Cambio Climático

December 03 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

COP29: La meta climática desilusiona e invita a buscar esperanza en otro lado

La vigésimo novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, fue llamada “la COP del financiamiento” ya que la decisión más esperada era el establecimiento de la Nueva Meta Colectiva y Cuantificable (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático global, el monto al que se comprometerían los países desarrollados para financiar la acción climática en los países en desarrollo. El tema acaparó toda la atención, dejando en sombras todo lo demás. Además, la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, acompañada por su amenaza de abandonar el Acuerdo de París y revertir la acción climática del país, marcó el tono de las negociaciones.Las negociaciones, previstas del 11 al 22 de noviembre, fueron intensas y finalizaron recién en la madrugada del domingo 24, casi dos días después del cierre planeado, con la aprobación de un texto que generó gran desilusión. Aun así, la invitación es a no dejarnos enceguecer por la decepción. Por mucho que lo queramos, demandemos y esperemos, las negociaciones climáticas internacionales no entregan lo que tan desesperadamente necesitamos. Busquemos la esperanza en lo que sí sucede y funciona, como los proyectos locales, liderados por comunidades, y el trabajo de la sociedad civil, que no se rinde.A continuación, un balance de la COP29 basado en lo acordado respecto del financiamiento climático y otros temas relevantes. Nueva meta de financiamiento climáticoEl mandato era claro: la nueva meta debía superar la anterior, de 100 mil millones de dólares anuales, y responder a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Sin embargo, mientras estos pedían 1.3 trillons (millón de millones) anuales, la oferta fue de apenas 300 mil millones (menos de un tercio y apenas el 12% del presupuesto militar mundial en 2023) para 2035. “Is this a joke?” (¿es una broma?) exclamó al respecto el jefe de la delegación boliviana en una rueda de prensa.Los países en desarrollo también demandaban que el financiamiento fuera adecuado, es decir, basado principalmente en fondos públicos, bajo la forma de donaciones e instrumentos altamente concesionales que no agravaran las pesadas deudas que ya soportan. Además, pedían una inclusión explícita de las pérdidas y daños como uno de los objetivos del financiamiento (junto con la mitigación y adaptación), así como una meta específica para la adaptación.Pero nada de eso se consiguió. La meta quedó abierta al financiamiento privado, diluyendo aún más la responsabilidad de los países desarrollados. Tampoco se estableció una meta específica para adaptación ni se incluyó mención alguna a las pérdidas y los daños. Por si quedaba alguna duda, toda referencia a los derechos humanos fue eliminada del texto final.Cómo único alivio, se hizo un llamado a movilizar 1.3 trillons de dólares anuales en financiamiento climático de una amplia base de fuentes, a través del denominado Roadmap Bakú-Belem (Hoja de Ruta Bakú-Belém), con miras a alcanzar este objetivo para 2035. Sin embargo, se trata de un “llamado” y no de un compromiso vinculante, cuyos resultados concretos dependen de la voluntad política en los próximos años. Balance Global y temas de géneroNo se logró ningún avance significativo en cuanto a los resultados del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París, presentados el año pasado, particularmente en cuanto a la transición de los combustibles fósiles. El tema fue postergado para la COP30, que tendrá lugar el próximo año en la ciudad brasileña de Belém do Pará.Aunque los temas de género tampoco prosperaron lo suficiente, deben reconocerse ciertos avances, como la extensión por 10 años del Programa de Trabajo de Lima, que sienta las bases para el desarrollo de un Plan de Acción de Género y ofrece la oportunidad de seguir profundizando la integración de la equidad de género en la acción climática, particularmente mientras los países elaboran las actualizaciones de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).Además, el texto del NCQG reconoce a las mujeres como beneficiarias de los fondos, pero no se asegura el abordaje de las circunstancias específicas y las discriminaciones interseccionales que enfrentan muchas mujeres. Mercados de carbonoLo que sí vio la luz fueron los mercados de carbono, con la aprobación de las reglas para un mercado global. Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono. Cada crédito representa una tonelada de CO₂, o su equivalente en otros gases de efecto invernadero, eliminada de la atmósfera. Los créditos los generan proyectos que reducen emisiones (conservación de bosques, energía renovable o eficiencia energética, entre otros). Los compradores son empresas contaminantes que buscan compensar emisiones para permanecer en norma. El tema llevaba más de una década en conversaciones por la dificultad de garantizar la credibilidad del sistema para reducir emisiones. Aunque representa el último pendiente del Acuerdo de París, firmado hace más de 10 años, la sociedad civil no celebra. Estos mercados permiten a las empresas seguir contaminando, siempre que paguen por reducciones de carbono en otro lugar del mundo. Reducción de emisiones de metanoUn hecho prometedor fue la firma, por más de 30 países, de la Declaración sobre la reducción del metano de residuos orgánicos. Los signatarios, que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de ese tipo, se comprometieron a establecer objetivos sectoriales específicos para la reducción de metano en sus futuras NDC, enfatizando la relevancia de la gestión de residuos orgánicos en la lucha contra el cambio climático. En conclusiónAl final, los resultados no son sorprendentes. Las COP sobre cambio climático suelen dar poco que celebrar, pero no debemos olvidar que son un espacio único donde todos los países se sientan a buscar consensos para avanzar en un objetivo común. La existencia misma de esta instancia refleja una intención de reconocer las responsabilidades históricas, en favor de la justicia y de un mundo donde podamos coexistir en armonía. Es una plataforma desde la cual empujar, por más que traiga más frustración que resultados. Por otro lado, resulta tremendamente esperanzador y motivante ver a la sociedad civil en acción. Cientos de representantes de diferentes organizaciones y movimientos dan lo mejor de sí para lograr resultados que reflejen el cumplimiento de los compromisos internacionales de los países desarrollados hacia sus pares en desarrollo, el clima y el equilibrio natural de nuestro planeta. Finalmente, los eventos paralelos que se dan en las COP son fuente de inspiración. Por los costados y sin mucho revuelo, se mueven personas de comunidades y pueblos indígenas que están implementando soluciones climáticas en sus territorios, con resultados exitosos concretos. Esas personas, como semillas que germinan silenciosamente, representan una poderosa fuente de esperanza.

