Participación Ciudadana


¿Qué es la transición energética justa?

Es posible plantear soluciones reales a los problemas actuales. Las diversas crisis por las que atraviesa la humanidad —climática, energética, alimentaria, ambiental, sanitaria—, así como las enormes desigualdades que las originan y que al mismo tiempo son profundizadas por ellas, pueden superarse si logramos repensar los sistemas en los que vivimos y plantear transiciones con un horizonte claro. En 2021, el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sistema energético actual, basado en fuentes fósiles, es desigual e inequitativo. Está concentrado en grandes empresas privadas o estatales, es especialmente conflictivo en cuanto al acceso a los recursos y poco abierto a la participación social en la toma de decisiones. Por ello, avanzar en la transición energética es urgente. No hay una mirada única de la transición energética, es un concepto en disputa. ¿Para qué? ¿Para quienes? ¿Cómo? Son las preguntas que definen las diferentes concepciones y brindan los elementos para el análisis. Las miradas conservadoras centran la transición en un proceso de sustitución tecnológica para un cambio de matriz energética con fuentes renovables y la búsqueda de la eficiencia energética. Por otra parte, las propuestas más completas advierten que un cambio de matriz energética es necesario, pero no es suficiente. Y plantean la transición como un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural, que supone la creación de nuevas condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para lograr la construcción del derecho a la energía. Si planteamos la transición como un cambio de sistema, es imprescindible construir otro tipo de relaciones entre seres humanos, naturaleza y relaciones de producción. Pautas para pensar la transición energética en Latinoamérica Con base en los argumentos de Pablo Bertinat, especialista en el tema, transitar ese camino en la región requiere: Construir el derecho a la energía como derecho colectivo, en congruencia con los derechos de la naturaleza. Se debe tomar en cuenta los daños generados por el desarrollo energético a territorios y comunidades; erradicar las Zonas de Sacrificio, reconociendo su vulnerabilidad; y garantizar el respeto a derechos humanos durante la transición. Resolver problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable y asequible. Los proyectos de energía deben beneficiar al territorio en el cual se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y trabajo para lograr la redistribución de la riqueza producto de la transición energética. Avanzar en un proceso de disminución de energía ante un escenario de restricción en el cual los recursos no permiten cubrir la demanda energética. Esto implica una transición integral. Se debe pensar en un nuevo modelo productivo construido con base en la disponibilidad de energía, así como replantear sistemas de transporte, de agricultura, de infraestructura, etc. Profundizar el cambio de matriz energética desde procesos de resignificación de tecnologías por aquellas que sean adecuadas, es decir, que permitan la inclusión social, que sean construidas desde las comunidades, que estén orientadas a resolver los problemas de estas y que tomen en cuenta los procesos de aceptación de nuevos emprendimientos energéticos. Impulsar procesos de democratización de la energía mediante la participación de diversos actores, especialmente sectores excluidos, en la toma de decisiones respecto a la transición y elaboración e implementación de políticas, garantizando los derechos de acceso a información oportuna y completa, participación de calidad y acceso a la justicia ambiental, que logren asegurar la autonomía energética a nivel local.   En conclusión, hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades. No debemos empezar de cero. Comunidades locales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y gobiernos han dado ya pasos importantes hacia una transición energética justa, democrática y popular en la región. Con ese impulso, la transición no solo es deseable, sino posible.  

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Seminario web "Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: Experiencias internacionales de monitoreo e incidencia"

En este seminario web, el último de una serie de tres, se dio a conocer distintas iniciativas para mejorar la calidad del aire en América Latina. El objetivo fue compartir experiencias ciudadanas, retos comunes y lecciones aprendidas sobre redes de monitoreo de bajo costo, implementadas como sistemas complementarios a estaciones de monitoreo oficiales, y acerca de procesos de incidencia en temas de calidad del aire ante gobiernos locales de países de la región.   Panelistas Rudy Gabriel Sicha, Universidad de La Molina (Perú). Soledad Represa, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina). Stephan Brodziak, Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA, México). Julián Gomez Tibaquira, Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá (MECAB, Colombia). Isis Diniz, Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA, Brasil). Moderó: Daniela García, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).   Grabación  

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Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

