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Foto: Paolo MacorigCuidando la biodiversidad de México de la minería submarina
La Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México, es escenario de la hazaña migratoria de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías.
La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.
Ese entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en el lugar, están en grave riesgo. En la Bahía de Ulloa, el proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60% de la superficie de la Ciudad de México.
La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento.
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Varios países de América Latina están apostando por la explotación de gas y petróleo no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica (fracking). Esta práctica, prohibida ya en diversas partes del mundo, tiene impactos negativos serios sobre los territorios y la vida de las personas. Ante esta amenaza, la respuesta de comunidades campesinas e indígenas afectadas ha sido contundente: exigen que se protejan, respeten y garanticen sus derechos, que no se den permisos para actividades de fracking en sus tierras y territorios, y que esa técnica se prohíba. Grabación Presentaciones Otros documentos La lucha en México contra la fractura hidráulica
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¿Crecer a costa de la Amazonía?
(Columna publicada originalmente en Animal Político) La extensión de la Amazonia brasileña es de 5,5 millones de km2, de los cuales 44 % están protegidos legalmente. Durante la última semana, la atención del mundo se enfocó en una zona específica: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de aproximadamente 47 mil km2. La razón fue el decreto emitido el 23 de agosto pasado por el presidente brasileño Michel Temer, que abrió las puertas de la reserva para la explotación de oro, manganas, cobre, hierro y otros. Según el gobierno, la medida ayudaría a revitalizar la minería brasileña, que el año pasado representó 4 % del PIB de Brasil. Algunos días después, luego de críticas de celebridades y del movimiento ambientalista nacional e internacional, el presidente Michel Temer revocó el decreto y publicó otro con prácticamente el mismo contenido. Sin embargo, el 30 de agosto, el juez federal Rolando Valcir Spanhol anuló el decreto de Temer, considerando que hubo una violación constitucional al proceso legislativo de Brasil. Asimismo, consideró que cualquier decreto futuro que facilite la exploración de la reserva sería considerado automáticamente suspendido. La decisión del juez trae consigo una fuerte carga de democracia, la que actualmente se encuentra debilitada en varios países de América Latina. Pone un límite a la actuación de los presidentes y establece el precedente de que asuntos jurídico ambientales no pueden ser tratados con acciones políticas. Es decir, un tema de esa naturaleza debe ser ampliamente discutido nacionalmente, debe respetarse las normas nacionales e internacionales en la materia; se debe garantizar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales, y sobre todo garantizar la soberanía ciudadana. Pero, en lugar de discutir el tema con la población brasileña, Temer prefirió hacerlo con empresas de minería canadienses. Según medios nacionales y extranjeros, en marzo de este año el Ministro de Minas y Energía habría anunciado en Toronto, Canadá, la extinción de la Renca y la posibilidad de subastas para la exploración minera allí. Esto representa una fuerte evidencia de cómo el Estado está capturado por empresas, poniendo nuestras vidas y recursos naturales versus por debajo de intereses corporativos. Es importante mencionar que está ampliamente documentado que empresas mineras canadienses han sido responsables por proyectos que han generado en América Latina impactos ambientales, impactos en la salud, desplazamiento forzado, división de comunidades, criminalización de defensoras(es) de la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros. El tema de la minería en la Amazonia brasileña es particularmente preocupante por dos razones. La primera es que los proyectos a gran escala ubicados allí no han contribuido al desarrollo, pero sí han generado impactos ambientales y en derechos humanos. La represa Belo Monte, ubicada también en el estado de Pará (como la Renca), es el ejemplo más emblemático de cómo un megaproyecto contribuyó a la deforestación, la disminución drástica del caudal del río Xingú, la muerte de peces, la desaparición de especies, el quiebre de tejidos sociales, la división de comunidades, el incremento de la violencia, la prostitución infantil, etc. Solo el Ministerio Público Federal ha interpuesto un total de 27 acciones civiles públicas, entre ellas una que alega que hubo un etnocidio de los pueblos indígenas de la Volta Grande del río Xingú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición sobre el tema y reconoce, desde el año 2011, que hay una situación de gravedad y urgencia para las comunidades indígenas aledañas a la construcción de la hidroeléctrica. La segunda razón es que el estado de Pará ha sido considerado uno de los estados más violentos de Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, Pará concentra 30% de las muertes relacionadas con conflictos agrarios en Brasil. En mayo de este año, por ejemplo, el estado fue escenario de la Chacina de Pau Darco (matanza en la ciudad de Pau D’arco), en la cual más de 10 personas murieron durante una incursión policial en una hacienda en una zona rural del país. No hay duda de que la instalación de un proyecto minero en la Renca implicaría un incremento de los conflictos en Pará. Finalmente —pese a que seguramente existen muchas razones más—, la ruptura de un dique de relaves mineros, desastre ambiental ocurrido en el municipio de Mariana en 2015, fue clave para saber que Brasil no está listo para lidiar con los riesgos de la minería. El hecho causó la muerte del río Doce, contaminación de otras fuentes de agua, proliferación de enfermedades, pérdida de fauna y flora, etc. El Estado no ha tenido la capacidad de reparar y compensar a las víctimas. Y, casi dos años después, todavía hay presencia de desechos tóxicos en la zona. En suma, es importante que Brasil repiense su modelo de crecimiento y desarrollo: megaproyectos en la Amazonía han representado un retroceso en términos ambientales y sociales, de derechos humanos , pero no en materia de desarrollo. La verdad es evidente y obvia: si Brasil efectivamente quiere crecer, la mejor manera de hacerlo es protegiendo la Amazonía y sus pueblos.
