Group Declarations

Zona agrícola en el municipio de Cajamarca, Colombia

Marzo 10 2026 Fuentes de Agua Dulce, Minería

Ni AngloGold Ashanti ni Mineros S.A. : Cajamarca es un municipio libre de gran minería

Aunque cambien las empresas, la decisión de la ciudadanía de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería.Bogotá / Cajamarca. Tras el anuncio de la empresa Mineros S.A. sobre la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S del proyecto minero La Colosa en Cajamarca, desde la Coalición Jurídica para la Defensa de Cajamarca (1) reiteramos un mensaje claro: Cajamarca ya decidió y su territorio debe permanecer libre de gran minería.Durante más de una década, hemos adelantado procesos de movilización, defensa jurídica e incidencia para proteger a Cajamarca frente al proyecto minero La Colosa, promovido por AngloGold Ashanti. Gracias a esa defensa colectiva del territorio y a la normatividad ambiental, hoy las actividades de exploración en este proyecto se encuentran suspendidas.Desde 2017 la ciudadanía de Cajamarca se pronunció de manera contundente a través de la consulta popular, en la que el 98 % de las personas votantes rechazó el desarrollo de actividades mineras en el municipio. Este resultado tiene plenos efectos legales, como lo han confirmado dos jueces colombianos, y representó un hito de participación y democracia ambiental en Colombia, además de una clara expresión de la voluntad del territorio de proteger el agua, la vocación agrícola del municipio y los ecosistemas estratégicos de la región. En este contexto, el cambio de titularidad del proyecto de AngloGold Ashanti a Mineros S.A. no cambia la realidad del territorio ni la posición de las comunidades. Aunque cambien las empresas, la decisión de Cajamarca sigue siendo la misma: defender su territorio frente a la gran minería. Además, ninguna de estas dos empresas cuenta con los permisos ambientales necesarios para reactivar el proyecto La Colosa, y aún así, insisten en desconocer las decisiones autónomas y legítimas de la comunidad. El anuncio de esta transacción se produce, además, pocos días después de que el Concejo Municipal de Cajamarca aprobara un acuerdo municipal de iniciativa ciudadana que declaró 33 predios pertenecientes a AngloGold Ashanti como áreas de utilidad pública e interés social. Esta decisión reafirma el compromiso institucional del municipio con la protección del territorio.Las organizaciones que suscribimos este comunicado reiteramos que Cajamarca no es ni será un territorio minero. Sea AngloGold, Mineros S.A. o cualquier otra empresa, la gran minería no tiene lugar en el municipio. Continuaremos ejerciendo todas las acciones sociales, jurídicas y políticas necesarias para defender el territorio y hacer respetar la decisión de Cajamarca.#LaConsultaSeRespeta (1) La Coalición está integrada por el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), el Centro Sociojurídico SIEMBRA, el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Sibelys Mejía Rodríguez (investigadora independiente).Contactos de prensaRobinson Mejía | COSAJUCA | [email protected] | 300 218 36 41 Sara Sofia Moreno | SIEMBRA | [email protected] | 300 568 33 33 | Lorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481Laura Becerra | CCJ | [email protected] | 313 475 5815

Enero 17 2026 Océanos

Entra en vigor el Tratado de Alta Mar, un hito histórico para una nueva era en la gobernanza mundial del océano

Nueva York. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), lo que supone un hito histórico para la protección mundial del océano y la cooperación multilateral.Las aguas internacionales, que cubren casi la mitad del planeta, se encuentran más allá de las fronteras nacionales y forman parte del patrimonio común de la humanidad. El Tratado establece, por primera vez, un marco jurídico para proteger la biodiversidad en estas aguas y garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se repartan de manera equitativa entre los países."La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ hoy, es un hito para el multilateralismo y para los años de dedicación, diálogo y ardua labor cooperativa de innumerables personas comprometidas en todo el mundo. Los retos globales, como la crisis climática y de biodiversidad, nos afectan a todos. Por ello, la cooperación global no es una opción, sino una necesidad. Este Tratado encarna la esperanza, la determinación y el compromiso compartido de un futuro más prometedor para el océano y nuestro planeta", afirmó Rena Lee, Embajadora de Singapur para el Derecho Internacional, quien presidió las negociaciones del tratado y fue clave para lograr su adopción en 2023.Con su entrada en vigor, el tratado proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar, establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, da prioridad al desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología, y crea mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios. Todo ello desempeñará un papel crucial en la consecución de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad y clima, incluida la meta de proteger el 30 % del océano para 2030.Tras dos décadas de debates y negociaciones, el texto del tratado se ultimó en marzo de 2023. Para su entrada en vigor se requerían las ratificaciones de sesenta países, un hito que se alcanzó el 19 de septiembre de 2025. Hoy, 120 días después, el tratado se convierte oficialmente en ley internacional, y su primera Conferencia de las Partes (COP), órgano decisorio del tratado, se reunirá en el plazo de un año."Las aguas internacionales están llenas de vida, desde el diminuto plancton hasta las grandes ballenas que dependen de él. Apenas estamos empezando a comprender lo importante que es este vasto mundo interconectado para la salud de todo nuestro planeta. Ya sean las montañas submarinas, llanuras y fosas oceánicas, las gélidas aguas polares o las autopistas oceánicas por las que viajan las especies migratorias, la alta mar es tan vital como inmensa. Con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, por fin disponemos de las herramientas necesarias para salvaguardar esta extraordinaria parte de nuestro planeta. Protegerla significa proteger nuestro futuro", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza por Alta Mar.A partir de hoy se aplican varias obligaciones legales. Si bien algunas de ellas dependen de la creación de las instituciones y los mecanismos del tratado, existen disposiciones aplicables desde el primer día. Por ejemplo, cualquier actividad prevista bajo el control de una Parte que pueda afectar alta mar o al lecho marino debe seguir los procesos de evaluación del impacto ambiental establecidos por el tratado, y los gobiernos deben notificar públicamente dichas actividades. Asimismo, las Partes deben promover los objetivos del tratado cuando participen en otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería de los fondos marinos.En última instancia, el verdadero impacto del tratado dependerá de cómo se aplique y se respete colectivamente en los próximos años. Una membresía más amplia reforzará su eficacia. Con 83 (1) Partes ya adheridas, el impulso continúa creciendo, y se anima a más países a unirse antes de la COP1. Mientras tanto, la arquitectura institucional del tratado —sus órganos y procesos de toma de decisiones— se está configurando a través de la Comisión Preparatoria, que deberá presentar propuestas sólidas para su adopción en la COP1, con el fin de que el tratado pueda empezar a operar lo antes posible. También se alienta a los países a que empiecen a identificar los lugares importantes de alta mar que requieran protección, de modo que se puedan presentar propuestas en futuras COP. "En el punto medio de esta década crítica, una de las iniciativas globales más ambiciosas para el océano está entrando en una nueva era de cambios sistémicos en cuanto a su gobernanza. Esto refleja un compromiso renovado para nuestro océano, su biodiversidad, los millones de personas que dependen de su salud y los objetivos globales establecidos para 2030. El Tratado de Alta Mar nos enseña que el progreso significativo se logra a través de visión, perseverancia y liderazgo. Al comenzar un nuevo año, el Premio Earthshot está comprometido a respaldar este tratado histórico y asegurar que vaya más allá de las palabras y se convierta en una salvaguarda práctica y aplicable para nuestro extraordinario planeta azul", afirmó Jason Knauf, CEO del Premio Earthshot.“La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar abre una oportunidad histórica para que América Latina participe en igualdad de condiciones en la protección del océano. El acuerdo fortalece el principio de patrimonio común de la humanidad, además de promover el acceso a capacidades y tecnologías clave, fundamentales para una participación equitativa en la región. Seguiremos impulsando su implementación efectiva, en beneficio del océano y de las comunidades que dependen de él", señaló Gladys Martínez de Lemos, integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza por Alta Mar y directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). (1) A fecha de 15 de enero de 2026, Acuerdo BBNJ cuenta con 83 ratificaciones. Más Estados pueden ratificarlo en los próximos días. Consulte la cifra más actualizada en el sitio web de Naciones Unidas.Nota para los editoresDesde su fundación en 2011, la Alianza por la Alta Mar, con sus más de 70 miembros no gubernamentales, ha trabajado para proteger el 50 % del planeta que constituye la alta mar, es decir, los océanos globales que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. Esta zona incluye algunos de los ecosistemas más importantes desde el punto de vista biológico, menos protegidos y más amenazados del mundo.El estado oficial de las firmas y ratificaciones se puede consultar en el sitio web de Naciones Unidas y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza por Alta Mar. Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza por Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de Naciones Unidas.La Alianza por Alta Mar (HSA) utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. La elección de esta formulación tiene por objeto facilitar la comprensión de un público amplio y no implica una jerarquización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.En noviembre de 2025, el Tratado de Alta Mar fue anunciado como ganador del prestigioso Premio Earthshot en la categoría Revitalizar nuestros océanos, en reconocimiento a las décadas de esfuerzos por establecer un marco jurídico innovador para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.Kit de prensaLa siguiente carpeta contiene los siguientes recursos: High Seas Treaty Q&ABriefing Note: Legal Implications of the Impending Entry into Force of the BBNJ AgreementMPA factsheetPrepCom factsheet"A cost-benefit analysis of the BBNJ Agreement in the Caribbean" reportGrabación de la rueda de prensa "A historic moment: High Seas Treaty’s entry into force" realizada el 13 de enero de 2026. Video: Celebrating the Entry into Force of the High Seas Treaty

