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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Termina la COP30 con algunos aciertos para seguir adelante
Con más de 25 horas de retraso, terminó la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). La llamada "COP de la Amazonía", celebrada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, deja desilusión por no haber cambiado el rumbo, pero también algunos avances para seguir empujando la acción climática. No fue un fracaso total: el multilateralismo sigue vigente, aunque aporreado.La COP30 estuvo marcada por la presencia de pueblos indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica, que llenaron calles y eventos paralelos. Sin embargo, según reportes, solo una fracción de estas delegaciones accedió a las salas formales de negociación, mientras que un número desproporcionado de representantes de la industria de los combustibles fósiles sí participaron del evento oficial. Esta asimetría es reflejo de la salud democrática del régimen climático: en la COP de la Amazonía, la fuerza de pueblos indígenas y afrodescendientes se sintió en la calle, pero sus voces siguieron estando subrepresentadas de los espacios de toma de decisiones.A pocos días de iniciada la conferencia, se publicó el más reciente informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas. Su mensaje fue quizás más agrio que dulce, pero dejó un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, el informe confirma que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar el desafío. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no lo suficiente.A estas alturas, está claro que las COP no van a “salvar el mundo”, pero tampoco parece posible que salgamos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. Desde ahí, vale la pena preguntarse qué nos deja la COP30. El acuerdo aprobado: Global de MutirãoLa palabra "Mutirão" hace referencia al espíritu de colaboración, cuerpo y alma que Brasil quiso traer al proceso de negociación internacional de esta COP.El acuerdo aprobado habla de mantener viva la meta de no superar los 1.5°C en la temperatura del planeta, reconociendo que el tiempo se agota. Para ello propone dos mecanismos voluntarios liderados por la presidencia, que por ahora parecen declaraciones de buena intención que herramientas con dientes: un "acelerador global de implementación" y la "misión de Belém al 1.5°C". En cuanto a financiamiento, el texto establece un programa de dos años de trabajo sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, referido a los recursos públicos que los países desarrollados deben proveer, entendiéndose en el contexto del Artículo 9 en su totalidad. Se incluyó una nota al pie para dejar claro que esto no prejuzga la implementación de la nueva meta global. El riesgo que advierten las organizaciones de la sociedad civil es que esta formulación siga diluyendo las obligaciones específicas de los países desarrollados bajo la narrativa de "todas las fuentes de financiamiento", sin reglas claras sobre quién debe poner realmente los recursos y en qué condiciones. El valor real de todo esto aún está por verse en la práctica. Lo ganado: un nuevo mecanismo para la transición justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), un nuevo arreglo institucional bajo el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Fue la principal bandera de la sociedad civil organizada.Se trata de un hub para centralizar y articular iniciativas de transición justa alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y cooperación internacional para que la transición no repita los errores de la era de los fósiles.El texto incorpora buena parte de los principios que empujó la sociedad civil latinoamericana —incluyendo de derechos humanos, ambientales y laborales; el consentimiento previo, libre e informado; y la integración de grupos marginados— como pieza clave para lograr acción climática ambiciosa.Aun con brechas en salvaguardas y en la definición de su gobernanza, el BAM es un avance concreto de esta COP en materia de justicia climática. Es un punto de partida para discutir no solo que haya transición, sino cómo y con qué reglas se hace para evitar que se replique la lógica de los fósiles. Su diseño y puesta en marcha concreta se debatirán en las próximas COP: ahí será clave que la región llegue con propuestas sólidas y en bloque. Terminar con los fósiles y la deforestación: dos "casi" que nos ponen en otro peldañoUn acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y la deforestación —atendiendo de frente y sin más rodeos las causas principales de la crisis climática— "casi" queda en la decisión final.Más de 80 países del norte y del sur pedían una hoja de ruta para salir del petróleo, el gas y el carbón. Y más de 90 apoyaron la idea de otra para detener y revertir la deforestación hacia 2030. Aunque las solicitudes lograron entrar en borradores de la decisión de cierre de la conferencia, desaparecieron del texto final tras la resistencia de los grandes productores fósiles.Aun así, no nos vamos con las manos vacías: Brasil, a cargo de la Presidencia de la COP30, anunció que impulsará dichas hojas de ruta, aunque fuera del régimen formal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para el caso de la salida de los fósiles, Colombia se comprometió a coorganizar, junto con los Países Bajos, la primera conferencia global sobre el tema en abril de 2026.Si bien no quedó establecido dentro de las negociaciones oficiales, vale