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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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COP31: La urgencia de debates clave y condiciones para acelerar la transformación global
Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* En un escenario internacional de creciente fragmentación política, conflictos geopolíticos y debilitamiento de la cooperación internacional, la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) —a celebrarse del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía— representa una oportunidad para fortalecer el multilateralismo y avanzar colectivamente hacia transformaciones estructurales basadas en la justicia, los derechos humanos y la protección de los ecosistemas.En América Latina y el Caribe, el contexto que rodea a la COP31 se expresa en la expansión del extractivismo, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y riesgos crecientes en torno al control de los recursos naturales. A ello se suman conflictos socioambientales y amenazas a personas defensoras del ambiente. Al mismo tiempo, la dependencia de los combustibles fósiles continúa exponiendo a los países a tensiones geopolíticas, volatilidad de los mercados energéticos y riesgos para sus economías y la seguridad de sus poblaciones.Frente a este panorama, la COP31 debe contribuir a reconstruir la confianza en el multilateralismo mediante decisiones capaces de acelerar la acción climática, superar las barreras para su implementación y responder a las necesidades de los países del sur global.Desde AIDA identificamos cuatro procesos fundamentales para avanzar en esta dirección. Consulta Nuestras Propuestas. 1. Hacer realidad un mecanismo de transición justaUno de los principales desafíos de la COP3 será definir cómo poner en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa (BAM, por sus siglas en inglés), acordado en la COP30. Su potencial transformador dependerá de que trascienda los espacios de diálogo y, por tanto, establezca una gobernanza multiactor inclusiva enfocada en superar las desigualdades estructurales que condicionan la transición, especialmente en los países del sur global.AIDA propone:Gobernanza: Garantizar la representación efectiva de los titulares de derechos en los órganos de gobernanza y en las instancias técnicas del mecanismo. Esto mediante un sistema inspirado en la representación del público del Acuerdo de Escazú, que asegure la participación formal y permanente de representantes de cada uno de los grupos de interés reconocidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC).Modalidades de trabajo: Establecer un proceso permanente de recopilación, sistematización y análisis de información que permita incorporar la mejor evidencia científica disponible y los resultados de otros procesos internacionales para orientar las prioridades y acciones del mecanismo. Asimismo, proponemos una articulación con el Comité Permanente de Finanzas para incluir un análisis específico de los recursos destinados a la transición justa en el primer informe bienal de seguimiento del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático, previsto para 2028.Funciones: Impulsar una transición energética justa que acelere el abandono de los combustibles fósiles mediante zonas libres de explotación, concebidas como territorios de vida, y el fortalecimiento de alternativas energéticas renovables y comunitarias. También proponemos establecer salvaguardas socioambientales para la extracción de minerales “críticos”, basadas en los derechos humanos, la integridad de los ecosistemas y criterios estrictos de necesidad, trazabilidad y uso responsable, evitando que la transición energética reproduzca nuevas formas de extractivismo. 2. Pasar de las promesas de financiamiento a medidas concretasEl financiamiento climático continúa siendo uno de los principales puntos de tensión de las negociaciones internacionales. La COP31 deberá avanzar en la puesta en marcha del Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático, situando en el centro las obligaciones de los países desarrollados de proveer recursos a los países en desarrollo, conforme al artículo 9.1 del Acuerdo de París.AIDA propone:Alcance: Asegurar que el programa contribuya a la implementación del NCQG, particularmente de la meta de al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035, mediante una hoja de ruta que fortalezca la provisión de financiamiento público por parte de los países desarrollados. Asimismo, consideramos fundamental establecer un mandato específico para evaluar el financiamiento público proyectado para el cumplimiento de esta meta, aprovechando las comunicaciones y los procesos establecidos