Participación Ciudadana

Participación Ciudadana, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Propuesta de lineamientos para una regulación regional por el aire limpio, la salud pública y la justicia climática

Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población.   Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta   (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.  

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Participación Ciudadana, Derechos Humanos

Suprema Corte de Justicia de la Nación debe garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales

Este miércoles se discute en la SCJN la contradicción de tesis 217/2021 sobre la facultad de las organizaciones para presentar amparos. El estándar de protección de los derechos a la justicia y al medio ambiente sano requiere que toda persona, incluidas las organizaciones, tengan acceso a recursos judiciales a través de una legitimación amplia.   Ciudad de México. Ante la inminente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la facultad de las organizaciones de la sociedad civil para presentar amparos, las asociaciones de defensa de derechos ambientales AIDA, CEMDA y GREENPEACE consideran que dicha Sala debe garantizar el acceso a la justicia ambiental en los términos asentados en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), acuerdo vinculante del cual México es parte signataria. La Segunda Sala tiene previsto tomar una decisión el miércoles 25 de enero, retomando la sesión que quedó postergada el pasado agosto. Las organizaciones ambientalistas esperan que se discuta y resuelva el proyecto de resolución de la contradicción de tesis 217/2021, propuesta por la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Dicha resolución será determinante para que en el futuro inmediato las organizaciones dedicadas a la defensa y protección del medio ambiente puedan acceder a la justicia de manera efectiva. Cabe recordar que Greenpeace México, A.C. presentó una denuncia de contradicción a partir de dos criterios opuestos entre Tribunales Colegiados de Circuito del Estado de México y de la Ciudad de México. En uno de ellos se reconoció que las personas jurídicas o morales, como las organizaciones ambientalistas, tienen interés legítimo para promover un juicio de amparo en defensa del derecho a un medio ambiente sano. En el otro, se concluyó que tal derecho y otros, como a la cultura o a la movilidad, solo pueden ser defendidos por personas físicas. Además, en agosto pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron a la Corte un Amicus Curiae, en el que se expuso con amplitud el estándar de protección del derecho de acceder a la justicia y en el que se concluye que la "garantía de los derechos al acceso a la justicia y al medio ambiente sano exigen que toda persona (incluidas las organizaciones ambientales) tengan acceso a recursos judiciales a través de una legitimación amplia". En el año 2018, México suscribió el Acuerdo de Escazú, mismo que entró en vigor en 2021. De esta manera, México está obligado a cumplir con los más altos estándares de participación de las personas en cuestiones medioambientales. Este acuerdo reconoce la importancia de la participación de todas las personas en la toma de decisiones en asuntos ambientales (incluidos los climáticos), establece procesos de participación pública, protege los derechos de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, busca fortalecer el acceso a la justicia, por mencionar sólo algunas de las obligaciones que establece. La decisión de la Segunda Sala debe ser consistente con la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso a la justicia en materia ambiental, establecido en el Acuerdo de Escazú. Dicho acuerdo establece en su artículo 8 que se debe asegurar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y al procedimiento, cualquier decisión que afecte o pueda afectar al medio ambiente o contravenir normas relacionadas con el medio ambiente. Para tal efecto, se debe garantizar el acceso a la justicia y se debe contar con la legitimación activa amplia en defensa de este derecho. Lo que resuelva la Segunda Sala de la Suprema Corte este miércoles, presidida por el Ministro Pérez Dayan, exhibirá el cumplimiento que nuestro país quiera darle al Acuerdo de Escazú. "Es de suma importancia que se resuelva apegándose a derecho y propiciando el acceso a la justicia ambiental, tan  fundamental para  la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, tal como lo expresamos en el amicus curiae que presentamos junto a AIDA el pasado 9 agosto de 2021 a propósito de la votación de este mismo asunto", mencionó Gustavo Alanis Ortega, Director Ejecutivo de CEMDA. Esto es, la decisión debe continuar con los criterios de la propia Sala al resolver el amparo en revisión 1013/2019, en la contradicción de tesis 270/2016 y el amparo en revisión 839/2019, donde se ha resuelto a favor de la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y ha garantizado la legitimación activa amplia, como lo es el derecho de las personas, de los colectivos y de las organizaciones de la sociedad civil a iniciar una demanda en asuntos ambientales y así maximizar el acceso a la justicia. Lo resuelto en el amparo en revisión 839/2019 es particularmente relevante para el análisis que realizará la Segunda Sala, considerando que en ese precedente se concluyó que las asociaciones civiles pueden acudir al amparo para proteger el derecho a un medio ambiente sano cuando la defensa del ambiente forme parte de su objeto social e incluso cuando tengan por objeto la defensa de los derechos humanos en general. La Sala llegó a esta conclusión después de señalar que los órganos jurisdiccionales “deben maximizar el acceso a la justicia” a partir de los principios que rigen la protección del medio ambiente, incluyendo el principio de precaución. "Hacemos un respetuoso llamado a la Segunda Sala y a la Corte en general para que la resolución de este tema garantice y fortalezca la participación de las personas y de las organizaciones de defensa del medioambiente", concluyó Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México. De su lado, Javier Davalos, Coordinador del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que: "En un contexto de crisis climática y degradación ambiental, la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte debe ser compatible con sus propios precedentes y con el Acuerdo de Escazú. Una forma de garantizar los derechos humanos, es brindar un amplio acceso a la justicia, que debe estar basado en una interpretación amplia del derecho a promover un juicio en defensa del derecho a un ambiente sano". Contactos de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 5570522107 Dana Olguín, Coordinación de Comunicación y medios, Greenpeace México, [email protected], +52 1 55 4964 5357 Ricardo Ruíz, Área de Comunicación, CEMDA, [email protected], +52 55 596 44162  