November 27 2024 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

El ABC de los minerales de transición y de su rol en la producción de energía

Por Mayela Sánchez, David Cañas y Javier Oviedo* Necesitamos dejar los combustibles fósiles para afrontar la crisis climática, de eso no hay duda. Pero ¿qué implica transitar a otras fuentes de energía? Para producir una batería o un panel solar también se utilizan materias primas que provienen de la naturaleza. Algunos de esos recursos son minerales a los que, por sus características y en el contexto de transición energética, se les ha nombrado descriptivamente minerales de transición. ¿Cuáles son esos minerales? ¿Dónde están? ¿Cómo se usan? A continuación respondemos las principales dudas sobre estos recursos minerales porque es crucial conocer qué bienes de la naturaleza abastecerán las nuevas fuentes de energía, así como garantizar que su extracción respete los derechos humanos y los límites planetarios para que la transición energética sea justa. ¿Qué son los minerales de transición y por qué se les llama así? Son un conjunto de minerales con alta capacidad para almacenar y conducir energía. Por esas cualidades, son utilizados en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, como paneles solares, baterías para la movilidad eléctrica o turbinas eólicas. Se les llama así porque se les considera esenciales para el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable, como las ya mencionadas. Y en el contexto de la transición energética, las fuentes de energía que usan estos minerales son las más socorridas para reemplazar a las fuentes de energía fósil. A los minerales de transición también se les suele llamar minerales "críticos" por considerarse estratégicos para la transición energética. El término "críticos" se refiere a elementos que son vitales para la economía y la seguridad nacional, pero cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones. Esto significa que los minerales de transición pueden ser minerales estratégicos, pero no críticos en términos de seguridad y economía. Sin embargo, en torno a la urgencia de la acción climática, algunos Estados y organismos internacionales han catalogado a los minerales de transición como minerales "críticos" con el fin de promover y facilitar el acceso a estas materias primas. ¿Cuáles son los principales minerales de transición? Los minerales de transición más relevantes son el cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y las tierras "raras". Pero son al menos 19 minerales los que están siendo usados en las diferentes tecnologías de energía renovable: bauxita, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, galio, germanio, grafito, indio, litio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, silicio, telurio, titanio, zinc, y las tierras "raras". ¿Qué son las tierras “raras” y por qué se les llama así? Las tierras "raras" son los 16 elementos químicos del grupo de los lantanoides o lantánidos, más el Itrio (Y), cuyo comportamiento químico es virtualmente igual al de los lantanoides. Son el Escandio, Itrio, Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y el Lutecio. Se les llama así porque cuando fueron descubiertos, en los siglos XVIII y XIX, eran menos conocidos en comparación con otros elementos considerados similares, como la cal. Pero el nombre ya es obsoleto en la actualidad. El término "raro" tampoco hace referencia a su abundancia, pues aunque no suelen concentrarse en depósitos que puedan ser explotables (por lo que sus minas son pocas), incluso los elementos menos abundantes de este grupo son mucho más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan los minerales de transición? ¿Qué tecnologías dependen de los minerales de transición? Los usos de los minerales de transición en el desarrollo tecnológico de fuentes de energía renovable son diversos: Tecnologías solares: bauxita, cadmio, estaño, germanio, galio, indio, selenio, silicio, telurio, zinc. Instalaciones eléctricas: cobre. Energía eólica: bauxita, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, tierras "raras", zinc. Almacenamiento de energía: bauxita, cobalto, cobre, grafito, litio, manganeso, molibdeno, níquel, tierras "raras", titanio. Baterías: cobalto, grafito, litio, manganeso, níquel, tierras "raras". Además, se emplean en una variedad de tecnologías modernas, por ejemplo en la fabricación de pantallas, teléfonos celulares, discos duros de computadoras y luces LED, entre otros. ¿Dónde se encuentran los minerales de transición? La geografía de los minerales de transición es amplia, abarcando de China a Canadá, desde Estados Unidos hasta Australia. Pero su extracción se ha concentrado en países del sur global. Varios países de América Latina están entre los principales productores de distintos minerales de transición. Dichos materiales se encuentran en territorios complejos y ricos en diversidad biológica y cultural, como la Amazonía y los humedales andinos. Argentina: litio Brasil: aluminio, bauxita, litio, manganeso, tierras raras, titanio Bolivia: litio Chile: cobre, litio, molibdeno Colombia: níquel México: cobre, estaño, molibdeno, zinc Perú: estaño, molibdeno, zinc ¿Cómo apoyan los minerales de transición a la transición energética y la descarbonización? Los minerales de transición se consideran eslabones indispensables de la transición energética que busca la descarbonización, es decir dejar atrás las fuentes de energía fósil. Pero el interés mundial por estos materiales también abre preguntas sobre los beneficios y desafíos de la minería de minerales de transición. El tema ha tomado tal relevancia que en septiembre pasado el Panel de Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios para asegurar una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales. Además, a raíz de la intensificación y expansión de su extracción en países de la región, el tema fue llevado por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de noviembre. En audiencia pública, representantes de comunidades y organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, y regionales, presentaron información y testimonios sobre los impactos ambientales y sociales de la minería de minerales de transición. Frente al actual proceso de transición energética es necesario saber de dónde provendrán los recursos que posibilitarán las tecnologías para lograrla. La extracción y uso de minerales de transición debe evitar que sus costos ambientales y sociales recaigan de forma desproporcionada en las comunidades y ecosistemas locales. *Mayela Sánchez es consultora del equipo de comunicaciones de AIDA,; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos. Fuentes consultadas: -Olivera, B., Tornel, C., Azamar, A., Minerales críticos para la transición energética. Conflictos y alternativas hacia una transformación socioecológica, Fundación Heinrich Böll Ciudad de México/Engenera/UAM-Unidad Xochimilco. -Science History Institute Museum & Library, "History and Future of Rare Earth Elements". -ONG FIMA, Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial. -Haxel, Hedrick & Orris, "Rare Earth-Elements. Critical Resources for High Technology", 2005. -USGS 2014, "The Rare-Earth elements. Vital to modern technology and lifestyle", 2014. -Informe final para la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Minerales para la transición energética y su impacto en los derechos humanos en las Américas, 2024.

