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Océanos

La Conferencia Internacional sobre el Océano concluye con el Tratado de Alta Mar a punto de entrar en vigor

Niza, Francia. La 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano concluyó hoy con un paso histórico hacia una mayor protección de alta mar. Con el depósito de las ratificaciones de otros 19 países, el número total de los que cuentan para la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar asciende a 50. Solo se necesitan 10 más para cruzar el umbral crítico de 60 países que permitiría la entrada en vigor del Tratado.Varios países han manifestado su intención de depositar sus instrumentos de ratificación en la ONU en breve. No tienen la obligación de esperar a la reunión de la Asamblea General de la ONU de septiembre, lo que podría significar que la entrada en vigor del tratado se activaría en las próximas semanas."El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de la ONU sobre el Océano demuestra que estamos en la recta final", declaró Matthew Collis, Director Principal de Políticas del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales.Además del aumento de las ratificaciones, también se incrementó el número de países firmantes del tratado. A lo largo de la semana, otros 20 países añadieron sus firmas, con lo que el número total asciende a 136. Se trata de una señal alentadora, ya que la ratificación generalizada será crucial para garantizar la plena eficacia del tratado.Rebecca Hubbard, Directora de la Alianza de Alta Mar, subrayó la urgencia de mantener el impulso: "Debemos mantener el pie en el acelerador de #RaceForRatification. El poder del tratado radica en el número de países que se adhieran, así que mientras celebramos este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a ratificar sin demora y ayudar a impulsar este tratado más allá de los primeros 60 para convertirlo en una verdadera fuerza global para la protección del océano".Alrededor de 60 Jefes de Estado y de gobierno asistieron a la reunión, lo que refleja una significativa atención de alto nivel a la difícil situación del océano. El impulso a la ratificación del Tratado de Alta Mar demostró lo que es posible cuando el mundo se une con urgencia y determinación."La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro mayor bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que pueden dar forma a un futuro justo y sostenible para todos", dijo María José González-Bernat, co-directora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La atención se centra ahora en cómo se implementará el tratado una vez que entre en vigor. A principios de esta semana se hicieron varios anuncios importantes, como el relanzamiento de la Coalición de Alta Ambición de BBNJ y la asignación de 10 millones de euros a través del Programa Mundial de los Océanos de la UE, dotado con 40 millones de euros, para brindar asistencia técnica a los países en desarrollo, tanto para la ratificación como para la implementación. La filantropía privada también aumentó su contribución, con la Fundación Minderoo comprometiendo 6,5 millones de dólares adicionales para apoyar la protección de alta mar y con la confirmación del financiamiento para una secretaría de la iniciativa "First Movers", que ayudará a impulsar las primeras propuestas para áreas marinas protegidas en alta mar.El foco también está en la creación de órganos y procesos sólidos en el marco del tratado para garantizar su funcionamiento eficaz, así como en la identificación de lugares críticos de alta mar para su protección una vez que el tratado sea operativo, a través de un proceso en curso de la Comisión Preparatoria en las Naciones Unidas. En la conferencia también se expusieron los esfuerzos realizados para presentar propuestas de AMP en alta mar en el marco del tratado, perfilando una serie de zonas como las cordilleras de Salas y Gómez y Nazca, la elevación de Lord Howe y el mar de Tasmania meridional, el Océano Índico occidental subantártico y el Domo Térmico en el Pacífico oriental."Aunque la carrera hacia la ratificación llegará pronto a su fin, el duro trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y gestión sostenible de la alta mar —el 50% del planeta— no puede llegar lo suficientemente pronto. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ sienta nuevas bases de gobernanza del océano sobre cómo y para quién se aplica este tratado", declaró Ernesto Fernández Monge, Director Internacional de Océanos de Oceans North.Notas para el editorHasta el viernes 13 de junio, a las 14:00 CET, 19 países habían depositado instrumentos de ratificación adicionales en la ONU durante la conferencia y 20 países más habían firmado el tratado, indicando su intención de ratificarlo.Países adicionales que ratificaron durante la UNOC: Albania, Bahamas, Bélgica, Croacia, Costa de Marfil, Dinamarca, Fiyi, Malta, Mauritania, Vanuatu, Grecia, Guinea-Bissau, Indonesia, Jamaica, Jordania, Liberia, Islas Salomón, Tuvalu y Vietnam.La Unión Europea depositó su instrumento de ratificación el 28 de mayo de 2025. Sin embargo, como organización de integración económica regional, su ratificación no cuenta para el total, solo las ratificaciones de sus Estados miembros individuales.Otros países que firmaron durante la UNOC son: Andorra, Armenia, Burundi, Camboya, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea Bissau, Jordania, Líbano, Lesoto, Montenegro, Niue, Macedonia del Norte, Papúa Nueva Guinea, Perú, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Saint Kitts y Nevis y Yemen.El Tratado de Alta Mar se denomina formalmente Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés).La Alianza de Alta Mar (HSA) utiliza a veces el término "Tratado de Alta Mar" para referirse al Acuerdo BBNJ. La HSA reconoce que el ámbito de aplicación del Acuerdo BBNJ abarca todas las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, incluidos los fondos marinos y la columna de agua. Esta elección de la redacción pretende facilitar la comprensión a un público amplio y no transmite una priorización entre los componentes o principios del Acuerdo BBNJ.El estado oficial de las firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la ONU y en el rastreador de ratificaciones de la Alianza de Alta Mar. Nota: El número que figura en el rastreador de la Alianza de Alta Mar refleja únicamente las ratificaciones que cuentan para la entrada en vigor y no incluye la ratificación de la UE, por lo que difiere del recuento total de la ONU.El tratado entra en vigor 120 días después de que se haya depositado en la ONU el sexagésimo instrumento de ratificación.Para más información sobre la Coalición de Gran Ambición de BBNJ.Para más información sobre el Programa Mundial de los Océanos de la UE.En la ONU se están celebrando una serie de sesiones de la Comisión Preparatoria (PrepCom) para acordar las distintas instituciones y procesos que se enmarcarán en el tratado. La primera de estas sesiones tuvo lugar en abril de 2025, la segunda se celebrará del 18 al 29 de agosto de 2025 y es probable que la tercera tenga lugar a principios de 2026. La forma en que se estructuren y funcionen estas instituciones determinará la eficacia a largo plazo del tratado y la rapidez con que la ambición mundial pueda traducirse en resultados tangibles para la protección del océano, incluido el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar.Citas de miembros de la Alianza de Alta Mar-RISE UP: "La oleada de ratificaciones del Tratado de Alta Mar en la ONUC 3 marca un paso importante hacia un futuro oceánico próspero, acercándonos a la protección de nuestro patrimonio oceánico compartido. Su implementación debe estar impulsada no solo por la ciencia y las políticas, sino también por el liderazgo y la sabiduría de los pueblos indígenas y los poseedores de conocimientos tradicionales. Esto es justicia oceánica en acción", Flora McMorrin, Directora de RISE UP.-The Ocean Race: "En The Ocean Race nos complace convertirnos en Amigos de la Alianza de Alta Mar, reconociendo la vital alineación en nuestra carrera conjunta por el océano. Esperamos colaborar para ayudar a la implementación del Tratado de Alta Mar, trabajando hacia el objetivo 30x30 e impulsando campañas cruciales para la salud de los océanos", Richard Brisius, Presidente, The Ocean Race.-Accountability.Fish: "Un hito en la historia de la gobernanza sostenible de los océanos. Con el apoyo suficiente para implementar el Acuerdo BBNJ en poco tiempo, Niza ha impulsado el compromiso internacional con la preservación de la biodiversidad en alta mar", Steven Adolf, Asesor Principal de Accountability.Fish.-AIDA: "La entrada en vigor y la implementación del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés) es un hito para salvaguardar el océano como nuestro bien común, una oportunidad para lograr equidad y justicia para todas las naciones, así como para empoderar a regiones como América Latina en la definición de acciones que puedan forjar un futuro justo y sostenible para todos", María José González-Bernat, codirectora del Programa de Ecosistemas de AIDA.-BirdLife International: "Como miembro de la Alianza de Alta Mar, BirdLife International está preparada para aportar la ciencia, las herramientas y la acción global y local para construir un tratado sólido de alta mar. En la ONUC, nos comprometemos a identificar las áreas más importantes en el 100 % de las rutas migratorias oceánicas hasta 2030. Este es un elemento clave para el éxito del tratado de alta mar. Hacemos un llamado a los gobiernos para que se unan para salvar nuestro océano y envíen una señal contundente desde Niza al mundo", Martin Harper, Director Ejecutivo de BirdLife International.-Global Choices: "Global Choices felicita a la Alianza de Alta Mar por impulsar el aumento de ratificaciones del Acuerdo BBNJ y nos sumamos al llamado para una implementación urgente, completa y significativa del Acuerdo. Para nuestra labor de colaboración en la protección del Océano Ártico Central, un Área Fuera de la Jurisdicción Nacional, los estándares mejorados de las Evaluaciones de Impacto Ambiental del Acuerdo BBNJ serán especialmente beneficiosos para mejorar la prevención de daños a este bioma tan frágil y único", Inge Relph, Directora Ejecutiva y Cofundadora de Global Choices.