la pena celebrar que por primera vez un grupo tan amplio de países unió fuerzas para conseguirlo. Estos dos "casi" importan: nos dejan en un nuevo piso político y jurídico para las siguientes rondas. Dos herramientas para avanzar con la adaptaciónLa COP30 dejó herramientas para que las negociaciones sobre adaptación sigan adelante.La decisión de Mutirão llama a triplicar la financiación colectiva de adaptación hacia 2035, ligada a los USD 300 mil millones anuales acordados en la nueva meta global. Es menos de lo que pedían los países más pobres (triplicar para 2030, con cifra explícita), sin claridad ni garantía del rol de los países desarrollados, pero es un ancla política que aprovechar.Al mismo tiempo, se adoptó un primer paquete de 59 indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA). Varios países africanos y personas expertas los calificaron de "poco claros, imposibles de medir y en muchos casos inutilizables" porque sacrifican precisión y anclaje en las realidades de las comunidades a cambio de destrabar el acuerdo. En respuesta, el texto incluyó la "Visión Belém–Addis", una ventana de dos años para corregir fallas y hacer que el marco sea operativo de aquí a 2027.En resumen, tenemos más promesas de dinero y un marco de indicadores más débil de lo necesario, pero también un proceso donde la región podrá seguir empujando por un GGA útil y un financiamiento de adaptación justo y suficiente. Pérdidas y daños: lento y ni tan seguroEl avance en este tema ha sido desesperantemente lento frente a la urgencia. En la COP30 se acordó por fin la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia. El resultado es frustrante pues las discusiones han durado una década mientras las comunidades ya están pagando el costo del calentamiento.Por otro lado, el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado hace dos años, lanzó su primer llamado a solicitudes, con un paquete inicial de USD 250 millones en subvenciones para los próximos seis meses. El Fondo cuenta con 790 millones prometidos, pero solo 397 efectivamente depositados, una brecha enorme ante las necesidades estimadas en cientos de miles de millones anuales para países en desarrollo.La esperada presión política para que los países desarrollados aumentaran sus aportes quedó muy diluida en el texto final, aunque al menos se logró vincular al Fondo con la nueva meta global de financiamiento acordada en la COP29. Un nuevo Plan de Acción de GéneroLa COP30 terminó con la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género bajo el Programa de Lima renovado. El Plan tiene cinco áreas prioritarias: fortalecimiento de capacidades y conocimiento; participación y liderazgo de las mujeres; coherencia entre procesos; implementación y medios de implementación con enfoque de género; monitoreo y reporte. Además, da una hoja de ruta para que la acción climática sea realmente sensible al género, con indicadores para medir progresos. Metano: un supercontaminante aún sin el protagonismo que exige la ciencia En la COP30, los contaminantes climáticos de vida corta, particularmente el metano, ocuparon un espacio relevante gracias a un pabellón exclusivo donde hubo conversaciones con diversos actores regionales y globales. Además, se presentó el Global Methane Status Report 2025, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. El informe señala avances "significativos" desde el lanzamiento del Global Methane Pledge en 2021. Sin embargo, advierte que el progreso actual aún está lejos de la meta de reducir un 30 % las emisiones de metano al 2030.En las negociaciones oficiales, aunque el borrador del Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme incluía una referencia explícita a la necesidad de mitigar metano mediante una adecuada gestión de residuos, esa mención fue eliminada del texto final, quedando únicamente un llamado general a mejorar la gestión de residuos y restando protagonismo a la urgencia de reducir emisiones de un contaminante cuya mitigación es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, durante la COP30 se lanzó la iniciativa global “No Organic Waste (NOW) Plan to Accelerate Solutions”, que busca reducir en 30 % las emisiones de metano provenientes de residuos orgánicos para 2030.En general, esta COP dejó pasar una oportunidad clave para cumplir con su objetivo. Si realmente queremos mantenernos en la senda del Acuerdo de París, debemos tratar al metano como lo que es: una oportunidad decisiva que todavía no estamos aprovechando. ¿Cómo cerramos la COP30 y nos preparamos para la siguiente?La COP31 se llevará a cabo en Turquía, bajo la presidencia de Australia. Y, más allá de las carencias que dejó la COP30, hay al menos cuatro cosas que defender y en las que avanzar: La normalización del debate sobre la salida de los fósiles, con más de 80 países pidiendo abiertamente una ruta y Colombia–Países Bajos llevando esa conversación a una conferencia específica en 2026.Una agenda forestal que, aunque quedó fuera del texto, deja la promesa de una hoja de ruta de Brasil y el respaldo explícito de un grupo amplio de países.Un avance pequeño pero real en adaptación con la decisión de triplicar la financiación y un primer conjunto de indicadores que, aunque débiles, dan algo desde donde empujar mejoras.La creación de un nuevo mecanismo para la transición justa, que puede definir cómo se hace la transición, unificando y potenciando esfuerzos que favorezcan y protejan a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas.