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Participación Ciudadana, Cambio Climático, Derechos Humanos

Rumbo a Egipto: ¿Qué esperamos de la COP27?

Por Javier Dávalos, Liliana Ávila y Verónica Méndez*   El contexto en el que se desarrollará la vigésimo séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que tendrá lugar del 6 al 18 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto, no es el más alentador. No será fácil abordar en esta conferencia mundial los anuncios de retorno al uso intensivo de combustibles fósiles en varios países —motivados en gran medida por la crisis económica derivada de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania— y las crecientes noticias de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa del cambio climático. Al mismo tiempo, el movimiento por el clima es cada vez más fuerte, así como la necesidad de cambios sistémicos y soluciones visibles. Por tanto, pese al contexto, la COP27 es una nueva oportunidad para que los Estados respondan con acciones a su ciudadanía. En la COP26 de Glasgow, se decidió que los países deben adoptar e implementar medidas más ambiciosas para enfrentar el cambio climático y cumplir con el objetivo del Acuerdo de París: limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2°C, preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales. AIDA participará en la COP27 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para abogar una vez más por avances contundentes en la acción climática. ¿Qué es lo que más nos anima a participar? Te compartimos a continuación los principales avances que esperamos de la COP27.   1. Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) más ambiciosas Las NDC son instrumentos por medio de los cuales los Estados comunican sus metas nacionales de mitigación y adaptación ante la crisis climática. En su primer informe, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, estableció que “la respuesta mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido totalmente insuficiente”. En el Pacto de Glasgow para el Clima, los Estados reafirmaron su compromiso de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C y de aumentar la ambición en sus NDC, las cuales además tienen que ser medibles y reales. Es imperioso por tanto que todos los Estados actualicen sus NDC (solo 24 lo han hecho), que garanticen la inclusión de medidas y acciones concretas y ambiciosas, en cumplimiento de los principios de progresividad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecidos en el Acuerdo de París, y que aseguren su implementación bajo un enfoque de justicia climática.    2. Financiamiento para pérdidas y daños: ¡Ahora! Las medidas de mitigación y adaptación están llegando tarde para afrontar las pérdidas y daños, así como la consecuente crisis de derechos humanos, que el cambio climático está generando. Los Estados deben abordar esta situación de forma comprometida. El Relator Especial Ian Fry señala que es necesario crear un mecanismo de financiación para ayudar a las personas a recuperarse de los impactos del cambio climático que van más allá de su capacidad de adaptación. En la COP26 no hubo consenso acerca de la creación de un mecanismo de ese tipo. La demanda para la COP27 es incluir el tema en la agenda de discusión y avanzar en la adopción de un mecanismo de financiamiento que contemple criterios estrictos de políticas operativas, enfoque de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas. Es vital además tener resultados medibles del funcionamiento de la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños creada en la COP25. Las reflexiones en torno a las pérdidas y daños han llegado para quedarse y serán un asunto que cobre cada vez mayor relevancia. Un fuerte movimiento climático, impulsado sobre todo por los países del sur, llega a Egipto con ese propósito.   3. Promoción de una transición energética justa El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su sexto informe sobre mitigación, indicó que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere transiciones importantes y urgentes, incluida una reducción sustancial del uso general de combustibles fósiles. Este será quizás uno de los asuntos más debatidos en la conferencia pues, luego de la invasión rusa a Ucrania, países que habían avanzado en la descarbonización del sector energético han aumentado la producción de combustibles fósiles ante los altos precios de los energéticos. A ello se suma una mayor presión para que América Latina siga exportando combustibles fósiles. Sin embargo, la transición energética no solo es una necesidad urgente, sino también la mejor oportunidad que tenemos de promover justicia y equidad para las personas y especies que habitamos el planeta. Debemos movernos hacia la descarbonización de nuestras matrices energéticas y economías. Pero debemos hacerlo promoviendo la justicia, con un proceso de transformación integral, democrático y plural.   Se espera que en la COP27 los Estados sean evaluados respecto del avance de sus compromisos de eliminación gradual de la generación de energía a partir del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles, así como de reducción global de las emisiones derivadas del metano.   4. Una conferencia libre de captura corporativa y que escuche a todas las voces El camino hacia la justicia climática y muchos de los temas que se abordan en las COP necesitan diversidad de voces, muchas de las cuales enfrentan grandes barreras para ser escuchadas. A ello se suma una presencia desproporcional de industrias y corporaciones con agendas orientadas directamente a defender intereses empresariales por encima del bien común y del planeta. Esto ha creado un fuerte obstáculo para lograr avances más ambiciosos en las conferencias. El Relator Ian Fry señaló acertadamente que los lugares donde se celebran las COP “son cada vez más caros y a los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil les resulta difícil asistir”. La sociedad civil ha manifestado su firme oposición a que los actores que más contaminan sean jueces y parte en el asunto. La demanda específica apunta a revisar los lineamientos de patrocinadores para que las COP prescindan de los aportes de grandes contaminadores y para que, a partir de la COP27, exista una verdadera inclusión equitativa de todos los actores, especialmente de quienes están en la primera línea de la crisis climática y sufren directamente sus consecuencias.   La lucha por el clima llegó para quedarse. Es un movimiento cada vez más grande y vibrante que no se detendrá hasta que existan compromisos reales de los países. Según el IPCC, la COP27 mantiene abierta la “ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible”. Es el espacio donde más actores convergen para defender sus intereses en ese propósito. Los Estados y demás participantes deben ver a las COP como espacios para avanzar hacia la justicia climática y para evitar la llegada de un punto de no retorno, poniendo al centro a las personas y al planeta.   *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Liliana Ávila es coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la organización, y Verónica Méndez es abogada del Programa de Clima.  

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Derechos Indígenas, Participación Ciudadana, Cambio Climático

¿Qué es la transición energética justa?