-OceanCare: "Durante la última semana, hemos presenciado una impresionante ola de ratificaciones. Si bien este es un hito importante, es solo el comienzo. El verdadero trabajo reside en la implementación, y la verdadera prueba será si el Acuerdo genera beneficios tangibles para los ecosistemas marinos. El éxito dependerá de acuerdos institucionales sólidos, financiación adecuada, desarrollo de capacidades y una cooperación genuina entre los Estados y las partes interesadas. Debemos aprovechar el impulso generado por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano y actuar con rapidez: la salud de nuestro océano está en juego", Fabienne McLellan, Directora General de OceanCare.-Fundación Alemana para el Océano: "La Fundación Alemana para el Océano celebra el creciente número de Estados que han ratificado el Acuerdo BBNJ e insta a otros Estados, en particular al gobierno alemán, a priorizar la ratificación, para que este tratado alcance su verdadero potencial como catalizador para la protección significativa y duradera de la alta mar, tal como está diseñado", Frank Schweikert, Director de la Fundación Alemana para el Océano.-Campaña por la Naturaleza: "Pasar de 31 a 50 ratificaciones de países en tan solo unos días es un logro notable. Ahora debemos aprovechar este impulso y asegurarnos de alcanzar la cifra mágica de 60 antes de la Asamblea General de la ONU que se reúne en septiembre en Nueva York. Todos los países deberían aspirar a estar entre estos 60 primeros en los próximos tres meses", Adrian Gahan, Líder de Océanos de Campaña por la Naturaleza.-Fundación MarViva: "La ONUC presentó una oportunidad única para fortalecer el impulso en torno a la protección de alta mar. Esperamos seguir trabajando junto con los gobiernos y las organizaciones asociadas de la Alianza de Alta Mar para garantizar la implementación del Tratado BBNJ y la gestión y conservación adecuadas de sitios clave como el Domo Térmico", Katherine Arroyo Arce, Directora Ejecutiva.-IFAW (Fondo Internacional para el Bienestar Animal): "El camino hacia un tratado de alta mar ha sido casi tan largo como las grandes migraciones de ballenas, tiburones y tortugas, pero la oleada de nuevas ratificaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos demuestra que estamos en la recta final. El IFAW insta a todos los países que aún no lo han hecho a ratificar el tratado con urgencia para que finalmente podamos brindar una protección significativa a la vida marina en alta mar", Matthew Collis, Director Sénior de Políticas.-Alianza para un Océano Sostenible (SOA): "El Tratado BBNJ representa un paso histórico hacia la protección de la biodiversidad en alta mar, un bien común mundial que ningún país posee, pero del que todos dependen. Contrariamente a la desinformación, este acuerdo respeta plenamente la soberanía nacional: solo se aplica a la alta mar, generalmente más allá de las 200 millas náuticas, donde ningún país tiene derechos exclusivos. Al ratificar el Tratado BBNJ, los países no ceden poder, sino que intensifican su labor para proteger la vida más allá de las fronteras y garantizar que las aguas internacionales se rijan por la cooperación, la ciencia y la equidad", Daniel Cáceres Bartra, SOA Hispanoamérica.-Greenpeace Internacional: “La ratificación del Tratado de Alta Mar está a punto de concretarse. El progreso logrado el lunes nos recordó la cooperación multilateral que vimos cuando se acordó por consenso el texto del Tratado en 2023. Este impulso debe mantenerse. Necesitamos superar el umbral de las sesenta ratificaciones lo antes posible, para que el Tratado pueda entrar en vigor en 2025. Posteriormente, debemos ver a los gobiernos llevar las propuestas de áreas marinas protegidas a la Primera Conferencia de las Partes sobre los Océanos en 2026. Mil millones de personas dependen de los océanos y, si logramos proteger el 30 % de ellos mediante este tratado, seguirán proporcionándonos lo necesario", Megan Randles, Jefa de Delegación de Greenpeace Internacional para la Conferencia. -WILDTRUST: "El equipo del programa WILDTRUST – WILDOCEANS, una ONG sudafricana, está impresionado por los compromisos de conservación de los océanos asumidos tanto por el gobierno sudafricano como por la Unión de Comoros en la ONUC 2025. El Ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica, Dr. Dion George, firmó el Acuerdo BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar, el 9 de junio. El Ministro destacó cómo la firma del Acuerdo consolida el historial de participación multilateral activa del país y lo posiciona como un puente entre la ambición global y la acción local en favor de los océanos. El martes 10 de junio, el Ministerio de Comoro confirmó la disposición del país para actuar con rapidez y apoyar los objetivos globales de conservación marina. Firmaron y se comprometieron a ratificar el Tratado de Alta Mar, además de proteger el 30 % de su océano mediante la designación de aproximadamente 50 000 km² como Áreas Marinas Protegidas para 2030."La sostenibilidad ecológica sólo es posible cuando se combina con la prosperidad socioeconómica, especialmente en las comunidades costeras vulnerables, donde la conservación marina duradera depende de la prosperidad conjunta de la naturaleza y las personas", comentó el responsable estratégico de océanos de WILDTRUST. "Por eso nos complacen tanto estas audaces medidas para proteger el océano Índico occidental en su conjunto".-Océanos del Norte: "Si bien la carrera hacia la ratificación pronto llegará a su fin, el arduo trabajo para implementar plenamente el tratado está a punto de comenzar. La protección y la gestión sostenible de alta mar, que representa el 50 % del planeta, es crucial”. La inclusión de los sistemas de conocimiento indígenas y locales en el Tratado BBNJ establece nuevas bases para la gobernanza de los océanos, que definen cómo y para quién se implementa este tratado", Ernesto Fernández Monge, Director de Océanos Internacionales, Oceans North.-The Ocean Project: "Nos sentimos muy alentados por el progreso logrado hacia la ratificación e instamos a todas las naciones a que se apresuren a ratificar el Tratado de Alta Mar. La ratificación brinda una oportunidad histórica para que las naciones del mundo se unan y finalmente salvaguarden este bien común global. De vital importancia, la ratificación permitirá proteger al menos el 30% del océano, objetivo que las naciones del mundo se comprometieron a alcanzar para el año 2030. Esto ayudará tanto a las generaciones actuales como a las futuras, ya que, independientemente de dónde vivamos en nuestro planeta azul, todos necesitamos un océano sano para sobrevivir y prosperar", Bill Mott, Director Ejecutivo, The Ocean Project | Día Mundial del Océano.-Conservación Internacional y la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar: "La oleada de compromisos internacionales con el Tratado de Alta Mar señala un creciente reconocimiento mundial de la urgente necesidad de conservar la biodiversidad marina en nuestro océano compartido. Este acuerdo histórico sienta las bases para la creación de áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, salvaguardando así la rica biodiversidad y el profundo patrimonio cultural de alta mar para las generaciones futuras", Haydée Rodríguez-Romero, Directora de la Coalición para los Arrecifes de Coral de Alta Mar, Conservación Internacional.-The Pew Charitable Trusts: "Este notable progreso demuestra el compromiso de la comunidad internacional para implementar con prontitud el Acuerdo BBNJ y asegurar beneficios para la vida marina y las personas de todo el mundo. Esto incluye la ambición global de establecer la primera generación de áreas marinas protegidas en alta mar, lo cual es fundamental para alcanzar el objetivo mundial de conservación 30x30 en los próximos cinco años", Nichola Clark, funcionaria principal del equipo de gobernanza oceánica de The Pew Charitable Trusts.-Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Islandia: "Acogemos con gran satisfacción el compromiso de Islandia de ratificar el tratado BBNJ durante la sesión de otoño del Parlamento islandés. Sin embargo, dados los compromisos previos de Islandia, Islandia debe estar entre los primeros 60 estados en ratificar el BBNJ", Árni Finnsson, Asociación Islandesa para la Conservación de la Naturaleza.-iSea: "En iSea, nos enorgullece haber apoyado la Carrera por la Ratificación de la Alianza de Alta Mar y celebramos la ratificación del Acuerdo BBNJ por parte de Grecia y Chipre, considerándola un paso crucial hacia la protección del océano. Con solo unas pocas ratificaciones nacionales restantes tras el impulso de la ONUC3, el Tratado de Alta Mar está más cerca que nunca de entrar en vigor. Como ONG dedicada a la conservación del medio marino, iSea mantiene su compromiso de apoyar activamente los próximos pasos para la implementación efectiva del Tratado en todo el mundo".-Global Fishing Watch: "La ONUC nos ha dado un atisbo de esperanza: los desafíos que enfrenta nuestro océano se están viendo y se abordarán. La transparencia a todos los niveles se ha convertido en un elemento crucial en esta labor, porque no podemos proteger lo que no podemos ver. A medida que nos acercamos a la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos, utilizando tanto la transparencia como las nuevas tecnologías, para salvaguardar el océano y sus riquezas en beneficio de todos quienes dependen de él", Tony Long, director ejecutivo de Global Fishing Watch.-The Nature Conservancy: "Lograr un cambio significativo en alta mar requiere un enfoque que abarque todo el océano, basado en la cooperación global y el liderazgo local. El impulso del Tratado BBNJ demuestra que esto es posible. Ahora es el momento de redoblar esfuerzos. A medida que nos acercamos a las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, nos acercamos a la protección de los sistemas oceánicos que sustentan la vida, salvaguardando la seguridad alimentaria, los medios de vida y la resiliencia climática de las comunidades de todo el mundo", Dra. Elizabeth McLeod, Directora Global de Océanos, The Nature Conservancy.-EarthEcho: “En nombre de nuestra comunidad global de jóvenes en EarthEcho, estoy sumamente entusiasmado con el progreso multilateral logrado aquí en Niza en la carrera por la ratificación. Los jóvenes ya están fuertemente movilizados para sentar las bases para la implementación del Tratado BBNJ, y estamos listos y ansiosos por comenzar a trabajar a toda marcha una vez que entre en vigor. A nuestros líderes mundiales, ¡la pelota está en su cancha!", Taylor Cargill, miembro del Consejo Internacional de Liderazgo Juvenil de EarthEcho. 

