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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países. Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia. En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales. Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA. Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”. Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017. “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba. Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.
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Las organizaciones firmantes, lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Isaías Güitz Pop el día 12 de diciembre en el Hospital General San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala. Carlos, de 36 años de edad, maya q’eqchi’, era un defensor de derechos humanos de la organización comunitaria en Defensa del Río Dolores, municipio de Cobán, Alta Verapaz. El 8 de noviembre del año 2013, Carlos, su hermano y otras personas de las comunidades, fueron atacados con armas de fuego. A raíz de este ataque armado, Carlos resultó gravemente herido, quedando desde ese entonces y hasta los últimos días de su vida, postrado en una silla de ruedas. Según denuncias realizadas por las comunidades, el ataque referido fue perpetrado por el terrateniente David Leonel Ponce Ramírez y sus dos hijos, Augusto Sandino Ponce y Carlos Ponce, quien violentando el proceso de negociación de compra-venta de tierras que sostenía con estas comunidades, decidió finalmente negociar estas tierras con la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., lo que fue una de las causas que ocasionó el desalojo violento e ilegal que finalmente, llevó a la muerte de Carlos Isaías Güitz Pop. Este grave incidente ocurrió en la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, en el marco de la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita sobre los ríos Cangüinic y Dolores, sin haberse realizado una consulta previa e informada a las comunidades afectadas por dicho proyecto, tal como lo establece el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de que se realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, el caso de Carlos Isaías al igual que los asesinatos y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores, siguen en total impunidad. Contrario a ello, la criminalización en contra de las y los comunitarios organizados en defensa del Río Dolores está avanzando. Ante el ataque que dejó en silla de ruedas a Carlos Isaías Güitz Pop y los asesinatos y las graves agresiones contra las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, instamos a las autoridades competentes a que: Emprendan una investigación pronta y eficaz con el fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque contra Carlos Isaías Güitz Pop, al igual que de los asesinatos y las graves agresiones contra las y los defensores del Río Dolores. Emprendan acciones de resarcimiento de los casos en los cuales las y los defensores de las comunidades en resistencia Río Dolores han sido heridos y asesinados. Tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores. Tomen todas las medidas necesarias para que cesen los casos de criminalización de las y los defensores del Río Dolores, quienes, en defensa de bienes naturales, se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.
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Este año, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima se reunió tres veces, siendo ya un total de 18 reuniones las que ha realizado desde su creación. Hasta la fecha, el Fondo ha aprobado 54 propuestas de financiamiento y 59 entidades de todo el mundo han obtenido su acreditación, para canalizar su apoyo hacia programas y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en países en desarrollo. En el seminario virtual, miembros de la sociedad civil y de entidades acreditadas ante el Fondo hicieron un balance de lo que fue el 2017 para este importante mecanismo de financiamiento climático, incluyendo las perspectivas para el próximo año. Grabación Presentaciones
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