Es posible plantear soluciones reales a los problemas actuales. Las diversas crisis por las que atraviesa la humanidad —climática, energética, alimentaria, ambiental, sanitaria—, así como las enormes desigualdades que las originan y que al mismo tiempo son profundizadas por ellas, pueden superarse si logramos repensar los sistemas en los que vivimos y plantear transiciones con un horizonte claro. En 2021, el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sistema energético actual, basado en fuentes fósiles, es desigual e inequitativo. Está concentrado en grandes empresas privadas o estatales, es especialmente conflictivo en cuanto al acceso a los recursos y poco abierto a la participación social en la toma de decisiones. Por ello, avanzar en la transición energética es urgente. No hay una mirada única de la transición energética, es un concepto en disputa. ¿Para qué? ¿Para quienes? ¿Cómo? Son las preguntas que definen las diferentes concepciones y brindan los elementos para el análisis. Las miradas conservadoras centran la transición en un proceso de sustitución tecnológica para un cambio de matriz energética con fuentes renovables y la búsqueda de la eficiencia energética. Por otra parte, las propuestas más completas advierten que un cambio de matriz energética es necesario, pero no es suficiente. Y plantean la transición como un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural, que supone la creación de nuevas condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para lograr la construcción del derecho a la energía. Si planteamos la transición como un cambio de sistema, es imprescindible construir otro tipo de relaciones entre seres humanos, naturaleza y relaciones de producción. Pautas para pensar la transición energética en Latinoamérica Con base en los argumentos de Pablo Bertinat, especialista en el tema, transitar ese camino en la región requiere: Construir el derecho a la energía como derecho colectivo, en congruencia con los derechos de la naturaleza. Se debe tomar en cuenta los daños generados por el desarrollo energético a territorios y comunidades; erradicar las Zonas de Sacrificio, reconociendo su vulnerabilidad; y garantizar el respeto a derechos humanos durante la transición. Resolver problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable y asequible. Los proyectos de energía deben beneficiar al territorio en el cual se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y trabajo para lograr la redistribución de la riqueza producto de la transición energética. Avanzar en un proceso de disminución de energía ante un escenario de restricción en el cual los recursos no permiten cubrir la demanda energética. Esto implica una transición integral. Se debe pensar en un nuevo modelo productivo construido con base en la disponibilidad de energía, así como replantear sistemas de transporte, de agricultura, de infraestructura, etc. Profundizar el cambio de matriz energética desde procesos de resignificación de tecnologías por aquellas que sean adecuadas, es decir, que permitan la inclusión social, que sean construidas desde las comunidades, que estén orientadas a resolver los problemas de estas y que tomen en cuenta los procesos de aceptación de nuevos emprendimientos energéticos. Impulsar procesos de democratización de la energía mediante la participación de diversos actores, especialmente sectores excluidos, en la toma de decisiones respecto a la transición y elaboración e implementación de políticas, garantizando los derechos de acceso a información oportuna y completa, participación de calidad y acceso a la justicia ambiental, que logren asegurar la autonomía energética a nivel local.   En conclusión, hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades. No debemos empezar de cero. Comunidades locales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y gobiernos han dado ya pasos importantes hacia una transición energética justa, democrática y popular en la región. Con ese impulso, la transición no solo es deseable, sino posible.  

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Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: Experiencias internacionales de monitoreo e incidencia

En este seminario web, el último de una serie de tres, se dio a conocer distintas iniciativas para mejorar la calidad del aire en América Latina.El objetivo fue compartir experiencias ciudadanas, retos comunes y lecciones aprendidas sobre redes de monitoreo de bajo costo, implementadas como sistemas complementarios a estaciones de monitoreo oficiales, y acerca de procesos de incidencia en temas de calidad del aire ante gobiernos locales de países de la región. PanelistasRudy Gabriel Sicha, Universidad de La Molina (Perú).Soledad Represa, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina).Stephan Brodziak, Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA, México).Julián Gomez Tibaquira, Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá (MECAB, Colombia).Isis Diniz, Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA, Brasil).Moderó: Daniela García, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

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Grandes Represas, Fracking, Derechos Indígenas

Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

Con su trabajo en relación a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), AIDA busca ampliar el alcance de lo que se puede lograr con los procesos de evaluaciones de impacto socioambiental en América Latina y el Caribe, así como esbozar su potencial en el largo plazo. Hoy en día, los EIA son objeto de un debilitamiento constante en la región, por lo que esperamos que este documento pueda ser usado en todo el continente americano para evaluar los EIA y mejorar la protección ambiental en todos sus países. Este documento, que contiene tres partes, comienza describiendo a los EIA como un proceso de varias etapas destinado a garantizar que las consideraciones socioambientales sean incluidas en las decisiones referidas a proyectos de desarrollo potencialmente perjudiciales. Luego, el informe señala los desafíos y avances de la práctica de los EIA en la región. Finalmente, el documento proporciona un resumen de las buenas prácticas a nivel mundial que definen los principios y características básicas que deben estar presentes en todas las etapas operacionales de los EIA y establece algunas conclusiones.       Descarga el informe  

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Participación Ciudadana, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Colombia: Convocar a audiencias virtuales viola el derecho a la participación de las comunidades