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“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos
Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe", como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628
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Greenpeace y AIDA interponen un recurso de protección por nuevas intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví
Más de un centenar de niñas y niños de esta zona han sido atendidos en los recintos de salud, con diagnósticos de intoxicación por gases, humos y vapores. Las organizaciones ambientalistas exigen que cuando nuevas situaciones de esta naturaleza ocurran se paralicen por completo las operaciones industriales hasta determinar sus causas, para así evitar que cientos de niños, niñas y adolescentes se vean afectados por estas. Quintero y Puchuncaví, Chile. Luego que se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la zona (que coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre), se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de la zona, situación que se repitió en los días siguientes. Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con "intoxicación T59", sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.Por esta razón, el pasado 8 de noviembre, abogadas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, en representación de diversas personas menores de edad y sus familias, y organizaciones ambientales de la zona interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes desde ese día hasta la fecha.Según Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niñas, niños y jóvenes, vulnerando sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución."Es por esto que solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona", explica Zapata.Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, pone en relieve que desde que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en estas comunas, la Corte Suprema ordenó un listado exhaustivo de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios, las que no sólo no se han cumplido, sino que además los episodios de intoxicación han persistido en los años siguientes e, incluso, se han repetido con alarmante frecuencia hasta la actualidad, con cientos de personas afectadas cada año, en su mayoría menores de edad."Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas", asegura Núñez. Del mismo modo, para la abogada es necesario generar un protocolo adecuado que permita que cada vez que una persona -sobre todo si es menor de edad- es ingresada a los servicios asistenciales, se paralice por completo la actividad industrial, con el objetivo de, por una parte, evitar nuevas intoxicaciones y, por otra, determinar el origen real de estas.Algunas de las acciones que incluye el petitorio de las personas afectadas individualizadas en este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos."Es tanto el daño que se ha causado a esta zona de sacrificio, que muchos de los vecinos afectados por esta situación simplemente no han querido ser atendidos por los servicios de salud, ya que están cansados y no confían que recibirán una atención de salud integral y reparadora, por lo que han preferido sobrellevar los síntomas en sus hogares", comenta Núñez. "Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz y con garantías de salud básicas. Es hora de entregarles verdaderas garantías y que el Estado y las empresas que operan el parque industrial de Quintero y Puchuncaví se hagan efectivamente responsables de esta situación", puntualiza Zapata.En este escenario, Greenpeace dispuso el sitio web InfanciaEnSacrificio.cl donde las personas pueden firmar para apoyar a las familias afectadas y rechazar este tipo de vulneraciones en la zona de Quintero y Puchuncaví. "Todos podemos contribuir para que este recurso de protección no quede archivado y logremos que tanto el Estado, como las empresas que operan en esta bahía se hagan responsables de verdad por estas vulneraciones. Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis, aumenta la presión pública y acelera la instalación de medidas concretas de protección, fiscalización y reparación", concluye Núñez.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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