Flamencos en la Laguna Colorada, Bolivia

Noviembre 20 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos

Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe", como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628

Comunidades de Argentina, Bolivia y Chile en el Salar del Hombre Muerto, Argentina

Octubre 15 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

Comunidades de Argentina, Chile y Bolivia alertan de los impactos de la minería de litio

Comunidades originarias de Argentina, Chile y Bolivia, junto con las organizaciones ambientales que integran la Alianza por los Humedales Andinos, realizaron un encuentro en la provincia argentina de Catamarca, donde visitaron el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra: un humedal gravemente afectado por la industria minera de litio.A lo largo de varios días, integrantes de comunidades indígenas atravesaron largas distancias —desde la Puna jujeña, el norte chileno y la región andina de Bolivia— para encontrarse en el territorio, compartir experiencias y fortalecer una voz común frente al avance del extractivismo. La visita al salar fue parte de una serie de acciones que buscan visibilizar los daños socioambientales que la minería de litio está provocando en los humedales andinos, las cuencas de agua y las formas de vida que dependen de ellos.Desde 1997, la extracción de litio por parte de la empresa Minera del Altiplano S.A. —subsidiaria de la empresa Livent que actualmente pertenece a Río Tinto— ha generado daños ambientales profundos en el Salar del Hombre Muerto, entre ellos la desecación de de más de 5 kilómetros de la vega del río Trapiche, un impacto que persiste hasta hoy. Actualmente, en el Salar del Hombre Muerto se desarrollan 12 proyectos de litio, en distintas etapas. Ante la afectación del río Trapiche y la pretensión de cinco empresas mineras de extraer agua del río Los Patos, la comunidad que habita el salar decidió judicializar el reclamo. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca reconoció el daño a la vega del río y ordenó al gobierno provincial abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del Río Los Patos, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos funcionando a la vez. Un año después, el Ejecutivo provincial presentó un informe que no cumple con lo ordenado: recupera información antigua y omite analizar los efectos acumulativos reales, concluyendo, sin fundamentos técnicos, que no existen impactos negativos en la cuenca del Río Los Patos. Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca debe evaluar si el estudio presentado por el gobierno cumple con lo ordenado o debe ser rechazado por insuficiente.Elizabeth Mamani, de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, en Antofagasta de la Sierra, señaló: "Una de las consecuencias de la minería fue la muerte de una de las vegas del río Trapiche, la matanza de animales y también la desviación del río Los Patos".Desde Jujuy, Franco Vedia, integrante de la comunidad aborigen Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, advirtió que "en Jujuy lo que está pasando con la minería es que las empresas están intentando entrar al territorio sin consultar a las comunidades. Se están violando derechos fundamentales: el derecho de las comunidades a decidir, a conservar su identidad cultural y, sobre todo, el derecho colectivo al agua".Además, indicó: "para nosotros, la extracción de litio es algo terrible; significa la muerte, porque se están llevando el agua. En Catamarca vimos lo que no debería pasar, están dejando morir a la Pachamama, a la tierra y a sus habitantes".Desde Chile, Rodrigo Espíndola Araya, de la Comunidad Lickan Antay de Toconao, remarcó las similitudes entre ambos países: "Lo que está pasando en Catamarca, Argentina, es similar a lo que está pasando en Chile, particularmente por el tema del agua. Ya se vaticina que va a ser una lucha muy fuerte en contra de las mineras. Nosotros, como pueblo originario, tenemos una lucha con respecto al uso y al derecho del agua. Pero acá, en Argentina, es algo impactante de ver: cómo la minera avasalla a los hermanos y hermanas argentinos, cortándoles el agua".Por su parte, Cindy Quevedo Monardes, de la comunidad Colla Finca El Chañar, en la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó, Chile, expresó: "Ha sido doblemente conmovedor ver la naturaleza, todo lo que tienen acá en Catamarca, pero también ver el impacto de lo que significa tener a una empresa minera que está afectando de manera increíble estos espacios, donde todavía se ve naturaleza y biodiversidad. La afectación ha sido grande al secar vegas completas, como la del río Trapiche. Creo que es impactante verlo no solo desde afuera, sino estar acá, ver lo que ha ocurrido y lo que nos puede ocurrir a los países y a las regiones que estamos expuestas a la minería". La minería de litio y la amenaza a los humedales andinosLos humedales andinos —salares, bofedales, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile enfrentan un grave riesgo por el avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética del norte global. En estos ecosistemas se concentra más del 53% de los recursos de litio del planeta.Los gobiernos locales deben realizar estudios ambientales integrales que evalúen los impactos en los ecosistemas de manera completa y acumulativa. Además, tienen la obligación de garantizar la participación de las comunidades locales, así como su acceso a información ambiental completa, veraz y transparente en temas ambientales, de acuerdo con los estándares del Acuerdo de Escazú.Frente a este contexto, el pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos. Este pronunciamiento esclarece las obligaciones que los Estados del continente deben cumplir para proteger efectivamente a personas y comunidades afectadas por la crisis climática.La Corte IDH reconoció, por primera vez, la existencia del derecho humano autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, reafirmando que la crisis climática afecta derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al agua, a la alimentación, a la propiedad y al trabajo.Este pronunciamiento brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integridad de los ecosistemas en América Latina.