En el contexto de la pandemia y desde el inicio del aislamiento obligatorio impuesto en el país, empresarios han solicitado al gobierno de Colombia la “simplificación de trámites ambientales”. El 3 de abril, 25 empresarios enviaron una carta al presidente Iván Duque pidiendo simplificar trámites como la consulta previa, la licencia ambiental y de regalías.  Relacionadas con esa solicitud, están varias acciones que vulneran los derechos fundamentales de comunidades étnicas.  Una de los primeras medidas fue el intento de simplificar la consulta previa, proponiendo hacerla virtual. Ante ello, las comunidades indígenas y la Procuraduría solicitaron al Ministerio del Interior respetar los derechos humanos y que se retrocediera en la medida, solicitud que fue aceptada.  Sin embargo, la búsqueda por cambiar la forma de realizar consultas continúa. A solicitud del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA) están impulsando varias audiencias ambientales virtuales, proponiendo incluso realizarlas en radio y en plataformas digitales como Facebook y YouTube. Se trata de audiencias que atienden asuntos neurálgicos en materia ambiental para el país. El problema es que en esas plataformas la comunicación es unilateral, anulando la posibilidad de discutir temas técnicos y presentando un obstáculo para quienes tienen un acceso limitado a internet, denunció la organización DeJusticia. Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril de 2020, la ANLA abrió la vía para que la participación fuese virtual. Días después, programó una audiencia virtual para discutir un tema muy importante para la región: el regreso de las aspersiones con glifosato. En dicha audiencia, planeada para el 27 de mayo, se buscaba abordar la modificación del plan de manejo ambiental del glifosato. Gracias a una acción judicial, la audiencia fue suspendida el 18 de mayo por una jueza del departamento de Nariño. Como es evidente, existe una intención constante de llevar a cabo propuestas similares durante la pandemia, que han sido detenidas por la alerta tempana de la ciudadanía, acciones judiciales y pronunciamientos de las autoridades de control. El 20 de mayo, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Ambiente planificar mesas de trabajo virtuales.  Y se ha convocado a realizar el trámite virtual de la audiencia pública sobre el páramo de Santurbán, donde un megaproyecto minero amenaza con dañar este ecosistema estratégico para la provisión de agua y para la mitigación de la crisis climática.  Hacer audiencias virtuales implica un perjuicio para las comunidades campesinas, indígenas, urbanas y para la sociedad colombiana en general, que además de estar pasando por uno de los peores momentos, no tienen acceso a internet ni necesidades básicas satisfechas que garanticen su participación virtual.  En Colombia, así como en la región, los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación son de los más vulnerados. Debemos activar todas las alertas para que la pandemia no se convierta en una excusa para seguirlos vulnerando. Es necesario que se suspendan de inmediato los trámites hasta que no existan garantías para el debido ejercicio del derecho a la participación y para el ejercicio de la veeduría nacional e internacional.   

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Océanos, Participación Ciudadana, Cambio Climático