November 15 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

El Cierre y la Salida Responsable

Ningún proyecto de extracción de recursos naturales (materia o energía) dura para siempre. Su vida útil está sujeta a muchas variables, que incluyen factores endógenos —como la cantidad de reservas de los recursos o la tasa de extracción— y factores exógenos —como las decisiones para atender la crisis climática, la disminución en la demanda, los problemas financieros, etc.— que condicionan el momento en que el proyecto debe cerrar o el momento en el cual un actor de su cadena de valor y de suministro debe salir. Sin importar la duración de la vida útil del proyecto o como pueda verse afectada, se debe contemplar un proceso de cierre responsable con el entorno natural y la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todos los actores involucrados. Este asunto es aún más relevante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, que hace urgente la puesta en marcha de medidas para gestionarla en el corto, mediano y largo plazo. Muchas de las acciones requeridas para cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con la transición energética, la cual implica, en términos generales, al menos dos cosas: 1) la sustitución de los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles y 2) la promoción de energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran una gran importancia. Tanto en los proyectos de extracción como en los de generación, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que hacen parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, aseguradoras, distribuidores y compradores, entre otros. En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. En estas fases, principios en materia ambiental como el de prevención y el de precaución, además de derechos como la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, y los derechos de acceso, han tenido un rol crucial en la determinación de la viabilidad y el avance de los proyectos, así como en la protección y garantía de los derechos de las comunidades de la región. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad sobre las obligaciones alrededor de los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales. Este informe surge con la idea de proponer enfoques basados en el derecho y la ciencia para abordar el cierre y la salida responsable de los proyectos. Con ese propósito, en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el período 2022-2024, entrevistamos a diversos actores1 y sistematizamos 12 casos que ejemplifican la problemática situación de múltiples proyectos de extracción de combustibles fósiles, de minerales y de generación de energía, que se encuentran en fase de cierre o en procesos de salida en diferentes países de la región. Estos casos evidencian los actuales desafíos y vacíos legales, técnicos y administrativos sobre el cierre y la salida en contextos específicos. Con la publicación, buscamos dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por cierre y salida de un proyecto?, ¿cuáles son los fundamentos de las obligaciones de cierre y salida desde el derecho internacional?, ¿cómo deben ser el cierre y la salida?, ¿quiénes deben participar en estos procesos? y ¿cómo se deben atender los desafíos e impactos en materia social, ambiental, económica y de derechos humanos que se derivan de ellos? Lee y descarga el informe completo

Cosecha de sal en el Salar de Uyuni, Bolivia

November 13 2024 Minería, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Organizaciones y comunidades alertan a la CIDH sobre los impactos a los derechos humanos de la extracción de minerales para la transición energética

Expondrán en audiencia pública información sobre las afectaciones a territorios y comunidades de América Latina a raíz de la expansión e intensificación de la extracción de litio y otros minerales utilizados para la generación de energías renovables. Washington DC. El 15 de noviembre, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones nacionales y regionales, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, presentarán información actualizada sobre cómo el incremento exponencial en la demanda y extracción de minerales para la transición ha causado graves problemáticas de derechos humanos como parte de un proceso de transición planteado únicamente como cambio de matriz energética, incapaz de superar las inequidades en la producción y el consumo de energía, particularmente en el sur global. Los minerales para la transición (como el litio, cobre, cadmio y cobalto, entre otros) —también llamados minerales “críticos”— han sido propuestos en múltiples espacios de discusión global como una de las principales soluciones a la crisis climática, pues son utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables y, en consecuencia, para reducir o reemplazar el uso de combustibles fósiles. Gran parte de las reservas de estos minerales se encuentran en América Latina, en territorios con gran diversidad biocultural. En la audiencia, las y los participantes expondrán las amenazas principales que la minería para la transición energética implica para los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales; el derecho a un ambiente sano; el acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y a la justicia. Además, a través de testimonios, se presentarán casos concretos de vulneración de derechos humanos en el contexto de la extracción de minerales para la transición. Estas afectaciones ocurren ya en países como Argentina, Bolivia y Chile —que concentran cerca del 53% de los yacimientos conocidos de litio a nivel mundial en sus humedales andinos, ecosistemas sumamente frágiles y con escasez hídrica—; en Chile y Perú, donde tiene lugar el 40% de la extracción de cobre; y en la Amazonía colombiana, donde las concesiones, solicitudes de explotación y extracción ilegal de minerales de transición vulneran los derechos de pueblos indígenas. Diferentes organismos internacionales se han pronunciado frente a las violaciones de derechos humanos ligadas a los procesos de respuesta a la crisis climática, particularmente a los de transición energética. En septiembre, el Panel de la ONU sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios voluntarios para que gobiernos, industrias y otras partes interesadas garanticen una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales. Estos lineamientos están orientados a que el paso a las energías renovables esté basado en la justicia y la equidad, y a que promueva el desarrollo sostenible, el respeto a las personas y la protección del ambiente en los países en desarrollo. La audiencia se realizará en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH. Fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile. La audiencia se realizará de 9:00 a 10:30 horas (tiempo de Washington DC) y será transmitida vía Zoom, lo cual requiere un registro previo en el siguiente enlace: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dsEZdrDqSyOA8-i7ikveJQ#/registration Citas de representantes de organizaciones y comunidades Verónica Chávez, referente de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Argentina: "Todos los que integramos la cuenca de Salinas Grande estamos viviendo una situación de afectación de nuestro derecho. Esperamos que la CIDH pueda resolver esta situación porque es gravísimo, porque están dañando a nuestros territorios, a los seres vivos y a la misma naturaleza". Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): "La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. El marco de los derechos humanos y el rol del sistema internacional de protección es fundamental para ese propósito. Es muy importante que la Comisión Interamericana siga de cerca este proceso y promueva la protección de los derechos humanos". Verónica Gostissa, abogada de la Asamblea Pucará de Catamarca, Argentina: “Vivimos una grave afectación de derechos en nuestro territorio, la provincia de Catamarca, Argentina, que se refleja, en primer lugar, en el visible impacto ambiental. Desde 1997, el extractivismo de litio ha provocado daños ambientales significativos, incluyendo la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche, un daño que persiste hasta hoy. De ese río dañado, siguen extrayendo agua, pese al reconocimiento del daño por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales. También se observan afectaciones en el acceso a la información pública, la participación y la consulta y el acceso a la justicia. Durante años, se aprobaron proyectos extractivos sin procedimientos adecuados y, aunque la acción judicial impulsada por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano impulsó una regulación, esta no cumple con los estándares de consulta indígena efectiva. Además, en un mismo territorio, el Salar del Hombre Muerto, se desarrollan más de 10 proyectos de litio, sin ninguna evaluación de impacto acumulativo e integral hasta la fecha”. Vivian Lagrava Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE, Bolivia: "Las comunidades indígenas rechazan los proyectos mineros, pueden incluso emitir sus resoluciones y decirlo alto en el proceso de consulta minera, pero sus decisiones no son vinculantes para los gobiernos. Se incumplen estándares internacionales y se legitiman el avasallamiento de los territorios y la imposición de derechos mineros con discursos de progreso y desarrollo; sin embargo, no es desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas, ni desde la nuestra". Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile: "Existe mucho desconocimiento del derecho para el pueblo originario/indígena, eso le favorece al Estado y es por eso que los habitantes del pueblo, al desconocer, no hacen valer sus garantías. Las instituciones estatales vulneran los aspectos sociales, medioambientales, culturales; a veces ocupan a la propia gente indígena para ocasionar división y tener adeptos u operadores políticos y operadores mineros que fomentan el cambiar el pensamiento de la memoria genética que tenemos como pueblo originario. Espero que podamos revisar la situación de la justicia indígena ancestral como mecanismo que antiguamente establecía correcciones para que se respetaran valores y principios del BUEN VIVIR". Daniel Cerqueira, director de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF): "Esta audiencia es una oportunidad para que la Comisión Interamericana aclare los parámetros de actuación tanto de los Estados como de las empresas, aplicables a la gestión de los minerales de transición. Es imperativo contar con obligaciones específicas en la materia, pues las violaciones de derechos humanos derivadas de la extracción de estos minerales es una realidad que tiende a agravarse en varios países de la región". Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas (Colombia): "Los gobiernos indígenas de la Amazonía ejercen su autoridad territorial y ambiental de acuerdo con la Ley de Origen, que orienta sus sistemas de conocimiento y los principios de relacionamiento con los elementos del territorio, como los minerales. La descarbonización de la matriz energética para mantener estándares de consumo en el norte global no debe hacerse a costa de territorios indígenas y de comunidades que los protegen, gobiernan y hacen que florezcan con sus prácticas cotidianas". Contactos de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107 Rocío Wischñevsky (Argentina), FARN, [email protected], +54 91159518538 Karen Arita (México), DPLF, [email protected], +52 442 471 9626