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Páramo de Santurbán, Colombia
Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Declaratoria de Zona de Reserva Temporal en el páramo de Santurbán es una victoria para la defensa del agua en América Latina

Organizaciones de la sociedad civil celebran la medida tomada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, la cual implica la suspensión por dos años del proyecto de minería de oro de la canadiense Aris Mining en el macizo de Santurbán.Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Institute for Policy Studies (IPS) - Proyecto de Minería y Comercio, Mining Watch Canada, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Common Frontiers Canada celebramos a la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables. Este gran paso fortalece la protección de uno de los páramos más emblemáticos de la región andina y de los ecosistemas conexos, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica de un estimado de 2 millones de personas en la región.Con la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, en la que el MADS delimita y protege un área de 75.344,65 hectáreas, se logra la suspensión provisional por dos años del proyecto de minería de oro Soto Norte de la multinacional canadiense Aris Mining y su subsidiaria en Colombia, Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), que amenazaba a Santurbán. Lo anterior porque, en virtud del principio de precaución, la norma prohíbe el otorgamiento en el área de “nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, (...) así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales” hasta tanto se adelanten los estudios técnicos necesarios que darían lugar a su protección definitiva. Esta resolución no afecta la actividad agrícola, pecuaria o de turismo en la zona. No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque la resolución deja vigente el contrato de concesión con Calimineros, empresa que tiene un subcontrato de formalización minera con Minesa desde 2020, a partir del cual Minesa promete comprar y procesar material mineralizado. Alentamos a las autoridades competentes a suspender la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para este proyecto y la prórroga del subcontrato de formalización debido a los potenciales impactos ambientales que podría ocasionar en Santurbán y por efectivamente ser parte del mismo proyecto Soto Norte. Los páramos y ecosistemas conexos son de alta sensibilidad, reconocidos por su papel en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad endémica. La remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que generaría la minería en Santurbán podría afectar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible; y romper la interconectividad ecológica con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono y provocando impactos a perpetuidad. Por estas razones, valoramos que la medida adoptada busque prevenir el avance de la minería en esta área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, previniendo procesos de degradación de las cuencas que alberga la estrella hídrica de Santurbán y preservando el ciclo del agua.Sebastián Abad-Jara, abogado de AIDA, señaló: "Al proteger Santurbán, Colombia ratifica su compromiso con el cumplimiento de metas ambientales globales en materia de biodiversidad, clima y humedales, y se consolida como referente para los gobiernos de otros países donde estos ecosistemas también están amenazados por la actividad minera, como Perú y Ecuador"."Celebramos esta declaratoria como la victoria de haber dado el primer paso; el objetivo final debe ser la consolidación del costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva, protegiendo de manera definitiva esta estrella hídrica, vital para toda la vida que depende de ella", indicó Jen Moore, investigadora asociada del IPS - Proyecto de Minería y Comercio. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, agregó:  "Esta resolución es fruto del arduo trabajo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha padecido hostigamientos e intimidaciones por su labor a favor de la protección del páramo y que ha sido víctima de campañas de desinformación sobre los supuestos efectos perjudiciales de la norma para la actividad agropecuaria". AIDA, IPS, MiningWatch Canada, CIEL y Common Frontiers Canada respaldamos la adopción de esta medida de protección para Santurbán. También alentamos con esperanza al gobierno nacional y local para que realice los estudios técnicos necesarios para su protección definitiva, y tome medidas preventivas para evitar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la minería en la zona, en relación con los proyectos que ya cuentan con título minero. Además, reiteramos la urgencia de adoptar medidas de protección de las personas defensoras de los páramos en Colombia.La experiencia de Santurbán es muy valiosa y debe servir de ejemplo e impulsar legislaciones para la protección ambiental en América Latina que pongan en el centro el derecho humano al agua y el equilibrio e integridad de ecosistemas frágiles como los páramos y la alta montaña. Consulta la resolución que declara la zona de reserva temporal en Santurbán #NuestroOroEsElAgua Contactos de prensaVictor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011 (prensa IPS)Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Alexandra Colón-Amil, CIEL, [email protected], +12024550253 