en virtud del artículo 9.5 del Acuerdo de París; así como formular recomendaciones y medidas concretas para la COP32.Modalidades de trabajo: Impulsar espacios innovadores de intercambio técnico y político que trasciendan los diálogos tradicionales y permitan identificar soluciones frente a barreras estructurales como el endeudamiento, el elevado costo del capital y las dificultades de acceso directo para el financiamiento a pueblos indígenas y comunidades locales. También planteamos fortalecer la articulación con el Diálogo de Veredas para aprovechar sus hallazgos sobre la reorientación de los flujos financieros internacionales, sin sustituir las obligaciones de provisión de financiamiento de los países desarrollados. 3. Un Balance Mundial que permita identificar las transformaciones necesariasLa COP31 marcará el inicio del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París (GST2, por sus siglas en inglés), un proceso que evaluará los avances colectivos de la acción climática y contribuirá a orientar las decisiones internacionales de los próximos años.AIDA propone:Establecer medidas específicas para facilitar la recopilación y sistematización de información de actores tradicionalmente subrepresentados, especialmente pueblos indígenas y comunidades locales, brindando el apoyo necesario para asegurar que sus conocimientos, experiencias y soluciones territoriales contribuyan a una evaluación más representativa. Establecer un mecanismo abierto e inclusivo de retroalimentación sobre los informes de síntesis que resulten de la fase de recopilación de información. Este debe permitir presentar observaciones, identificar vacíos de información y conocer cómo se incorporan las contribuciones recibidas. Asegurar un GST2 se sustente en la mejor ciencia disponible, incluida la incorporación oportuna de los resultados del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (AR7), y tome los compromisos del primer Balance Mundial como punto de partida para evaluar su implementación, asegurando la justicia climática, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas como ejes transversales. 4. Acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósilesA casi tres años del compromiso adoptado en la COP28 de Dubái, su implementación continúa enfrentando importantes obstáculos, mientras persisten los planes de expansión de la producción de combustibles fósiles. La COP31 representa una oportunidad para superar este estancamiento y dar continuidad a las iniciativas internacionales que buscan acelerar una transición justa, ordenada y equitativa.Para ello, será clave un respaldo político explícito de las presidencias de la COP31 a la hoja de ruta impulsada por la presidencia brasileña de la COP30 y al proceso iniciado en Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles (Santa Marta), fortaleciendo su reconocimiento y relevancia en la agenda climática internacional.AIDA propone:Formalizar y asegurar la continuidad institucional de la hoja de ruta brasileña mediante su incorporación al paquete político de Antalya (Antalya Political Package), así como incorporar los resultados de ambos procesos al segundo Balance Mundial (GST2) para evaluar los avances y las brechas en la implementación del compromiso de abandonar los combustibles fósiles. Destacamos la necesidad de que el compromiso de electrificación 35x35 contribuya efectivamente a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante el impulso de energías renovables, sistemas descentralizados y modelos de gobernanza democrática y comunitaria, con salvaguardas socioambientales y una distribución equitativa de los beneficios. Consulta Nuestras Propuestas.Una COP31 orientada a la justicia climáticaLa crisis climática exige mucho más que nuevos compromisos. Requiere transformar los modelos de desarrollo, las relaciones económicas internacionales y los mecanismos de cooperación y financiamiento que determinan las posibilidades reales de acción de los países y sus territorios.La COP31 ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección. Su relevancia dependerá de la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones concretas, fortalecer la cooperación internacional y asegurar que las transformaciones necesarias se construyan con la participación efectiva de quienes habitan, defienden y protegen los territorios.En nuestro documento de propuestas para la COP31, hacemos planteamientos específicos para los cuatro procesos de negociación con el propósito de contribuir a una acción climática más ambiciosa, equitativa y centrada en los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas. Consulta Nuestras Propuestas. *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización.