El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos

El Derecho Internacional Ambiental (DIA) es una disciplina que involucra al mundo entero en la protección de un bien común: nuestro ambiente. En AIDA lo aplicamos a diario para ayudar a personas y comunidades a defender el ambiente y los derechos humanos fundamentales que de él dependen. Pero ¿dónde surgió y cómo ha evolucionado esta disciplina global? Sus reglas no han sido dictadas por una institución nacional ni por una autoridad internacional. Se trata más bien de un compendio de declaraciones, tratados y normas —vinculantes y voluntarias— que se han desarrollado a la par del conocimiento científico y la toma de conciencia del estado actual de nuestro mundo natural. La historia del DIA se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo (1972) y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Y en 2016, con la firma del Acuerdo de París, inició una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad: la actual emergencia climática. Los inicios: Antes de Estocolmo Antes de los años 60, había poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas aisladas de regulación ambiental internacional. Una de ellas fue la frustrada Convención de Londres de 1900, con la cual se buscaba proteger la vida silvestre africana. Nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes. Fue reemplazada 33 años después por el Convenio de Londres de 1933, aplicado en gran parte de África colonizada con la creación de parques naturales y la protección de especies. Durante esos años, otras iniciativas se llevaron a cabo de forma aislada. Pero las cosas realmente empezaron a moverse en los años 60, cuando la opinión pública se hizo consciente de los peligros que amenazaban al planeta. Algunos de los eventos que marcaron esta época fueron la publicación en 1962 del libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el ambiente; y la divulgación de la imagen conocida como Amanecer de la Tierra (Earthrise), tomada por el astronauta William Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esa fotografía es considerada de influencia icónica para el despertar del movimiento ambiental pues evidencia la unidad absoluta de la Tierra vista desde la luna. La Declaración de Estocolmo Producto de la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Estocolmo (1972), fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, muchos de los cuales han jugado un papel importante en el desarrollo posterior del DIA. El Principio 21, por ejemplo, confirmó una de las piedras angulares del DIA: la responsabilidad de los Estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al ambiente de otros Estados. La Declaración estableció además el Principio de Cooperación, crucial en el desarrollo ulterior del DIA al reconocer que los países debían unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales de nuestro entorno común. También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central a cargo de los asuntos ambientales en la actualidad. Entre Estocolmo y Río Después de Estocolmo, comenzaron a verse cambios en los gobiernos nacionales: se formaron los primeros partidos políticos verdes, se crearon algunos Ministerios de Medio Ambiente y comenzó a desarrollarse una importante cantidad de legislación ambiental local. En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland. Su labor, centratada en la difícil relación entre ambiente y desarrollo, resultó en el informe Nuestro Futuro Común (1987). En ese documento se acuñó el concepto de desarrollo sostenible —definido como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”—, base de la evolución del DIA. En esta época, comenzaron a manifestarse algunos de los problemas ambientales globales que hasta hoy nos aquejan como el agotamiento de la capa de ozono, los riesgos para la diversidad biológica y la amenaza del cambio climático. La cooperación internacional era absolutamente necesaria y los países desarrollados tendrían que ayudar a los países más pobres para que la humanidad fuera capaz de afrontar tales desafíos. En 1987, se firmó el Protocolo de Montreal para combatir el agotamiento de la capa de ozono. Este acuerdo internacional ha sido un ejemplo de cooperación internacional exitosa, y se cree que gracias a él la capa de ozono podría recuperarse para el 2050. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro  En 1992, durante esta Conferencia, dos convenciones fueron presentadas para firma de los países: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También se estableció la Declaración de Río, que reafirmó la Declaración de Estocolmo y el programa de acción Agenda 21, el cual aún guía a gobiernos y actores no estatales en las actividades de protección del ambiente. En Río, ante la evidencia cada vez más contundente de que  las actividades humanas en busca del crecimiento económico eran las responsables de las principales amenazas ambientales, el concepto central continuó siendo el desarrollo sostenible. Dos principios de la Declaración de Río merecen especial consideración: el Principio de Precaución, la forma más avanzada de prevención e importante en la conformación del DIA moderno; y el Principio 10, que reconoce el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. El Principio 10 dio lugar en 1998 al Convenio de Aarhus, vinculante para Europa y Asia Central; y es el antecesor del Acuerdo de Escazú, que busca el reconocimiento de esos derechos para Latinoamérica. Ese reconocimiento es considerado también un hito importante en la construcción del DIA pues explica y muestra el surgimiento de la sociedad civil como actor cada vez más importante y activo en la protección ambiental global. Luego de Río y hacia el futuro Después de Río, todos los tratados económicos importantes comenzaron a incluir la protección ambiental. Un caso ejemplar es el Acuerdo de Marrakech, por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994 y que fue el primer tratado económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y protección del ambiente. La Convención sobre el Cambio Climático merece mención especial ya que, desde 1995, sus firmantes se han reunido cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP). En ese marco, en 1997, se presentó el Protocolo de Kioto que, a pesar de no haber sido exitoso en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fue el primer acuerdo internacional en establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para los países desarrollados. En el 2000, 189 países adoptaron en Nueva York la Declaración del Milenio, que fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y en el respeto a los derechos humanos. Dos años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, para dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre de Río. En esa ocasión, adoptaron la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, centrada en el desarrollo y la erradicación de la pobreza con un enfoque jurídico-económico sobre las “asociaciones público-privadas”. Y en 2012, la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20, la cual convocó a 192 Estados miembros, empresas del sector privado, ONG y otras organizaciones. El resultado fue un documento no vinculante llamado El Futuro que Queremos. En el documento, los Estados renuevan su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de un futuro sostenible. Tiempos modernos El Protocolo de Kioto para enfrentar el cambio climático dio paso al Acuerdo de París (2016),  donde los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2°C, respecto de los niveles preindustriales, y ojalá se mantenga debajo de los 1.5°C. La relación entre derechos humanos y cambio climático fue reconocida en su preámbulo. Al haber sido ratificado por casi todos los países del mundo, tiene un potencial inmenso como instrumento de derecho internacional. De hecho, recientemente en Inglaterra se dictó la primera sentencia que impidió una obra (la ampliación  de un aeropuerto), bajo el argumento de que el país incumpliría el Acuerdo de París. Un hito contemporáneo de gran relevancia, sobre todo para Latinoamérica, es la Opinión Consultiva 23 (2017) sobre medioambiente y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella La Corte reconoció por primera vez el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación ambiental y del cambio climático en los derechos humanos. Finalmente, vale la pena mencionar la construcción actual de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. En reconocimiento del papel crucial que juega el océano en la salud del planeta y sobre todo en la estabilidad del clima, salvaguardar las inmensas y misteriosas áreas en alta mar parece del todo necesario. Conclusión: ¿En qué quedamos? Tras revisar los hitos más importantes relacionados con los esfuerzos globales para enfrentar la grave crisis ambiental que vivimos, es inevitable quedar sumida en hondas preocupaciones. Las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestro planeta empiece a recobrar la salud. Así como vamos, nadie asegura que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo han hecho las pasadas y actuales. Pero, pese a las desilusiones, es importante seguir promoviendo iniciativas mundiales donde se discuten políticas comunes y donde el DIA adquiere forma y contenido. Aunque por ahora esos espacios no han sido capaces de frenar la crisis ambiental, han fortalecido el DIA como instrumento para defender nuestras causas, algo que aprovechamos al máximo en AIDA. Asimismo, las conferencias mundiales son instancias donde surgen posibilidades de protesta y de concientización masiva por parte de la sociedad civil global, cada vez más alerta y decidida a defender nuestro ambiente. Hoy, gran parte de la esperanza de cambio está en la fuerza de la sociedad civil, sobre todo en los jóvenes que han mostrado un despertar glorioso en defensa del planeta. Esta fuerza encuentra en el DIA un punto de apoyo para exigir lo que necesitamos: un cambio rotundo en el modelo de desarrollo que aún guía los asuntos del planeta y que tanto daño está causando.  