October 29 2024 Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Declaración para la protección de los páramos y el bosque montano de los Andes Tropicales

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, reunidas en el marco de la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Cali, Colombia: 1. INSTAMOS a que los Estados parte del CDB adopten regulación interna y asuman compromisos internacionales para: reconocer el papel crucial de los páramos y del bosque montano que lo protege en la regulación hídrica global, la mitigación y adaptación a la crisis climática, así como en la conservación de la diversidad biocultural; proteger los derechos humanos, los conocimientos tradicionales y las prácticas sostenibles de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales que habitan los páramos y el bosque montano; y prohibir en páramos y bosques montanos la minería a gran escala o prácticas semejantes en cuanto a sus impactos socioambientales, de acuerdo con los principios de precaución y prevención. 2. SOLICITAMOS a los Estados que incluyan en sus estrategias y planes nacionales de acción en materia de biodiversidad indicadores y mecanismos de monitoreo ante el CDB que permitan medir y reportar adecuadamente el cumplimiento de los compromisos que asuman para avanzar en la conservación de estos ecosistemas en los términos de esta declaración, así como en garantizar los derechos de los pueblos y comunidades que los habitan. 3. REQUERIMOS a los Estados y a las instituciones financieras multilaterales movilizar recursos y capacidades técnicas suficientes para garantizar la conservación de estos ecosistemas, así como la protección de los pueblos indígenas, y comunidades campesinas y tradicionales que los habitan. Elevamos estas solicitudes ante los Estados parte de la CDB: Teniendo en cuenta que existe un consenso científico del poder regulatorio hídrico de los ecosistemas de páramo y del bosque montano[1] pues no solo albergan flora endémica que captura agua dulce de la lluvia y la niebla, suministrándola a las ciudades andinas situadas aguas abajo; sino también suelos, sistemas lacustres y de turberas que tienen una alta concentración de materia orgánica y una enorme capacidad para retener el líquido. Además, los humedales de los páramos son humedales altoandinos[2] amparados por la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional. Reconociendo que los páramos y sus bosques montanos son fundamentales en el ciclo del carbono; que debido a las bajas temperaturas y al ritmo lento de descomposición de la materia orgánica presente en ellos, sus suelos, vegetación y humedales capturan y retienen dióxido de carbono (CO2)[3], contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático y reduciendo el impacto de los fenómenos meteorológicos; y que estos ecosistemas son sumideros de carbono en los términos del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Recordando que, debido a sus características biológicas y climáticas, estos ecosistemas prestan servicios esenciales para la población y contienen biodiversidad que es objeto de especial protección[4] y que son hogar de especies endémicas y nativas de flora y fauna como los frailejones, los pajonales, las epífitas, el colibrí chivito, el cóndor andino y el oso andino, entre otras. Considerando que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales de la región gestionan y protegen los páramos y los bosques montanos, velan por la preservación de los bienes comunes en sus territorios y son custodios de conocimientos ancestrales determinantes para la conservación de la biodiversidad; que la integridad del páramo resulta fundamental para conservar estas prácticas ancestrales[5]; y que los páramos y los bosques montanos son reservas de diversidad biocultural en el marco del CDB. Reiterando que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)[6] alertó del impacto de la crisis climática en los páramos; y que estos enfrentan otras presiones antropogénicas como los incendios, los monocultivos, la ganadería y las especies invasoras[7]. Advirtiendo que pese a ser ecosistemas estratégicos y sensibles, merecedores de la mayor protección, sobre algunos de ellos recaen actualmente fuertes presiones para desarrollar proyectos de minería a gran escala, mientras que otros están bajo el riesgo de ser objeto de concesión minera por el inclumplimiento de normativa y políticas públicas que los protegen o por la falta de estas. Teniendo presente que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales han rechazado estos proyectos mineros en sus territorios, ganando incluso por mayoría “consultas populares” con las que han logrado defender el uso del suelo para las actividades tradicionales de sus municipios. Insistiendo que la remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que genera la minería a gran escala puede afectar el equilibrio ecológico, la diversidad biocultural y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible para los sistemas de vida; y romper la interconectividad ecológica y espiritual con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono[8] y provocando impactos a perpetuidad. Atendiendo a las advertencias realizadas por diversos relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre los impactos negativos de la minería en el ambiente y en los derechos humanos[9]. Alertando sobre ciertas dinámicas que han empleado recientemente algunas empresas mineras en los países de la región, particularmente multinacionales —como el fraccionamiento de grandes títulos mineros, el cambio de método de explotación, de minería superficial a subterránea, así como la formalización de pequeños mineros de la zona para tercerizar sus actividades mediante la solicitud de múltiples áreas menores—, las cuales amenazan con disfrazar procesos de minería a gran escala con impactos ambientales acumulativos y sinérgicos en los ecosistemas de páramo y en los bosques montanos que pueden ser iguales o más graves que los de una concesión de gran minería. Recordando que en virtud del CDB los Estados deben: (i) monitorear las actividades que tienen o pueden tener efectos perjudiciales significativos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica[10], como la minería; (ii) establecer áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad[11] a partir del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y tradicionales[12]; y (iii) adoptar medidas de emergencia cuando existan riesgos graves e inminentes para la diversidad biológica por acontecimientos naturales o de otra índole[13], como el riesgo por actividades extractivas. Firman Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra (Colombia) Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA (Colombia) Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (Colombia) Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Gonawindua CTC (Colombia) Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia) Movimiento Socioambiental Kumanday (Colombia) Natural Seeds Alliance (Colombia) Proyecto Dulcepamba (Ecuador) ⁠Acción Ecológica (Ecuador) Latinoamérica Sustentable (Ecuador) Unión de Defensores del Agua - UNAGUA (Ecuador) Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay - FOA (Ecuador) Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador (Ecuador) Instituto de Defensa Legal - IDL (Perú) Red Muqui (Perú) Red Internacional de Forestería Análoga - RIFA (Costa Rica) Mining Watch Canadá (Canadá) Both ENDS (Holanda) Redes del Agua Latinoamérica (Regional) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA (Regional) [1]Buytaert W. et al. Hidrología del páramo andino: propiedades, importancia y vulnerabilidad. Lovaina, U. de Lovaina, s.f.,, p. 10, 11, 23. [2] COP del Convenio de Ramsar, Resolución VIII.39. Los humedales altoandinos como sistemas estratégicos. Valencia, 2002. [3] Robert Hofstede et al. “Los páramos del Ecuador: Pasado, presente y futuro”, capítulo 12, págs 328 – 330, 2023 [4] Robert Hofstede et al. págs 158 – 163, 2023. [5] IPBES (2018). The IPBES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas. Recuperado de: https://www.ipbes.net/assessment-reports/americas [6] IPCC (2013). Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Quinto Informe de Evaluación, Recuperado de: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml [7] Ochoa-Tocachi et al., 2016, Tomado de IPBES (2018). [8] Madriñán, S., Cortés, A. J., & Richardson, J. E. (2013). Páramo is the world's fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. Frontiers in genetics, 192. [9] Asamble General de la ONU, (i) Relatoría Especial sobre derechos humanos y sustancias y desechos peligrosos. Asamblea General de la ONU. A/HRC/51/35, 8 de julio de 2022, (ii) Relatoría Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. A/79/270, 2 de agosto de 2024, (iii) Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales. Asamblea General de la ONU. A/78/155, 11 de julio de 2023. [10] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Art. 7.C. [11] Ibid. Art. 8.C. CDB. [12] Ibid. Art. 8.J CDB. [13] Ibid. Art. 14.E. CDB.