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Ante la CIDH, comunidades y organizaciones alertaron sobre las desigualdades que profundiza la minería para la transición energética
En una audiencia pública regional, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina expusieron los impactos de la extracción de minerales “críticos” y reclamaron mayores garantías para la protección de los territorios y los derechos humanos.En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Panamá, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina participaron de la audiencia pública "Impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética", realizada el 27 de octubre. El encuentro fue convocado de oficio por la propia comisión para abordar las consecuencias ambientales, sociales y territoriales de la creciente demanda de minerales estratégicos, así como los desafíos que plantea para la protección de los derechos humanos en la región."La iniciativa de la CIDH de elaborar un informe sobre minería para la transición y derechos humanos reviste gran relevancia. Ante las intensas presiones geopolíticas y las regresiones ambientales, resulta urgente consolidar estándares interamericanos que protejan ecosistemas clave para el agua y garanticen los derechos humanos en el marco de la transición energética", señaló Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La audiencia puso en discusión una de las principales contradicciones de la transición energética: mientras se presenta como una respuesta urgente a la crisis climática, los proyectos extractivos que avanzan en su nombre reproducen y profundizan desigualdades históricas. Los beneficios económicos y tecnológicos se concentran en determinados sectores y regiones, mientras los impactos en el agua, los ecosistemas y las formas de vida recaen principalmente en las comunidades que habitan los territorios de extracción.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, AIDA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asamblea Pucará participamos de este espacio para visibilizar las preocupaciones de las comunidades frente al avance de la minería de litio en los humedales andinos y las dificultades para acceder a la información, participar en las decisiones y obtener protección judicial efectiva. En un contexto de creciente presión sobre estos ecosistemas, la audiencia abrió una oportunidad para cuestionar las desigualdades que atraviesan la transición energética y proponer estándares para enfrentar los vacíos de protección frente a la minería para la transición en la región del Gran Atacama. Las voces de las comunidades y organizaciones ante la CIDH Proteger los ecosistemas y reducir la presión extractivaYeny Rodríguez Junco, abogada sénior del Programa de Territorios de AIDA, planteó que la transición energética necesita discutir no solo cómo se extraen los minerales, sino también para qué se utilizan y qué niveles de consumo sostienen su demanda."Los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles”, señaló durante su intervención, en la que propuso limitar la nueva minería a lo esencial, reducir la demanda de minerales y fortalecer la protección de ecosistemas sensibles, especialmente aquellos fundamentales para el agua.Desde AIDA se solicitó avanzar hacia estándares regionales que hagan frente a las regresiones en materia ambiental y prioricen la protección de las fuentes de agua, los territorios indígenas y los ecosistemas estratégicos frente a la expansión de la frontera extractiva.Acceso a la justicia y participación de las comunidades indígenasMarcia Guitián, integrante de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, compartió la experiencia de su comunidad en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, Argentina, donde la expansión de la minería de litio plantea crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua y el futuro del territorio.Durante su intervención, denunció las barreras que enfrentan las comunidades para acceder a información técnica, participar de las evaluaciones ambientales y lograr que sus observaciones sean consideradas por la Justicia."Sin información accesible ni tiempo para prepararnos, la participación se vuelve una formalidad”, señaló Guitián, quien reclamó audiencias públicas judiciales, visitas de jueces y juezas a los territorios y una valoración rigurosa de los informes técnicos independientes.También advirtió sobre las presiones denunciadas por la comunidad en el marco de evaluaciones mineras privadas, como IRMA, y la necesidad de que estos mecanismos no sustituyan las responsabilidades estatales. "Participar en una evaluación privada no significa otorgar nuestro consentimiento", afirmó.Las disputas por los minerales y la protección de las inversionesPía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y directora del Área de Política Ambiental de FARN, abordó las tensiones entre el sistema internacional de protección de inversiones y las obligaciones de los Estados en materia ambiental y de derechos humanos.En un escenario de creciente disputa geopolítica por los minerales estratégicos, advirtió que los tratados de inversión y los mecanismos de arbitraje internacional pueden limitar la capacidad de los Estados para adoptar medidas de protección ambiental, especialmente cuando las empresas pueden reclamar indemnizaciones frente a nuevas regulaciones."Las obligaciones interamericanas exigen que los Estados preserven su espacio regulatorio y negocien instrumentos de inversión que sean coherentes con dichas obligaciones, además de reconocer expresamente el efecto disuasorio de las elevadas indemnizaciones. Mientras no se reformen o rescindan los tratados vigentes, esas mismas obligaciones interamericanas deben guiar su interpretación", sostuvo Marchegiani.Desde FARN se planteó la necesidad de revisar los tratados de inversión existentes y garantizar que los regímenes destinados a atraer capitales no condicionen las políticas públicas ni debiliten las obligaciones de protección ambiental, consulta y participación de las comunidades.Un compromiso para avanzar en la protección de los derechos humanosLa audiencia concluyó con el reconocimiento de las preocupaciones planteadas por las comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Desde la CIDH se destacó la importancia de profundizar el análisis de estas problemáticas y se reafirmó el compromiso del organismo de dar continuidad a los aportes recibidos, ampliando su tratamiento en futuros informes y recomendaciones sobre minería, transición energética y derechos humanos.La comisionada Gloria Monique de Mees, quien presidió la audiencia, agradeció las intervenciones de la sociedad civil y destacó que una transición justa no puede medirse únicamente por la reducción de emisiones, sino también por el lugar que ocupan las voces de las comunidades indígenas, afrodescendientes y las juventudes en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, regresamos a nuestros territorios para continuar el trabajo cotidiano junto a las comunidades, acompañando sus demandas, fortaleciendo la defensa de los humedales, salares y bofedales, y exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Los espacios regionales e internacionales nos permiten amplificar sus voces, pero la protección del agua se sostiene día a día junto a quienes habitan y cuidan estos lugares que sostienen la vida.