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Minería, Participación Ciudadana, Fuentes de Agua Dulce

Aprendiendo de Mendoza, Argentina: “El agua no se negocia”

A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. Es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. Un retroceso en la protección ambiental El gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”. El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias. Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La respuesta ciudadana La movilización en contra de esta modificación, que pretendía dar vía libre al uso de sustancias de altísimo impacto ambiental, superó cualquier precedente y se convirtió en un ejemplo para toda la región al lograr revertir una iniciativa ya aprobada por los legisladores de Mendoza. La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca. Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero —entre las calles San Martín y Garibaldi— de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada. Por ello debemos ser sus principales defensores. La actualización pronta y necesaria del concepto de “desarrollo sustentable” es uno de los desafíos del Derecho Ambiental en el siglo XXI. No podemos concebir un desarrollo que atente contra la naturaleza e ignore los derechos humanos.   Conoce más sobre el uso de cianuro en la minería.  

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Participación Ciudadana, Derechos Humanos

Nosotros también gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil acompañamos a los y las colombianas que mañana marchan por la paz

Las Américas. Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos  eco de sus reclamos  exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños. Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. Centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar. Apoyamos  las voces  que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz,  firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes.   De lo contrario, Colombia  perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz. Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos. Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito.   Firman: 350.org Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Acción Solidaria ActionAid USA AFL-CIO ÁGORA Espacio Civil Paraguay Amazon Watch Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Reproductive Rights Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Christian Peacemaker Teams Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation Colombia Grassroot Support, New Jersey Colombia Human Rights Committee, Washington DC Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Convergencia por los Derechos Humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú Corporación Humanas Chile CSW Defensor de derechos humanos en México Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Global Witness International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) International Labor Rights Forum International Rivers InterReligious Task Force On Central America and Colombia Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Mujeres Libres COLEM, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. NJ Peace Council Not1More Oxfam Paz y Esperanza Presbyterian Church USA Presbyterian Peace Fellowship Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Solidarity Collective  

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