Septiembre 19 2025 Océanos

Hito histórico para la protección mundial del océano: La 60ª ratificación activa la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar

Tras la ratificación ante la Organización de las Naciones Unidas de cuatro nuevos países esta semana —Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos— el Tratado de Alta Mar alcanzó hoy las 60 ratificaciones estatales necesarias para activar su entrada en vigor. El también llamado Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés), entrará en vigor a los 120 días, el 17 de enero de 2026."Este momento histórico es la culminación de años de dedicación y diplomacia internacional de gobiernos y partes interesadas", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar. "El tratado es un poderoso testimonio del multilateralismo, que demuestra lo que el mundo puede lograr cuando nos unimos por el bien común de nuestro océano, el cual cubre más del 70% del planeta. Hoy se da un paso importante en el que las promesas comienzan a convertirse en acciones", señaló.El Tratado de Alta Mar es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que salvaguarda la vida marina en alta mar, que abarca dos tercios del océano y desempeña un papel fundamental para garantizar la salud del planeta. Proporciona herramientas para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación del océano, permitiendo la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas. También fortalece la equidad para los países en desarrollo al ampliar el acceso al conocimiento y la tecnología, reforzar la creación de capacidades y garantizar el acceso y participación equitativos en los beneficios de los recursos genéticos marinos.Estas disposiciones son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad, incluido el objetivo 30x30 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés) de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030.Adoptado en junio de 2023, tras casi dos décadas de debates y negociaciones, el tratado se abrió a firma el 20 de septiembre de 2023. El primer país en ratificarlo fue Palaos, el 22 de enero de 2024, y desde entonces se han sumado Estados de todas las regiones. Además de las 60 ratificaciones, 142 países (además de la Unión Europea) lo han firmado, señalando su intención de ratificarlo.Según el tratado, la primera Conferencia de las Partes (COP) debe reunirse en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, previsiblemente a finales de 2026. La ONU ya avanza en el trabajo preparatorio para dotar de instituciones y procesos que garanticen la ambición y la eficacia a largo plazo del Tratado de Alta Mar en la COP1. Por su parte, gobiernos y partes interesadas están sentando las bases para desarrollar propuestas de AMP en alta mar con el fin de proteger sitios críticos para la biodiversidad una vez que el tratado entre en vigor. Entre ellos se encuentran las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca, la elevación submarina de Lord Howe, el Mar de Tasmania meridional, el Mar de los Sargazos y el domo térmico del océano Pacífico oriental."Alcanzar las 60 ratificaciones no es la meta final, sino solo el punto de partida", afirmó Rebecca Hubbard. "La verdadera fuerza del Tratado de Alta Mar reside en la participación universal. Si bien debemos celebrar este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a sumarse a este acuerdo histórico y ayudarnos a pasar de 60 ratificaciones a una global antes de la primera COP".Se esperan anuncios de más ratificaciones durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que comienza el 22 de septiembre de 2025.Notas para el editorEl estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar (HSA, por sus siglas en inglés). Nota: El número que aparece en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja solo las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la Unión Europea, por lo que difiere del recuento total de la ONU.La Alianza de Alta Mar utiliza en ocasiones el término "Tratado de Alta Mar" como abreviatura del Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el alcance del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluidos el lecho marino y la columna de agua. La elección de esta redacción busca facilitar la comprensión a un público amplio y no implica una jerarquización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.

Salar de Pastos Grandes en Potosí, Bolivia

Julio 22 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Derechos humanos y de la naturaleza en la gobernanza de los minerales para la transición energética