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Esperanza para la Ciénaga Grande, semilla de la magia de Macondo
“La Ciénaga Grande es uno de los mitos de mi infancia”, Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla, 2002. Hoy supe que el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia dio un paso sin precedentes para salvar uno de los ecosistemas fundamentales para la identidad del país: la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como colombiana y como abogada ambientalista, sentí gran alegría y también un orgullo inmenso por el trabajo de mis colegas en AIDA que —junto con nuestros aliados de la Universidad del Norte, la Universidad de Florida y otras personas comprometidas con la defensa ambiental— buscan la preservación de la Ciénaga. El gobierno inscribió oficialmente al sitio en el Registro Montreux, una lista mundial de humedales que están en riesgo de desaparecer, y que permitirá a ese país contar con apoyo técnico y financiero especial para salvar al sitio. Cuando escuché la buena noticia, pensé inmediatamente en las mariposas amarillas de Macondo. También en el coronel Aureliano Buendía, parado frente al pelotón de fusilamiento y recordando cuando su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Me vino a la mente aquel mundo mágico creado magistralmente por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, un imaginario que nació en la Ciénaga Grande de Santa Marta. A comienzos del siglo XX, después de la Guerra de los Mil Días, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, abuelo del Nobel colombiano, pasó por la Ciénaga para establecerse luego en Aracataca. Y el autor, acompañado de su abuelo, atravesó varias veces la Ciénaga cuando iba a visitar a sus padres en Barranquilla. En 1950, la recorrió nuevamente junto con su madre cuando iban a vender la casa de sus abuelos. Allí encontró la chispa para contar la historia de una de las obras clásicas de la literatura universal. No exagero entonces al afirmar que sin la Ciénaga no tendríamos mariposas amarillas ni a Macondo en la memoria. En ese lugar surgió la semilla del, así llamado por la crítica literaria, realismo mágico. Por ello incluso una cachaca como yo —como nos llaman quienes habitan el Caribe a las personas del interior del país—, que vive hace años fuera de su tierra, se identifica tan profundamente con la Ciénaga. Un tesoro internacional Por ello y por muchas otras razones, en AIDA decidimos actuar en defensa de la Ciénaga, considerado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. En el sitio está la laguna costera más grande del país, que conecta las aguas dulces del río Magdalena con las del mar Caribe. Es hogar de diversas especies de mangle, bosque seco tropical y bosque ripario, así como de varias especies de animales, entre ellas a la zorra manglera, el mono aullador, el manatí, la garza roja, el pato cucharo y aves migratorias. La Ciénaga alberga además una de las mayores pesquerías artesanales, de la que dependen cientos de familias ubicadas a lo largo y ancho del entorno. Como humedal costero, es esencial para la regulación climática, la absorción de contaminantes de la atmósfera y el control de inundaciones. Pero la Ciénaga está gravemente amenazada. La expansión de la agricultura y de la ganadería, así como proyectos de infraestructura a gran escala, han causado deforestación y desvío de aguas. Y los pobladores de la zona, así como los peces y otros animales, están sufriendo las consecuencias. Por eso me uní a los esfuerzos por conservar la Ciénaga y por eso cada persona en Colombia, en la región y en el mundo, debería hacer lo mismo. La esperanza de un mañana más sano La inscripción de la Ciénaga en el Registro Montreux me llena de esperanza. Aunque es triste y hasta vergonzoso reconocer que un humedal tan esencial para el país esté en tan mal estado, es un paso importante que el gobierno reconozca valientemente la situación y está dispuesto a pedir ayuda para manejarla adecuadamente. Mis colegas y yo, y los activistas que se han unido a la causa, estamos inspirados para seguir haciendo todo lo posible para que la Ciénaga recobre su vitalidad. Y esperamos que el gobierno y otros actores de la sociedad colombiana hagan lo mismo. Al final, ¿qué sería de Colombia, de América Latina y del mundo sin las mariposas amarillas, sin la magia de la naturaleza que nos envuelve y da vida?
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