October 24 2024 Arrecifes de coral, Océanos, Contaminación Tóxica

Defender la biodiversidad del océano es defender el bienestar humano

Declaración de organizaciones de la sociedad civil en la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) El océano es una de las principales reservas de biodiversidad del mundo, además de ser fuente de alimento, de energías renovables y nuestro principal aliado para combatir la crisis climática global. Las poblaciones humanas, además de tener en él su medio de vida, mantienen en torno al océano conexiones culturales que definen su pasado, presente y futuro. Sin embargo, esta inmensa fuente de vida continúa sufriendo daños e impactos cada vez más significativos, mientras que los esfuerzos por protegerlo y restaurarlo no aumentan en la misma proporción. La conexión intrínseca entre océano y clima acoge en sí misma el equilibrio del planeta. Por un lado, el océano regula los patrones climáticos y, por otro, sus características se ven seriamente alteradas por la crisis climática. Los principales indicadores de estos cambios son el aumento de la temperatura y del nivel del mar, la acidificación, la desoxigenación, las modificaciones en las corrientes marinas y una mayor intensidad de huracanes y eventos meteorológicos. Esto afecta el comportamiento de la biodiversidad marina, provocando la pérdida de especies particularmente vulnerables y la fragmentación de hábitats. El blanqueamiento de corales asociado a los cambios en el clima, por ejemplo, altera la dinámica de muchas otras especies que dependen de estos, generando consecuencias en el turismo, la pesca, la resiliencia climática y la biodiversidad, al mismo tiempo que impactos socioeconómicos y culturales. La sobrepesca pone en riesgo a las especies comerciales objetivo y a los ecosistemas marinos-costeros en general. Algunas de las prácticas pesqueras de mayor preocupación son la extracción de especies vulnerables o en peligro de extinción; el incumplimiento o inexistencia de vedas, de la demarcación de zonas de pesca, de las tallas y volúmenes permitidos; así como el abandono de aparejos de pesca que abona a la problemática de la basura marina y causa la muerte de muchos animales que quedan atrapados en ellos. La acuicultura intensiva, como la salmonicultura, destruye directamente el ecosistema marino a través de la contaminación por la constante incorporación de nutrientes y el elevado uso de antibióticos, produciendo anoxia y florecimiento de algas nocivas. La contaminación marina desde fuentes terrestres sigue siendo un factor de estrés importante para el medio marino e implica problemas especialmente serios en los países en desarrollo, donde la gestión integral de desechos es sumamente deficiente. Esto ha resultado en la introducción de sustancias y materiales contaminantes al océano (aguas residuales sin tratamiento previo, desechos sólidos —incluyendo plásticos— y escorrentía agrícola), que provocan cambios en las condiciones de calidad de la columna de agua y de los sedimentos, muchas veces fatales para la biodiversidad marina y que también afectan la salud de las personas. Asimismo, las fuentes marítimas de contaminantes requieren atención prioritaria, siendo el océano el principal medio de transporte de mercancías a nivel global. El tráfico marítimo implica el transporte de sustancias perjudiciales para el medio marino —como hidrocarburos, productos químicos tóxicos, aguas residuales, aguas de lastre, basura y otras sustancias peligrosas— que son descargadas al mar en tareas operacionales rutinarias y en incidentes marítimos. Los hidrocarburos plantean una problemática particularmente compleja porque no solo son transportados como carga, sino que también son utilizados para la propulsión de buques, representando así un escenario de riesgo latente con impactos en la calidad del aire por emisiones atmosféricas de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y metano, principalmente en buques que utilizan gas natural licuado (GNL) para su propulsión. Además, no puede descartarse el impacto negativo en la fauna marina de las colisiones con embarcaciones y del ruido submarino proveniente de diversas fuentes, factores que todavía carecen de políticas públicas y regulaciones suficientes y efectivas. Adicionalmente, los derrames de hidrocarburos en el medio marino provocan asfixia e intoxicación de especies marinas, bioacumulación de sustancias perjudiciales e incluso la destrucción funcional de hábitats de importancia. Estos impactos afectan a su vez actividades sociales y económicas relevantes —como la navegación, la pesca, el turismo y las actividades portuarias—, además de poner en riesgo la salud y el derecho a un ambiente sano de las comunidades costeras. Los derrames provenientes de la exploración y explotación de gas y petróleo offshore no son debidamente controlados ni regulados por los gobiernos, siendo actividades autorizadas en cercanía de áreas vulnerables como arrecifes de coral. Estas operaciones enfrentan serias limitaciones para prevenir y dar respuesta oportuna a estos episodios con acciones de mitigación, restauración y compensación por los daños ocasionados, trayendo además impactos ambientales poco evaluados como los relacionados con la exploración sísmica, el desmantelamiento de infraestructuras submarinas y plataformas, y el tráfico marítimo asociado. Finalmente, aunque no existen todavía esfuerzos de explotación, la minería submarina representa riesgos imposibles de evaluar en su magnitud, incluyendo la destrucción de hábitats, que podría ser irreversible, y la extinción de especies. Esto es especialmente preocupante considerando lo poco que se conoce sobre las dinámicas ecológicas y fisicoquímicas en los ecosistemas de aguas profundas y en los fondos marinos. El desarrollo de estas actividades intrusivas —sin contar con la información técnica y científica de base que permita identificar de manera objetiva los impactos potenciales, así como la posibilidad o no de la prevención, mitigación o restauración de daños— supondría la alteración de un ecosistema altamente sensible y complejo. En consideración a lo antes expuesto —en nuestro rol de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la protección y uso sostenible del océano y por la defensa del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible—, HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A LOS ESTADOS PARTE DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA QUE: Incorporen el enfoque ecosistémico —que señala la interdependencia entre la atmósfera, la tierra y el océano— en sus políticas, estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que señala que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) se ajustan a la definición de contaminación marina de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Utilicen herramientas de evaluación de impactos ambientales e impactos acumulativos para favorecer la transparencia y la participación ciudadana con enfoque de género y con énfasis en los procesos de consulta y de consentimiento de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y las comunidades locales, de manera que el conocimiento tradicional y cultural que proviene de los territorios sea incluido y valorado para promover la implementación de proyectos y actividades de desarrollo humano de forma responsable y justa, ponderando el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible por encima de los beneficios económicos de corto plazo. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) para estos derechos, y establezcan mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en cualquier procedimiento ambiental. Apliquen el principio precautorio ante la falta de certeza o de información científica y reconozcan al conocimiento técnico, a la ciencia y a la sabiduría local como fundamentos de los procesos de toma de decisión enfocados en la protección del ambiente y de la biodiversidad. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad fuera de jurisdicción nacional (Acuerdo BBNJ), instrumento que permitirá avanzar en la protección de al menos 2/3 partes de nuestro planeta. Esto permitirá: la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos marinos; el uso de mecanismos de gestión basados en áreas, incluyendo la designación de áreas marinas protegidas; el desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental previo a la realización de actividades en altamar; así como el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología marina en beneficio del océano. Continúen aplicando moratorias a las actividades de minería submarina bajo el fundamento de la falta de información técnica y científica suficiente para prever, prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos en la diversidad biológica de los ecosistemas desconocidos que están en aguas profundas y en los fondos marinos. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (Acuerdo MERP) —para prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada—, así como el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, a fin de promover prácticas pesqueras que reconozcan la relevancia de la sostenibilidad del océano. Fortalezcan y armonicen las regulaciones sobre pesca y acuicultura, avanzando también en su correcta fiscalización, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de estas actividades; evitando la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; minimizando los impactos negativos en los ecosistemas marinos y en las especies vulnerables. Implementen las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) a fin de: reconocer la contribución a la economía pesquera de los hombres y las mujeres que trabajan en todas las actividades de la cadena de valor de la pesca; garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación; contribuir al desarrollo de las comunidades que se dedican a este tipo de pesca; lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros; así como fomentar la cultura y los conocimientos ancestrales y tradicionales en torno a la pesca. Avancen rápida y efectivamente en el proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos a través de la aplicación del modelo de economía circular y el manejo responsable en todo el ciclo de estos productos. Planifiquen acciones de mitigación y adaptación a corto y mediano plazo para abordar los efectos de la crisis climática en el océano y proteger sus sumideros de carbono mediante estrategias y políticas que contemplen la transición energética justa y equitativa en los sectores dependientes del océano, además de la conservación y restauración de ecosistemas clave como los bosques de manglar, los pastos marinos y los arrecifes de coral con un enfoque holístico y socioecológico. La obligación de los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas para 2025 es una oportunidad para incluir, como compromisos climáticos, medidas orientadas a mitigar los impactos en el océano y su restauración. Estas medidas no deben limitarse a la creación de mercados de bonos de emisiones en el océano, sino más bien asegurar la protección integral de los ecosistemas marinos y costeros, considerando sobre todo su rol fundamental en la regulación del clima. Firmen, ratifiquen y se comprometan con la implementación efectiva del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena); prioricen la generación y aplicación de normativas nacionales sobre estándares y umbrales permitidos de descarga de sustancias contaminantes en el mar, armonizadas con el derecho internacional, además de basadas en programas de seguimiento y monitoreo que respondan a las dinámicas de cada país. Adopten las medidas pertinentes de orden interno para disminuir las presiones antropogénicas que actualmente afectan a los arrecifes de coral, frenando los procesos que están causando su degradación y permitiendo mantener la cobertura coralina en mínimos que garanticen su permanencia y conectividad. Estas medidas incluyen: Regular los estudios de impacto ambiental y planes de manejo de las actividades extractivas y prospectivas de hidrocarburos costa afuera (offshore) y de otras actividades que se llevan a cabo cerca de arrecifes coralinos y de áreas sensibles a blanqueamiento coralino. Evitar autorizar actividades exploratorias y de explotación de hidrocarburos costa afuera en cercanías de arrecifes coralinos. Regular el tránsito de buques cerca de áreas marinas protegidas y zonas marinas especialmente sensibles en cuanto a contaminación por aguas de lastre y a otras tecnologías contaminantes para el medio marino que puedan afectar el estado de los arrecifes coralinos. Esto permitirá también reducir la posibilidad de accidentes y encallamientos. Garanticen los derechos y atiendan las necesidades de las comunidades costeras e insulares, que viven de la pesca —especialmente de la pesca artesanal— y del turismo local y que están siendo afectadas por la crisis climática y por problemas ambientales, buscando su protección frente a la degradación de la diversidad biológica marino-costera. Aumenten sus esfuerzos para crear e implementar programas y actividades de creación de capacidades y transferencia de tecnología marina a fin de reducir las brechas entre países en desarrollo y países desarrollados. Esto permitirá que la protección del océano sea asumida globalmente como un camino hacia la justicia climática y ambiental. Garanticen el financiamiento de las políticas, programas, planes, estudios y regulaciones, asegurando las partidas presupuestales necesarias para salvaguardar y gestionar los ecosistemas marinos-costeros. Para esto deberán apuntar al uso de todos los medios disponibles dentro de los países, así como a fondos internacionales de financiamiento climático, a proyectos de cooperación e instrumentos multilaterales dedicados al abordaje de la crisis climática y a los mecanismos que se han acordado en el marco de la CMNUCC y del Acuerdo de París, entre ellos el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), así como los recursos disponibles del sector privado. De igual manera, se deben priorizar mecanismos de financiamiento azul que beneficien a grupos en situación de vulnerabilidad y que tengan un impacto positivo en la salud del océano. La protección efectiva de nuestro océano no es posible sin el compromiso de los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por eso, exhortamos a la acción y a la definición de intervenciones nacionales e internacionales urgentes que refuercen la gobernanza del océano. Los riesgos de ignorar la aceleración de los impactos son demasiado grandes. Es momento de priorizar la salud del océano y con ello nuestra propia salud. Organizaciones firmantes: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Centro para la Justicia Marina Fondo para el Arrecife Mesoamericano (Fondo SAM) Fundación Cethus Fundación MarViva Iniciativa para Arrecifes Saludables (HRI) Coral Reef Alliance Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) Alianza por Altamar (HSA, por sus siglas en inglés)