Una lectura de la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Alianza por los Humedales Andinos La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) definió en su Opinión Consultiva 32 (OC-32), hecha pública el 3 de julio de 2025, la forma en que deben asegurarse los derechos humanos frente a la emergencia climática. Allí reconoció además los derechos de la naturaleza y la responsabilidad de los Estados y las empresas en materia de cambio climático. Esta Opinión Consultiva se alcanza luego de más de 150 intervenciones orales y más de 260 participaciones escritas, entre ellas, las de organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos.Este pronunciamiento marca el rumbo para proteger ecosistemas valiosos y los derechos de las personas en América Latina, una región profundamente afectada por poseer importantes reservas de minerales cada vez más demandados por la transición energética global. Derechos humanos y minerales “críticos”La Corte IDH, organismo central en la definición de estándares en materia de derechos humanos para América Latina y el Caribe, brindó mediante la OC-32 herramientas para avanzar hacia políticas que aseguren criterios de equidad y justicia, en línea con los principios del Secretario General de Naciones Unidas, en toda la cadena de valor de los minerales para la transición.Estos minerales, como el litio y el cobre, están en el centro de la definición de las políticas actuales sobre la transformación del sistema energético por su valor para la manufactura de baterías. Esta cadena de valor empieza en territorios —como son los humedales de la zona andina comprendida por Argentina, Bolivia y Chile—, con la exploración de yacimientos y la extracción de los minerales. Luego continúa con su procesamiento y refinación en instalaciones especializadas para la fabricación de celdas, que posteriormente se integran en baterías que alimentan una variedad de dispositivos, pero principalmente vehículos eléctricos de movilidad individual.La Corte llamó especialmente a la protección de los derechos humanos en la extracción de minerales "raros o críticos" para la transición energética, que conforman los primeros eslabones de esta cadena de valor. Esto remite directamente al Principio 1 del Informe del Panel del Secretario General de la ONU sobre Minerales críticos para la transición energética de 2024, y brinda una herramienta legal clave para la protección de derechos humanos en los países de América Latina. Asimismo, definió elementos esenciales para el respeto de la integralidad de los ecosistemas (principio 2) desde la región más biodiversa del planeta; así como para lograr la justicia y equidad (principio 3), la transparencia y rendición de cuentas (principio 6) y la cooperación multilateral reforzada (principio 7).Derechos de la naturaleza para una región megadiversaEntre sus definiciones, la Corte IDH reconoce los derechos de la naturaleza, los cuales refieren a la necesidad de mantener sus procesos ecológicos esenciales y así contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras.Esto es central en el caso de América Latina, una de las regiones más biodiversas del mundo: contiene el 50% de la biodiversidad mundial en ecosistemas como humedales y bosques tropicales, en particular la Amazonía; se estima que alberga 12 de los 14 biomas terrestres y es el epicentro de contribuciones clave de la naturaleza a las personas.Estos aspectos cobran especial relevancia para una región cuyo rol histórico de proveedora de recursos provenientes de la naturaleza ha contribuido a consolidar la economía global, pero a su vez ha generado daños severos a los ecosistemas y afectación a los derechos de sus comunidades. La protección de los derechos de la naturaleza es un instrumento central para pensar y gestionar la riqueza de minerales necesarios para la transición energética teniendo en cuenta que la región posee más del 50% y 40% de las reservas mundiales de litio y cobre, respectivamente.América Latina es, además, una de las regiones más diversas en cuanto a su cultura: allí viven aproximadamente 54,8 millones de personas pertenecientes a distintos pueblos indígenas, lo que equivale al 8,5% de su población total - proporción más alta en relación con su población general a nivel global-, y que ocupan más del 20% de su territorio.En la OC-32 se destaca especialmente el rol de las comunidades para garantizar la preservación de los ecosistemas y el clima sano, libre de interferencias humanas. En particular, se reconoce el rol de los saberes locales, tradicionales e indígenas para tomar decisiones y evitar la afectación cultural, un enfoque que empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas y poseen conocimientos tradicionales profundos sobre su funcionamiento, pero que en la práctica son excluidas de los procesos de toma de decisión y a quienes no se les garantiza sus derechos de participación y consulta previa libre e informada. El derecho a un clima sano: una novedad con potencialLa OC-32 reconoce el derecho a un clima sano como parte del derecho al ambiente sano, libre de interferencias humanas, para lo cual los Estados deberán evitar cualquier daño irreversible al equilibrio vital del ecosistema planetario y recurrir a la debida diligencia reforzada teniendo en cuenta el grado de riesgo del daño a producirse, la mejor ciencia disponible y a los grupos en situación de vulnerabilidad, evitando crear o reforzar vulnerabilidades.En sus estrategias de mitigación, los Estados deberán tener especialmente en cuenta a las personas y los ecosistemas, en particular aquellas que cumplen una función primordial de regulación del sistema climático y los ciclos naturales del planeta.En este sentido, es inevitable destacar el alcance del reconocimiento que hace la Corte IDH de los humedales andinos de Argentina, Bolivia y Chile por sus contribuciones a la adaptación al cambio climático mediante la regulación hídrica. Los humedales andinos tienen también la capacidad de mitigar los impactos del cambio climático por su rol de sumideros de carbono, ya que se han registrado valores significativos de captura de dióxido de carbono a través de su vegetación y de microorganismos extremófilos. Los humedales andinos son a su vez los mismos ecosistemas que hoy se ven en riesgo por el avance de la minería para la transición energética. Las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanosLa OC-32 pone de relieve que, además de los Estados, las empresas también tienen obligaciones frente a la emergencia climática y sus impactos en los derechos humanos. La Corte IDH llama a los Estados a regular y supervisar la debida diligencia empresarial en toda la cadena de valor, en línea con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGP). Esas obligaciones incluyen la identificación, prevención, mitigación y rendición de cuentas de las empresas respecto de los impactos de sus actividades en el ambiente, el clima o los derechos humanos derivados. Se trata de obligaciones intransferibles: no pueden ser delegadas a terceros, como por ejemplo a certificadoras. La OC-32 también llama a evitar el greenwashing y la influencia indebida de terceros actores en la toma de decisiones de las empresas. Una lectura de la Opinión Consultiva 32 desde los humedales andinosEn sus más de 200 páginas, la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana brinda herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor de los minerales para la transición energética, así como para asegurar la integralidad de los ecosistemas con una mirada desde América Latina. Además, promueve la implementación de los principios del Panel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre minerales críticos para la transición energética.No menos importante, sostiene la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de derechos humanos en el sistema interamericano y refuerza la importancia de los derechos de acceso, y de la situación actual de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente y el clima, de conformidad con el Acuerdo de Escazú. Este reconocimiento es especialmente relevante para la región más peligrosa para defender la naturaleza.En un contexto de negacionismo climático fomentado por liderazgos políticos que desconocen la contribución de la humanidad a la crisis climática, la OC-32 constituye una hoja de ruta fundamental para instar a los Estados a cumplir con sus compromisos climáticos con un enfoque de derechos humanos. Desde la Alianza por los Humedales Andinos, vemos este dictamen con esperanza, como una herramienta clave para que las personas que habitan estos humedales hace generaciones tengan garantizados sus derechos y que estos ecosistemas vitales estén protegidos. Reacciones de las organizaciones de la Alianza de Humedales Andinos a la Opinión Consultiva N°32 de la Corte IDHPía Marchegiani, Directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina):"En un contexto en que la discusión sobre los minerales críticos se ve cada vez más atravesada por intereses de seguridad y armamentistas, y las agendas unilaterales y bilaterales sobre el acceso al suministro de minerales desde el Norte Global parece imponerse sobre los acuerdos multilaterales, la Corte Interamericana a dado un paso estratégico y claro en definir la forma en que debe inclinarse la balanza para asegurar que los derechos humanos y la naturaleza estén en el centro. De esa forma se podrá avanzar hacia la justicia y equidad tal como se propuso en el Panel de Minerales Críticos del Secretario General de Naciones Unidas".Ricardo Frez, Director de ONG Defensa Ambiental (Chile):"Este inédito reconocimiento a la Naturaleza como sujeto de derechos, marca un giro hacia enfoques ecocéntricos en el derecho internacional de los derechos humanos. Este avance resulta especialmente significativo ante el auge de la minería para minerales críticos como el litio y el cobre, cuyos impactos sobre los ecosistemas del Sur Global son crecientes y muchas veces irreversibles. La Corte valida la protección autónoma de la Naturaleza, no solo como medio para garantizar derechos humanos, sino como fin en sí mismo, y refuerza el deber de los Estados de prevenir daños climáticos y ambientales irreparables. En un escenario donde la transición energética amenaza con reproducir lógicas extractivistas, esta OC ofrece herramientas normativas clave para la defensa de los territorios y la vida".Vivian Lagrava Flores, Empoderate Colectivo de Derechos Humanos (Bolivia):"Aunque en las comunidades no comprenden tecnicismos sobre clima, transición energética y otros; ciertamente han recibido con esperanza que, la opinión Consultiva 32/25 determine obligaciones mayores para los Estados, ya que las leyes, la Constitución y los Estándares de DDHH se incumplen y se pasan por alto todos los impactos. Los humedales especialmente los bofedales de agua dulce son el milagro de la naturaleza que sostiene nuestros sistemas de vida y son estratégicos para mitigar los efectos del cambio climático, se están destruyendo con tanto Extractivismo, entonces necesitamos que el Estado Boliviano comprenda la magnitud de estas obligaciones".Ezio Costa Cordella, FIMA ONG (Chile):"La transición justa está presente en distintos pasajes de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una mención específica y expresa a este tipo de transición y se habla de el deber de los estados, cuando desarrollen políticas y estrategias climáticas, para cumplir también con este principio y por lo tanto no profundicen ciertas situaciones de pobreza multidimensional, sino que miren cómo una transición va a afectar a un territorio y a un grupo de personas que habitan ese territorio, incluidos, por supuesto, los y las trabajadoras de las industrias que estén modificando sus acciones. En este sentido es importante considerar que la transición ecológica no se refiere solamente a las políticas de transición, sino que se refiere a cómo una serie de sistemas sociales, entre ellos los de producción y consumo, se van a adaptar a la nueva realidad climática y ambiental y que en ese tránsito entre lo que hoy día tenemos y lo que va a surgir a propósito de esta nueva condición ambiental, no se produzcan mayores vulneraciones de los derechos de las personas y por el contrario, se produzcan situaciones que permitan una mejor distribución y una mejor protección también de esos mismos derechos".Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia):"La Opinión consultiva de la CorteIDH es un refuerzo importantísimo en la defensa por parte de la sociedad civil del medio ambiente, del agua, de los territorios de pueblos indígenas y de la vida; defensa cuyo fin no beneficia solo a ciertos grupos sino que es la única forma de asegurar nuestra supervivencia como especie. Para el caso del altiplano altoandino, esta opinión respalda la lucha de comunidades por la defensa del agua y los humedales frente a una mayor presión de proyectos de extracción de minerales críticos como el litio".Verónica Gostissa, Asamblea PUCARÁ (Argentina):"Estamos ante un punto de inflexión en materia de justicia climática y derechos humanos. La CorteIDH reconoce el derecho autónomo a un clima sano, y en regiones como el noroeste argentino —donde ecosistemas de altísimo valor ecológico, como los humedales altoandinos, conviven con una fuerte presión extractiva por la explotación de litio— el pronunciamiento interpela de manera directa al modelo minero y energético. Este avance jurídico viene a reforzar una verdad que las comunidades y los pueblos sostenemos desde hace tiempo: si seca ríos, no es transición energética. Y no hay transición posible sin justicia ambiental".Paulina González Quiroga, Fundación Tantí (Chile):"Valoramos profundamente el pronunciamiento de la Corte Interamericana, en un momento estratégico para nuestros cuerpos y territorios para quienes habitamos desde el sur del mundo, la zona altiplánica y desértico costera de Chile, zona productivo minera donde se ven impactadas nuestras aguas continentales y marinas, por toda la cadena de valor, que opera en esta misma zona. En nuestro territorio de histórico sacrificio ambiental, no existe transición, sino por el contrario, estamos viviendo las mismas comunidades y ecosistemas de siempre, una intensificación de las lógicas de extractivismo ahora “verde”, un aumento impensado de impactos a nuestros ecosistemas altoandinos, marinos y las formas de vida que aquí habitamos, y en ese sentido, este pronunciamiento será clave, para fortalecer la defensa jurídica del territorio, en diversos procesos de consulta indígena y de justicia ambiental, que ya se desarrollan y seguro seguirán aconteciendo, en el marco de estas políticas".Yeny Rodríguez, abogada sénior y coordinadora de línea, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA):"La OC-32 de la Corte Interamericana reconoce el alto grado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran ecosistemas estratégicos de América Latina para el ciclo del agua y el clima, como los salares andinos, y manda un mensaje muy claro a los gobiernos de la región y a las empresas que operan en nuestros territorios: en aplicación de la debida diligencia reforzada, deben evitar actividades mineras que puedan generar daños irreversibles en los ecosistemas y agravar la situación de vulnerabilidad de pueblos indígenas o comunidades en riesgo".

