investigar los hechos denunciados y recordarle al Estado mexicano la importancia de los arrecifes de coral, pastos marinos y selvas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Solicitaron que esa instancia requiera al Estado revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas; cumplir su Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las disposiciones del CDB; requerir la compensación por las pérdidas de biodiversidad derivadas de la modificación del PNSAV, y el apoyo del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico. Ver carta entregada al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica [i] México ratificó el Convenio de la Diversidad Biológica el 11 de marzo de 1993. [ii]Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México, Litiga-Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Ocean Futures Society, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, Pronatura Veracruz, Pobladores, Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas, La ROCA-Red Organizada para la Conservación Ambiental, el instructor de buceo Manuel Victoria y los investigadores Dr. Leonardo Ortiz Lozano y Dr. Horacio España. [iii]El Gobierno Federal determinó expedir un nuevo decreto de parque nacional donde se elimina de la poligonal de protección a los arrecifes de Punta Gorda y la Bahía de Vergara. [iv]Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), Departamento de Comercio, U.S. Gobierno de los Estados Unidos, disponible en: http://oceanservice.noaa.gov/podcast/feb10/dd022410transcript.html    

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AIDA solicita a Relatores Especiales de la ONU investigar ilegalidad de autorización otorgada al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) indicó que el Estado mexicano incumplió con su obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. Ciudad de México, México. En representación de las personas y comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó a Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas investigar la ilegalidad de la autorización otorgada al proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 18 de septiembre de 2014. La autoridad ambiental avaló el proyecto que sería construido sobre el río San Pedro Mezquital sin que los pueblos indígenas afectados hubieran sido consultados, y sin contar con un estudio que evaluara integralmente sus impactos sociales y ambientales. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promotora del proyecto, asegura haber llevado a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica no reconocen haber sido consultadas. Asimismo, representantes del gobierno indígena tradicional Cora y Huichol han manifestado su rechazo total a la hidroeléctrica, y la urgencia de defender sus derechos territoriales. La propia Semarnat confirmó en su autorización al proyecto que las poblaciones de San Blasito y Saycota desconocen la realización de una consulta previa por lo que dicha entidad autorizó el proyecto condicionándolo a realizar una consulta.  "Ese condicionamiento no es obstáculo para que exista un incumplimiento de la obligación del Estado, dado que la consulta debió llevarse a cabo antes de la autorización del proyecto para cumplir con el requisito básico de ser previa. Incluso si en este momento se llevara a cabo una consulta, ello no evitaría la violación, ya consumada, de los derechos de las comunidades a ser consultadas previamente y a obtener su consentimiento libre, previo e informado", explicó María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. Una de las más graves violaciones de derechos humanos se presenta en perjuicio de los pobladores de San Blasito. Este lugar será inundado y sus residentes desplazados forzosamente, sin contar con medidas de reubicación ni compensación adecuadas. Asimismo, la construcción de la hidroeléctrica también representa un riesgo inminente para la garantía de otros derechos humanos de las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. "Denunciamos ante los Relatores que los derechos al medio ambiente sano, la vivienda adecuada, la salud, el acceso al agua potable, y a la vida digna de las comunidades se verán seriamente vulnerados en caso de implementarse este proyecto", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "El río San Pedro Mezquital, además de ser un ecosistema estratégico y albergar lugares ceremoniales centrales para estos pueblos indígenas, constituye fuente principal de alimentación y agua potable para éstos".  Estos impactos no fueron evaluados integralmente antes de autorizar el proyecto. Por ello, AIDA pidió que los Relatores de la ONU evalúen la ausencia de un Estudio de Impacto Social que respalde la autorización de Las Cruces. "La falta de evaluación de los impactos sociales implica que tampoco se plantearon medidas de mitigación adecuadas", indicó Moguel. "Esto constituye a su vez una afectación directa al derecho de las comunidades a acceder a información completa sobre los impactos del proyecto". La omisión del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa en este caso se presentó también en el marco de la emisión del decreto que levantó la veda del río San Pedro Mezquital. Tres días antes de autorizarse el proyecto hidroeléctrico, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tomaron esta decisión con el fin de permitir el aprovechamiento de parte del caudal del río para la generación de electricidad, abriendo paso al proyecto hidroeléctrico y sin consultar con las comunidades afectadas. AIDA solicitó a los Relatores Especiales de la ONU investigar los hechos mencionados, y llevar a cabo una visita al sitio donde está previsto construir la hidroeléctrica para que conozcan de primera mano las afectaciones al ambiente y a los derechos humanos de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Mexicanero y Huichol. De construirse Las Cruces, el caudal del río San Pedro Mezquital cambiará drásticamente, afectando sitios sagrados indígenas, actividades productivas de las que depende el sustento de los pobladores de la zona, e impactando Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional y ecosistema estratégico protegido. Consulte el informe enviado a Relatores Especiales de la ONU.  