Con su trabajo en relación a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), AIDA busca ampliar el alcance de lo que se puede lograr con los procesos de evaluaciones de impacto socioambiental en América Latina y el Caribe, así como esbozar su potencial en el largo plazo. Hoy en día, los EIA son objeto de un debilitamiento constante en la región, por lo que esperamos que este documento pueda ser usado en todo el continente americano para evaluar los EIA y mejorar la protección ambiental en todos sus países. Este documento, que contiene tres partes, comienza describiendo a los EIA como un proceso de varias etapas destinado a garantizar que las consideraciones socioambientales sean incluidas en las decisiones referidas a proyectos de desarrollo potencialmente perjudiciales. Luego, el informe señala los desafíos y avances de la práctica de los EIA en la región. Finalmente, el documento proporciona un resumen de las buenas prácticas a nivel mundial que definen los principios y características básicas que deben estar presentes en todas las etapas operacionales de los EIA y establece algunas conclusiones.       Descarga el informe  

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Colombia: Convocar a audiencias virtuales viola el derecho a la participación de las comunidades

En el contexto de la pandemia y desde el inicio del aislamiento obligatorio impuesto en el país, empresarios han solicitado al gobierno de Colombia la “simplificación de trámites ambientales”. El 3 de abril, 25 empresarios enviaron una carta al presidente Iván Duque pidiendo simplificar trámites como la consulta previa, la licencia ambiental y de regalías.  Relacionadas con esa solicitud, están varias acciones que vulneran los derechos fundamentales de comunidades étnicas.  Una de los primeras medidas fue el intento de simplificar la consulta previa, proponiendo hacerla virtual. Ante ello, las comunidades indígenas y la Procuraduría solicitaron al Ministerio del Interior respetar los derechos humanos y que se retrocediera en la medida, solicitud que fue aceptada.  Sin embargo, la búsqueda por cambiar la forma de realizar consultas continúa. A solicitud del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA) están impulsando varias audiencias ambientales virtuales, proponiendo incluso realizarlas en radio y en plataformas digitales como Facebook y YouTube. Se trata de audiencias que atienden asuntos neurálgicos en materia ambiental para el país. El problema es que en esas plataformas la comunicación es unilateral, anulando la posibilidad de discutir temas técnicos y presentando un obstáculo para quienes tienen un acceso limitado a internet, denunció la organización DeJusticia. Con la expedición de la Resolución 642 del 13 de abril de 2020, la ANLA abrió la vía para que la participación fuese virtual. Días después, programó una audiencia virtual para discutir un tema muy importante para la región: el regreso de las aspersiones con glifosato. En dicha audiencia, planeada para el 27 de mayo, se buscaba abordar la modificación del plan de manejo ambiental del glifosato. Gracias a una acción judicial, la audiencia fue suspendida el 18 de mayo por una jueza del departamento de Nariño. Como es evidente, existe una intención constante de llevar a cabo propuestas similares durante la pandemia, que han sido detenidas por la alerta tempana de la ciudadanía, acciones judiciales y pronunciamientos de las autoridades de control. El 20 de mayo, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Ambiente planificar mesas de trabajo virtuales.  Y se ha convocado a realizar el trámite virtual de la audiencia pública sobre el páramo de Santurbán, donde un megaproyecto minero amenaza con dañar este ecosistema estratégico para la provisión de agua y para la mitigación de la crisis climática.  Hacer audiencias virtuales implica un perjuicio para las comunidades campesinas, indígenas, urbanas y para la sociedad colombiana en general, que además de estar pasando por uno de los peores momentos, no tienen acceso a internet ni necesidades básicas satisfechas que garanticen su participación virtual.  En Colombia, así como en la región, los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación son de los más vulnerados. Debemos activar todas las alertas para que la pandemia no se convierta en una excusa para seguirlos vulnerando. Es necesario que se suspendan de inmediato los trámites hasta que no existan garantías para el debido ejercicio del derecho a la participación y para el ejercicio de la veeduría nacional e internacional.   