Junio 13 2025 Océanos

La Conferencia Internacional sobre el Océano concluye con el Tratado de Alta Mar a punto de entrar en vigor

Niza, Francia. La 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano concluyó hoy con un paso histórico hacia una mayor protección de alta mar. Con el depósito de las ratificaciones de otros 19 países, el número total de los que cuentan para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar asciende a 50. Solo se necesitan 10 más para cruzar el umbral crítico de 60 países que permitiría la entrada en vigor del Tratado.Varios países han manifestado su intención de depositar sus instrumentos de ratificación en la ONU en breve. No tienen la obligación de esperar a la reunión de la Asamblea General de la ONU de septiembre, lo que podría significar que la entrada en vigor del tratado se activaría en las próximas semanas."El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de la ONU sobre el Océano demuestra que estamos en la recta final", declaró Matthew Collis, Director Principal de Políticas del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales.Además del aumento de las ratificaciones, también se incrementó el número de países firmantes del tratado. A lo largo de la semana, otros 20 países añadieron sus firmas, con lo que el número total asciende a 136. Se trata de una señal alentadora, ya que la ratificación generalizada será crucial para garantizar la plena eficacia del tratado.Rebecca Hubbard, Directora de la Alianza de Alta Mar, subrayó la urgencia de mantener el impulso: "Debemos mantener el pie en el acelerador de #RaceForRatification. El poder del tratado radica en el número de países que se adhieran, así que mientras celebramos este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a ratificar sin demora y ayudar a impulsar este tratado más allá de los primeros 60 para convertirlo en una verdadera fuerza global para la protección del océano".Alrededor de 60 Jefes de Estado y de gobierno asistieron a la reunión, lo que refleja una significativa atención de alto nivel a la difícil situación del océano. El impulso a la ratificación del Tratado de Alta Mar demostró lo que es posible cuando el mundo se une con urgencia y determinación."La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro mayor bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que pueden dar forma a un futuro justo y sostenible para todos", dijo María José González-Bernat, co-directora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La atención se centra ahora en cómo se implementará el tratado una vez que entre en vigor. A principios de esta semana se hicieron varios anuncios importantes, como el relanzamiento de la Coalición de Alta Ambición de BBNJ y la asignación de 10 millones de euros a través del Programa Mundial de los Océanos de la UE, dotado con 40 millones de euros, para brindar asistencia técnica a los países en desarrollo, tanto para la ratificación como para la implementación. La filantropía privada también aumentó su contribución, con la Fundación Minderoo comprometiendo 6,5 millones de dólares adicionales para apoyar la protección de alta mar y con la confirmación del financiamiento para una secretaría de la iniciativa "First Movers", que ayudará a impulsar las primeras propuestas para áreas marinas protegidas en alta mar.El foco también está en la creación de órganos y procesos sólidos en el marco del tratado para garantizar su funcionamiento eficaz, así como en la identificación de lugares críticos de alta mar para su protección una vez que el tratado sea operativo, a través de un proceso en curso de la Comisión Preparatoria en las Naciones Unidas. En la conferencia también se expusieron los esfuerzos realizados para presentar propuestas de AMP en alta mar en el marco del tratado, perfilando una serie de zonas como las cordilleras de Salas y Gómez y Nazca, la elevación de Lord Howe y el mar de Tasmania meridional, el Océano Índico occidental subantártico y el Domo Térmico en el Pacífico oriental."Aunque la carrera hacia la ratificación llegará pronto a su fin, el duro trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y gestión sostenible de la alta mar —el 50% del planeta— no puede llegar lo suficientemente pronto. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ sienta nuevas bases de gobernanza del océano sobre cómo y para quién se aplica este tratado", declaró Ernesto Fernández Monge, Director Internacional de Océanos de Oceans North.Notas para el editorHasta el viernes 13 de junio, a las 14:00 CET, 19 países habían depositado instrumentos de ratificación adicionales en la ONU durante la conferencia y 20 países más habían firmado el tratado, indicando su intención de ratificarlo.Países adicionales que ratificaron durante la UNOC: Albania, Bahamas, Bélgica, Croacia, Costa de Marfil, Dinamarca, Fiyi, Malta, Mauritania, Vanuatu, Grecia, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaica, Jordania, Liberia, Islas Salomón, Tuvalu y Vietnam.La Unión Europea depositó su instrumento de ratificación el 28 de mayo de 2025. Sin embargo, como organización de integración económica regional, su ratificación no cuenta para el total, solo las ratificaciones de sus Estados miembros individuales.Otros países que firmaron durante la UNOC son: Andorra, Armenia, Burundi, Camboya, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea Bissau, Jordania, Líbano, Lesoto, Montenegro, Niue, Macedonia del Norte, Papúa Nueva Guinea, Perú, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Saint Kitts y Nevis y Yemen.El Tratado de Alta Mar se denomina formalmente Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés).La Alianza de Alta Mar (HSA) utiliza a veces el término "Tratado de Alta Mar" para referirse al Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, incluidos los fondos marinos y la columna de agua. Esta elección de la redacción pretende facilitar la comprensión a un público amplio y no transmite una priorización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.El estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar. Nota: El número que figura en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de la ONU.El tratado entra en vigor 120 días después de que se haya depositado en la ONU el sexagésimo instrumento de ratificación.Para más información sobre la Coalición de Gran Ambición de BBNJ.Para más información sobre el Programa Mundial de los Océanos de la UE.En la ONU se están celebrando una serie de sesiones de la Comisión Preparatoria (PrepCom) para acordar las distintas instituciones y procesos que se enmarcarán en el tratado. La primera de estas sesiones tuvo lugar en abril de 2025, la segunda se celebrará del 18 al 29 de agosto de 2025 y es probable que la tercera tenga lugar a principios de 2026. La forma en que se estructuren y funcionen estas instituciones determinará la eficacia a largo plazo del tratado y la rapidez con que la ambición mundial pueda traducirse en resultados tangibles para la protección del océano, incluido el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar.Citas de miembros de la Alianza de Alta Mar-RISE UP: "La oleada de ratificaciones del Tratado de Alta Mar en la ONUC 3 marca un paso importante hacia un futuro oceánico próspero, acercándonos a la protección de nuestro patrimonio oceánico compartido. Su implementación debe estar impulsada no solo por la ciencia y las políticas, sino también por el liderazgo y la sabiduría de los pueblos indígenas y los poseedores de conocimientos tradicionales. Esto es justicia oceánica en acción", Flora McMorrin, Directora de RISE UP.-The Ocean Race: "En The Ocean Race nos complace convertirnos en Amigos de la Alianza de Alta Mar, reconociendo la vital alineación en nuestra carrera conjunta por el océano. Esperamos colaborar para ayudar a la implementación del Tratado de Alta Mar, trabajando hacia el objetivo 30x30 e impulsando campañas cruciales para la salud de los océanos", Richard Brisius, Presidente, The Ocean Race.-Accountability.Fish: "Un hito en la historia de la gobernanza sostenible de los océanos. Con el apoyo suficiente para implementar el Acuerdo BBNJ en poco tiempo, Niza ha impulsado el compromiso internacional con la preservación de la biodiversidad en alta mar", Steven Adolf, Asesor Principal de Accountability.Fish.-AIDA: "La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que puedan forjar un futuro justo y sostenible para todos", María José González-Bernat, codirectora del Programa de Ecosistemas de AIDA.-BirdLife International: "Como miembro de la Alianza de Alta Mar, BirdLife International está preparada para aportar la ciencia, las herramientas y la acción global y local para construir un tratado sólido de alta mar. En la ONUC, nos comprometemos a identificar las áreas más importantes en el 100 % de las rutas migratorias oceánicas hasta 2030. Este es un elemento clave para el éxito del tratado de alta mar. Hacemos un llamado a los gobiernos para que se unan para salvar nuestro océano y envíen una señal contundente desde Niza al mundo", Martin Harper, Director Ejecutivo de BirdLife International.-Global Choices: "Global Choices felicita a la Alianza de Alta Mar por impulsar el aumento de ratificaciones del Acuerdo BBNJ y nos sumamos al llamado para una implementación urgente, completa y significativa del Acuerdo. Para nuestra labor de colaboración en la protección del Océano Ártico Central, un Área Fuera de la Jurisdicción Nacional, los estándares mejorados de las Evaluaciones de Impacto Ambiental del Acuerdo BBNJ serán especialmente beneficiosos para mejorar la prevención de daños a este bioma tan frágil y único", Inge Relph, Directora Ejecutiva y Cofundadora de Global Choices.-OceanCare: "Durante la última semana, hemos presenciado una impresionante ola de ratificaciones. Si bien este es un hito importante, es solo el comienzo. El verdadero trabajo reside en la implementación, y la verdadera prueba será si el Acuerdo genera beneficios tangibles para los ecosistemas marinos. El éxito dependerá de acuerdos institucionales sólidos, financiación adecuada, desarrollo de capacidades y una cooperación genuina entre los Estados y las partes interesadas. Debemos aprovechar el impulso generado por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano y actuar con rapidez: la salud de nuestro océano está en juego", Fabienne McLellan, Directora General de OceanCare.