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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Organizaciones y comunidades solicitan acciones de la CIDH ante violaciones de derechos humanos por proyectos de combustibles fósiles
En una audiencia pública, evidenciaron los impactos y riesgos para comunidades de América Latina por décadas de extracción, comercialización y uso de carbón, petróleo y gas; así como por procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de la transición energética.Ciudad de Guatemala. Representantes de organizaciones y comunidades de América Latina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región.Lo hicieron en una audiencia pública en la que —a partir de casos emblemáticos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana— evidenciaron ante la Comisión las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales. También alertaron sobre vulneraciones que ya están ocurriendo en procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de políticas de transición energética.Los casos expuestos incluyeron el proyecto Carbones de Cerrejón en La Guajira, al norte de Colombia, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina; la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la región sur de República Dominicana y alimentada con carbón colombiano; el Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví, localizado en una bahía de Chile reconocida como zona de sacrificio ambiental y donde convergen 14 industrias contaminantes; la central termoeléctrica Norgener en Tocopilla, Chile, cuyo proceso de cierre incluyó la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón que estaban en acopio; y la explotación petrolera en la Amazonía, incluida la instalada en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.La audiencia —realizada durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH— fue otorgada a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Nacionalidad Waorani (Ecuador), la Plataforma La Guajira le Habla al País (Colombia) (1), comunidades de Tocopilla y la asociación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia (Chile), y al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (República Dominicana).En la sesión, las organizaciones y comunidades presentaron además información que demuestra que en América Latina no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre y salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. En ese contexto, y con base en los casos descritos y las tendencias identificadas, solicitaron a la Comisión que:Establezca lineamientos que orienten a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de los proyectos, asegurando la identificación temprana de impactos, la prevención de daños, la definición de responsabilidades y la reparación de afectaciones.Defina estándares y criterios que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos; incluyendo planes de cierre integrales, el desmantelamiento seguro de infraestructuras, la remediación ambiental y el monitoreo de riesgos para la salud y los ecosistemas.Promueva marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar el cierre de proyectos; lo que incluye establecer responsabilidades frente a pasivos ambientales y sociales, garantías financieras para el cierre y mecanismos que eviten el abandono de operaciones o la transferencia de activos sin cumplir las obligaciones de cierre.Incorpore enfoques diferenciados que atiendan las afectaciones desproporcionadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y otros grupos en situación de vulnerabilidad.Refuerce las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental en todo el ciclo de los proyectos; asegurando que las comunidades afectadas participen de manera informada en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición.Oriente a los Estados en la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre; delimitar responsabilidades empresariales y estatales; y evitar transferencias de activos u otras reconfiguraciones empresariales como forma de eludir responsabilidades.Inste a los Estados a prever y gestionar los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales de la sustitución progresiva de los fósiles; incluyendo medidas para abordar la dependencia económica de los territorios, proteger los medios de vida de las comunidades y evitar impactos de procesos de cierre abruptos o mal gestionados. Las organizaciones y comunidades argumentaron ante la CIDH un riesgo regional creciente de que los procesos de cierre y salida de los proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable. En varios casos, las empresas abandonan operaciones, ceden o transfieren activos, devuelven concesiones y cesan operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados por años. Estas prácticas pueden dejar afectaciones sin atender o reparar, además de responsabilidades difusas de actores públicos y privados, profundizando los riesgos para los derechos humanos y los territorios.Subrayaron que los Estados amazónicos deben adoptar acciones de cooperación regional y garantizar la protección integral de la Amazonía —uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su biodiversidad y su papel en la regulación climática— frente al cierre y salida de proyectos de extracción de hidrocarburos. (1) La plataforma está conformada por comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes de La Guajira, el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (Cinep/PPP), Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481
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Carbón, un combustible sucio y obsoleto