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Autorización de hidroeléctrica Las Cruces es ilegal

El permiso otorgado por la Semarnat para la construcción del proyecto sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, viola normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. México, Distrito Federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit. Dicho permiso es ilegal porque viola legislación nacional e internacional en materia ambiental y de derechos humanos. En representación de las comunidades ribereñas y los pueblos indígenas afectados, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) informará de esa vulneración a las instancias nacionales e internacionales pertinentes. La ilegalidad del permiso radica en que los miembros de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informadosobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamientos y hasta intimidación. Además, el mismo documento de la autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que serán desalojadas a causa de la construcción de la hidroeléctrica, desconocen las actas de la supuesta consulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entidad que promueve el proyecto, habría hecho. "Segúnlos estándares internacionales, consultary obtener el consentimiento previo, libre e informadode los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto, lo que hizo la CFE en este caso[1]; sino también en que los pueblos afectados participenen procesos de diálogo y negociación de buena fe,desde la fase de planificación de la hidroeléctrica, conforme a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados yconforme a sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, contando con información precisa sobre la naturaleza yconsecuencias del proyecto antes y durante la consulta, y con el objetivo de llegar a un acuerdo", afirmó María José Veramendi, abogada senior de AIDA.  La construcción de Las Cruces implicará el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, y la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Todo ello tendrá consecuencias negativas sobre sus derechos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. En materia ambiental, la Semarnat no tomó en cuenta los criterios y lineamientos establecidos por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental firmado por México para la protección de Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional bajo la Convención y en el cual desembocan las aguas del río San Pedro. Ese sitio, así como la actividad pesquera y agrícola que sostiene, se verán afectados por la disminución en el caudal del río causada por la hidroeléctrica. En 2009, la Secretaría de la Convención Ramsar exhortó al Gobierno mexicano a considerar los bienes y servicios ambientales, y el patrimonio cultural vivo de la zona antes de autorizar Las Cruces. Dicha recomendación fue ignorada. "La Convención Ramsar no prohíbe infraestructura en este tipo de ecosistemas, pero establece criterios y estándares internacionales para la toma de decisiones en el manejo de tales sitios[2]. Es muy lamentable que la Semarnat, como autoridad encargada de velar por los compromisos internacionales en materia ambiental de México, no haya tomado en consideración las guías de la Convención, y mucho menos las recomendaciones específicas de esos diplomáticos para Marismas Nacionales", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. La Semarnat también ignoró las opiniones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa instancia señaló que las especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro. Los estudios del proyecto tienen carencias y las medidas de mitigación y compensación por los daños que la construcción de la hidroeléctrica pueda causar en los ecosistemas, la flora y fauna de la zona son cuestionables. "Es un retroceso para los protección del ambiente y los derechos humanos en México que pone en riesgo al río San Pedro Mezquital, a Marismas Nacionales, y a las especies y comunidades que dependen de esos entornos naturales", añadió Moguel. Desde marzo de 2014, AIDA, en representación de las comunidades y pueblos cuyos derechos han sido vulnerados, envió comunicaciones a diversos Relatores Especiales de Naciones Unidas y a la Convención Ramsar alertando sobre los riesgos para el ambiente y los derechos humanos que implicaba autorizar la hidroeléctrica. Con el otorgamiento de la autorización, AIDA comunicará a dichas instanciasla materialización del riesgo y solicitará que se exija al Estado mexicano revocar la autorización por ilegal yconsultar a los pueblos indígenas afectados. [1] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 57 [2] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 62

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