-Fundación Alemana para el Océano: "La Fundación Alemana para el Océano celebra el creciente número de Estados que han ratificado el Acuerdo BBNJ e insta a otros Estados, en particular al gobierno alemán, a priorizar la ratificación, para que este tratado alcance su verdadero potencial como catalizador para la protección significativa y duradera de la alta mar, tal como está diseñado", Frank Schweikert, Director de la Fundación Alemana para el Océano.-Campaña por la Naturaleza: "Pasar de 31 a 50 ratificaciones de países en tan solo unos días es un logro notable. Ahora debemos aprovechar este impulso y asegurarnos de alcanzar la cifra mágica de 60 antes de la Asamblea General de la ONU que se reúne en septiembre en Nueva York. Todos los países deberían aspirar a estar entre estos 60 primeros en los próximos tres meses", Adrian Gahan, Líder de Océanos de Campaña por la Naturaleza.-Fundación MarViva: "La ONUC presentó una oportunidad única para fortalecer el impulso en torno a la protección de alta mar. Esperamos seguir trabajando junto con los gobiernos y las organizaciones asociadas de la Alianza de Alta Mar para garantizar la implementación del Tratado BBNJ y la gestión y conservación adecuadas de sitios clave como el Domo Térmico", Katherine Arroyo Arce, Directora Ejecutiva.-IFAW (Fondo Internacional para el Bienestar Animal): "El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos demuestra que estamos en la recta final. El IFAW insta a todos los países que aún no lo han hecho a ratificar el tratado con urgencia para que finalmente podamos brindar una protección significativa a la vida marina en alta mar", Matthew Collis, Director Sénior de Políticas.-Alianza para un Océano Sostenible (SOA): "El Tratado BBNJ representa un paso histórico hacia la protección de la biodiversidad en alta mar, un bien común mundial que ningún país posee, pero del que todos dependen. Contrariamente a la desinformación, este acuerdo respeta plenamente la soberanía nacional: solo se aplica a la alta mar, generalmente más allá de las 200 millas náuticas, donde ningún país tiene derechos exclusivos. Al ratificar el Tratado BBNJ, los países no ceden poder, sino que intensifican su labor para proteger la vida más allá de las fronteras y garantizar que las aguas internacionales se rijan por la cooperación, la ciencia y la equidad", Daniel Cáceres Bartra, SOA Hispanoamérica.-Greenpeace Internacional: “La ratificación del Tratado de Alta Mar está a punto de concretarse. El progreso logrado el lunes nos recordó la cooperación multilateral que vimos cuando se acordó por consenso el texto del Tratado en 2023. Este impulso debe mantenerse. Necesitamos superar el umbral de las sesenta ratificaciones lo antes posible, para que el Tratado pueda entrar en vigor en 2025. Posteriormente, debemos ver a los gobiernos llevar las propuestas de áreas marinas protegidas a la Primera Conferencia de las Partes sobre los Océanos en 2026. Mil millones de personas dependen de los océanos y, si logramos proteger el 30 % de ellos mediante este tratado, seguirán proporcionándonos lo necesario", Megan Randles, Jefa de Delegación de Greenpeace Internacional para la Conferencia. -WILDTRUST: "El equipo del programa WILDTRUST – WILDOCEANS, una ONG sudafricana, está impresionado por los compromisos de conservación de los océanos asumidos tanto por el gobierno sudafricano como por la Unión de Comoros en la ONUC 2025. El Ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica, Dr. Dion George, firmó el Acuerdo BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar, el 9 de junio. El Ministro destacó cómo la firma del Acuerdo consolida el historial de participación multilateral activa del país y lo posiciona como un puente entre la ambición global y la acción local en favor de los océanos. El martes 10 de junio, el Ministerio de Comoro confirmó la disposición del país para actuar con rapidez y apoyar los objetivos globales de conservación marina. Firmaron y se comprometieron a ratificar el Tratado de Alta Mar, además de proteger el 30 % de su océano mediante la designación de aproximadamente 50 000 km² como Áreas Marinas Protegidas para 2030."La sostenibilidad ecológica sólo es posible cuando se combina con la prosperidad socioeconómica, especialmente en las comunidades costeras vulnerables, donde la conservación marina duradera depende de la prosperidad conjunta de la naturaleza y las personas", comentó el responsable estratégico de océanos de WILDTRUST. "Por eso nos complacen tanto estas audaces medidas para proteger el océano Índico occidental en su conjunto".-Océanos del Norte: "Si bien la carrera hacia la ratificación pronto llegará a su fin, el arduo trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y la gestión sostenible de alta mar, que representa el 50 % del planeta, es crucial”. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ establece nuevas bases para la gobernanza de los océanos, que definen cómo y para quién se implementa este tratado", Ernesto Fernández Monge, Director de Océanos Internacionales, Oceans North.-The Ocean Project: "Nos sentimos muy alentados por el progreso logrado hacia la ratificación e instamos a todas las naciones a que se apresuren a ratificar el Tratado de Alta Mar. La ratificación brinda una oportunidad histórica para que las naciones del mundo se unan y finalmente salvaguarden este bien común global. De vital importancia, la ratificación permitirá proteger al menos el 30% del océano, objetivo que las naciones del mundo se comprometieron a alcanzar para el año 2030. Esto ayudará tanto a las generaciones actuales como a las futuras, ya que, independientemente de dónde vivamos en nuestro planeta azul, todos necesitamos un océano sano para sobrevivir y prosperar", Bill Mott, Director Ejecutivo, The Ocean Project | Día Mundial del Océano.-Conservación Internacional y la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar: "La oleada de compromisos internacionales con el Tratado de Alta Mar señala un creciente reconocimiento mundial de la urgente necesidad de conservar la biodiversidad marina en nuestro océano compartido. Este acuerdo histórico sienta las bases para la creación de áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, salvaguardando así la rica biodiversidad y el profundo patrimonio cultural de alta mar para las generaciones futuras", Haydée Rodríguez-Romero, Directora de la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar, Conservación Internacional.-The Pew Charitable Trusts: "Este notable progreso demuestra el compromiso de la comunidad internacional para implementar con prontitud el Acuerdo BBNJ y asegurar beneficios para la vida marina y las personas de todo el mundo. Esto incluye la ambición global de establecer la primera generación de áreas marinas protegidas en alta mar, lo cual es fundamental para alcanzar el objetivo mundial de conservación 30x30 en los próximos cinco años", Nichola Clark, funcionaria principal del equipo de gobernanza oceánica de The Pew Charitable Trusts.-Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Islandia: "Acogemos con gran satisfacción el compromiso de Islandia de ratificar el tratado BBNJ durante la sesión de otoño del Parlamento islandés. Sin embargo, dados los compromisos previos de Islandia, Islandia debe estar entre los primeros 60 estados en ratificar el BBNJ", Árni Finnsson, Asociación Islandesa para la Conservación de la Naturaleza.-iSea: "En iSea, nos enorgullece haber apoyado la Carrera por la Ratificación de la Alianza de Alta Mar y celebramos la ratificación del Acuerdo BBNJ por parte de Grecia y Chipre, considerándola un paso crucial hacia la protección del océano. Con solo unas pocas ratificaciones nacionales restantes tras el impulso de la ONUC3, el Tratado de Alta Mar está más cerca que nunca de entrar en vigor. Como ONG dedicada a la conservación del medio marino, iSea mantiene su compromiso de apoyar activamente los próximos pasos para la implementación efectiva del Tratado en todo el mundo".-Global Fishing Watch: "La ONUC nos ha dado un atisbo de esperanza: los desafíos que enfrenta nuestro océano se están viendo y se abordarán. La transparencia a todos los niveles se ha convertido en un elemento crucial en esta labor, porque no podemos proteger lo que no podemos ver. A medida que nos acercamos a la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos, utilizando tanto la transparencia como las nuevas tecnologías, para salvaguardar el océano y sus riquezas en beneficio de todos quienes dependen de él", Tony Long, director ejecutivo de Global Fishing Watch.-The Nature Conservancy: "Lograr un cambio significativo en alta mar requiere un enfoque que abarque todo el océano, basado en la cooperación global y el liderazgo local. El impulso del Tratado BBNJ demuestra que esto es posible. Ahora es el momento de redoblar esfuerzos. A medida que nos acercamos a las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, nos acercamos a la protección de los sistemas oceánicos que sustentan la vida, salvaguardando la seguridad alimentaria, los medios de vida y la resiliencia climática de las comunidades de todo el mundo", Dra. Elizabeth McLeod, Directora Global de Océanos, The Nature Conservancy.-EarthEcho: “En nombre de nuestra comunidad global de jóvenes en EarthEcho, estoy sumamente entusiasmado con el progreso multilateral logrado aquí en Niza en la carrera por la ratificación. Los jóvenes ya están fuertemente movilizados para sentar las bases para la implementación del Tratado BBNJ, y estamos listos y ansiosos por comenzar a trabajar a toda marcha una vez que entre en vigor. A nuestros líderes mundiales, ¡la pelota está en su cancha!", Taylor Cargill, miembro del Consejo Internacional de Liderazgo Juvenil de EarthEcho.