Ciénaga Grande de Santa Marta in Colombia

October 09 2024 Fortalecimiento de Capacidades, Cambio Climático, Derechos Humanos

Sesión 1 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2024

Operando los mecanismos financieros de la CMNUCC y el Acuerdo de París: Lecciones aprendidas de la experiencia con el Fondo Verde del Clima para fortalecer el involucramiento de la sociedad civil Por cuarto año consecutivo, invitamos a todos quienes integran la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) y a otros fondos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a participar en dos sesiones dinámicas el 9 de octubre y el 4 de diciembre. Este año, nos complace introducir un formato más interactivo, con presentaciones y entrevistas en directo entre un/a moderador/a y representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC). En esta primera sesión, representantes de OSC dialogaron acerca de la arquitectura de los mecanismos financieros de la CMNUCC, teniendo al Fondo Verde del Clima en el centro, explorando sus similitudes y diferencias, así como las oportunidades de participación de la sociedad civil en cada uno. Panelistas Erika Lennon, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL): El GCF como centro de la arquitectura de los mecanismos financieros bajo la CMNUCC y su relación con otros fondos. Ira Guerrero, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC): El GCF Watch y sus recursos. entrevistados Kairos Dela Cruz: ICSC. Faizal Parish: Global Environment Centre; Chair 2024-2030, GEF CSO Network. Julia Grimm: Germanwatch. Liane Schalatek: Fundación Heinrich Böll. Modera: Camila Bartelega, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación (en inglés)

August 20 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática

Los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, tribales y rurales, niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas LGBTIQ+, las organizaciones no gubernamentales, las plataformas, las instituciones y los individuos firmantes hacemos un llamado urgente a la adopción de estándares mínimos de protección de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, recogidos durante el periodo de audiencias públicas de la Opinión Consultiva, particularmente la celebrada en Manaos (Brasil), donde comunidades, pueblos y sociedad civil de la región se reunieron en un escenario judicial sin precedentes. Advertimos que el balance general, tras más de 30 años de discusiones internacionales frente a la emergencia climática, es lamentable, por cuanto no se evidencia un compromiso efectivo de los Estados para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), reparar a quienes han sufrido daños climáticos y concretar que los cambios en su política interna y de regulación económica sean compatibles con el límite de temperatura global promedio fijado en el Acuerdo de París. Destacamos que varias cortes internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene la oportunidad histórica de clarificar formalmente las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática a través de su función consultiva, y en ese sentido, fijar estándares robustos de protección de los derechos con base en las normas internacionales vigentes para salvaguardar a aquellos grupos poblacionales excluidos y discriminados históricamente y significativamente más vulnerables ante la emergencia climática. Leer y descargar la declaración

Audiencia pública de la Corte IDH en Manaos, Brasil.

August 20 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Pueblos y sociedad civil entregan a la Corte IDH la “Declaración de Manaos” urgiendo aclarar obligaciones de los Estados ante la emergencia climática

