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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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La 14ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima se llevará a cabo en Songdo, ciudad sede del Fondo, del 12 al 14 de octubre. La Junta Directiva espera aprobar nuevas propuestas de programas y proyectos, revisar lineamientos para mejorar la apropiación doméstica, discutir una posible estrategia de acreditación y el apoyo para actividades de Redd+, así como designar a un nuevo Director o Directora Ejecutiva. En este seminario virtual, representantes de gobierno, del Secretariado del Fondo y de la sociedad civil abordaron ésos y otros temas. Grabación Presentaciones Resumen Consúltalo AQUÍ.
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Hace poco, el 1 de septiembre, cumplí 10 años de trabajar por la justicia ambiental y hacer realidad uno de mis sueños de estudiante: defender a quienes no tienen voz. En todo este tiempo, mis mejores clientes han sido el mar y sus costas. La experiencia acumulada me ha enseñado que la vida depende de los océanos. Por ello me sentí feliz de celebrar este aniversario participando en los esfuerzos internacionales para construir un acuerdo de cumplimiento obligatorio para conservar la vida en alta mar. Se considera alta mar a las aguas internacionales que, al no pertenecer a ningún país, no cuentan con una protección legal para las plantas y animales que albergan. La posibilidad de un tratado que brinde ese amparo significa una segunda oportunidad para los océanos y para quienes dependemos de ellos: la humanidad en su conjunto. Tiempo de reflexión A lo largo de mi carrera como abogada ambiental, he trabajado para evitar y reducir los impactos negativos de la pesca ilegal y la pesca excesiva. Desde AIDA y en alianza con organizaciones aliadas, he usado normas internacionales y logrado avances hacia la pesca sostenible y la conservación de humedales, manglares y arrecifes de coral. Durante los últimos años, he tenido el honor de trabajar junto a Sandra Moguel, abogada del programa marino de AIDA en México. Debido a la dedicación y liderazgo de Sandra, hemos podido resguardar los océanos, costas y a las comunidades amenazadas por el desarrollo mal planificado. Sandra se fue recientemente de AIDA para trabajar con nuestros socios del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), como directora de su Oficina Regional Sureste. Aunque yo, y todos en AIDA, extrañaremos tenerla a nuestro lado, su nuevo cargo me llena de gran esperanza para México y para la lucha en defensa del rico patrimonio ambiental del país. El trabajo de Sandra para proteger los humedales costeros, río y océanos de México no será olvidado pronto. Con base en sus éxitos, continuaremos la lucha para preservar las aguas de la región y defender a las comunidades que dependen de ellas. Una nueva esperanza Esta lucha me llevó recientemente a la ciudad de Nueva York, junto con la High Seas Alliance, para participar del desarrollo de un tratado para alta mar. Este año participé de dos reuniones del Comité Preparatorio del tratado, junto con representantes de Estados y de la sociedad civil. El acuerdo está siendo construido en el marco de Naciones Unidas y buscamos concretarlo en el plazo de dos años. El tratado será implementado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En representación de AIDA, la única organización de América Latina involucrada en las reuniones de planificación del tratado, estoy trabajando para asegurar que las aguas de alta mar reciban la misma protección que las aguas nacionales que por tanto tiempo hemos defendido. El tratado de alta mar es un esfuerzo realmente colaborativo que alberga una gran esperanza para la protección de las aguas internacionales de nuestro planeta. Responsable con mi región Como costarricense, siento la responsabilidad adicional de cuidar el patrimonio natural de América Latina, región privilegiada con áreas de gran importancia en alta mar. Creo que es fundamental crear allí reservas marinas. Eso permitiría disminuir la presión de la pesca sobre los recursos marinos, contribuiría a generar un equilibrio ambiental y haría que los entornos y sus habitantes se adapten a los efectos del cambio climático. En aguas internacionales de la región existen “áreas ecológicamente significativas” como: El Domo Centroamericano. Está en el Pacífico y cambia constantemente de lugar debido a los vientos y las corrientes oceánicas. Es zona de alimentación, reproducción y crianza para atunes, ballenas azules, tiburones, delfines y tortugas marinas, entre otras especies. El Café del Tiburón Blanco. Ubicada en aguas internacionales del Océano Pacífico, entre la Península de Baja California y Hawái, el área es clave para los tiburones blancos, especie en grave peligro, que se congregan allí al salir de la costa de México o California. Montes submarinos de Nazca y Sala y Gómez. Con más de 3,000 kilómetros de largo en el Pacífico sureste, se extienden más allá de aguas chilenas, país donde son protegidos por el Estado. Sin embargo, sus secciones en alta mar están desprotegidas. Ello ocurre pese a que tienen uno de los niveles más altos de diversidad biológica marina del mundo. Cobijan y benefician a ballenas azules, tortugas marinas baulas, peces espada, macarelas chilenas y otras especies. La mayor parte de los montes se encuentra en estado natural por lo que su protección es urgente. Zona de Fractura del Atlántico Ecuatorial. Ubicada entre Brasil y la Cuenca del Guinea, el área no pertenece a ningún país. Es fuente de alimento y energía para diferentes especies de peces (entre ellas el atún aleta amarilla, el atún patudo y el pez espada) y para tortugas marinas como la baula y la verde. Proteger el alta mar es vital para brindar un espacio seguro de alimentación, reproducción y crecimiento a diferentes especies marinas. Quiero seguir aportando a esa causa y cumplir 10 años más siendo la voz de América Latina y abogando por la preservación de sus tesoros naturales.
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El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28). Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos. Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos. En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos, la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales. La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a: Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor. Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones. A las empresas a: Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo. Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales Comités de Cuenca Río Sonora Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
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