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Restos de carbón a varios kilómetros del lugar de extracción en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia
Derechos Humanos, Minería

Colombia: Comunidades y trabajadores/as logran primer fallo judicial sobre cierre de minas de carbón que protege sus derechos

Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebramos el fallo de la Corte Constitucional de Colombia, el cual reconoce los derechos al debido proceso y a la participación de comunidades y trabajadores/as en el cierre de proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar. Este sentencia llega tras años e insistencia de estos grupos, quienes interpusieron una acción de tutela. En este caso, AIDA contribuyó con un escrito legal en el incluye el análisis que ha realizado sobre la temática del cierre y la salida responsable en América Latina, desde la mirada del derecho al ambiente sano y otros derechos humanos.A continuación, compartimos el comunicado de las comunidades y trabajadores/as con motivo del fallo.La Corte Constitucional de Colombia dictó la primera sentencia sobre cierres de minas en el país (T-029 de 2025). En ella garantizó el debido proceso y, en consecuencia, la participación efectiva de las comunidades y sindicatos que representan a más de 20 mil personas de los más de cuatro municipios afectados ante los impactos ambientales, sociales y económicos que ha dejado el primer e irregular abandono y cierre de minas de carbón a gran escala en Colombia.Nosotros, un grupo de comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena, hemos liderado una acción judicial durante más de cuatro años para que se garantice un diálogo público por medio de una gran mesa de concertación donde las comunidades, los trabajadores despedidos, las autoridades locales y la ciudadanía en general afectada de los municipios mineros de la Jagua, el Paso, Becerril y Ciénaga puedan conocer y participar en la definición de las medidas de compensación y restauración que en materia ambiental, social y económica la multinacional Glencore – Prodeco debe llevar a cabo en estos municipios dentro de su plan de abandono y cierre minero, el cual está en proceso de aprobación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).En esta sentencia, la corte determinó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación con una ÚNICA reunión de socialización llevada a cabo en noviembre de 2022 en estos municipios, la cual es claramente insuficiente y no cumple con lo acordado en el acta de reunión, donde el compromiso de las partes era convocar la GRAN MESA DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN en presencia de la población afectada de estos cuatro municipios.Ordenó que se inicie de nuevo la apertura del incidente de desacato en contra del representante legal del Grupo Empresarial PRODECO S.A y se revise el cumplimiento del fallo y del acuerdo contenido en estas actas.Nosotros, como comunidades y sindicatos del corredor minero respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y representados judicialmente por la abogada Rocío Torres Bobadilla, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios luego de 25 años de explotación y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados.Por tanto:Invitamos a la empresa Glencore -Prodeco a un diálogo constructivo, a evitar maniobras evasivas y a respetar la importancia de este fallo judicial.Solicitamos al Estado Colombiano en cabeza del ANLA, la DEFENSORÍA y la PROCURADURÍA que nos acompañen en este proceso, respalden esta decisión judicial y fortalezcan nuestras medidas de protección para garantizar nuestra seguridad como líderes y lideresas en este proceso para el cumplimiento de este fallo.Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales que nos continúen respaldando para garantizar una participación real y efectiva y que se cumpla con esta GRAN MESA DE CONCERTACIÓN.Finalmente, pedimos a toda la población del país y especialmente de los municipios de la Jagua, Becerril, el Paso y Ciénaga que nos acompañen, nos respalden y nos unamos en un gran proceso para DEFENDER ESTA DECISIÓN JUDICIAL que es HISTÓRICA para nuestro territorio con el fin de poder restaurar y compensar los graves impactos ambientales y sociales ocasionados ante el irregular cierre minero y encontrar medidas para enfrentar la gran pobreza y desempleo que estamos viviendo. Acompáñanos a ser escuchados, a sanar nuestros territorios y a recuperar nuestra economía. Firman:Junta de acción comunal de BoquerónConsejo Comunitario Afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San IsidroRed de Mujeres del Municipio del Paso Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución y el Buen Vivir Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) el Paso Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Minero-Energética (Sintraminergetica) Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Asociación del Reguardo Sokorhpa del Pueblo Indígena Yukpa Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril Junta de Acción Comunal del Barrio Don Jaca en Santa Marta Corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena) Vereda el Hatillo Representante Junta de Acción Comunal Sororia de la Jagua de Ibirico Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna Rocío Torres Bobadilla- defensora de derechos ambientales Organizaciones nacionales e internacionales y defensores/as que NOS APOYAN:Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena Clínica Jurídica AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)London Mining Network PAX Holanda PAX Colombia CNV Internacional Solifonds Multiwatch ASK Grupo de Trabajo Suiza- Colombia Urgewald Polen –Transiciones JustasAna Catalina Herrara - defensora de derechos laborales Ángela Velandia Cruz - defensora de derechos humanos Para comunicaciones llamar a: 3228519975  

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Alpacas en el Salar de Uyuni, Bolivia
Cambio Climático, Derechos Humanos, Fuentes de Agua Dulce