Marzo 10 2025 Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Declaratoria de Zona de Reserva Temporal en el páramo de Santurbán es una victoria para la defensa del agua en América Latina

Organizaciones de la sociedad civil celebran la medida tomada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, la cual implica la suspensión por dos años del proyecto de minería de oro de la canadiense Aris Mining en el macizo de Santurbán.Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Institute for Policy Studies (IPS) - Proyecto de Minería y Comercio, Mining Watch Canada, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Common Frontiers Canada celebramos a la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables. Este gran paso fortalece la protección de uno de los páramos más emblemáticos de la región andina y de los ecosistemas conexos, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica de un estimado de 2 millones de personas en la región.Con la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, en la que el MADS delimita y protege un área de 75.344,65 hectáreas, se logra la suspensión provisional por dos años del proyecto de minería de oro Soto Norte de la multinacional canadiense Aris Mining y su subsidiaria en Colombia, Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), que amenazaba a Santurbán. Lo anterior porque, en virtud del principio de precaución, la norma prohíbe el otorgamiento en el área de “nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, (...) así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales” hasta tanto se adelanten los estudios técnicos necesarios que darían lugar a su protección definitiva. Esta resolución no afecta la actividad agrícola, pecuaria o de turismo en la zona. No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque la resolución deja vigente el contrato de concesión con Calimineros, empresa que tiene un subcontrato de formalización minera con Minesa desde 2020, a partir del cual Minesa promete comprar y procesar material mineralizado. Alentamos a las autoridades competentes a suspender la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para este proyecto y la prórroga del subcontrato de formalización debido a los potenciales impactos ambientales que podría ocasionar en Santurbán y por efectivamente ser parte del mismo proyecto Soto Norte. Los páramos y ecosistemas conexos son de alta sensibilidad, reconocidos por su papel en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad endémica. La remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que generaría la minería en Santurbán podría afectar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible; y romper la interconectividad ecológica con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono y provocando impactos a perpetuidad. Por estas razones, valoramos que la medida adoptada busque prevenir el avance de la minería en esta área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, previniendo procesos de degradación de las cuencas que alberga la estrella hídrica de Santurbán y preservando el ciclo del agua.Sebastián Abad-Jara, abogado de AIDA, señaló: "Al proteger Santurbán, Colombia ratifica su compromiso con el cumplimiento de metas ambientales globales en materia de biodiversidad, clima y humedales, y se consolida como referente para los gobiernos de otros países donde estos ecosistemas también están amenazados por la actividad minera, como Perú y Ecuador"."Celebramos esta declaratoria como la victoria de haber dado el primer paso; el objetivo final debe ser la consolidación del costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva, protegiendo de manera definitiva esta estrella hídrica, vital para toda la vida que depende de ella", indicó Jen Moore, investigadora asociada del IPS - Proyecto de Minería y Comercio. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, agregó: "Esta resolución es fruto del arduo trabajo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha padecido hostigamientos e intimidaciones por su labor a favor de la protección del páramo y que ha sido víctima de campañas de desinformación sobre los supuestos efectos perjudiciales de la norma para la actividad agropecuaria". AIDA, IPS, MiningWatch Canada, CIEL y Common Frontiers Canada respaldamos la adopción de esta medida de protección para Santurbán. También alentamos con esperanza al gobierno nacional y local para que realice los estudios técnicos necesarios para su protección definitiva, y tome medidas preventivas para evitar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la minería en la zona, en relación con los proyectos que ya cuentan con título minero. Además, reiteramos la urgencia de adoptar medidas de protección de las personas defensoras de los páramos en Colombia.La experiencia de Santurbán es muy valiosa y debe servir de ejemplo e impulsar legislaciones para la protección ambiental en América Latina que pongan en el centro el derecho humano al agua y el equilibrio e integridad de ecosistemas frágiles como los páramos y la alta montaña. Consulta la resolución que declara la zona de reserva temporal en Santurbán #NuestroOroEsElAgua Contactos de prensaVictor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011 (prensa IPS)Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Alexandra Colón-Amil, CIEL, [email protected], +12024550253

Restos de carbón a varios kilómetros del lugar de extracción en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia

Febrero 10 2025 Derechos Humanos, Minería

Colombia: Comunidades y trabajadores/as logran primer fallo judicial sobre cierre de minas de carbón que protege sus derechos

Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebramos el fallo de la Corte Constitucional de Colombia, el cual reconoce los derechos al debido proceso y a la participación de comunidades y trabajadores/as en el cierre de proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar. Este sentencia llega tras años e insistencia de estos grupos, quienes interpusieron una acción de tutela. En este caso, AIDA contribuyó con un escrito legal en el incluye el análisis que ha realizado sobre la temática del cierre y la salida responsable en América Latina, desde la mirada del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos.A continuación, compartimos el comunicado de las comunidades y trabajadores/as con motivo del fallo.La Corte Constitucional de Colombia dictó la primera sentencia sobre cierres de minas en el país (T-029 de 2025). En ella garantizó el debido proceso y, en consecuencia, la participación efectiva de las comunidades y sindicatos que representan a más de 20 mil personas de los más de cuatro municipios afectados ante los impactos ambientales, sociales y económicos que ha dejado el primer e irregular abandono y cierre de minas de carbón a gran escala en Colombia.Nosotros, un grupo de comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena, hemos liderado una acción judicial durante más de cuatro años para que se garantice un diálogo público por medio de una gran mesa de concertación donde las comunidades, los trabajadores despedidos, las autoridades locales y la ciudadanía en general afectada de los municipios mineros de la Jagua, el Paso, Becerril y Ciénaga puedan conocer y participar en la definición de las medidas de compensación y restauración que en materia ambiental, social y económica la multinacional Glencore – Prodeco debe llevar a cabo en estos municipios dentro de su plan de abandono y cierre minero, el cual está en proceso de aprobación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).En esta sentencia, la corte determinó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación con una ÚNICA reunión de socialización llevada a cabo en noviembre de 2022 en estos municipios, la cual es claramente insuficiente y no cumple con lo acordado en el acta de reunión, donde el compromiso de las partes era convocar la GRAN MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN en presencia de la población afectada de estos cuatro municipios.Ordenó que se inicie de nuevo la apertura del incidente de desacato en contra del representante legal del Grupo Empresarial PRODECO S.A y se revise el cumplimiento del fallo y del acuerdo contenido en estas actas.Nosotros, como comunidades y sindicatos del corredor minero respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y representados judicialmente por la abogada Rocío Torres Bobadilla, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios luego de 25 años de explotación y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados.Por tanto:Invitamos a la empresa Glencore -Prodeco a un diálogo constructivo, a evitar maniobras evasivas y a respetar la importancia de este fallo judicial.Solicitamos al Estado Colombiano en cabeza del ANLA, la DEFENSORÍA y la PROCURADURÍA que nos acompañen en este proceso, respalden esta decisión judicial y fortalezcan nuestras medidas de protección para garantizar nuestra seguridad como líderes y lideresas en este proceso para el cumplimiento de este fallo.Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos continúen respaldando para garantizar una participación real y efectiva y que se cumpla con esta GRAN MESA DE CONCERTACIÓN.Finalmente, pedimos a toda la población del país y especialmente de los municipios de la Jagua, Becerril, el Paso y Ciénaga que nos acompañen, nos respalden y nos unamos en un gran proceso para DEFENDER ESTA DECISIÓN JUDICIAL que es HISTÓRICA para nuestro territorio con el fin de poder restaurar y compensar los graves impactos ambientales y sociales ocasionados ante el irregular cierre minero y encontrar medidas para enfrentar la gran pobreza y desempleo que estamos viviendo. Acompáñanos a ser escuchados, a sanar nuestros territorios y a recuperar nuestra economía. Firman:Junta de acción comunal de BoquerónConsejo Comunitario Afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San IsidroRed de Mujeres del Municipio del Paso Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución y el Buen Vivir Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) el Paso Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Minero-Energética (Sintraminergetica) Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Asociación del Reguardo Sokorhpa del Pueblo Indígena Yukpa Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril Junta de Acción Comunal del Barrio Don Jaca en Santa Marta Corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena) Vereda el Hatillo Representante Junta de Acción Comunal Sororia de la Jagua de Ibirico Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna Rocío Torres Bobadilla- defensora de derechos ambientales Organizaciones nacionales e internacionales y defensores/as que NOS APOYAN:Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena Clínica Jurídica AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)London Mining Network PAX Holanda PAX Colombia CNV Internacional Solifonds Multiwatch ASK Grupo de Trabajo Suiza- Colombia Urgewald Polen –Transiciones JustasAna Catalina Herrara - defensora de derechos laborales Ángela Velandia Cruz - defensora de derechos humanos Para comunicaciones llamar a: 3228519975

Enero 31 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

La vida en los humedales andinos, en riesgo por el extractivismo

El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es al agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el acceso a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Tecpetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de 2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente. Contactos de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628