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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Correspondencia con el Banco Mundial respecto de Berta Cáceres y las Grandes Represas
El 11 de mayo, más de 300 organizaciones de todas partes del mundo enviaron una carta al Dr. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, en respuesta a sus declaraciones del pasado 6 de abril, en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York. Durante su presentación, y ante una pregunta sobre los impactos de las grandes represas evidenciados por el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el Dr. Kim, entre otras cosas, respondió: “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes". Las organizaciones firmantes de la carta consideran que las declaraciones del Presidente del Banco Mundial son inaceptables, por lo que le instan a disculparse públicamente y a realizar una rectificación inmediata. La intervención del Dr. Kim está disponible en el siguiente video (minuto 53 en adelante). CONSULTA la carta enviada al Presidente del Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS. El 11 de mayo, el Banco Mundial respondió a la carta de las organizaciones con una Hoja Informativa pública sobre Honduras y las poblaciones indígenas, la cual está disponible en su sitio web. A su vez, el 13 de mayo, una comisión redactora de la coalición de organizaciones respondió al Banco Mundial tomando nota de la condena que hizo el Presidente del Banco Mundial del asesinato de Berta Cáceres. Puntualizaron además que la referencia del Presidente a graves violaciones de derechos humanos causadas por represas, como el desplazamiento involuntario, es preocupante y que el tema debe ser atendido. Reiteraron la existencia de alternativas a las grandes hidroeléctricas y la necesidad de implementarlas. Las organizaciones concluyeron que: "En honor a su compromiso de 'escuchar las voces de las Berta Cáceres del mundo', quedamos atentos a los avances del Grupo del Banco Mundial para impulsar alternativas que efectivamente respeten los derechos humanos de personas y comunidades; y que sean más eficientes, menos costosas y que protejan el planeta y a las comunidades que dependen de éste. Es la única forma de lograr prosperidad común para todos y todas." LEE la respuesta de las organizaciones al Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS.
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La CIDH pide a Perú proteger a otras 14 personas afectadas por contaminación en La Oroya
Lo hizo al ampliar la medida cautelar otorgada originalmente en 2007. La decisión llegó después de seis años de ser solicitada y ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que su vida e integridad continúan en riesgo y que requieren atención adecuada e urgente por parte del Estado peruano. Washington D.C., Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya, las cuales se suman a las 65 personas incluidas en la medida cautelar que el organismo internacional otorgó en 2007. La decisión ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que continúan en riesgo y que requieren que el gobierno de su país les brinde atención adecuada y pronta. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice— representa ante la CIDH a las víctimas del caso y beneficiarias y beneficiarias de la medida cautelar. Expresamos nuestra satisfacción por la decisión adoptada por la Comisión, la cual llegó después de seis años de ser solicitada. La contaminación con metales pesados en La Oroya proviene de las operaciones de la fundidora de la empresa Doe Run Perú. La Comisión estableció que la falta de atención médica integral y especializada, así como el deterioro de su salud con el paso del tiempo, podrían afectar el derecho a la vida e integridad de las personas beneficiadas con la medida cautelar, las cuales ahora son 79 en total. “La ampliación de la medida cautelar reafirma de forma importante la situación grave y urgente de la vida e integridad de las personas de La Oroya. Esperamos que el Estado cumpla plenamente lo dispuesto en favor de todas y todos los beneficiarios, brindándoles atención médica adecuada y especializada”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La decisión de la Comisión dispone que el Estado peruano debe realizar las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre de las personas afectadas a fin de suministrarles una atención médica adecuada, acorde a estándares internacionales. Debe además informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de la medida cautelar y así evitar su repetición. Por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las personas afectadas, existe un caso en trámite ante la Comisión cuya decisión final está pendiente. AIDA y APRODEH esperan que la misma responsabilice al Estado peruano por dichas violaciones.