La vida en los humedales andinos, en riesgo por el extractivismo

El avance de la explotación industrial de litio y otros minerales para la transición energética del norte global amenaza los salares y otros humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile. Estos frágiles ecosistemas son fuente abundante de vida y fundamentales para la subsistencia humana, el equilibrio ambiental y para la mitigación y adaptación a la crisis climática.  Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— de Argentina, Bolivia y Chile están en riesgo grave debido al avance de la extracción de litio y otros minerales demandados para la transición energética en los países del norte global. Desde la Alianza por los Humedales Andinos alertamos de esta amenaza para estos ecosistemas donde la vida abunda y que son clave para la subsistencia humana y de la diversidad biológica en general y la lucha contra la crisis climática.Este año, la Convención sobre los Humedales propone como tema para el Día Mundial de los Humedales: “Proteger los humedales para nuestro futuro común”. Este lema resalta la importancia de una acción colectiva para proteger a estos ecosistemas, de los cuales depende el futuro de la humanidad.Según datos de Naciones Unidas, aunque sólo cubren un 6% de la superficie terrestre, los humedales son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Y, en el mundo, más de 1.000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) viven en zonas rurales y urbanas que dependen de estos ecosistemas como medio de subsistencia. Sin embargo, con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años (desde 1970), los humedales son el ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.En América Latina, los humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— albergan especies únicas de flora y fauna, especialmente adaptadas a condiciones climáticas extremas, así como microorganismos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Su alta capacidad para purificar y almacenar agua garantiza el abastecimiento del recurso para comunidades y especies, generando además condiciones de adaptación a la crisis climática.Sin embargo, debido a la presencia en estos humedales de grandes cantidades de litio —los tres países concentran más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral— existe una gran presión sobre ellos: actores empresariales y estatales han desarrollado una creciente y masiva industria minera para cubrir la demanda de litio del norte global, orientada a la fabricación de vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de fuentes renovables, entre otros fines.De su lado, los gobiernos nacionales y provinciales ven en la industria la oportunidad de atraer inversiones y fortalecer sus economías, para lo cual flexibilizan o implementan de forma deficiente la normativa que exige un análisis adecuado de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. Asimismo, no se realizan procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas que viven en los territorios. Tampoco se garantizan los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ni un entorno seguro para las personas defensoras del ambiente.Una de las principales afectaciones de este tipo de minería es al agua, elemento central de los humedales andinos. El litio se extrae del agua debajo de los salares, para lo cual se utiliza agua salada y dulce. Los humedales andinos están en zonas donde la supervivencia depende de la escasa agua que las caracteriza. El avance del extractivismo en la región del Gran AtacamaArgentinaSegún datos oficiales, en el país hay una cartera de más de 50 proyectos de litio en diferentes estados de avance ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy. Tres de ellos están en etapa de producción y exportación (un cuarto proyecto comenzó su producción en julio de 2024), cuatro en construcción y más de 40 con distinto grado de avance (prospección/exploración/factibilidad), mayoritariamente en fase de exploración avanzada. En Salta y Jujuy operan grandes empresas como Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, históricamente vinculadas a la industria del petróleo y gas, que ahora están ampliando su presencia en sectores de energías renovables, con un marcado interés en la extracción de litio.Sin embargo, a través de un amparo ambiental iniciado contra autoridades y gobierno de la provincia de Jujuy, se ha tomado conocimiento de que existen más de 40 proyectos mineros sólo en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una cuenca endorreica donde viven más de treinta comunidades originarias pertenecientes a los pueblos/naciones Kolla y Atacama. Al día de hoy, se desconoce su estado de avance y si existen otros proyectos debido a que el acceso a la información pública ambiental está restringido y no se provee de forma completa y oportuna, en incumplimiento de la normativa nacional y estándares internacionales. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, está el enclave de extracción de litio más antiguo del país. El salar ha sido explotado desde 1996 por la empresa Livent (ahora Arcadium Lithium), causando el desecamiento total e irreversible de la Vega del Río Trapiche. En marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en este salar hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativo. BoliviaEn el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, se han identificado recursos de 23 millones de toneladas de litio. Y hay otros 26 salares que, por normativa, están reservados para la explotación del mineral, en seis de ellos se realizan actividades de exploración. En Bolivia, el litio es de propiedad estatal. El país cuenta con una planta de explotación estatal que comenzó a operar el 2024 al 20% de su capacidad. En 2012 y 2018, se realizaron dos consultas públicas para las plantas estatales, pero estas excluyeron a comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas. Algunas comunidades han denunciado de manera informal una merma significativa de vertientes y pozos de agua. También se ha denunciado la degradación del Salar de Chalviri y la sobreexplotación de litio y boro en el Salar de Capina.Desde 2023, se han firmado convenios e iniciado actividades de exploración e instalación de campamentos con una empresa rusa y dos chinas. Estos convenios han resultado en dos contratos, firmados a finales del 2024 y pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, con la empresa rusa Uranium One Group para una planta en el Salar de Uyuni y con el consorcio chino CBC Hong Kong (empresas CATL-BRUMP-CMOC) para otras dos plantas en el mismo salar. También a finales del año pasado, se lanzó una segunda convocatoria internacional para la explotación de otros cuatro salares (Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana), la cual ha resultado en la firma de convenios con las empresas EAU Lithium Pty Ltd (Australia), Tecpetrol S.A. (Argentina) y Geolith Actaris (Francia). Estos convenios, contratos y procesos se han desarrollado sin procesos de consulta previos y con falta de transparencia. ChileLa cuenca del Salar de Atacama alberga más del 90% de las reservas de litio de Chile y fue una de las primeras en ser explotadas por la industria minera. Actualmente, en dicho salar, ubicado en la Región de Antofagasta, hay cuatro grandes operaciones mineras: la extracción de Litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de Albemaerle, bajo contratos con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que implica la extracción de más de  2.000 litros de agua por segundo; y la extracción en paralelo de cobre de parte de Minera Escondida y Minera Zaldívar, que extraen más de 1.400 litros de agua dulce por segundo, agravando la ya crítica crisis hídrica de la zona. La Comunidad Atacameña de Peine, quienes habitan en la cuenca del salar, ha impulsado acciones legales denunciando la sobreexplotación de sus acuíferos, mientras que, en Calama, los movimientos ciudadanos exigen una gobernanza del agua frente a la extracción descontrolada de las mineras. En 2015, un comité designado por el gobierno reconoció que la extracción de salmuera tiene efectos adversos en el ecosistema, pero en lugar de regular su uso, confirmó la política de larga data del gobierno, que consiste en regular la producción de litio.En Chile, el gobierno tiene derechos exclusivos de propiedad sobre el litio en virtud del Decreto Ley 2886 (1979). Esto significa que las instituciones estatales, particularmente CORFO, establecen las condiciones bajo las cuales las empresas privadas operan en los salares. En 1979, siguiendo las directrices de Estados Unidos, el gobierno chileno —la dictadura de Augusto Pinochet— declaró al litio como “mineral estratégico” y tomó medidas para salvaguardar las reservas de largo plazo, limitando la producción mediante cuotas acreditadas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Estrategia Nacional del Litio, lanzada en 2023, busca expandir la explotación estatal, incluyendo nuevos proyectos en los salares de Maricunga y Pedernales. Chile concentra el 36% de la producción global de litio y, con al menos 31 nuevos proyectos de hidrógeno verde en carpeta, la presión sobre los recursos hídricos aumentará exponencialmente. Se sabe que, desde 2013, en la propiedad de SQM, 32,4% de los algarrobos (Prosopis chilenis) se han secado por falta de agua. El algarrobo es un árbol nativo, resistente a la sequía y con raíces muy profundas que le permiten sobrevivir en ese ambiente.  Contactos de prensa Víctor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina, [email protected], +54 1159518538Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina), [email protected], +54 93834771717Juan Donoso, Formando Rutas (Chile), [email protected], +4915780743628 

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Salar de Uyuni, Bolivia
Derechos Humanos, Minería, Participación Ciudadana

Regulaciones y estrategias de la Unión Europea ponen en riesgo la transición energética justa en Latinoamérica