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El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos

El Derecho Internacional Ambiental (DIA) es una disciplina que involucra al mundo entero en la protección de un bien común: nuestro ambiente. En AIDA lo aplicamos a diario para ayudar a personas y comunidades a defender el ambiente y los derechos humanos fundamentales que de él dependen. Pero ¿dónde surgió y cómo ha evolucionado esta disciplina global? Sus reglas no han sido dictadas por una institución nacional ni por una autoridad internacional. Se trata más bien de un compendio de declaraciones, tratados y normas —vinculantes y voluntarias— que se han desarrollado a la par del conocimiento científico y la toma de conciencia del estado actual de nuestro mundo natural. La historia del DIA se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo (1972) y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Y en 2016, con la firma del Acuerdo de París, inició una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad: la actual emergencia climática. Los inicios: Antes de Estocolmo Antes de los años 60, había poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas aisladas de regulación ambiental internacional. Una de ellas fue la frustrada Convención de Londres de 1900, con la cual se buscaba proteger la vida silvestre africana. Nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes. Fue reemplazada 33 años después por el Convenio de Londres de 1933, aplicado en gran parte de África colonizada con la creación de parques naturales y la protección de especies. Durante esos años, otras iniciativas se llevaron a cabo de forma aislada. Pero las cosas realmente empezaron a moverse en los años 60, cuando la opinión pública se hizo consciente de los peligros que amenazaban al planeta. Algunos de los eventos que marcaron esta época fueron la publicación en 1962 del libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el ambiente; y la divulgación de la imagen conocida como Amanecer de la Tierra (Earthrise), tomada por el astronauta William Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esa fotografía es considerada de influencia icónica para el despertar del movimiento ambiental pues evidencia la unidad absoluta de la Tierra vista desde la luna. La Declaración de Estocolmo Producto de la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Estocolmo (1972), fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, muchos de los cuales han jugado un papel importante en el desarrollo posterior del DIA. El Principio 21, por ejemplo, confirmó una de las piedras angulares del DIA: la responsabilidad de los Estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al ambiente de otros Estados. La Declaración estableció además el Principio de Cooperación, crucial en el desarrollo ulterior del DIA al reconocer que los países debían unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales de nuestro entorno común. También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central a cargo de los asuntos ambientales en la actualidad. Entre Estocolmo y Río Después de Estocolmo, comenzaron a verse cambios en los gobiernos nacionales: se formaron los primeros partidos políticos verdes, se crearon algunos Ministerios de Medio Ambiente y comenzó a desarrollarse una importante cantidad de legislación ambiental local. En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland. Su labor, centratada en la difícil relación entre ambiente y desarrollo, resultó en el informe Nuestro Futuro Común (1987). En ese documento se acuñó el concepto de desarrollo sostenible —definido como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”—, base de la evolución del DIA. En esta época, comenzaron a manifestarse algunos de los problemas ambientales globales que hasta hoy nos aquejan como el agotamiento de la capa de ozono, los riesgos para la diversidad biológica y la amenaza del cambio climático. La cooperación internacional era absolutamente necesaria y los países desarrollados tendrían que ayudar a los países más pobres para que la humanidad fuera capaz de afrontar tales desafíos. En 1987, se firmó el Protocolo de Montreal para combatir el agotamiento de la capa de ozono. Este acuerdo internacional ha sido un ejemplo de cooperación internacional exitosa, y se cree que gracias a él la capa de ozono podría recuperarse para el 2050. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro  En 1992, durante esta Conferencia, dos convenciones fueron presentadas para firma de los países: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También se estableció la Declaración de Río, que reafirmó la Declaración de Estocolmo y el programa de acción Agenda 21, el cual aún guía a gobiernos y actores no estatales en las actividades de protección del ambiente. En Río, ante la evidencia cada vez más contundente de que  las actividades humanas en busca del crecimiento económico eran las responsables de las principales amenazas ambientales, el concepto central continuó siendo el desarrollo sostenible. Dos principios de la Declaración de Río merecen especial consideración: el Principio de Precaución, la forma más avanzada de prevención e importante en la conformación del DIA moderno; y el Principio 10, que reconoce el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. El Principio 10 dio lugar en 1998 al Convenio de Aarhus, vinculante para Europa y Asia Central; y es el antecesor del Acuerdo de Escazú, que busca el reconocimiento de esos derechos para Latinoamérica. Ese reconocimiento es considerado también un hito importante en la construcción del DIA pues explica y muestra el surgimiento de la sociedad civil como actor cada vez más importante y activo en la protección ambiental global. Luego de Río y hacia el futuro Después de Río, todos los tratados económicos importantes comenzaron a incluir la protección ambiental. Un caso ejemplar es el Acuerdo de Marrakech, por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994 y que fue el primer tratado económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y protección del ambiente. La Convención sobre el Cambio Climático merece mención especial ya que, desde 1995, sus firmantes se han reunido cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP). En ese marco, en 1997, se presentó el Protocolo de Kioto que, a pesar de no haber sido exitoso en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fue el primer acuerdo internacional en establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para los países desarrollados. En el 2000, 189 países adoptaron en Nueva York la Declaración del Milenio, que fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y en el respeto a los derechos humanos. Dos años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, para dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre de Río. En esa ocasión, adoptaron la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, centrada en el desarrollo y la erradicación de la pobreza con un enfoque jurídico-económico sobre las “asociaciones público-privadas”. Y en 2012, la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20, la cual convocó a 192 Estados miembros, empresas del sector privado, ONG y otras organizaciones. El resultado fue un documento no vinculante llamado El Futuro que Queremos. En el documento, los Estados renuevan su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de un futuro sostenible. Tiempos modernos El Protocolo de Kioto para enfrentar el cambio climático dio paso al Acuerdo de París (2016),  donde los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2°C, respecto de los niveles preindustriales, y ojalá se mantenga debajo de los 1.5°C. La relación entre derechos humanos y cambio climático fue reconocida en su preámbulo. Al haber sido ratificado por casi todos los países del mundo, tiene un potencial inmenso como instrumento de derecho internacional. De hecho, recientemente en Inglaterra se dictó la primera sentencia que impidió una obra (la ampliación  de un aeropuerto), bajo el argumento de que el país incumpliría el Acuerdo de París. Un hito contemporáneo de gran relevancia, sobre todo para Latinoamérica, es la Opinión Consultiva 23 (2017) sobre medioambiente y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella La Corte reconoció por primera vez el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación ambiental y del cambio climático en los derechos humanos. Finalmente, vale la pena mencionar la construcción actual de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. En reconocimiento del papel crucial que juega el océano en la salud del planeta y sobre todo en la estabilidad del clima, salvaguardar las inmensas y misteriosas áreas en alta mar parece del todo necesario. Conclusión: ¿En qué quedamos? Tras revisar los hitos más importantes relacionados con los esfuerzos globales para enfrentar la grave crisis ambiental que vivimos, es inevitable quedar sumida en hondas preocupaciones. Las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestro planeta empiece a recobrar la salud. Así como vamos, nadie asegura que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo han hecho las pasadas y actuales. Pero, pese a las desilusiones, es importante seguir promoviendo iniciativas mundiales donde se discuten políticas comunes y donde el DIA adquiere forma y contenido. Aunque por ahora esos espacios no han sido capaces de frenar la crisis ambiental, han fortalecido el DIA como instrumento para defender nuestras causas, algo que aprovechamos al máximo en AIDA. Asimismo, las conferencias mundiales son instancias donde surgen posibilidades de protesta y de concientización masiva por parte de la sociedad civil global, cada vez más alerta y decidida a defender nuestro ambiente. Hoy, gran parte de la esperanza de cambio está en la fuerza de la sociedad civil, sobre todo en los jóvenes que han mostrado un despertar glorioso en defensa del planeta. Esta fuerza encuentra en el DIA un punto de apoyo para exigir lo que necesitamos: un cambio rotundo en el modelo de desarrollo que aún guía los asuntos del planeta y que tanto daño está causando.  