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XI Semana de la Energía: Un balance del rumbo de la transición energética en América Latina
Por Verónica Méndez, Geraldine Izaguirre y Jordan Cruz* Cada año, la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) organiza la Semana de la Energía, un encuentro que reúne a ministros, ministras y máximas autoridades del sector energético de sus 27 países miembros en sesiones de alto nivel.Las decisiones ministeriales adoptadas ahí marcan la pauta de políticas públicas y regulaciones energéticas. Este 2026, la cita fue del 5 al 9 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.A diferencia de 2025, cuando la agenda estuvo enfocada en la narrativa del gas como combustible de transición y el respaldo a las energías renovables, este año la mayoría de las conversaciones giró en torno a la seguridad, confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos, con el almacenamiento como una de las respuestas centrales. Sin embargo, el gas no desapareció del todo y la crisis climática estuvo ausente.AIDA estuvo en el encuentro para actualizarse sobre las tecnologías energéticas que se están impulsando y para dar seguimiento a las propuestas y declaraciones de los gobiernos. Participamos además en eventos paralelos organizados por la sociedad civil acerca de la salida responsable de los combustibles fósiles y la autogeneración de energía. A continuación, nuestro balance del evento. Lo que destacamosLa voz de las juventudes. En 2025, organizaciones juveniles lograron un espacio propio, reconocido por la OLACDE, como antesala de la agenda principal. Este año, el espacio continuó y algunos representantes de las organizaciones pudieron participar e intervenir en reuniones ministeriales. La Decisión LVI/D/588 institucionalizó esa participación al crear el Consejo Regional de Juventudes en Energía de la OLACDE, espacio permanente de diálogo con autoridades.Seguridad energética más allá de los fósiles. Se reconoció que la transición está en marcha y que las renovables enfrentan retos como la gestión del reciclaje y la confiabilidad y resiliencia de los sistemas eléctricos. Más que revivir la narrativa de las centrales fósiles como única solución, los debates se centraron en dos alternativas: los sistemas de almacenamiento para fortalecer la red y la eficiencia energética para optimizar la gestión de la demanda.La inteligencia artificial y los centros de datos. Un panel sirvió para reflexionar acerca del gran consumo energético de los centros de datos. Esto requiere que su inserción sea planificada y regulada con ética humanista, que se alimenten de energía renovable y con altos estándares de eficiencia energética, impulsando el desarrollo económico local. La Decisión LVI/D/586 reconoció los desafíos de la inteligencia artificial, instando a los Estados miembros a promover principios de humanismo, equidad y responsabilidad ambiental. Electrificación. La electrificación puede ayudar a descarbonizar sectores de alta demanda energética como el transporte y la industria, aún dependientes de fuentes fósiles que muchas veces se importan. Así, la Decisión LVI/D/587 encargó a la Secretaría de la OLACDE un diagnóstico regional del avance de la electrificación de los consumos finales y de los retos pendientes, además de apoyar a los Estados en la implementación de marcos regulatorios habilitantes.Economía circular. Por primera vez en la agenda energética regional, se planteó el desafío de gestionar los residuos del crecimiento de la energía renovable y de los sistemas de almacenamiento a gran escala. Con las primeras centrales renovables cumpliendo sus ciclos operativos, la Decisión LVI/D/589 dio un primer paso hacia una estrategia regional de economía circular en el sector energético, encargando a la Secretaría de la OLACDE un diagnóstico regional al respecto. Metano. La industria gasífera admitió que la mitigación del metano es una necesidad urgente, dando un impulso a la Cumbre del Metano y al Observatorio de Emisiones de Metano de