Reducir la producción y el consumo de minerales, y profundizar en su política de circularidad podría permitir a la UE abordar las crisis sociales y ambientales de forma equitativa, sin exacerbar las desigualdades ni comprometer el bienestar humano en las zonas del sur global donde se extraen.  Bruselas, Bélgica. Tras la Semana de las Materias Primas en UE, que se celebró del 9 al 13 de diciembre en Bruselas, organizaciones de la sociedad civil de América Latina alertan de que las regulaciones de la Unión Europea no respetan derechos de las comunidades afectadas o en riesgo de ser impactadas por proyectos de extracción de minerales utilizados para la transición energética y otras industrias, profundizando las desigualdades en el sur global.Mientras el debate en torno a la futura dinámica de las materias primas en Europa –bajo el lema “La Unión Europea es negocio. La Unión Europea es una potencia”– pretendía fomentar las oportunidades de inversión entre la industria de la UE y los países del sur global, el evento ha ignorado las realidades de los territorios en los que se extraen estos minerales. La participación efectiva de la sociedad civil de América Latina ha sido prácticamente inexistente, y se han excluido las voces de las comunidades locales afectadas o en riesgo de serlo por los proyectos de “minerales críticos” promovidos en el evento.“Las actuales políticas de materias primas y de comercio de la UE contradicen la pretensión y la retórica de Europa de defender los derechos humanos y las normas ambientales más estrictas y de apoyar a los países ricos en minerales en la creación de valor agregado y en su propia transición energética”, sostuvo Teresa Hoffmann, experta en políticas de materias primas de la UE e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “En lugar de avanzar rápidamente en la aplicación de los derechos humanos y las normas ambientales, se corre el peligro incluso de desregular las leyes existentes en nombre de la ‘competitividad a través de la simplificación’”. Paradigma de competitividadLa agenda del evento mostró el paradigma que impulsa la Comisión Europea en el marco de la competitividad frente a otros países como China y Estados Unidos, que también buscan controlar el mercado de las llamadas “tecnologías limpias” y de otras industrias como la militar y aeroespacial. Este enfoque se sustenta en el Informe Draghi que destaca la importancia de reforzar la posición de Europa en el mercado global.Esta narrativa enmarca la competitividad desde una perspectiva de crecimiento perpetuo, ignorando elementos claves como la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la necesidad de adoptar medidas genuinas para que la UE adopte medidas para reducir su demanda de minerales y su consumo de energía.“El nuevo paradigma de competitividad no toma en cuenta las limitaciones del planeta, ni las crisis climáticas, de biodiversidad y del agua, arriesgando perpetuar y profundizar las  relaciones de asimetría y desigualdad que existen entre países del sur y el norte global y promoviendo políticas que impiden una transición energética global justa”, señaló Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y del área de Política Ambiental de FARN. Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMR)Bajo esta lógica, la Comisión discutió esta semana sobre la implementación de la Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Regulation, CRMR) vía los ‘proyectos estratégicos’ y ‘asociaciones estratégicas’ en y con países del sur global.Es crítico que a pesar de que la regulación será ampliamente implementada en Latinoamérica donde gran parte de estos minerales se encuentran en ecosistemas estratégicos para la vida y territorios indígenas, esta no incluya mecanismos sólidos de debida diligencia de derechos humanos y  ambientales adecuadas al contexto sociocultural de esta región.  Por el contrario, la regulación  permite que las empresas europeas se autorregulen en el cumplimiento de estándares de derechos humanos y ambientales mediante esquemas que no dan cuenta de la complejidad de los impactos agregados y sinérgicos de las actividades extractivas que se expanden a gran velocidad debido a la demanda europea y global.“Desde Europa se busca asegurar el acceso a minerales y energía por medio de la modernización de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión y la propia CRMR. Desde esta nueva ley, se promueven mecanismos privados de participación multiactor y estándares mineros en materia ambiental o de transparencia que no pueden ser entendidos como sustituto de los procedimientos  y regulaciones contempladas en las leyes de países. Actualmente, son utilizados por las mismas empresas y estados que en conjunto niegan sistemáticamente el derecho a la consulta libre, previa e informada de pueblos muchas veces afectados simultáneamente por megaproyectos mineros y energéticos”, indicó Ramón Balcázar, investigador y director ejecutivo de Fundación Tantí.  Realidades territoriales fuera de la agenda de la UEEn América Latina existe evidencia suficiente de que la extracción a gran escala de minerales se traduce en degradación y conflictividad socioambiental, trayendo consigo graves riesgos para las comunidades locales y los defensores del ambiente.En el Salar de Atacama, en Chile, y el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, la extracción de litio ha generado conflictos medioambientales, debilitado el tejido social, profundizado la violencia estatal y afectado significativamente a estos sensibles ecosistemas.A pesar de lo anterior, representantes gubernamentales de varias provincias argentinas que participaron en el evento no se refirieron a la falta de licencia social y la grave conflictividad socioambiental a la que se enfrentan. Por el contrario, subrayaron las oportunidades de inversión en esas provincias ricas en minerales, promoviendo reformas que generan un grave retroceso en los derechos humanos y ambientales como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Así fue denunciado por la organización Argentina FARN en reciente comunicación.“La Unión Europea cuenta con regulaciones cuyos procesos de implementación no están respetando los derechos de acceso y el derecho internacional ambiental”, señaló Yeny Rodríguez, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esto es sumamente preocupante, pues sabemos, que hay 49 proyectos estratégicos para la extracción de minerales de transición que no están dentro de la UE (de 170 propuestas en total), pero no tenemos información sobre cuáles son. Es posible que estén en el sur global y, más preocupantemente, proyectados en tierras indígenas y ecosistemas estratégicos para el clima, que deberían ser reconocidos como No-Go Zones por la UE, es decir, espacios libres de minería”.Hacemos un llamado para que las UE adopte rápidamente soluciones efectivas de reducción de la producción y el consumo de minerales en la UE, y profundice su política de circularidad, a fin de que aborde las crisis sociales y ecológicas intergeneracionalmente de forma justa, sin generar nuevas desigualdades o comprometer el bienestar humano de América Latina, tal y como fue solicitado recientemente por la misma Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Contactos de prensaAnna Miller (EE. UU.), AIDA, [email protected], +17166029553Belén Felix (Argentina), FARN, [email protected], +5491134214728Felipe Fontecilla (Chile), Fundación Tantí, [email protected], +56954460903 

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Audiencia ante la CIDH "Impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética"
Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones y comunidades piden intervención de la CIDH ante impactos a los derechos humanos de la minería para la transición energética

El viernes 15 de noviembre, representantes de organizaciones nacionales y regionales de América Latina, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, participaron de la audiencia pública regional ante Comisionados/as y el Relator de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre las violaciones a derechos humanos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a:Crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos.Abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.Respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos; e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales.Fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades. Solicitaron además que la CIDH elabore un informe en la que se examinen las medidas que deben adoptarse por parte de los Estados de la región para garantizar que la promoción de los minerales para la transición no promueva la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las comunidades que habitan zonas altamente vulnerables a los impactos de las actividades mineras.En la audiencia se evidenciaron —con base en casos concretos— las graves problemáticas de derechos humanos asociadas a la minería de litio, cadmio, cobre, cobalto y otros minerales utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables.Al inicio, Felipe Pino, coordinador de proyectos en ONG FIMA, Chile, enfatizó que a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa, lo cual debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas del planeta. "Las comunidades más afectadas por la crisis climática, hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región", señaló.Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El gran interés alrededor de estos minerales se refleja también en la enorme disputa geopolítica para lograr su control. Países de Norteamérica, Europa y Asia dictaron sus regulaciones para aprovechar estos minerales, y asegurar su suministro. Organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial, o el G20, desarrollaron sus políticas para asegurar financiamiento con ciertas salvaguardas en su aprovechamiento”.También, Marchegiani mencionó que esta problemática ha adquirido tal relevancia que el propio Secretario General de las Naciones Unidas estableció una serie de principios rectores destinados a garantizar la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición energética global. El primero de estos principios subraya la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de las cadenas de valor de los minerales. El segundo destaca la necesidad de abordar la transición de manera integral, teniendo en cuenta la protección del planeta, la biodiversidad y el medio ambiente."Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones, hasta se podría llegar a cuadriplicar su demanda global para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad del crecimiento de esta demanda para las próximas dos décadas. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee el 40% de la producción mundial de cobre y el 35% del litio", agregó Marchegiani.Para explicar el vínculo entre la extracción de litio y las vulneraciones a derechos humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señaló: "El litio se extrae del agua salada debajo de los salares, para ese propósito se deben sacar decenas de millones de m3 de agua salada y dulce. Los salares en el denominado triángulo del litio se encuentran en zonas desérticas en las que la vida es posible solo gracias a aguas subterráneas fósiles".Verónica Gostissa, abogada y activista en la Asamblea PUCARÁ de Catamarca, Argentina, expresó: "Desde 1997, las empresas trasnacionales extraen litio del Salar del Hombre Muerto, un sensible humedal de altura. Debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada, las empresas -con el aval del Estado-, ya han generado un daño ambiental irreversible: secaron la vega del Río Trapiche -es decir, más de 5 km de río- ha muerto".Por su parte, Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile, afirmó: "Se intenta asegurar la producción a 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como los salares, sin haberse llevado adelante procesos de consulta con comunidades indígenas, sin transparencia adecuada, sin considerar a quienes habitamos en el salar, eligiendo arbitrariamente que salares proteger, sin entender que existe una interconexión de agua".Verónica Chávez, integrante de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos, una de las más de 38 comunidades originarias que vivimos en la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy de Argentina, sostuvo: "Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral".Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia, indicó que hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. "Hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal… La actividad minera es ajena a los sistemas de conocimiento y al ordenamiento dado por la ley de origen a la gran mayoría de pueblos indígenas amazónicos", enfatizó.Finalmente, Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que los testimonios evidencian al menos tres elementos transversales: afectaciones al derecho al agua, vulneraciones al derecho a un ambiente sano e impactos agravados a pueblos indígenas y comunidades locales. "La región ha experimentado décadas de impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles. Es indispensable que las nuevas formas de producción de energía superen este legado de abusos", afirmó.La audiencia fue solicitada en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107  

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Fauna en el Desierto de Atacama, Chile.
Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

COP16: Los países deben respetar los conocimientos indígenas y locales para conservar la biodiversidad