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Aprendiendo de Mendoza, Argentina: “El agua no se negocia”

A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”. Es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. Un retroceso en la protección ambiental El gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”. El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias. Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La respuesta ciudadana La movilización en contra de esta modificación, que pretendía dar vía libre al uso de sustancias de altísimo impacto ambiental, superó cualquier precedente y se convirtió en un ejemplo para toda la región al lograr revertir una iniciativa ya aprobada por los legisladores de Mendoza. La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca. Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero —entre las calles San Martín y Garibaldi— de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada. Por ello debemos ser sus principales defensores. La actualización pronta y necesaria del concepto de “desarrollo sustentable” es uno de los desafíos del Derecho Ambiental en el siglo XXI. No podemos concebir un desarrollo que atente contra la naturaleza e ignore los derechos humanos.   Conoce más sobre el uso de cianuro en la minería.  

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Nosotros también gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil acompañamos a los y las colombianas que mañana marchan por la paz

Las Américas. Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos  eco de sus reclamos  exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños. Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. Centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar. Apoyamos  las voces  que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz,  firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes.   De lo contrario, Colombia  perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz. Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos. Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito.   Firman: 350.org Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Acción Solidaria ActionAid USA AFL-CIO ÁGORA Espacio Civil Paraguay Amazon Watch Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Reproductive Rights Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Christian Peacemaker Teams Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation Colombia Grassroot Support, New Jersey Colombia Human Rights Committee, Washington DC Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Convergencia por los Derechos Humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú Corporación Humanas Chile CSW Defensor de derechos humanos en México Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Global Witness International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) International Labor Rights Forum International Rivers InterReligious Task Force On Central America and Colombia Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Mujeres Libres COLEM, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. NJ Peace Council Not1More Oxfam Paz y Esperanza Presbyterian Church USA Presbyterian Peace Fellowship Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Solidarity Collective  

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Escuchar a los pueblos indígenas para salvar al planeta