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Marcelina, la voz del río San Pedro Mezquital
A sus 57 años, Marcelina López tiene una vida sumamente activa. Confecciona su propia ropa, hace hermosa joyería, cría pollos, vende huevos, cocina, es partera y, entre muchas otras cosas, organiza a las mujeres de su comunidad. Conserva aún y sigue al pie de la letra sus tradiciones, las del pueblo indígena Wixárika. Pero quizás lo que más la distingue es su carácter y convicción, cualidades que ha plasmado en su apoyo a una gran causa: la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México. En AIDA nos conmueve profundamente la entrega de Marcelina y nos honra ser parte de la misma lucha. Al igual que ella, queremos que el río San Pedro, el único que aún fluye libre en la Sierra Madre Occidental mexicana, lo siga haciendo. Ha sido inspirador conocer más de esta mujer y de lo que hace. Hablando en nombre del San Pedro Marcelina vive en una casa de barro, construida en lo más alto de una loma, en una pequeña comunidad del estado de Nayarit. Para salir de ella, tiene que caminar hasta una hora y media. Realiza todas sus actividades a pie. Es sin duda una mujer especial. Todos en la región la conocen. Su aspecto es inconfundible. Tiene la mirada de la indígena sabia, su vestimenta colorida, al igual que los collares de chaquira que lleva a diario. Ella misma los elabora multicolor y son una muestra profunda de la importancia de su cultura. Usa siempre una especie de paño ceñido en la cabeza que le da una apariencia de seguridad y sabiduría ancestral. Puede parecer seria, pero Marcelina es en realidad muy amistosa y cariñosa. Marcelina no ha sido ajena a la violencia y al machismo en todas sus expresiones. Ha luchado por tener derecho a voz en las asambleas agrarias y ha sacado a sus hijos adelante como madre soltera en una época. Su pueblo, los Wixárikas o Wixáricas (se pronuncia “wirráricas”) —conocidos en español como Huicholes— son un grupo mayoritario en Nayarit. Habitan la zona oeste central del país, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Nayarit y Jalisco, y en parte de Durango y Zacatecas. En su lengua nativa, perteneciente a la familia de las lenguas uto-aztecas, wixárika quiere decir “la gente”). Los wixáricas no pasan desapercibidos por lo vistoso de su indumentaria. Para ellos, las ceremonias son fundamentales para la reproducción social del grupo. Son ceremonias en las que piden lluvias, agradecen su cosechas, bendicen su frutos y piden salud. Son, en suma, ceremonias en las que piden vida. Un caudal de vida en riesgo El río San Pedro Mezquital es para Marcelina y su gente el pilar de su vida social, espiritual y económica. En torno a sus aguas se realizan actividades de sustento como la agricultura y la pesca. A lo largo de ellas están al menos 14 sitios sagrados para los Wixárikas. Además, el río alimenta en su desembocadura a Marismas Nacionales, una de las zonas de manglar más importantes de México. Esa fuente de vida es hoy amenazada por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, propuesto por de la Comisión Federal de Electricidad. El mega proyecto estaría ubicado a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic y tendría una capacidad de 240 MW, divididos en tres unidades generadoras con capacidad de 80 MW. Estaría provisto de una cortina de concreto de 188 metros de altura, medida desde su base. Con su excelente español y un acento que tiene huellas claras de otras lenguas, Marcelina se ha puesto de pie en numerosas ocasiones frente a micrófonos y cámaras para defender al río San Pedro y quienes depende de él. “La construcción de esta presa tendrá un impacto demasiado fuerte en nuestra cultura y espiritualidad, puesto que en este río se encuentran algunos de los centros ceremoniales o lugares sagrados para nosotros”, dice Marcelina. “Ahí vamos a dejar nuestras ofrendas para agradecer o pedir no solo por nuestra comunidad, sino por el mundo entero”. Cuando se le pregunta por qué decidió ser parte y voz del movimiento en defensa del San Pedro, ella responde: “Como mujer indígena, me duele, me lastima que nos quieran quitar nuestro río. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos consultaron (sobre el proyecto) como pueblos indígenas? ¿Cuál es el respeto que nos tienen? ¿Por qué nos tratan así?”. Sus cuestionamientos aún no han encontrado respuesta. La construcción del proyecto hidroeléctrico tendría impactos negativos en el territorio, los recursos naturales y en la forma de vida de pueblos indígenas de la zona. Inundaría 4 mil 506 hectáreas. El poblado de San Blasito, algunas tierras comunales y al menos 14 lugares sagrados y un centro ceremonial, quedarían bajo el agua. En AIDA trabajamos para preservar las fuentes de agua dulce y sustento como el río San Pedro Mezquital. Nos motiva saber que hay —y siempre habrá— voces como la de Marcelina, que hablan en nombre de los ríos, que los escuchan y cuidan. Esas voces nos recuerdan que nunca debemos dejar de pelear para que los derechos humanos, las culturas ancestrales, la tierra, el agua, el aire y la vida silvestre sean honrados y respetados. “Nosotros somos las raíces de México", concluye Marcelina. "No es tan fácil que puedan cambiar los lugares sagrados, son como un árbol que se encuentra enraizado; por los ríos corre la sangre de los dioses”.
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