En la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, los países también deben avanzar en garantizar la participación de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones en materia de diversidad biológica. El modelo de transición energética del norte global implica impactos irreversibles para los humedales andinos y las comunidades que los habitan, cuyos territorios se traslapan con reservas de litio y otros minerales de transición.   Con miras a la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica —que tendrá lugar del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali, Colombia—, la Alianza por los Humedales Andinos hace un llamado a que los países miembros cumplan con el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Hacerlo implica honrar las obligaciones adquiridas con la firma del tratado.  Asimismo, los países firmantes del convenio deben avanzar, mediante la presentación de planes de acción concretos a nivel nacional, en garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones en materia de biodiversidad, una de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal adoptado en 2022. Uno de los objetivos de la COP16 es revisar el cumplimiento de estas metas, orientadas a detener y revertir la pérdida de diversidad biológica para 2030. Según el informe Planeta Vivo, América Latina es la región que registra la mayor pérdida de biodiversidad, ya que las poblaciones de todas las especies presentan un declive promedio del 94% y del 83% en el caso de aquellas que están en agua dulce. Desde la Alianza alertamos de los impactos irreversibles que el modelo de transición energética promovido desde el norte global implica para los humedales andinos, donde se encuentran algunos de los minerales de transición más buscados, como el litio y el cobre. Estos ecosistemas albergan más que eso: son hogar de una biodiversidad enorme y única, así como de comunidades locales que dependen de ellos y que por miles de años los han protegido y preservado, manteniendo el balance ecológico.   Citas de miembros de la Alianza por los Humedales Andinos Laura Castillo, Coordinadora del Programa Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina: "Para abordar la crisis de biodiversidad resulta crucial trascender el actual paradigma de producción y consumo, que promueve un uso excesivo de bienes ambientales y exacerba la crisis ecológica. Para ello, es imprescindible promover la reducción de los elevados niveles de consumo de bienes naturales, especialmente del norte global. Las soluciones a las crisis climáticas y de biodiversidad —que están íntimamente relacionadas— requerirán indefectiblemente que los países definan sus propias transiciones socioecológicas hacia modelos de vida respetuosos de los derechos humanos y los límites planetarios".   Vivian Lagrava Flores, Coordinadora de Empodérate y del proyecto Protección de Humedales, Biodiversidad y Agua, Bolivia: "La biodiversidad y el agua no deben asumirse como un ‘recurso explotable’ por los Estados. En tanto,persista esa mirada mercantilista, tendremos más pueblos afectados por la minería y en sacrificio y, por ende, más biodiversidad expuesta y en riesgo de extinción".   Verónica Gostissa, abogada y coordinadora del proyecto Alianza por los Humedales Andinos en la Asamblea Pucará, Catamarca, Argentina: "Es urgente abordar la problemática de la explotación de litio en la Puna. Se la anuncia como ‘energía limpia’, pero es devastadora de nuestros ecosistemas. En Argentina, pretenden convertir al Salar del Hombre Muerto en un parque industrial, instalando más de ocho proyectos en un mismo territorio. En esta COP, es crucial que se reconozca el impacto irreversible que genera el extractivismo y, desde ahí, desplegar vínculos ecosistémicos que tengan como base el cuidado de todo aquello que es vital".   Cynthia Escares, bióloga y directora de la ONG Defensa Ambiental, Chile: "La crisis climática es una realidad innegable. Sin embargo, en su nombre se están impulsando formas de extractivismo disfrazadas de energías limpias y equidad, sin reconocer las profundas implicancias de estos procesos. Proyectos como la minería de litio y tierras raras, esenciales para baterías y tecnologías verdes, se presentan como soluciones al cambio climático, pero replican las mismas lógicas de explotación que históricamente han devastado territorios y comunidades. Esta vez, no solo perderemos los habitantes de esas regiones vulnerables, sino que estamos llevando al planeta y a toda su biodiversidad hacia un colapso irreversible".    Yeny Rodríguez, abogada sénior del Programa de Ecosistemas en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): "La diversidad biológica y cultural de nuestra región está en riesgo. Después de la COP16, se debería entender que no podemos seguir hablando de desfosilización como la panacea que nos salvará de la crisis climática. La transición energética hacia ‘energías limpias’ también requiere de la extracción de minerales como el litio, industria que en América Latina ya está provocando la destrucción de humedales andinos y la desaparición de ríos. Estamos ante una oportunidad para avanzar hacia la protección de la biodiversidad y de los derechos humanos de las comunidades originarias que han cuidado los territorios desde antes de la existencia de nuestros Estados".   Ramón Balcázar Morales, director ejecutivo e investigador de Fundación Tantí, Chile: "Los salares desde donde se obtiene el litio sudamericano son humedales, territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades cuyos modos de vida son clave para la conservación de los ecosistemas que sostienen una biodiversidad amenazada. Frente a la profundización de la policrisis, debemos propiciar procesos democráticos que nos permitan, como sociedad, superar la profunda contradicción existente entre la agenda climática basada en el crecimiento verde y la agenda de conservación de la biodiversidad. Esto requiere de esfuerzos y voluntades gubernamentales e institucionales para fortalecer y dialogar con comunidades y actores sociales de los propios territorios afectados por megaproyectos mineros y energéticos asociados a la transición energética".  

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Textiles tradicionales en un mercado de Chichicastenango, Guatemala.
Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones exigen justicia ante criminalización de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral y defensor del ambiente y los DD. HH. en Guatemala

Organizaciones dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas manifestamos nuestra preocupación por el proceso de criminalización en contra de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, defensor de los derechos humanos y del ambiente y coordinador general del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Mayas Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’.  El proceso judicial contra Rigoberto se originó en 2015 como consecuencia de su ejercicio de mediación como autoridad ancestral en el marco de un conflicto territorial generado en territorio Q'anjob'al, específicamente en la microrregión de Ixquisis, a raíz de actos de resistencia de la comunidad indígena maya local frente a la implementación inconsulta y deficiente de dos proyectos hidroeléctricos de la empresa Energía y Renovación S.A., financiados por el BID Invest.  El proceso judicial ha carecido de una perspectiva intercultural y diferencial; además, las decisiones adoptadas en segunda instancia y en sede de casación han obviado los argumentos de hecho y de derecho presentados por la defensa en torno al papel de Rigoberto Juárez como autoridad ancestral en el marco de los hechos del caso, que le implicaron, a solicitud de la comunidad, asumir un rol de mediador de la situación de alta conflictividad.  Desde la perspectiva de las organizaciones firmantes, este proceso ha sido utilizado como un mecanismo de represalia en contra de la legítima labor de defensa de derechos humanos de Rigoberto, dado su importante rol en la visibilización y denuncia del caso de Ixquisis en una queja presentada ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Indicios de esto se encuentran en los cruces temporales de este proceso con momentos cruciales de la queja presentada ante el MICI.  Ante esta preocupante situación, solicitamos a las autoridades judiciales valorar los argumentos presentados por la defensa de Rigoberto en la acción de amparo presentada el 22 de agosto y proceder a fallar en derecho, teniendo en cuenta las garantías particulares de Rigoberto al ser autoridad ancestral y defensor de los derechos humanos y del ambiente. De igual forma, solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, exhortar al Estado guatemalteco a resolver el caso de Rigoberto acorde a sus obligaciones internacionales, así como a prevenir y atender este grave fenómeno de criminalización en contra de autoridades indígenas en ejercicio de sus derechos y competencias.    Firman: Plataforma Internacional contra la Impunidad  Protection International Mesoamérica  Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Franciscans International  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG)  Bank Information Center  International Service for Human Rights  Front Line Defenders  NISGUA (Network in Solidarity with the People of Guatemala)  ASERJUS  P. Marco Tulio Recinos Torres. CPPS.  Center for International Environmental Law (CIEL)  María Eugenia Solís García  Alba Cecilia del Rosario Mérida Piedrasanta  Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Audiência Pública da Corte Interamericana em Manaus, Brasil
Cambio Climático, Derechos Humanos