En América Latina hay más de 400 pueblos indígenas, varios de ellos habitan en el 80% de las áreas protegidas de la región, de acuerdo a la FAO. Su conocimiento ancestral para relacionarse con los ecosistemas que les rodean está reconocido como una forma de asegurar un ambiente sano y hacer frente al cambio climático. Sin embargo, pocas veces aprendemos de ellos y escuchamos lo que necesitan para continuar protegiendo los recursos. Pu’amé es la expresión en cora para decir “tú primero”. Se utiliza para ceder el paso, pero también como expresión de respeto cuando alguien está hablando y se le invita a proseguir, “continúa, te estoy escuchando”. Julián López, líder indígena náyeri y hablante de cora, me lo explicó durante una reunión de miembros de la sociedad civil con representantes de comunidades rurales de Nayarit, México. Fuimos a escucharlos. En esta reunión pu’amé se convirtió en una guía perfecta para prestar atención y comprender. Escuchar a los representantes de los pueblos indígenas es enfrentarse a cosmovisiones completamente distintas cuando has vivido en medio de una visión urbana y occidental del mundo. Mientras nuestra forma de vida se enfoca en consumir explotando los recursos para generar una ganancia inmediata y grande para seguir consumiendo, los pueblos indígenas ven en la tierra una fuente que requiere cuidados y agradecimiento por proveer de alimento y salud. Este choque de visiones ha provocado que los derechos de los pueblos indígenas sean violados incesantemente, poniendo en riesgo no sólo su integridad cultural, sino su propia vida. Mientras Julián me enseña algunas palabras en su lengua materna, el cora, me dice que para lograr un diálogo real con los pueblos hay que entenderlos. Visiones opuestas del desarrollo En la reunión, para hablar del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, hay representantes mexicaneros y coras de la zona alta y baja de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Las preocupaciones son muchas: de construirse la hidroeléctrica o cualquier otro megaproyecto, ¿cuál sería el destino de sus hijos, de los sitios sagrados que comparten con otros pueblos, del equilibrio natural, de la vida en el río, de la calidad de los peces? Odilón de Jesús López, náyeri, expresa preocupado que “no han valorado que cuidar la naturaleza es para un bien de todos”. Cuestiona los comentarios cerrados que ha recibido por defender el río y los sitios ceremoniales. “¿Para qué nos sirve un lugar sagrado? Llevo ofrendas para dar las gracias de que hay buena vida”. Julián levanta la mano y cuestiona las formas diferentes de ver el desarrollo. “¿El desarrollo a costa de qué? Nosotros no podemos competir con la forma en que ellos ven el desarrollo, porque ellos ven dinero. ¿Qué queremos nosotros en nuestros pueblos?” Julián nos recuerda que la riqueza está en el aire limpio, en un río lleno de peces. Pero también habla de algo crucial: la pobreza. Es cierto que los pueblos indígenas buscan proteger su tierra y su cultura, pero Julián también admite que no hacer nada tampoco es una opción. Hay familias que no tienen ni para ofrecer lo básico a sus hijos: salud, educación y alimentación balanceada. Pero afirma que eso no se obtendrá destruyendo lo que los rodea. “¿Y si nos capacitan para usar los bosques de manera sustentable?”, sugiere. Los representantes de la cuenca baja, mexicaneros casi todos, le dan la razón. Ellos quieren aprender a explotar los recursos río abajo para siempre tener trabajo. Sin embargo, Julián menciona algo que a todos preocupa: la inseguridad. Él mismo ha sido víctima de amenazas y hostigamiento desde que se opone a la hidroeléctrica. En una visita a México, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos señaló que las personas activistas indígenas y ambientalistas, cuya labor está relacionada con proyectos a gran escala de minería, energía e infraestructura, son las personas defensoras más criminalizadas. Julián conoce la situación de los defensores en toda la región y dice no sentirse solo en la lucha por proteger los ríos, pero también sabe que el riesgo está en todas partes. “Si en Colombia matan a un defensor, a nosotros también nos hacen daño”. Las mujeres y la Madre Tierra Si en general la situación es complicada para los hombres indígenas que buscan hacer oír sus voces, lo es más para las mujeres que deciden también opinar acerca de su territorio. Marcelina López, líder náyeri, habla con una voz muy suave y baja, mira hacia sus manos, y comienza a quejarse de lo difícil que ha sido luchar por su comunidad. De repente, con la voz clara y fuerte nos muestra su problema: “Las autoridades me tratan mal porque ven que soy indígena y mujer. Claro, somos pobres, indígenas; pero somo ricos con nuestra Madre Tierra”. Marcelina habla luego de lo poco que se les ha consultado para hacer proyectos de desarrollo, de la compra de consentimiento de la comunidad a través de servicios municipales y del discurso constante de que ellos, los pueblos, no saben ver “más allá”, hacia el progreso. “No entienden que no explotamos algunas cosas porque tenemos miedo de contaminarnos y el río está primero”. Gila de la Cruz, náyeri, más tímidamente, da la razón a Marcelina. Nos cuenta que, como mujer, sólo le quieren consultar temas relacionados con los niños y ella tiene una opinión sobre el río, los servicios en su comunidad y la producción de alimentos. Ejemplifica con un proyecto de drenaje que no aprueba ni ella ni gran parte de la comunidad. Los que vivimos en ciudades nos quedamos callados sin entender por qué algo que creemos necesario es rechazado. Nos pide no malentenderla, pero que las cosas no se imponen sólo porque siempre se han hecho así. Está preocupada porque no les han explicado todo. “Ponen los tubos, ¿y luego qué? ¿A dónde se va a ir el agua? ¿Al río? ¿No podemos reutilizar el agua?” Entonces, la queja de Gila tiene todo el sentido:0 el río podría estar en riesgo y las autoridades no les explican nada más y la regañan por cuestionar el proyecto. “Hay otras opciones, lo he visto. Hay alternativas, formas de hacerlo más sustentable y no contaminar el agua”. Enojada, afirma que sus opiniones no han sido escuchadas porque es mujer. necesitamos escuchar a las voces indígenas Todos los representantes de los pueblos coinciden en algo: no quieren ser vistos como una oposición cerrada sin deseos de tener una mejor vida. Piden diálogo. Entre sus actividades como campesinos, artesanos y pescadores, se dan tiempo para organizarse, aprender acerca de sus derechos, dominar un idioma que no es el suyo y llevar sus preocupaciones a las instituciones correspondientes. Cada uno conoce perfectamente que existen vías sustentables para mejorar su calidad de vida sin afectar su entorno. Julián pide que se establezca un entendimiento de todas las partes. “¿Podemos trabajar juntos? ¿Organizaciones, gobiernos e indígenas? Sí”. Julián pide capacitaciones, aprender de infraestructura, de economía socialmente responsable. Gila y Marcelina se han dedicado a buscar otras opciones más sustentables para producir sus alimentos, para construir, de salubridad. “Sólo necesitamos que nos enseñen”, dice Gila. Como humanidad, estamos atravesando un periodo en el que es necesario cuestionar todos los esquemas: nuestra forma de consumir, de utilizar los recursos, de la comodidad. Los pueblos indígenas han vivido por siglos de manera mucho más sustentable que las sociedades construidas bajo la mentalidad de la revolución industrial. Son, de varias maneras, ejemplos y oportunidades para reaprender, cambiar y mejorar. “Un día habrá un espacio público donde no exista miedo, donde pueda decir todo”, dice Gila acerca de los avances conseguidos en los últimos años, del espacio ganando lentamente. “Deben escucharnos a las mujeres, creen que debemos estar en casa, pero nos estamos organizando”. Marcelina le dice con satisfacción: “Sí se siente cuando uno lucha por la vida”.   