América Latina. Lo que faltóLa crisis climática como contexto. No se habló de las metas climáticas de mitigación y adaptación de los Estados en el marco del Acuerdo de París y las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, que han recordado la necesidad de salir de las fuentes fósiles e ingresar a la energía limpia. Aunque se habló del fenómeno de El Niño como amenaza a la seguridad energética, no se mencionó que el cambio climático potencia sus impactos. Y el gas fue presentado nuevamente como “combustible de transición”. En una sesión, CAF y el Banco Mundial expresaron su intención de seguir financiando su ingreso y expansión, sometiendo a los países al riesgo de profundizar su dependencia con infraestructura pensada para operar durante décadas (lock-in). Ninguna decisión ministerial abordó esta cuestión.La mirada socioambiental. No se habló de los estándares de derechos humanos y protección de ecosistemas que deben cumplir los proyectos renovables a gran escala y las tecnologías complementarias como el almacenamiento. Tampoco se abordó la eficiencia energética, la gestión de demanda, el cierre y salida de centrales térmicas ni las reconversiones que vienen registrándose.La autogeneración de energía. El tema sigue al margen de las discusiones sobre cómo transicionar. No se planteó que la transición, para ser justa, debe en muchos casos transformar la relación de las comunidades con la energía, lo que puede lograrse mediante proyectos de autogeneración energética. Sin embargo, la Decisión LVI/D/581, sobre Transición Energética Justa con las Comunidades Cercanas a Proyectos de Energía, abrió una oportunidad frente a esta omisión.La participación efectiva de la sociedad civil. Si bien la sociedad civil ha ido ganando espacio en la Semana de la Energía, este aún es reducido y, fuera de las juventudes, no existen mecanismos permanentes de participación. Lo que sigueLo que la OLACDE dejó fuera es justamente lo que marca el camino hacia adelante. Desde AIDA invitamos a las organizaciones que dan seguimiento a la transición energética a:Supervisar la implementación de las decisiones ministeriales adoptadas, en especial las referidas a comunidades, electrificación, economía circular, almacenamiento, juventudes e inteligencia artificial; y usar la Decisión LVI/D/581 para incluir la autogeneración en las discusiones.Conectar la agenda abordada con los compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la COP31 para que la OLACDE reconozca la crisis climática y los acuerdos de los países como contexto y brújula de sus decisiones sobre energía, lo que nos lleva en particular a frenar la narrativa del gas como combustible de transición. Exigir salvaguardas socioambientales para los proyectos renovables de gran escala y el almacenamiento, y poner atención a los procesos de cierre y reconversión de centrales térmicas para que se hagan responsablemente.Impulsar metas claras de reducción de metano, sin que esto se lea como aceptación del gas como combustible de transición y aprovechando la próxima Cumbre Regional de Metano de la OLACDE, un espacio clave para incidir por metas claras y mecanismos de seguimiento.Fortalecer la participación de la sociedad civil, consolidando el espacio de las juventudes y abriendo mecanismos permanentes para el resto de la sociedad civil. La Semana de la Energía mostró que la transición en la región avanza en tecnologías, pero con poca presencia de las comunidades. Para que la transición sea justa y se sostenga en el tiempo, es fundamental escuchar las voces de los territorios donde esta se materializa y no solo al sector privado. La creciente presencia de la sociedad civil, con las juventudes ya institucionalizadas en un consejo, es un primer paso. Esperamos que en las próximas ediciones ese espacio se fortalezca. *Verónica Méndez es coordinadora de la Línea de Energía Limpia de AIDA, Geraldine Izaguirre es abogada sénior del Programa de Clima y Jordan Cruz es científico becario.
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