Comunidades e sociedade civil entregam à Corte Interamericana a “Declaração de Manaus” pedindo esclarecer as obrigações dos Estados na emergência climática

São José, Costa Rica. Esta semana, mais de 400 comunidades, povos e representantes da sociedade civil entregaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a "Declaração de Manaus sobre Direitos Humanos na Emergência Climática".Baseada nas apresentações dos mais de 150 participantes que contribuíram durante as audiências públicas no processo de Parecer Consultivo, o documento insta o Tribunal a articular os padrões mínimos para respeitar e proteger os direitos humanos no contexto da crise climática.As audiências, em Barbados (22 a 25 de abril) e no Brasil (24 a 29 de maio), ofereceram um espaço para ouvir testemunhos impressionantes de pessoas e comunidades afetadas pela emergência climática. Em Manaus, no coração da Amazônia, foi destacada a esperança de que o Tribunal adote um parecer consultivo robusto para proteger as pessoas e o planeta.A declaração pede ao Tribunal detalhar as obrigações dos Estados em questões de direitos humanos e a reforçar a responsabilidade das empresas e atores financeiros no contexto da crise climática."O papel desempenhado pelo Parecer Consultivo da Corte Interamericana é estratégico, num momento histórico para a justiça climática em todo o mundo. A decisão do Tribunal poderá reforçar e ampliar o que já foi estabelecido pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar sobre as obrigações de proteger os oceanos das alterações climáticas, e influenciará, sem dúvida, a interpretação posterior que o Tribunal Internacional de Justiça fará dos deveres dos Estados de proteger as comunidades e o planeta face à crise climática”, afirma Marcella Ribeiro, advogada sênior do Programa de Direitos Humanos da Associação Interamericana de Defesa do Ambiente (AIDA).Entre os pedidos, os mais de 400 signatários da Declaração solicitam ao Tribunal:  Reconhecer que, no contexto da emergência climática, a proteção de todos os direitos humanos, incluindo o direito a um ambiente saudável, é uma exigência a todos os Estados e é uma obrigação que deve ser interpretada sob o princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas e em consonância com o limite de temperatura média global estabelecido pelo Acordo de Paris e informado pela melhor ciência disponível.Especificar que os Estados devem avançar para economias livres de combustíveis fósseis sem sacrifícios das comunidades locais e evitando impactos ambientais incompatíveis com os limites planetários.Garantir a informação e a participação do público, bem como o direito à justiça climática, que inclui condições legais e institucionais para que as populações impactadas pela crise possam ir a tribunal, bem como sensibilizar e formar o poder judicial sobre questões climáticas.Proteger e facilitar o trabalho dos defensores ambientais no contexto da emergência climática e da transição energética.Garantir medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas que garantam o gozo de todos os direitos humanos, especialmente para grupos vulneráveis ​​ou historicamente discriminados.Garantir o direito à autodeterminação dos Povos e Comunidades Indígenas através da obtenção do seu consentimento contra medidas que os afetam diretamente, no contexto da crise climática e da transição energética.Garantir que as vítimas dos danos climáticos tenham uma reparação abrangente e justa e que as decisões sobre questões climáticas tenham recursos financeiros para a sua implementação. "A Declaração aborda a responsabilidade das empresas na crise e pedimos ao Tribunal reforçar a obrigação dos Estados para regulamentar os intervenientes corporativos e garantir que os responsáveis ​​pelas violações dos direitos humanos relacionadas com a crise climática enfrentem as consequências", aponta Luisa Gómez Betancur, Advogada Sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL).Os signatários da declaração também requerem a Corte  adotar uma abordagem progressista e robusta que responsabilize aqueles que mais contribuíram para a crise, oriente as políticas interamericanas em direção a economias ambientalmente sustentáveis ​​e forneça um quadro para a justiça climática, ambiental e social no mundo, começando pela América Latina."Esperamos que a Corte Interamericana atenda ao nosso apelo e ordene aos Estados que respeitem o nosso direito à autodeterminação e a forma como relacionar-se com nossos territórios, priorizando seu cuidado e conservação", destaca Everildys Córdoba Borja, Representante Legal do Conselho Comunitário das Comunidades Negras da Bacia do Rio Tolo e Litoral Sul (COCOMASUR), Colômbia. "Por essa razão, unimos as nossas vozes na Declaração de Manaus para lembrar ao Tribunal a oportunidade única que tem de marcar um antes e um depois na luta pela justiça climática e pela proteção dos nossos direitos", finaliza.Leia e baixe a declaração Contato com a mídiaFrancisco Pinilla, AIDA, [email protected], +55 61 984015965 

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Audiencia pública de la Corte IDH en Manaos, Brasil.
Cambio Climático, Derechos Humanos

Pueblos y sociedad civil entregan a la Corte IDH la “Declaración de Manaos” urgiendo aclarar obligaciones de los Estados ante la emergencia climática

San José, Costa Rica. Hoy, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la “Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática”. El documento, que recibió un amplio respaldo, insta a la Corte a que articule, en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Esta declaración se basa en las exposiciones de más de 150 participantes que contribuyeron durante las audiencias públicas del proceso de la opinión consultiva.Las audiencias, realizadas en Bridgetown, Barbados (22 al 25 de abril), Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25 al 29 de mayo), en Brasil, ofrecieron un espacio para escuchar impresionantes testimonios de personas y comunidades enteras impactadas por la emergencia climática. En Manaos, en el corazón de la Amazonia, se destacó la esperanza de que la Corte adopte una opinión consultiva robusta para proteger a las personas y al planeta.La Declaración exhorta a que la Corte aclare las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y refuerce la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la crisis climática."En un momento histórico para la justicia climática a nivel mundial, el rol que juega la opinión consultiva de la Corte IDH es estratégico. La decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, y sin duda influirá en la posterior interpretación que haga la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados de proteger a las comunidades y al planeta ante la crisis climática", señala Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los estándares que fije la Corte IDH sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente. Finalmente, y no menos importante, esta decisión tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima".Entre otras peticiones, las y los más de 400 firmantes de la Declaración solicitan a la Corte: Reconocer que en el contexto de la emergencia climática la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados, y es una obligación que debe ser interpretada bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en línea con el límite de temperatura global promedio establecido por el Acuerdo de París y sustentado en la mejor ciencia disponible.Precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios.Garantizar la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que incluye condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos.Proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente en el contexto de la emergencia climática y la transición energética.Garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados.Asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética.Garantizar que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación. "La Declaración de Manaos también aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis. Urgimos a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias", añade Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). "El que ‘contamina debe pagar’, dice el principio de derecho internacional, por lo que las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, que son los principales causantes e impulsores del cambio climático, deben pagar los costos de la mitigación y adaptación, así como reparar integralmente a las víctimas por los daños climáticos".Las y los firmantes de la declaración instan a la Corte IDH a que, en su rol de guardiana de los derechos humanos, adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis, guíe las políticas interamericanas hacía economías ambientalmente sostenibles y proporcione un marco para la justicia climática, ambiental y social en el mundo, empezando por América Latina."Esperamos que, al escuchar los testimonios de quienes sufrimos las peores consecuencias de la emergencia climática, la Corte IDH atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación. Por ello, unimos nuestras voces en la declaración de Manaos para recordar a la Corte la oportunidad única que tiene de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática y la protección de nuestros derechos", destaca Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR), Colombia.Lee y descarga la declaración Contactos de prensaMaria Frausto, CIEL, [email protected] Arista, EarthRights International, [email protected], +51 941 242 447Karina Saravia, CANLA, [email protected], +505 84331292 

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