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Seminario virtual "Calidad del agua y monitoreo participativo en Perú"

Los países de América Latina tienen retos inmensos en el manejo del agua. Uno de ellos es realizar diagnósticos apropiados para optimizar esa gestión, especialmente en sectores con dinámicas complejas como el minero.    En este seminario abordamos temas básicos de hidrología en minas y hablamos de nuevas herramientas y mejores prácticas de diagnóstico y monitoreo ambiental participativo.   Nuestro invitado, Pavel Aquino Espinoza, cuenta con amplia experiencia en la industria minera y en el sector público. Compartió sus impresiones y las principales conclusiones de Calidad de agua en el Perú, su más reciente publicación.   GRABACIÓN   PRESENTACIONES 1. Presentación introductoria:   2. Presentación de Pavel Aquino Espinoza, ingeniero con amplia experiencia en la industria minera y en el sector público:   MATERIAL adicional DE CONSULTA RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL PERÚ RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES MINERAS EN EL PERÚ Adecuación e Implementación de los ECA y LMP Integrados para una gestión sostenible en los Recursos Hídricos Sub sector minero metalúrgico  

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Prohibiciones y moratorias al fracking: Legislación comparada

El fracking es una técnica nueva y experimental de extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas y el petróleo de esquisto. Su aplicación ha despertado preocupación y motivado movilizaciones y resistencia en muchas comunidades, regiones y países del mundo por los graves daños en la salud y el ambiente que conlleva. Esta técnica consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros) e inyectar a muy alta presión un fluido para fracturar rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. El fluido está compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes. Países, regiones, municipios y comunidades en todo el mundo han optado por prohibir o declarar la moratoria al fracking a través de una serie de mecanismos legales y administrativos, impulsados por diversas preocupaciones y argumentos. Entre ellos, destacamos: El riesgo grave de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, del aire y del suelo. La incertidumbre sobre la ciencia detrás de la técnica y respecto a la magnitud y el alcance de sus impactos en la salud pública y el ambiente. La incertidumbre sobre la eficacia de las medidas de la industria de hidrocarburos para prevenir los impactos que la técnica podría generar. La conclusión general de que la industria hidrocarburífera no puede garantizar operaciones de fracking seguras para la salud humana y para el ambiente. Los riesgos de daños graves a las tierras y al agua que pongan en peligro la vocación agrícola y rural, los medios de vida de las comunidades y la confianza de la ciudadanía para consumir productos de zonas afectadas por el fracking. Las emisiones significativas de gases de efecto invernadero que el uso de fracking implica, y sus consecuentes impactos en términos del cambio climático. La existencia de una amplia oposición social al fracking, que demuestra el poder de la organización de las bases comunitarias y de la movilización ciudadana. La convicción de pueblos indígenas como el Cherokee que conciben que defender su territorio y ambiente frente al fracking es esencialmente defender su sobrevivencia.   Una gran parte de las prohibiciones y moratorias al fracking estudiadas aquí adoptan el principio de precaución de modo expreso, haciendo referencia directa al mismo o de modo indirecto, sin mencionarlo pero incorporando sus elementos constitutivos. Por ejemplo, estas medidas se basan en el riesgo de daños graves e irreversibles ocasionados por la técnica o en la incertidumbre sobre la ciencia detrás de ella y acerca del alcance y magnitud de sus impactos. Estas medidas representan el principio de precaución, según el cual ante el riesgo de un daño grave o irreversible, y ante la falta de certeza científica, los tomadores de decisión deben adoptar medidas proactivas para proteger la salud de las personas y el ambiente.         Descarga el Informe

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