San José, Costa Rica. Hoy, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la “Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática”. El documento, que recibió un amplio respaldo, insta a la Corte a que articule, en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Esta declaración se basa en las exposiciones de más de 150 participantes que contribuyeron durante las audiencias públicas del proceso de la opinión consultiva. Las audiencias, realizadas en Bridgetown, Barbados (22 al 25 de abril), Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25 al 29 de mayo), en Brasil, ofrecieron un espacio para escuchar impresionantes testimonios de personas y comunidades enteras impactadas por la emergencia climática. En Manaos, en el corazón de la Amazonia, se destacó la esperanza de que la Corte adopte una opinión consultiva robusta para proteger a las personas y al planeta. La Declaración exhorta a que la Corte aclare las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y refuerce la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la crisis climática. "En un momento histórico para la justicia climática a nivel mundial, el rol que juega la opinión consultiva de la Corte IDH es estratégico. La decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, y sin duda influirá en la posterior interpretación que haga la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados de proteger a las comunidades y al planeta ante la crisis climática", señala Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los estándares que fije la Corte IDH sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente. Finalmente, y no menos importante, esta decisión tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima". Entre otras peticiones, las y los más de 400 firmantes de la Declaración solicitan a la Corte: Reconocer que en el contexto de la emergencia climática la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados, y es una obligación que debe ser interpretada bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en línea con el límite de temperatura global promedio establecido por el Acuerdo de París y sustentado en la mejor ciencia disponible. Precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios. Garantizar la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que incluye condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos. Proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente en el contexto de la emergencia climática y la transición energética. Garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados. Asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética. Garantizar que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación. "La Declaración de Manaos también aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis. Urgimos a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias", añade Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). "El que ‘contamina debe pagar’, dice el principio de derecho internacional, por lo que las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, que son los principales causantes e impulsores del cambio climático, deben pagar los costos de la mitigación y adaptación, así como reparar integralmente a las víctimas por los daños climáticos". Las y los firmantes de la declaración instan a la Corte IDH a que, en su rol de guardiana de los derechos humanos, adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis, guíe las políticas interamericanas hacía economías ambientalmente sostenibles y proporcione un marco para la justicia climática, ambiental y social en el mundo, empezando por América Latina. "Esperamos que, al escuchar los testimonios de quienes sufrimos las peores consecuencias de la emergencia climática, la Corte IDH atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación. Por ello, unimos nuestras voces en la declaración de Manaos para recordar a la Corte la oportunidad única que tiene de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática y la protección de nuestros derechos", destaca Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR), Colombia. Leer y descargar la declaración Contactos de prensa Maria Frausto, CIEL, [email protected] Rosa Arista, EarthRights International, [email protected], +51 941 242 447 Karina Saravia, CANLA, [email protected], +505 84331292

Audiência Pública da Corte Interamericana em Manaus, Brasil

August 20 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Comunidades e sociedade civil entregam à Corte Interamericana a “Declaração de Manaus” pedindo esclarecer as obrigações dos Estados na emergência climática

São José, Costa Rica. Esta semana, mais de 400 comunidades, povos e representantes da sociedade civil entregaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a "Declaração de Manaus sobre Direitos Humanos na Emergência Climática". Baseada nas apresentações dos mais de 150 participantes que contribuíram durante as audiências públicas no processo de Parecer Consultivo, o documento insta o Tribunal a articular os padrões mínimos para respeitar e proteger os direitos humanos no contexto da crise climática. As audiências, em Barbados (22 a 25 de abril) e no Brasil (24 a 29 de maio), ofereceram um espaço para ouvir testemunhos impressionantes de pessoas e comunidades afetadas pela emergência climática. Em Manaus, no coração da Amazônia, foi destacada a esperança de que o Tribunal adote um parecer consultivo robusto para proteger as pessoas e o planeta. A declaração pede ao Tribunal detalhar as obrigações dos Estados em questões de direitos humanos e a reforçar a responsabilidade das empresas e atores financeiros no contexto da crise climática. "O papel desempenhado pelo Parecer Consultivo da Corte Interamericana é estratégico, num momento histórico para a justiça climática em todo o mundo. A decisão do Tribunal poderá reforçar e ampliar o que já foi estabelecido pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar sobre as obrigações de proteger os oceanos das alterações climáticas, e influenciará, sem dúvida, a interpretação posterior que o Tribunal Internacional de Justiça fará dos deveres dos Estados de proteger as comunidades e o planeta face à crise climática”, afirma Marcella Ribeiro, advogada sênior do Programa de Direitos Humanos da Associação Interamericana de Defesa do Ambiente (AIDA). Entre os pedidos, os mais de 400 signatários da Declaração solicitam ao Tribunal: Reconhecer que, no contexto da emergência climática, a proteção de todos os direitos humanos, incluindo o direito a um ambiente saudável, é uma exigência a todos os Estados e é uma obrigação que deve ser interpretada sob o princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas e em consonância com o limite de temperatura média global estabelecido pelo Acordo de Paris e informado pela melhor ciência disponível. Especificar que os Estados devem avançar para economias livres de combustíveis fósseis sem sacrifícios das comunidades locais e evitando impactos ambientais incompatíveis com os limites planetários. Garantir a informação e a participação do público, bem como o direito à justiça climática, que inclui condições legais e institucionais para que as populações impactadas pela crise possam ir a tribunal, bem como sensibilizar e formar o poder judicial sobre questões climáticas. Proteger e facilitar o trabalho dos defensores ambientais no contexto da emergência climática e da transição energética. Garantir medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas que garantam o gozo de todos os direitos humanos, especialmente para grupos vulneráveis ou historicamente discriminados. Garantir o direito à autodeterminação dos Povos e Comunidades Indígenas através da obtenção do seu consentimento contra medidas que os afetam diretamente, no contexto da crise climática e da transição energética. Garantir que as vítimas dos danos climáticos tenham uma reparação abrangente e justa e que as decisões sobre questões climáticas tenham recursos financeiros para a sua implementação. "A Declaração aborda a responsabilidade das empresas na crise e pedimos ao Tribunal reforçar a obrigação dos Estados para regulamentar os intervenientes corporativos e garantir que os responsáveis pelas violações dos direitos humanos relacionadas com a crise climática enfrentem as consequências", aponta Luisa Gómez Betancur, Advogada Sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL). Os signatários da declaração também requerem a Corte adotar uma abordagem progressista e robusta que responsabilize aqueles que mais contribuíram para a crise, oriente as políticas interamericanas em direção a economias ambientalmente sustentáveis e forneça um quadro para a justiça climática, ambiental e social no mundo, começando pela América Latina. "Esperamos que a Corte Interamericana atenda ao nosso apelo e ordene aos Estados que respeitem o nosso direito à autodeterminação e a forma como relacionar-se com nossos territórios, priorizando seu cuidado e conservação", destaca Everildys Córdoba Borja, Representante Legal do Conselho Comunitário das Comunidades Negras da Bacia do Rio Tolo e Litoral Sul (COCOMASUR), Colômbia. "Por essa razão, unimos as nossas vozes na Declaração de Manaus para lembrar ao Tribunal a oportunidade única que tem de marcar um antes e um depois na luta pela justiça climática e pela proteção dos nossos direitos", finaliza. Leia e baixe a declaração Contato com a mídia Francisco Pinilla, AIDA, [email protected], +55 61 984015965