Históricamente, el carbón ha sido identificado como una importante fuente de energía no renovable. Fue el combustible que impulsó la Revolución Industrial, que transformó la forma de producción en el mundo, y por mucho tiempo fue el principal combustible para el transporte, la generación de electricidad y la calefacción.Pero es momento de dejar atrás esa etapa. Hoy sabemos que el carbón es el combustible fósil que genera mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero detrás del aumento de la temperatura global, con efectos como el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar.Además de argumentos climáticos y ambientales, existen razones económicas, políticas y de derechos humanos para terminar con la extracción y quema de este combustible.Para entender mejor por qué el carbón es tan contaminante y qué impactos genera en el ambiente y la salud, lo hemos diseccionado. Conociendo al carbónEl carbón mineral es una roca formada a partir de restos vegetales que quedaron inmersos en capas de sedimentos que no se descompusieron debido a la ausencia de oxígeno.Por procesos geológicos, durante millones de años, esa materia orgánica estuvo sometida a altas temperaturas y presiones. El resultado fue un material principalmente compuesto de carbono.La energía del carbón se libera durante su combustión. Al quemarse, el carbón genera calor. En las plantas termoeléctricas, ese calor se usa para transformar el agua en vapor y así producir electricidad. Cuando el carbón se quema para producir calor o electricidad, libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y, en menores cantidades, metano y óxido nitroso.Todos estos gases dañan el ambiente y la salud humana. ¿Por qué es tan contaminante?El carbón genera impactos desde su extracción, ya que la minería de carbón a cielo abierto implica excavar y remover grandes cantidades de tierra para llegar a las capas ricas en carbón. Eso significa destruir paisajes, arrasar la vegetación y a los animales e incluso provocar el desplazamiento forzado de poblaciones.La minería de carbón también contamina el agua y los suelos en los sitios de extracción, tanto por el minado del mineral como por los residuos que genera.Pero la cadena de impactos no termina ahí. Durante la combustión del carbón se generan grandes cantidades de CO2, el principal gas responsable del calentamiento del planeta. A la par, durante su extracción, manejo y combustión se liberan otros gases:Metano, que tiene un potencial de calentamiento global hasta 30 veces mayor que el CO2 en un horizonte de 100 años.Óxido nitroso, cuyo potencial de calentamiento global en un periodo de 100 años es de hasta 273 y su periodo de vida en la atmósfera se extiende hasta 109 años. Además de gases de efecto invernadero, la combustión de carbón también libera otros contaminantes, como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y carbono negro (hollín), que afectan la calidad del aire y tienen efectos indirectos en el clima, como la alteración de patrones de precipitación, como puede ser la lluvia ácida. ¿Qué daños provoca en la salud? La ceniza que proviene de las centrales termoeléctricas a carbón, y que no es adecuadamente manejada, es un motivo de preocupación por sus impactos a la salud humana, de acuerdo con el informe Atlas del carbón, publicado por la Fundación Heinrich Böll.Al inhalar partículas finas de la ceniza, estas ingresan a las vías respiratorias y penetran en los pulmones y el flujo sanguíneo. Esto puede generar diversos problemas, como inflamación crónica de los pulmones, o enfermedades como asma, bronquitis crónica y cáncer pulmonar.Otro efecto es la reducción del flujo sanguíneo que llega al cerebro, ya que la sangre se coagula más rápido y puede transportar menos oxígeno, lo que genera una presión sanguínea alta, arritmias cardiacas e infartos.Las infancias son especialmente susceptibles a los efectos de los metales pesados que emiten las centrales termoeléctricas a carbón (plomo, mercurio, cadmio y arsénico). Si sus pulmones son dañados en etapas tempranas del desarrollo, pueden afectarse de manera permanente. ¿Por qué se sigue usando a pesar de los daños que causa?A pesar de los impactos conocidos del carbón en el ambiente y la salud, para muchas economías sigue siendo una opción confiable y barata para producir energía.Tras la caída en el consumo de carbón durante la pandemia de COVID-19, en los años recientes la demanda mundial de carbón creció más de 1 200 millones de toneladas desde el año 2020, de acuerdo con el análisis Coal 2024 de la Agencia Internacional de Energía.A pesar del aumento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, los principales consumidores, como China o India, siguen apostando por el carbón en el sector energético.En el caso de América Latina, el futuro del carbón es incierto. Por un lado, la región sigue participando en la extracción de carbón para su exportación o para su quema para generar energía. El caso más emblemático es Colombia, el quinto mayor exportador de carbón del mundo.Por otro lado, hay esfuerzos hacia la descarbonización, como en Chile, donde la generación eléctrica a partir del carbón ha generado graves afectaciones a la salud y al ambiente en las llamadas "zonas de sacrificio".El gobierno propuso un plan para que al año 2050 todo el Sistema Eléctrico Nacional genere energía 100% limpia. Sin embargo, una reciente quema acelerada de carbón sobrante en una termoeléctrica, como parte de su proceso de cierre de operaciones, ha puesto el foco en cómo se está llevando a cabo esa descarbonización.Como región productora y consumidora de carbón, América Latina tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón y, en su lugar, favorecer sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas.Terminar la era del carbón es posible. Es momento de hacerlo.
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La importancia del “cómo” en la transición energética
De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable. Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables. Cuando descarbonizar contamina másA principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado. Un mal precedente para Chile y para el continenteAl autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener: quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa. Lo que la transición energética necesitaEn 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano.
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